miércoles, 20 de diciembre de 2017

Así fue cómo la Fiscalía imputó a 11 inocentes la muerte de los Luchsinger Mackay

José Tralcal Coche celebra: Salió libre después de un año y 7 meses en prisión preventiva / Agencia Uno
Detenciones ilegales, torturas, amenazas, escuchas telefónicas, plantación de pruebas. Todo esto fue parte del actuar de Carabineros y la PDI a lo largo del caso Luchsinger Mackay. 
Hoy se confirmó lo que todos sabían: Las pruebas que justificaron más de un año y medio de prisión preventiva y una acusación terrorista no tenían por dónde sostenerse. Los 11 imputados salieron libres del tribunal a reencontrarse con sus familias, mientras que la Fiscalía de Temuco, la Intendencia regional y la Ley Antiterrorista suman un nuevo fracaso.

Por Francisco Parra / 25.10.2017 @frparrag

Después de tres años del brutal asesinato del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian Mackay en su fundo en la zona de Vilcún, se formalizó a 11 personas acusadas de haber ocasionado el incendio en la granja Lumahue aquella trágica madrugada del 4 de enero de 2013.

Los focos se fueron inmediatamente hacia ellos. Todos mapuche y la gran mayoría reconocidos dirigentes en la zona: la machi Francisca Linconao, Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán Catrilaf, José Tralcal y José Peralino. Junto al ya condenado machi Celestino Córdova, ellos serían, según la Fiscalía, los culpables. Los terroristas.

Hoy, más de un año y medio después de que fueran formalizados, todo se fue a piso. En decisión unánime, los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal resolvieron absolver a cada uno de los 11 imputados por el juicio Luchsinger Mackay, acusando la falta de pruebas y garantías para condenarlos.

La investigación conducida por el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, y el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, no fue capaz de demostrar en juicio la culpabilidad de los 11 imputados. Todos, algunos con más de año y medio en prisión preventiva, salieron hoy de los tribunales de Temuco como personas libres.

En El Desconcierto te presentamos, al detalle, los pormenores de una investigación marcada por irregularidades y contradicciones que culminó en un nuevo fracaso para la Fiscalía de La Araucanía y para la Ley Antiterrorista.



Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, los fiscales que investigan el caso Luchsinger Mackay

Villegas, Vilches, Leiro

Raimundo Villegas, Guillermo Vilches y Claudio Leiro son tres nombres claves en esta historia. Los más importantes de todos. Se trata de tres miembros de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), el equipo de excelencia de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para casos importantes.

Los tres fueron el principal sustento del Ministerio Público para acusar a la machi Linconao y a los otros 10 comuneros mapuche del crimen contra los Luchsinger Mackay. Sin embargo, terminaría siendo su propio actuar -y sus declaraciones en el juicio oral- lo que llevarían al derrumbe del caso.

- [Lee también en El Desconcierto: Los rastros de la PDI en el caso Luchsinger Mackay]

El 8 de noviembre del 2013 José Manuel Peralino Huinca, un joven de 28 años, fue citado a declarar ante los policías Villegas y Leiro. Mientras investigaban el asesinato del cabo Albornoz, interceptaron una llamada telefónica que, supuestamente, hablaba de un atentado contra una antena en el cerro Rahue por orden de la machi Francisca Linconao, a quien las policías tenían el ojo puesto pues creían que algo había tenido que ver con el crimen de los Luchsinger.

En la conversación, de la cual no hay registro alguno salvo el testimonio de los PDI, José Manuel Peralino habría dicho que tenía antecedentes que aportar respecto del caso Luchsinger Mackay. En presencia también del fiscal Luis Arroyo, Peralino dice que la machi Francisca lo invitó a una reunión el día 3 de enero de 2013. Que a ese encuentro llegaron, según el relato de los policías de lo que dijo Peralino, “un tal Tralcal apodado el ‘alcalde’”, Sergio Tralcal, cuatro personas de apellido Catrilaf, Aurelio, Sabino, Sergio y Hernán, un tal “Pato Quidel”, un tal “Piteo, que vive cerca los Catