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martes, 24 de septiembre de 2019

Lissette Melillan, pareja de Luis Tralcal: “Se nos está negando un derecho”


Lissette Melillan, pareja de Luis Tralcal: “Se nos está negando un derecho”

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la madre de los dos hijos de Luis Tralcal Quidel acusó a la Justicia chilena de negarle la posibilidad de acceder al abono de prisión preventiva consagrado en el Código Penal a su pareja por los tres años que pasó privado de libertad antes de ser absuelto en el Caso Tur-Bus.


Tomás González F.- Lunes 23 de septiembre 2019 19:36 hrs. 



Foto- La defensa y los familiares de los primos José y Luis Tralcal acusaron nuevas irregularidades en el proceso judicial que lleva adelante el Estado en contra de los únicos condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay el 4 de enero de 2013.

Cabe recordar que, pese al permanente reclamo de los acusados respecto de su inocencia, la Corte Suprema revocó la sentencia en primera instancia que los había absuelto y, en junio de 2018, ambos fueron condenados a 18 años de prisión.

Sin otra instancia a la que recurrir en el territorio nacional, la defensa y los familiares de los primos Tralcal dirigieron sus esfuerzos por otra vía: el abono del tiempo en que ambos estuvieron en prisión preventiva por el denominado Caso Tur-Bus. En esa línea, lo que piden los abogados defensores es que se descuenten de la condena los tres años que José y Luis estuvieron privados de libertad en causas de las que fueron absueltos, como lo es la del ataque a un bus de dicha empresa.

No obstante, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Lissette Melillan, pareja y madre de los dos hijos de Luis Tralcal Quidel, acusó que sus solicitudes no han querido ser acogidas por los tribunales correspondientes, los que se han declarado incompetentes frente al recurso.

“El tema es que nosotros hemos pedido esta resolución en el Juzgado de Garantía y en Tribunal Oral de Temuco y los dos tribunales se han declarado incompetentes, pese a que ellos hacen las mismas resoluciones en causas comunes”, indicó la pareja de Luis Tralcal.

“Pero en esta causa, como es de carácter político, creemos que ellos se han declarado incompetentes para no ejecutar lo que es un derecho de cualquier condenado”, acusó Melillan.



Foto- Pese a la insistencia de los acusados -y sus familiares- de su inocencia, la Corte Suprema revocó la sentencia en primera instancia que los había absuelto y en junio de 2018 ambos fueron condenados a 18 años de prisión.

Fue en julio pasado cuando la defensa de los primos Tralcal llegó hasta el Tribunal de Garantía de Temuco a la audiencia en que solicitaron el abono y la jueza Karina Rubio se declaró incompetente ante las mismas. Esto motivó las incendiarias declaraciones de Alejandro Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural en La Araucanía, quien en entrevista con La Tercera señaló que consideraba “una vergüenza” que la familia de los primos Tralcal solicitara este derecho para sus familiares.

“Siempre lo hemos estado diciendo que nosotros nos sentimos disminuidos al respecto y siempre por ser de la ‘etnia’, ello es ventaja. Por lo tanto, creemos que ya definitivamente se debiera normar como corresponde para todos los ‘chilenos’. Ellos son ‘chilenos’ al igual que nosotros y deben ser regidos por las normas que corresponden”, indicó Apraiz en ese momento, aludiendo a que la condición de ‘mapuche’ era un beneficio a la hora de enfrentarse a la Justicia.

No obstante, lejos de adentrarse en la polémica, en conversación con este medio, Lissette Melillan fue enfática en que esta vez están haciendo todo según lo indica la legislatura nacional y, pese a eso, el Poder Judicial no ha respondido.

“(Apraiz) Habla desde la ignorancia porque él dice que nosotros queremos más beneficios que el resto de la población al ser de origen ‘étnico’ -como nos denomina él- pero es precisamente lo contrario”, sostuvo Melillan.

“Nosotros, en este momento, estamos pidiendo que se nos apliquen las leyes que se le aplican a cualquier condenado. Es precisamente eso lo que no están haciendo. En vez de jugar a favor, el que nosotros seamos parte de un pueblo originario es lo que nos juega en contra en este momento porque, por un orden racial, los jueces no han querido aplicar lo que es derecho de cualquier condenado”, agregó la madre de los dos hijos de Luis Tralcal.



Foto- El abogado defensor de los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, Sebastián Saavedra, declaró que, generalmente, el abono de prisión preventiva es un trámite simple.

Así también lo explicó el abogado Sebastián Saavedra, defensor de los primos José y Luis Tralcal, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile admitió que en sus años en la Defensoría Pública nunca había sido testigo de una situación como en la que se ven envueltos actualmente.

“Esta es una petición que se hace generalmente en los tribunales, no es algo novedoso ni algo particular que se esté pidiendo por la calidad de mapuche que tienen Luis y José Tralcal. Es un trámite regular que se hace en los tribunales y que se hace justamente cuando se cumple ésta formalidad: cuando una persona estuvo privada de libertad, es absuelta y, posteriormente, en otro juicio es condenada, el período que estuvo privado de libertad en ese juicio donde fue absuelto, se le abona”, señaló Saavedra.

Y es que así también lo reconocen destacados abogados penalistas, como el reconocido Héctor Hernández Basualto en su informe en Derecho sobre la figura del “Abono de prisión preventiva en causa diversa”. Ahí, Hernández explica que:

“El abono no es una concesión graciosa del Estado a los condenados, sino simplemente el reconocimiento del derecho de cada uno a no ser objeto de privaciones de libertad innecesarias”.

Además, el destacado penalista se refiere a las formas de reparación en los casos en que una persona ha sido privada de libertad de manera injusta y posteriormente absuelta:

“Toda privación de libertad excesiva impuesta por el Estado debe ser reparada por éste, sea bajo la forma de la indemnización por el error judicial (…) por la vía de una limitación equivalente de la eventual potestad punitiva del Estado en otros casos”.


Foto- El reconocido abogado penalista, Héctor Hernández Basualto explica que: “El abono no es una concesión graciosa del Estado a los condenados, sino simplemente el reconocimiento del derecho de cada uno a no ser objeto de privaciones de libertad innecesarias”.

Así, Héctor Hernández concluye que es un derecho inherente a cualquier ciudadano chileno el optar al abono de prisión preventiva en causa diversa.

“En síntesis, de lo dispuesto en los arts. 26 Código Penal y 348 Código Procesal Penal se sigue que no existe obstáculo legal alguno en el derecho chileno para abonar a una condena en tiempo de privación de libertad sufrido en una causa diferente, aunque entre éstas no haya existido ningún vínculo y no hayan tampoco coincidido en el tiempo. Más aún, dicho abono es obligatorio a la luz de los textos legales vigentes”.

Luego de los pronunciamientos de los tribunales de Temuco en que ambos se declararon incompetentes, la defensa de Luis y José Tralcal elevó la solicitud a la Corte de Apelaciones de Temuco, la que deberá pronunciarse e indicar qué tribunal será el que resolverá la petición de la familia Tralcal.

https://radio.uchile.cl/2019/09/23/lissette-melillan-pareja-de-luis-tralcal-se-nos-esta-negando-un-derecho/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+radiouchile+%28Diario+y+Radio+UChile%29



miércoles, 27 de febrero de 2019

La obsesión de El Mercurio y el fiscal Chifelle: Los detalles tras la condena de los hermano Tralcal por caso Luchsinger Mackay

La obsesión de El Mercurio y el fiscal Chifelle: Los detalles tras la condena de los hermano Tralcal por caso Luchsinger Mackay


Juan Carlos Tralcal es un joven dirigente mapuche, egresado de geología y miembro de una familia perseguida por el Estado de Chile. Su padre, José Tralcal, es uno de los condenados en el caso Luchsinger Mackay, proceso judicial envuelto en irregularidades, testigos protegidos y pruebas falsas. 

En esta entrevista, Juan Tralcal relata las vulneraciones al pueblo mapuche y la persecución judicial de la que ha sido víctimas su padre y tío, quienes fueron detenidos este martes tras varios meses prófugos.

Por Lucas Cifuentes desde La Araucanía / 26.02.2019

José Tralcal y Luis Tralcal son reconocidos dirigentes mapuche condenados, hace tres meses, a 18 años de cárcel por su presunta participación en el incendio de la Granja Lumahue (sur de Chile región de La Araucanía), ocurrido en 2013, y que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, empresarios agrícolas de la zona de origen europeo.

La condena se basa en el testimonio de un joven mapuche analfabeto, José Peralino, sentenciado a 5 años de libertad vigilada por su presunta participación en el incendio. Peralino denunció haber sido torturado y hostigado por la Policía de Investigaciones (PDI) durante dos años para confesar su participación e inculpar a otros comuneros mapuche. La investigación por estos apremios ilegítimos fue cerrada por la justicia chilena. Sin embargo, Amnistía Internacional le tomó declaración a José Peralino para dar cuenta de las torturas a las que fue sometido.

El desarrollo del denominado caso Luchsinger-Mackay se enmarca dentro de la ley antiterrorista, una herencia de la dictadura militar que permite condenar utilizando testigos que no revelan su identidad. Esta ley ha sido utilizada en numerosas ocasiones, de hecho, en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) condenó al Estado de Chile por su aplicación reiterada a integrantes del pueblo mapuche.

En ese contexto se enmarca la persecución a la familia Tralcal, que comenzó en 2001, cuando el Fiscal Alberto Chifelle señaló a José: “Si no dejas de ser dirigente vas a tener problemas”.

Juan Carlos Tralcal creció en medio de allanamientos y persecuciones. Hoy tiene 25 años y es el vocero de su familia. Esta es la historia de un joven dirigente mapuche que sólo espera volver a cosechar frambuesas junto a su padre.



Nos sentamos a un costado de la cocina a leña, en la casa de Juan Carlos Tralcal. Se sacude la lluvia que traía guardada en su pelo largo. Ha caminado un rato entre el agua y el sonido de los pájaros, entre los cerezos, manzanos, frambuesas y hualles que plantó su papá, José Tralcal. Dice que está tranquilo, pese al largo proceso que ha enfrentado.

Echa una cucharada de miel al mate y unta el pan sobre un huevo frito. Frente al mesón donde desayuna, hay un telar de más de un metro sin concluir.

—Esos telares los hace mi mamá. De hecho, la manta colorida que tiene mi papá en las fotos se la hizo ella. Ahora anda en Temuco, pero va a llegar más rato—, comenta Juan.

Vuelve al mate, otra cucharada de miel mientras afuera llueve sobre el Lof Lleupeco (comunidad mapuche ubicada al sur de Chile, cerca de Temuco). Juan Carlos tiene la mirada de alguien que ha vivido mucho: tierna e inmensa. Se parece a su padre, José Tralcal.

—Igual hemos tratado de sacar miel acá, pero no hemos podido—, agrega.

Irma, esposa de José Tralcal, echa leña a la cocina y sigue amasando las tortillas del almuerzo. Pone nuevamente la tetera a hervir. Juan Carlos la ayuda y luego se entibia las manos cerca del fuego. No estamos frente a alguien que desee un mural pintado con su rostro, mucho menos ser portada en algún medio de comunicación. Juan comenta sobre el liderazgo que debió asumir porque es un pretexto para contar brevemente la historia de la familia Tralcal.

—Sólo he sido vocero de este caso. Un caso jurídico con sesgo político. Pero no tenía intención, lo asumí porque tenía más tiempo, considerando que sólo estoy con la tesis, porque tenía experiencia con movilizaciones estudiantiles, socio ambientales y porque un familiar refleja mejor lo que mi papá o Luis querían decir. Asumí no más la condición de transmitir la información a la gente.

G. Tralcal (26), estudiante de Geografía y hermana de Juan Carlos, está sentada frente a la cocina a leña mientras ordena algunas piezas de joyería mapuche que ha confeccionado. A ratos, acerca las manos al calor de la cocina y relata que le da miedo que a su hermano le vaya a pasar algo por su condición de dirigente, pero igualmente está orgullosa de lo que hace por su familia. “Él llega mucho a las personas por su humildad”, agrega.



Los ojos del persecutor Chiffelle

Juan Carlos Tralcal LLeuful (25) relata que desde niño vio a su padre luchando por su territorio y defendiendo el correcto uso de las aguas que riegan su tierra. En medio de esto, tuvo una infancia sencilla y respetuosa de las cosas, algo que aprendió de pequeños rituales mapuche, como cuando van a sacar remedios o frutas y tienen que pedir permiso a la tierra, dejar una ofrenda o agradecerle en mapudungun (idioma mapuche).

—Cuando llegábamos con mi hermana de la escuela, tomábamos once y después nos íbamos a trabajar la tierra, y no lo hacía con enojo, de hecho, me gusta mucho, me sigue gustando la agricultura y por lo mismo creo que la familia se ha alimentado de eso. Todos saben de yerbas, de cómo y cuándo sembrar. Tenemos tomates, cilantro y desde hace cinco años tenemos frambuesas. Mi papá tenía una huerta con lechugas—, señala Juan Tralcal haciendo alusión al importante historial productivo de hortalizas de su familia, las que vendían, destaca, con el ánimo de ofrecer productos baratos y sanos.

Probablemente, mientras pasaba las tardes en el campo después de asistir a la escuela rural de Tres Cerros, ya tenía la idea de estudiar algo relacionado con la tierra, pero no imaginaba que años después pasaría gran parte de su tiempo en Tribunales de justicia, manifestaciones, que se reuniría con el presidente de la Corte Suprema y que enfrentaría la hostilidad del diario El Mercurio. Mucho menos imaginó que sería el vocero de uno de los casos más emblemáticos relacionados al conflicto mapuche con el Estado chileno y que tendría que acudir a instancias internacionales para defender a su padre.

La persecución a la familia Tralcal comenzó en 2001, cuando José Tralcal fue acusado de atacar el fundo Santa Margarita, propiedad del empresario Jorge Luchsinger. En ese entonces, José estuvo 28 días preso por los cargos de usurpación de tierras y daño calificado.

—Ese año el fiscal Alberto Chiffelle, mismo persecutor en el caso Luchsinger-Mackay, le dijo a mi papá que, si no dejaba de ser dirigente, de reivindicar la memoria y de participar en la recuperación y defensa del agua iba a tener problemas-, señala Juan, recordando la amenaza del fiscal jefe de Temuco, mismo persecutor que continúa liderando la investigación del caso Luchsinger-Mackay.

Durante los años siguientes, los allanamientos a su territorio en el Lof Lleupeco se convirtieron en algo habitual. El 3 de enero de 2008, día en que el Carabinero Walter Ramírez asesinó por la espalda al joven mapuche Matías Catrileo en el fundo Santa Margarita, el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) allanó cuatro veces en un mismo día la casa de la familia Tralcal.

—Los allanamientos me marcaron harto. Antes lo encontraba algo normal, pero después entendí por qué era, y no era porque fuéramos delincuentes, sino porque había gente que quería condenar a dirigentes mapuche. Nosotros conocemos la historia de nuestro pueblo, miramos alrededor y nos damos cuenta de las desigualdades.

Luego, en 2009, su padre, José Tralcal, su hermano, Ignacio Tralcal y su tío Luis Tralcal fueron detenidos por el caso Tur Bus. Aquí se les acusó de dañar cuatro vehículos particulares y un bus perteneciente a la empresa privada Tur Bus. El fiscal a cargo de esta investigación sería el mismo que en 2001 ya había amenazado a su padre: Alberto Chiffelle.

Mientras sus familiares eran investigados, Juan Carlos estudiaba en el Liceo Pablo Neruda de Temuco, vivía en el internado municipal del mismo nombre y asistía al electivo de biología, porque estaba interesado en estudiar medicina.

Al año siguiente rindió la Prueba de Selección Universitaria (PSU). El puntaje que alcanzó le permitía entrar a estudiar medicina.

—Pero ya no quería estar en un hospital. Estaba acostumbrado a vivir con la tierra, así que pensé en estudiar geología. Me llamó la atención la Universidad de Concepción porque tenía harto trabajo en terreno.

En 2011 entró a estudiar geología en Concepción. Como su padre había sido involucrado en el caso Tur Bus, Juan Carlos prefirió participar discretamente de las movilizaciones estudiantiles de ese año.

—En un principio fue difícil porque no conocía Concepción, pero después me acostumbré. Me gusta geología porque puedo ver cosas que no se ven en otras ciencias, imaginarme la profundidad de la tierra, salir del ego de lo humano. Es una buena herramienta, por ejemplo, para proteger a la tierra de las mineras. Además, gracias a la carrera he salido a muchas partes, mucho más de lo que salía antes. Me alegra estar en el campo, ver montañas y plantas.

En agosto de 2013 José, Ignacio y Luis Tralcal fueron absueltos del caso Tur Bus, luego de que el Tribunal de justicia calificara las pruebas presentadas por la Fiscalía como “débiles, pobres y vagas”. Juan Carlos pensó que ahora por fin cosecharía frambuesas junto a su padre con tranquilidad. Sin embargo, la advertencia hecha por el fiscal Chiffelle a José Tralcal en 2001 parecía ser cierta: en marzo de 2016, su padre fue involucrado en el caso Luchsinger-Mackay.

Para Juan Carlos la persecución a su familia no era algo nuevo, así que mientras terminaba sus estudios de geología, participó activamente en la defensa de los comuneros mapuche imputados por el caso “Iglesia”, a quienes un testigo protegido (la Fiscalía no reveló su identidad) acusó de participar en el incendio a una iglesia evangélica. Entre los acusados estaba su tío, Alfredo Tralcal, quien fue absuelto en abril de 2018 debido a las irregularidades y vacíos de la investigación.

Sin embargo, la persecución a la familia Tralcal continuaba. Juan Carlos sabía que los ojos del persecutor Alberto Chiffelle nuevamente se abrían entre la lluvia del sur.


“Pensé que mi papá iba a volver al otro día”

A las tres de la madrugada del 30 de marzo de 2016 fue allanada la casa donde vive Juan Carlos junto a su familia en el Lof Lleupeco. Ese día se llevaron detenido a José Tralcal. Juan Carlos estaba en Concepción cuando se enteró, durante la mañana, que un delator compensado habría involucrado a su padre en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, familia de empresarios agrícolas acusados por las comunidades mapuche de usurpar tierras a su pueblo.

La persona que inculpó a José Tralcal es el joven mapuche José Peralino, vecino de la zona, quien señaló haber sido torturado y hostigado durante dos años por miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) y obligado a inculpar a 10 comuneros, un testimonio que fue verificado por Amnistía Internacional e investigado por el Comité contra la Tortura de la ONU.

1. Tralcal (hermana de Juan Carlos Tralcal) recuerda claramente cómo fueron allanados por la policía la madrugada del 30 de marzo, día en que involucraron y detuvieron a su padre por el caso Luchsinger-Mackay.

—Era una noche calurosa y no podía dormir porque me incomodaba el pijama de polar. La PDI llegó a las 3 de la mañana, encapuchados, vestidos de negro y apuntando con armas. Los perros no ladraban, así que la familia se despertó cuando los policias gritaron: “¡Abran la puerta!”. A mi mamá le costaba hablar y la policía insistía en que iban a botar la puerta, entonces mi papá abrió, lo echaron boca abajo y lo detuvieron. El suelo estaba helado y mi papá sólo tenía una camisa delgada.

2. Tralcal señala que despertaron a toda la familia y los pusieron boca abajo, luego revisaron debajo de las camas y los encerraron en una pieza.

—No sabíamos por qué la PDI estaba así. Pensamos que quizás hubo un atentado y que habían hecho allanamientos de rutina. Al menos así fue cuando carabineros asesinó a Matías Catrileo en 2008, a 8 kilómetros de aquí, y el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) realizó un despliegue como de película. Nos acordamos de esa situación y pensamos que quizás esto era por algo similar. Estábamos tranquilos, pese a que habían más de cien policías en el sector.

La familia Tralcal intentaba mantener la calma, pero tenían mucha angustia porque los llenaban de preguntas y nadie les explicaba qué era lo que estaba pasando y por qué venían a molestarlos en la madrugada.

—Una de las policías vio que teníamos hectáreas de frambuesas y que en una de las piezas guardábamos como 100 cajas. Entonces empezó a preguntar dónde cosechábamos y cuánto teníamos. Parecía como si quisiera comprar.

Gloria le habló con tranquilidad a la policía para que se calmara y dejara de agredirles. Preguntó qué pasó y le dijeron que hubo un incendio, que José Tralcal al otro día iba a estar en su casa y que ellos sólo estaban haciendo su trabajo.

—De repente se fueron y nos dejaron salir. Una de las policías se despedía de nosotros como si fuéramos amigas. “Ándate luego no más”, pensaba. Igual le dije chao, porque una no va a dejar de ser educada. Después me fui a acostar, creyendo que solo andaban molestando y llevándose a gente que no era. Pensé que mi papá iba a volver al otro día.


Las sentencias de El Mercurio

El 21 de agosto de 2017 comenzó uno de los juicios más largos desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, el juicio por el caso Luchsinger-Mackay, que tiene entre los acusados a José Tralcal y a su primo Luis Tralcal.

Un día antes, el diario El Mercurio publicó en la sección de reportajes una nota titulada: “Un apellido que se repite: Tralcal”, en la que informaban sobre el caso Luchsinger-Mackay y entrecruzaba la supuesta participación de Alfredo Tralcal en el caso “Iglesia”, delito por el que fue absuelto en abril de este año, y la muerte de Fabián Tralcal, comunero asesinado tras un confuso incidente.

—Ahí notamos que el apellido Tralcal está haciéndole peso a las familias adineradas de este país. Y eso está en la cabeza del presidente y de los altos poderes, porque El Mercurio es un diario que leen ellos—, señala Juan respecto a la persecución que ha realizado El Mercurio contra la familia Tralcal.

El 6 de enero de 2013, dos días después de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, El Mercuriopublicó una nota titulada: “ Luis Tralcal Quidel, el “duro” del sector de Vilcún”, en el que señalaban que Luis recibió entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), momento en el que supuestamente era líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), información desmentida por la familia Tralcal y por miembros de la CAM. Tres años después, Luis Tralcal sería involucrado en el caso Luchsinger-Mackay.

—Vemos cómo El Mercurio ha tratado de generar ese ambiente, de atacar y estigmatizar a la familia Tralcal, con el objetivo de que vayamos a la cárcel y que la sociedad nos mire como delincuentes, o incluso, en este caso, para que la Corte Suprema avale una condena. Vemos que El Mercurio tiene algo contra nosotros—, explica Juan Carlos.

En el primer juicio fueron declarados inocentes todos los involucrados en el caso Luchsinger-Mackay. En el segundo juicio, llevado a cabo en mayo de 2018, Luis y José Tralcal fueron condenados a presidio perpetuo, utilizando prácticamente como única prueba el testimonio de José Peralino, obtenido bajo tortura. El 10 octubre de 2018 la Corte Suprema, máximo Tribunal de justicia, revisaría la condena contra los Tralcal.

—Teníamos la esperanza de que se anulara la sentencia. Se supone que la Corte Suprema es independiente y actúa sin presiones—, recalca Juan.

Sin embargo, el 30 de septiembre de 2018, El Mercurio filtró la resolución de la Corte Suprema, señalando que se condenaba a 18 años de cárcel a José y Luis Tralcal y a 5 años de libertad vigilada a José Peralino.

—En ese momento me cuestionaba mucho cómo la Corte Suprema puede filtrar esa información o cómo El Mercurio podría tener presiones a ese nivel. Y ahí nos dimos cuenta de lo que históricamente ha pasado: El Mercurio genera las políticas contra el pueblo mapuche.

Al día siguiente, Juan Carlos Tralcal viajó a Santiago para entregar una carta a Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, y repudiar la filtración de El Mercurio. Sin embargo, eran las 11 de la mañana, el sol pegaba fuerte y no había prensa, ni micrófonos, sólo las miradas esquivas de los transeúntes santiaguinos. Entonces, Juan se ató el Trarilonco (cintillo mapuche) a la cabeza y frente al máximo Tribunal de justicia rompió la edición de El Mercurio.

—Hablé con los periodistas que escribieron la nota para corroborar la información, y ellos me decían abiertamente que estaba todo arreglado. Noté que tenían mucha confianza con los ministros. Algo grave. No tendría por qué ser así. Traté de juntarme informalmente con la periodista que firmó la nota, por un tema de humanidad, por último para poder tranquilizarnos, pero ella me dijo que no, que si quería hablar con ella tenía que ser junto a su editor en la oficina de El Mercurio. Una oficina llena de guardias, me iban a mirar como el hijo del delincuente, así que preferí no hacerlo. Por otra parte, hasta hoy, Haroldo Brito (presidente de la Corte Suprema) no ha respondido nuestra carta-, relata.

El 10 de Octubre, la Corte Suprema condenó a las comuneros mapuche, ratificando la información filtrada por El Mercurio. A las afueras de la Corte Suprema, los medios de comunicación rodearon de cámaras a Juan Carlos. Él los enfrentó con dignidad y luego hizo resonar entre las paredes rígidas del Tribunal un doloroso Marichiweu (en mapudungun: cien veces venceremos).


Como un corazón

El canal Itinento, construido hace años gracias a la insistencia y trámites que hizo José Tralcal, riega en silencio los cultivos del Lof LLeupeco y de diferentes territorios mapuche. Sus sueños continúan alimentando la tierra y las hortalizas mientras afuera deja de llover. Ahora el ruido es de la tetera y de los gallos que se pasean por el fogón.

La lluvia vuelve a regar con fuerza el cultivo de frambuesas y las hojas de los Hualles. Ahora estamos sentados alrededor de la cocina a leña. Hemos llenado varias veces la tetera y gastado un montón de cucharadas de miel para endulzar el mate.

María acomoda una muñeca mapuche de género y relata: “José era bueno como dirigente, sacaba varios proyectos y la gente lo quería. Eso le molestó a las autoridades”.

Desde la noche del 30 de marzo de 2016, José Tralcal, estuvo casi un año en prisión preventiva en la cárcel de Temuco acusado de participar en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. En ese tiempo, Juan ya pensaba en hacer su tesis sobre la sismología del volcán Villarica.

—El respeto a la vida es algo que mi papá nos ha transmitido. Me da rabia que la gente estigmatice a los mapuche, y piensen que mi papá o Luis pudieron haber asesinado al matrimonio Luchsinger-Mackay. Los ven como delincuentes y la verdad es que ellos respetan mucho la vida, jamás harían algo así-, recalca Juan Tralcal, aclarando la conexión que tiene su familia con la vida de las personas, la naturaleza y los animales.

Juan Carlos piensa en terminar su tesis sobre la sismología del volcán Villarrica y denunciar, junto a los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), las irregularidades del caso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esa misma instancia internacional que condenó en 2014 al Estado de Chile por violaciones a los derechos humanos derivadas de procesos judiciales irregulares en los que se aplicó la Ley Antiterrorista a personas mapuche.

—Entiendo que a la Corte Interamericana llegan casos muy excepcionales, donde se violan derechos fundamentales, y para eso se necesita presentar harta información y tienen que ser casos con connotación política. En este caso, lo que tendría peso es que está enmarcado en el conflicto mapuche contra el Estado chileno, considerando que José Tralcal y Luis Tralcal eran dirigentes mapuche, que estaban defendiendo el agua y recuperando territorios.

Luego aclara que su camino, en relación a este caso, tiene fin, pero su entrega hacia su pueblo no. “Desde que nacimos somos así, somos parte del pueblo mapuche”, comenta.

Juan sale afuera a acariciar a sus perros. Mira los árboles y respira profundo: lleva con orgullo el apellido Tralcal. El sol se esconde mientras el Canal Itinento continúa regando, como un corazón, las venas profundas de la tierra.

https://www.eldesconcierto.cl/2019/02/26/la-obsesion-de-el-mercurio-y-el-fiscal-chifelle-los-detalles-tras-la-condena-de-los-hermano-tralcal-por-caso-luchsinger-mackay/
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jueves, 31 de enero de 2019

Amnistía Internacional: Irregularidades del caso Luchsinger-Mackay ponen en riesgo la justicia de todas las personas”


Directora de Amnistía Internacional: “Si perdemos de vista las irregularidades del caso Luchsinger-Mackay estamos poniendo en riesgo la justicia para todas las personas”


Los dirigentes mapuche José Tralcal y Luis Tralcal fueron incluidos en la lista de los prófugos más buscados por la Policía de Investigaciones, mientras sus abogados preparan una demanda ante la CIDH por las irregularidades del juicio.

Esto se da en medio de una serie de emblemáticos procesos judiciales que está llevando el Estado y que tienen como protagonistas al pueblo mapuche. A más de tres meses de la sentencia El Desconcierto realizó un breve repaso del caso y conversó con Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile, sobre injusticias, montajes y ley antiterrorista.


Por Lucas Cifuentes / 28.01.2019

Una semana después del asesinato de Camilo Catrillanca, la Policía de Investigaciones (PDI) incluyó en la lista de los prófugos más buscados a los dirigentes mapuche José Tralcal y Luis Tralcal, condenados en octubre del año pasado a dieciocho años de cárcel en el caso Luchsinger-Mackay. Ambos dirigentes no aceptaron una condena que se sustenta en pruebas objetivas incapaces de mostrar indicios de su participación y optaron por la clandestinidad.

De acuerdo a la información entregada en 2017 por el Registro Nacional de Prófugos, cerca de 38 mil personas se declararon en rebeldía ante la justicia chilena. Es probable que esta cifra en 2019 no haya descendido abruptamente. Sin embargo, sólo doce personas figuran entre los prófugos más buscados por la PDI. Entre ellos José Tralcal, Luis Tralcal y seis ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

En medio de esta búsqueda por parte de la PDI, los abogados del Centro de Investigación y defensa Sur -organización que brinda defensa jurídica en situaciones de vulneración de derechos humanos-, presentarán, antes de Abril de 2019, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las vulneraciones de las que fueron víctimas los comuneros durante el desarrollo del proceso judicial.

En El Desconcierto, a más de tres meses de la sentencia, hacemos un repaso de las irregularidades del caso y conversamos con Ana Píquer, directora de Amnistía Internacional Chile, organismo internacional que ha seguido el proceso desde su inicio.


 Foto:
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile


Un proceso judicial llevado bajo la ley antiterrorista

La persecución al apellido Tralcal no es algo nuevo. José Tralcal, activo dirigente en la recuperación del agua y la defensa del territorio mapuche, señaló que en 2001 el fiscal Alberto Chifelle, mismo persecutor en el caso Luchsinger Mackay le señaló “si no deja de ser dirigente va a tener problemas”. En 2008 fue involucrado en el caso Tur-Bus. La supuesta advertencia parecía ser cierta.

Dos días después del incendio que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, El Mercurio publicó una nota titulada: Luis Tralcal “El duro del sector de Vilcún”, en la que señalaban que el comunero tendría vínculos con la Coordinadora Aurauco Malleco (CAM) y entrenamiento militar por de las FARC en Colombia. Luis señaló que las acusaciones eran falsas y temió ser involucrado en el caso Luchsinger-Mackay, por lo que guardó las boletas del día 3 de enero para ratificar su inocencia en el caso de ser acusado, prueba que más tarde sería desestimada por el tribunal.

El 30 de marzo de 2016 Luis Tralcal, José Tralcal y nueve comuneros mapuche fueron detenidos acusados de participar en el incendio. La prueba era el testimonio de uno de ellos que habría actuado como delator compensado: José Peralino. El comunero declaró ante el tribunal haber sido hostigado y torturado durante dos años por miembros de la PDI para culpar a los comuneros y relatar que se habrían reunido en la casa de la machi Francisca Linconao para planificar el ataque. Las pruebas eran insuficientes y en octubre de 2017 fueron absueltos de todos los cargos.

Sin embargo, dos meses después, la Corte de Temuco decidió anular el juicio, y en mayo de 2018 fueron absueltos 9 comuneros, incluida la machi Francisca Linconao y condenados a cadena perpetua por delito de incendio terrorista José Tralcal, Luis Tralcal y a 5 años de libertad vigilada a José Peralino.n

La condena era inexplicable para la defensa, pues se basaba en el testimonio de José Peralino, que señalaba que los comuneros planificaron el ataque en la casa de la machi Francisca Linconao, sin embargo, ella quedó absuelta de todos los cargos. Otra de las pruebas presentadas contra los comuneros, sería el testimonio de la Policía de Investigaciones que señalan que existiría tráfico de llamadas entre los Tralcal y Peralino durante el ataque. Sin embargo, esas pruebas nunca fueron incorporadas durante el juicio y tampoco se reveló el contenido de esas llamadas.

La defensa de los comuneros apeló a la Corte Suprema y el 30 de septiembre El Mercurio filtró la sentencia: la Corte Suprema resolvía condenar a 18 años de cárcel a José y Luis Tralcal y a 5 años de libertad vigilada a José Peralino, eliminando el carácter terrorista del delito. 10 días después la Corte Suprema ratificó la sentencia filtrada por El Mercurio. Sin embargo, todo el proceso judicial se enmarcó dentro de la ley antiterrorista, provocando graves daños a la posibilidad de defensa por parte de los acusados.

-Revisando los antecedentes, ¿podemos hablar de juicio justo?

-Amnistía considera que fue un juicio injusto. Se volvieron a cometer las mismas infracciones por las que ya nos había condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, además se agregaron algunas nuevas. Lo que debería haber pasado es el que juicio se repitiera para que se haga de acuerdo a los estándares de un debido proceso, lo que debería haber pasado es que se investigara debidamente la declaración de José Peralino por los supuestos apremios ilegítimos.

-¿Cuál es la señal que se entrega con la decisión de incluir a los comuneros Tralcal en el listado de los prófugos más buscados junto a seis ex frentistas?

-La criminalización al pueblo mapuche no pasa solamente por llevarlos a tribunales de justicia, si no también con el trato mediático y comunicacional que se le da. Esto de ponerlos como “los más buscados”, es una forma de criminalizar al pueblo mapuche y sus liderazgos a través del trato mediático.

-Pese a que no fueron condenados por delito terrorista, todo el proceso legal se enmarcó dentro de la ley antiterrorista y actualmente se les trata como tales.

-Hay una construcción mediática del pueblo mapuche como terrorista que en definitiva no contribuye a solucionar el problema y disminuir la violencia, sino por el contrario, generar más cuestionamientos en términos de discursos que son discriminatorios, estigmatizantes e incluso racistas.

-Hablamos de juicio injusto. En ese sentido, ¿Lo más justo es que Luis y José hayan optado por no acatar la sentencia?

-Lo que Amnistía puede decir es que fue un juicio injusto y por lo tanto las condenas son injustas. El juicio se debió haber repetido, es gravísimo si efectivamente ellos fueron condenados por un testimonio obtenido bajo apremios, porque lo estamos permitiendo y estamos sentando un precedente para los casos que vengan después. Es importante que esto no se pierda de vista, porque si repite estamos poniendo en riesgo la justicia para todas las personas.

-En vista de las irregularidades y la condena ¿Qué opciones tienen los condenados actualmente?

-Lamentablemente a nivel de la justicia chilena no hay muchos caminos, legalmente hablando, y eso es parte de lo indignante de la institución. Lo que queda es llevarlo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lamentablemente es algo que demora años y no es una solución rápida, pero quizás vale la pena para demostrar lo que está pasando y evitar que siga sucediendo. Ya tenemos un precedente en que la CIDH condenó en 2014 al Estado de Chile por aplicar la ley antiterrorista a personas del pueblo mapuche.

-¿Amnistía ve probable que la CIDH acoja esta demanda y condene nuevamente al Estado de Chile?

-Es muy posible que la CIDH acoja la demanda y condene al Estado de Chile porque ya hay un precedente en esta dirección y Chile esta incumpliendo la sentencia por la cual ya nos habían condenado.

-La sentencia por la que la CIDH condenó al Estado en 2014 fue presentada en 2003. Es decir, la corte demora años en dar respuesta. ¿Cuál sería ser una solución más inmediata? ¿Negociar con el Gobierno apoyados por Amnistía por ejemplo?

-Habría que verlo. No veo que haya una disposición por parte del Gobierno en ese sentido y depende mucho de lo que quieran las personas condenadas y de las necesidades del momento, no es algo que pueda comprometer ahora, pero por supuesto que desde Amnistía vamos a contribuir en todo lo que se pueda para hacer justicia en este caso. Lamentablemente en la perspectiva judicial ellos tienen una demanda en su contra que ya pasó por todas las instancias judiciales que existen en Chile y eso quizás es lo más indignante de todo, deja una situación de tremenda injusticia.

-Injusticia que se ve también en el montaje que fue la Operación Huracán, la ocultación de información en el Caso Catrillanca, etc…

-Hay varias situaciones. El allanamiento, por ejemplo, a la casa de la machi Francisca Linconao el propio defensor regional de la Araucanía lo llamó montaje, lo que significó la llamada “Operación Huracán”, y ahora lo que hemos visto respecto al asesinato de Camilo Catrillanca… la verdad es que uno va viendo un patrón, es algo de lo que se ha hablado por mucho tiempo y ahora vemos evidencias concretas. Hay una señal de alarma y es importante que estas situaciones no se miren como casos aislados, sino que se analice este patrón y veamos qué medidas hay que tomar para que no siga sucediendo.

-Sin embargo la Institución de Carabineros prácticamente ha sido la única apuntada en relación a la creación de montajes. La Policía de Investigaciones, que ha participado activamente en la investigación del caso Luchsinger, no ha sido involucrada en la creación de montajes.

-Lo que hemos visto es una desprolijidad en cómo se manejan las pruebas, y eso también es grave. En el caso de Peralino está involucrada no solo la PDI, sino también la fiscalía, y eso es muy complejo porque finalmente tiene que ver con múltiples actores dentro del sistema de justicia que es necesario revisar.

–Tras el aumento de las movilizaciones luego del asesinato de Camilo Catrillanca, ¿Cómo se espera que actúe el gobierno respecto a la aplicación de la ley antiterrorista?

Actualmente hay varias investigaciones abiertas por ley antiterrorista. Además se están acelerando los planes para una reforma a la ley. Es algo a lo que estamos atentos, siempre hemos dicho q es necesario reforma la ley antiterrorista pero es necesario hacerlo para asegurarse que esté dentro de los estándares de un debido proceso y no tenemos la convicción de que esa sea exactamente la dirección en la que se esta proponiendo la reforma. Lo más probable que esta ley se siga utilizando y hay que estar atentos a como va a ser esa reforma para que no quedemos peor en materias de derechos humanos y juicio justo.

-Es una ley que se utiliza principalmente para defender la propiedad privada.

Así es. De hecho ese fue uno de los cuestionamientos que hizo el relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y terrorismo cuando estuvo de visita en Chile. Señaló que las definiciones internacionales de terrorismo, que está manejando la relatoría en materia de derechos humanos, excluye los delitos que sean exclusivamente contra la propiedad y nuestra ley antiterrorista está siendo usada de manera más amplia y con poca claridad.


http://www.eldesconcierto.cl/2019/01/28/directora-de-amnistia-internacional-si-perdemos-de-vista-las-irregularidades-del-caso-luchsinger-mackay-estamos-poniendo-en-riesgo-la-justicia-para-todas-las-personas/?fbclid=IwAR0w1joZ3FZkvQo7pIO2K1LshAaDP3HaerXxtSquXTGAZPk1FYMUCXfAWW8

viernes, 19 de octubre de 2018

ONU advierte al Estado de Chile por falta de garantías en juicio que condenó a 3 mapuche

Jueza Ximena Saldivia

Luchsinger Mackay sigue en la polémica: ONU advierte al Estado de Chile por falta de garantías en juicio que condenó a 3 comuneros mapuche

Cuatro relatorías especiales de Naciones Unidas manifestaron su preocupación por las presiones políticas que habría recibido la jueza Ximena Saldivia para "adaptar el fallo a la voluntad expresada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera". 

La comunicación se hace pública ahora y no pudo estar a disposición de los jueces de la Suprema que confirmaron la sentencia.

Por
Francisco Parra / 19.10.2018 @frparrag

Si bien ya hay una sentencia confirmada por la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país, la historia del caso Luchsinger Mackay está lejos de terminar.

Tal como adelantó El Desconcierto hace una semana, distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) enviaron una comunicación oficial al Estado de Chile donde hacen un duro llamado de atención por las presiones políticas que giraron en torno al caso que condenó a cadena perpetua a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel y a 5 años a José Peralino Huinca. 

Se refieren específicamente a la denuncia de la jueza Ximena Saldivia, quien salió del tribunal unos días antes de terminado el juicio oral denunciando acoso laboral y presiones políticas del juez presidente, Germán Varas, para darle unanimidad a una sentencia condenatoria hacia los comuneros mapuche.

El documento está firmado por Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados; Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos.

La notificación tiene fecha del 13 de agosto, pero por asuntos protocolares de la ONU, recién se hace pública 60 días después, razón por lo que el documento no pudo ser tomado en cuenta por los jueces de la Corte Suprema que confirmaron la sentencia contra los comuneros mapuche.

Para los relatores, las presiones denunciadas por Saldivia puede significar el “incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger, respetar y garantizar la independencia judicial en su país, así como asegurar un entorno propicio y seguro para la labor de jueces y magistrados”.

“Las informaciones recibidas por esta relatoría apuntan a supuestas presiones ejercidas contra la jueza Saldivia a lo largo de este juicio, con el fin que se produjera una sentencia condenatoria a los imputados y de este modo coincidir con la opinión política expresada sobre el caso por el actual gobierno (…)estas presiones vendrían del juez Germán Varas, para adaptar, según esas alegaciones, el fallo a la voluntad expresada públicamente por el Presidente de la República, S.E. Sebastián Piñera, de que los acusados de este caso debían ser condenados, y de este modo poder ser nombrado magistrado en la ciudad de Temuco”, dice la notificación.

El documento continúa así: “Quisiéramos expresar nuestra preocupación por las supuestas amenazas y presiones a la jueza Saldivia que, de quedar probadas, constituirían una afectación grave a la independencia del órgano jurisdiccional, pilar fundamental del derecho al debido proceso y garantías judiciales. Los presuntos hechos que se denuncian afectarían de forma directa al derecho de los acusados a ser oídos públicamente en condiciones de plena igualdad y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, encargado de examinar la acusación contra ellos en materia penal”.

De acreditarse las presiones, dice la comunicación, “podríamos encontrarnos ante un intento de incidir directamente sobre la afectación de uno de los miembros del Tribunal que debía dictar sentencia sobre el caso Luchsinger Mackay”.

Además, los relatores hacen un directo llamado de atención “a los miembros del Poder Ejecutivo sobre causas que se siguen en los órganos judiciales, que podrían ser consideradas como injerencia en asuntos judiciales”, ya que esto pone “en tela de juicio el principio de separación de poderes y la necesaria independencia judicial”.

La comunicación de los relatores finaliza pidiendo al Estado de Chile otorgar cualquier información o comentario en relación a las alegaciones, informar acerca de las investigaciones que han realizado para esclarecer los hechos denunciados, informar de la situación laboral actual de la jueza Ximena Saldivia, así como de los recursos judiciales a disposición de los condenados para recurrir a la sentencia y las medidas para asegurar un juicio con todas las garantías procesales para los acusados.

Sin embargo, con una sentencia ya confirmada por la Suprema, el único camino que resta para los condenados es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceso que podría tardar años.

http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/19/luchsinger-mackay-sigue-en-la-polemica-onu-advierte-al-estado-de-chile-por-falta-de-garantias-en-juicio-que-condeno-a-3-comuneros-mapuche/
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Germán Varas (centro) fue denunciado por una jueza por hacer presiones para condenar en el caso Luchsinger / Agencia Uno

Caso Luchsinger Mackay: Las recomendaciones de la ONU que no considerará el fallo de la Suprema

Las relatorías sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la de Independencia de Magistrados enviaron en conjunto una notificación al Estado de Chile manifestando su preocupación por las presiones indebidas que denunció la jueza Ximena Saldivia, advirtiendo una posible transgresión a los derechos de ella y de los tres comuneros mapuche condenados en el caso Luchsinger Mackay. 

La información, eso sí, es reservada y por protocolo se hará pública recién el 13 de octubre, por lo que no estuvo a vista de la Corte Suprema, que este miércoles da a conocer si anula o no el juicio.

Por Natalia Figueroa / 08.10.2018

Este miércoles el caso Luchsinger- Mackay verá su último episodio en la Corte Suprema. Después de casi un mes de postergación, que estuvo cruzada por la acusación constitucional que pesó sobre sus ministros, la Segunda Sala Penal dará a conocer el fallo sobre el recurso de nulidad que presentó la defensa de los tres condenados: Luis Tralcal Quidel, José Tralcal Coche y José Peralino Huinca.

Pero a pesar de los esfuerzos de los abogados por presentar la mayor cantidad de antecedentes que pudiesen probar las irregularidades del segundo juicio oral de este caso,la instancia presidida por el ministro Hugo Dolmestch no tuvo a mano toda la información del caso durante los alegatos de las partes, iniciados el pasado 21 de agosto.

El sábado 13 de octubre, tres días después de que se conozca el resultado del fallo del máximo tribunal, se liberará la notificación hecha al Estado de Chile por la Organización de Naciones Unidas (ONU)respecto de la imparcialidad denunciada por la jueza Ximena Saldivia, en el marco del segundo juicio oral del caso.

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De acuerdo a información conocida por El Desconcierto, tanto la relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como la de Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, enviaron una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 13 de agosto pasado, manifestando su preocupación por la situación de acoso laboral y presiones indebidas denunciada por la jueza. A la vez, hicieron un llamado a revisar la posible transgresión de los derechos fundamentales tanto de la magistrada como de los comuneros involucrados en el proceso judicial.

A diferencia de las sugerencias que emitió el Comité contra la Tortura de la ONU en cuanto a la violencia policial y los testimonios entregados bajo tortura, donde los abogados situaron el caso del delator compensado José Peralino Huinca, la información recopilada por ambas relatorías del mismo organismo no estuvo disponible para ser presentada durante los alegatos.

Que esta información se conozca recién en esa fecha significa que quedó fuera de la competencia de la justicia nacional y que solo podría ser utilizada de recurrir ante tribunales internacionales, una vez conocido el fallo de este miércoles. Por asuntos diplomáticos, estos antecedentes son reservados y se hacen públicos sólo 60 días después de notificado al estado comprometido.

Las presiones por parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que denunció José Peralino, que lo habría llevado a declarar en contra de los comuneros hoy condenados y también de quienes resultaron absueltos, se convirtieron en uno de los argumentos fundamentales del recurso de nulidad, al igual que el caso de la jueza Ximena Saldivia.

La denuncia que Saldivia hizo ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) poco después de salir del tribunal, reveló las presiones indebidas que recibió por parte del juez presidente de la instancia, Germán Varas Cicarelli. Tiempo después se conoció que, al mismo tiempo en que presidía el juicio Luchsinger Mackay, Varas se encontraba postulando a dos cargos para ascender en el escalafón del Poder Judicial,para pasar de ser juez en una tribunal pequeño como Angol a uno de mayor connotación, como Temuco.

Participantes del juicio aseguran que la postura de Varas fue notoria en permitir licencias a favor de las partes querellantes y ser duro con los defensores. Uno de los querellantes era el gobierno -a través del abogado Luis Hermosilla-, el mismo que decide, a través del Ministerio de Justicia, el ascenso de jueces.

En estas decisiones es donde intervino Saldivia con una postura que reprochaba el actuar de policías y fiscales, quitando de paso la unanimidad que entregaban Varas y la jueza Rocío Pinilla. Con ella fuera de la imagen -por licencia médica apenas días antes de terminado el juicio- la decisión de condenar a los tres comuneros fue unánime, con José y Luis Tralcal, ambos dirigentes de sus comunidades mapuche, sentenciados a cadena perpetua. En la decisión, eso sí, Varas quiso ir más allá, extendiendo la condena a seis de los once acusados.

La información que hasta ahora no ha sido conocida por los abogados defensores de los condenados fue enviada a Cancillería y remitida a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ad portas del fallo de la Suprema, solo podría ser presentada en una demanda en la justicia internacional contra el Estado por vulneración de derechos fundamentales.

Respecto de la denuncia de la jueza Saldivia por acoso laboral de Germán Varas, la Corte de Apelaciones de Temuco informó a este medio que la investigación interna que iniciaron a raíz de la denuncia continúa abierta.


José Tralcal Coche, José Peralino Huinca y Luis Tralcal Quidel, los tres condenados del caso Luchsinger Mackay / Agencia Uno

El futuro del caso

El caso Luchsinger- Mackay se ha reconocido como uno de los más complejos en materia penal desde que ocurrieron los hechos, en 2013.

Hasta la sentencia del TOP de Temuco, de junio pasado, el único condenado era el machi Celestino Córdova, aunque no por delito terrorista sino que por delito incendiario con resultado de muerte.

El testimonio desmentido de José Peralino Huinca dio pie para iniciar una investigación a los comuneros que luego enfrentaron dos juicios orales; el primero fue absolutorio y cuestionó duramente las pruebas presentadas; mientras que el segundo condenó a los tres comuneros antes nombrados.

Hace una semana, El Mercurio publicó que la Segunda Sala de la Suprema decidió confirmar la condena, pero eliminar el delito terrorista. La filtración del supuesto fallo llegó con sorpresa al Poder Judicial, sobretodo faltando más de una semana para conocida la decisión final.

Para los intervinientes del caso, cualquiera sea el resultado no puede no considerarse el contexto de la acusación constitucional contra los mismos jueces que debín deliberar respecto a la nulidad.

De confirmarse el fallo filtrado, las defensas llevarán el caso, incluida la notificación de la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceso que puede terminar con una nueva condena para el Estado de Chile, que ya tuvo una por casos judiciales a comuneros mapuche en 2014. Este camino, eso sí, implica un largo recorrido que puede durar hasta una década. Y con la reducción del delito terrorista, los condenados podrán optar a la libertad condicional en siete años.

Otro elemento a considerar es el extremo agotamiento que ha conllevado el caso Luchsinger, con dos juicios muy largos y extenuantes. Según comenta un juez de Temuco, más allá de que muchos en el Poder Judicial saben que corresponde anular y así evitar una nueva condena para Chile en las tribunales internacionales, en términos personales nadie quiere que el juicio se repita en La Araucanía, como pasaría si se anula.

Además del agotamiento que han significado los dos juicios orales, el empobrecimiento es otro de los factores que aqueja a los comuneros mapuche que ven mermada la posibilidad de estar en sus comunidades. A estas alturas, señalan los abogados, las evidentes presiones políticas han hecho casi imposible evitar una condena pese a todas las irregularidades que se han denunciado, incluso por una misma jueza que integró el tribunal de Temuco.

http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/08/caso-luchsinger-mackay-las-recomendaciones-de-la-onu-que-no-considerara-el-fallo-de-la-suprema/


miércoles, 13 de junio de 2018

Dirigentes mapuche son condenados por la ILEGAL ju$ticia $hilena en Wallmapu

Dos dirigentes Mapuche fueron condenado a presidio perpetuo en un juicio plegado de irregularidades

Junio 11, 2018

TEMUCO| Tras mas de un mes de espera hoy el peñi José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, ambos dirigentes mapuche históricos del Lof Lleupeco, fueron condenados a presidio perpetuo como autores de la supuesta muerte del matrimonio latifundiata Luchsinger Mackay, ocurrido la noche del 3 de enero de 2013.

Mientras tanto el delator compensado José Peralino Huinca, quedó con una pena de 5 años de prisión, la que será reemplazada por libertad vigilada intensiva, atendiendo a los más de 700 días que ha pasado privado de libertad a la espera de la sentencia.

Cabe mencionar también que durante la entrega de la sentencia los abogados defensores volvieron a insistir en la falta de parcialidad del tribunal que dictó la condena. recordemos que justo antes del final del juicio, la jueza Ximena Saldivia presentó licencia médica producto de una situación de acoso laboral que sufrió de parte del presidente del mismo tribunal, Germán Varas y todo con el fin de obtener una condena para los comuneros Mapuche.


LAS PRUEBAS QUE UTILIZO LA JUSTICIA PARA CONDENAR

Las pruebas presentada por el Fiscal, consisten en una confesión de Jose Peralino Huinca donde fue obligado a firmar BAJO TORTURA, Declaraciones que no coinciden entre sí ni con lo encontrado en el sitio del suceso, falta de registro audiovisual de la misma y una querella que en su momento el mismo Peralino presento por apremios ilegítimos contra oficiales de la PDI y estas fueron las principal prueba que tuvo la Fiscalía contra los 11 imputados del caso Luchsinger Mackay.


http://werken.cl/dos-dirigentes-mapuche-fueron-condenado-a-presidio-perpetuo-en-un-juicio-plegado-de-irregularidades/



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Caso Luchsinger-Mackay: Tribunal condena a presidio perpetuo a los hermanos Tralcal

Luis Tralcal, José Tralcal y José Peralino Huinca recibieron la condena de parte de la justicia.

Diario Uchile-Lunes 11 de junio 2018 11:47 hrs. 





Este lunes el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a presidio perpetuo a Luis Tralcal Quidel y José Tralcal, quienes fueron catalogados por la justicia como autores de incendio terrorista con resultado de muerte.

En la misma instancia en que se avanzó el caso Luchsinger Mackay, José Peralino Huinca, fue condenado a cinco años de presidio con beneficio de libertad vigilada.

Ver imagen en Twitter




Poder Judicial Chile✔@PJudicialChile

AHORA Caso Luchsinger Mackay: Condena a presidio perpetuo a Luis Tralcal Quidel y José Tralcal y a 5 años a José Peralino Huinca.

10:28 - 11 jun. 2018

Los abogados defensores de Luis Tralcal Quidel, Sebastián Saavedra y Pablo Ortega, buscaron alegar la cautela de garantías por las presiones denunciadas por la magistrado Ximena Saldivia, sin embargo tal solicitud fue desestimada por el tribunal.

Respecto del caso ocurrido la madrugada del 4 de enero de 2013, en que el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay fallecieron en medio de un incendio en su hogar, los primeros días de mayo la justicia absolvió a ocho personas, se trata de la machi Francisca Linconao Huircapán, José Córdova Tránsito, Sergio Catrilef Marilef, Aurelio Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel y Juan Tralcal.


http://radio.uchile.cl/2018/06/11/caso-luchsinger-mackay-justicia-condena-a-presidio-perpetuo/
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Caso Luchsinger: dos condenados quedan con presidio perpetuo y uno con libertad vigilada

Carlos Martínez



La mañana de este lunes inició la lectura de sentencia en contra de los tres condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

José Peralino Huinca fue condenado a cinco años de presidio bajo el beneficio de libertad vigilada por delator compensado, mientras que José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel quedaron bajo la medida de presidio perpetuo por el delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista.

La defensa de los acusados tiene un plazo de 10 días para apelar a la medida del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.

José Tralcal Coche, posterior a la audiencia, dijo que no hubo pruebas contundentes y que fue condenado sólo por ser dirigente mapuche.
Los absueltos

El pasado 5 de mayo, fueron absueltos de todos los cargos formulados en su contra la machi Francisca Linconao, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Zenén Catrilaf Llaupe, José Arturo Córdova Tránsito, Juan Segundo Tralcal Quidel, Sabino Catrilaf Quidel, Eliseo Ariel Catrilaf Romero y Sergio Marcial Catrilaf Marilef.

Tras dicha audiencia se decretó la libertad de la machi y se levantaron todas las medidas cautelares que tenía en su contra.

Este es el segundo juicio por el mismo caso, luego que el pasado 25 de octubre de 2017, el tribunal absolviera a todos los implicados en dicha causa.

Con la medida del tribunal llega a cuatro el número de condenados, ya que José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca se suman al machi Celestino Córdova, quien deberá cumplir 18 años de presidio por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

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Poder Judicial Chile
✔@PJudicialChile

URL CORTA: http://rbb.cl/kfd9

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WALLMAPU - NACION MAPUCHE

DIRIGENTE MAPUCHE: ME CONDENARON POR SER DIRIGENTE Y DEFENDER EL AGUA Y LOS RECURSOS NATURALES

Pablo Ortega, abogado: no había jueces que fueran imparciales si no jueces militantes que estaban convencido desde antes de la culpabilidad, aquí carecieron de imparcialidad, los tribunales estuvieron muy marcada en contra de la defensa.


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Reportan incidentes tras lectura de sentencia de condenados por caso Luchsinger

Carlos Martínez

Luego de la lectura de sentencia por el caso Luchsinger Machay, que condenó a presidio perpetuo a dos de los condenados, se reportaron diversos incidentes en el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco.

Entre las manifestaciones de los asistentes a la audiencia, se recalcó racismo en contra de los condenados.

Lee también...
Caso Luchsinger: dos condenados quedan con presidio perpetuo y uno con libertad vigilada


Así lo señaló José Tralcal Coche, quien posterior a la audiencia dijo que no hubo pruebas contundentes y que fue condenado sólo por ser dirigente mapuche.

También confirmó que, tal como señaló la semana pasada, iniciará una huelga de hambre cuando comience su condena.

Recordemos que José Peralino Huinca fue condenado a cinco años de presidio bajo el beneficio de libertad vigilada por delator compensado, mientras que José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel quedaron bajo la medida de presidio perpetuo por el delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista.

URL CORTA: http://rbb.cl/kfdp


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Wallmapu- Testimonio de José Manuel Peralino Huinca, 30mar16

Abya Yala Internacional
Publicado el 31 mar. 2016

El día miércoles 30 de marzo de 2016 la fiscalía chilena junto a cientos de personal de la Policía de Investigaciones, PDI, invaden sectores y comunidades de la nación mapuche en el actual Chile en busca de comuneros mapuche que supuestamente participaron de un ataque a una familia de colonos latifundistas en enero de 2013, resultando quemada la vivienda y sus dos ocupantes muertos en el incendio. 

Se trata de la pareja Luchsinger Mackay, descendientes de europeos traídos por el estado chileno una ves que Chile y Argentina invaden con sus ejércitos el territorio que le quedaba libre al pueblo mapuche y que estaba protegida por Tratados de Respeto firmados entre las nuevas repúblicas y el ancestral pueblo mapuche. 

Miles de mapuches fueron asesinados, ultrajados, secuestrados, violados, sus tierras, animales, cosechas y pertenencias robadas o incendiadas por ambos ejércitos en lo que los historiadores oficiales llaman, Campaña del desierto en Argentina y Pacificación de la Araucanía en Chile. 

En el caso actual había solo una persona detenida la que fue encontrada herida no muy cerca del sitio del suceso, el machi, autoridad espiritual, shaman mapuche Celestino Córdova que se encuentra actualmente secuestrado, recluido en la cárcel de Temuko quien fue declarado culpable por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, el que lo condenó a 18 años de presidio mayor en su grado máximo. 

Sorpresivamente la justicia chilena cree haber encontrado una persona mapuche que supuestamente participó del ataque e incendio y que delató a sus compañeros pues "no aguantaba el peso de la conciencia...." 

Sin embargo en el tribunal, este comunero niega lo dicho por la fiscalía y la policía diciendo que fue obligado a mentir por un policía de apellido Vilches, bajo amenazas coimas, engaños, intimidación y persecución tanto a el como a su novia y familia durante mucho tiempo. 

La policía y fiscalía chilena no quería que este comunero atestiguara en el tribunal pero concurrió a declarar para decir su verdad. Mostraba heridas en sus manos hechos por la policía mientras sufría amenazas para que no atestiguara. 

No es la primera ves que la fiscalía y policía chilena realizan montajes en contra de comuneros mapuche y su lucha por recuperar el legado dejado por sus ancestros a través de su territorio, cultura, cosmovisión.... 

Les dejamos su relato completo para que saquen uds sus propias conclusiones. El audio de la sala es deficiente pero se puede escuchar.

jueves, 24 de mayo de 2018

Colonos Luchsinger McKay- $hile condena sin pruebas


Caso Luchsinger-Mackay: ¿uso político o búsqueda de justicia?

Publicado por: Tu Voz 23may18-RBB


Francisco Flores Seguel | Agencia UNO

Este mes nuevamente concluyó el juicio oral por el caso Luchsinger-Mackay. 

Claro, también había concluido el 25 de octubre del año 2017, ocasión en que todos los imputados fueron absueltos de todos los cargos, cuestión que generó una ola de críticas contra el funcionamiento de la justicia chilena.

La rabia de muchos chilenos no encontraba su motivo en la larga e injusta prisión preventiva de los imputados mapuche, sino en la incapacidad de haber demostrado la culpabilidad de éstos.

En estricto rigor, el juicio político ya estaba hecho y solo faltaba ratificarlo vía judicial, motivo del gran revuelo por el revés sufrido. Finalmente, el juicio se anuló y vuelta todo de nuevo. Y si bien, el antiguo gobierno se esmeró en una política indígena populista punitiva, el actual ha continuado esa senda pero con una gestión más diligente y alineada.

Tempranamente el nuevo gobierno instaló con fuerzas -mediáticas, políticas y empresariales- su verdad y prioridad: hay terrorismo (entiéndase, mapuches terroristas) en el sur. Todo esto sin prestar atención a las alarmantes situaciones en territorio mapuche, y que hacían absolutamente necesario la tematización política de dichos atropellos, para erradicar la violencia estatal hacia el movimiento social mapuche.

Así, sólo en el primer mes de gobierno nos encontramos por ejemplo: con el montaje policial llamado Operación Huracán para acabar con líderes mapuche; el descarte del suicidio de la defensora ambiental Macarena Valdez, en medio de un conflicto territorial; el reconocimiento por parte del Estado en su responsabilidad en la muerte de Alex Lemún; y la infancia mapuche que continuaba siendo violentada.

Justamente, el último atentado contra la niñez mapuche, que por cierto no recibió más cobertura en los noticiarios centrales que un asalto, fue que carabineros obligó a tres estudiantes mapuche menores de edad a desvestirse en un control policial. Sí, escucho bien, los obligo a desvestirse. En la prensa estas cosas no figuran ni tampoco escandalizan.

Un grupo de adherentes a la causa mapuche marcharon por el centro de Santiago por la libertad del Machi Celestino Cordova (abril de 2018) | Francisco Flores Seguel | Agencia UNO

El caso Luchsinger-Mackay desde temprano ha representado la punta de lanza del nuevo gobierno para endurecer el populismo punitivo que ya venía desarrollando Bachelet hacia el Pueblo Mapuche, y en este sentido caben serias preguntas respecto al verdadero compromiso con la justicia, respecto a los familiares de las personas asesinadas, como respecto a quienes se busca culpar.

Encontrar culpables y configurar terrorismo es el punto de apoyo para iniciar una nueva “pacificación” en la Araucanía. El juicio, el repetido, parece apuntar justamente a esto. Por supuesto, no sin tremendas incoherencias jurídicas, propias del realismo mágico de Macondo.

La gran prueba es el testimonio de José Peralino Huinca, quién declaró haber sido sometido a tormentos para la declaración donde menciona a los otros diez imputados.

Tal testimonio fue obtenido sin la presencia de algún abogado, en un territorio plagado de abusos policiales contra mapuche que ha significado llamados de atención de diversos organismos de promoción y defensa de los derechos humanos

Más aún, no existe una sola evidencia audiovisual donde se pueda ver a Peralino afirmando tal testimonio. O sea, el único lugar donde habría confesado, es a solas con dos policías. Al menos tendrá que conceder que hay vulneración de las garantías procesales.

Luego, nos encontramos con otras situaciones que francamente hacen sospechar del fallo. El gran argumento que se habrían reunido todos en casa de la Machi Francisca Linconao para tramar el asesinato se viene al piso con la sentencia absolutoria de la Machi.

La geolocalización que se esgrime también es débil. No solo por temor de un nuevo programa Antorcha, sino por lo impreciso, y también contradictorio con las pruebas que presentan los acusados, respecto a su estadía en un lugar diferente.

Marcha por la Resistencia Mapuche, en el marco del día de la raza (octubre de 2017) | Sebastián Beltrán Gaete | Agencia UNO

Sin embargo, más increíble resulta la calificación terrorista, pues quienes hace un par de meses eran inocentes, ahora resulta que son ¡terroristas! (cabe recordar que en este juicio no entran nuevas pruebas)

¿Puede existir tal diferencia de consideración sobre las pruebas que donde unos vieron inocentes otros vean terroristas? Claramente el juicio no ocurre dentro de una probeta aislado de toda influencia. Acontece en un país donde históricamente el Pueblo Mapuche ha sido racialmente discriminado, políticamente negado y policialmente perseguido cada vez que se han levantado a demandar sus justos derechos.

La misma invocación y aplicación de la Ley antiterrorista, según Federico Aguirre, Jefe regional del INDH en la Araucanía, “es constitutivo de una infracción de normas de derechos humanos, en ese sentido, el estado estaría en un incumplimiento que ya fue representado al propio Estado a propósito de otra sentencia dictada en el caso denominado Lonko Norin, Catriman y otros vs Chiel”. A esto podríamos sumar numerosos cuestionamientos provenientes de Amnistía Internacional, la ONU y otros organismos de defensa y promoción de los derechos humanos.

Ante todo esto cabe preguntar ¿es peligroso asociarse y movilizarse para reclamar derechos en este país? Si eres mapuche, la respuesta es sí. Usted podrá pensar que es una exageración.

Sin embargo, solo en los último dos años tenemos persecución contra ambientalistas mapuche, contra prensa mapuche, contra autoridades religiosas mapuche y la última gran puesta en escena, el show para inculpar vía invención de pruebas a líderes mapuche, llamada Operación Huracán. Ahora, al parecer le llegó el turno a don José Tralcal, reconocido dirigente mapuche en su comunidad, con un rol activo en la promoción y defensa de los derechos de su pueblo.

Ni el mismo tribunal que en su veredicto los tipifica como terroristas parece creer tal cosa, sino ¿cómo se explica que los envíe con arresto domiciliario hasta la entrega de la argumentación del veredicto? La realidad se impone rompiendo toda lógica, la que si existe difícilmente es jurídica.

Los familiares Luchsinger-Mackay merecen justicia, no hay dudas al respecto. Para ello necesitan que las instituciones efectivamente sean rigurosas y respeten los estándares que democráticamente nos hemos dado. Someter el pesar de la familia Luchsinger-Mackay a los fines políticos de cualquier gobierno es lo más cercano a terrorismo que hemos visto por estos lados.


David Soto sj.
Comunidad jesuita en Tirúa.
http://rbb.cl/k95j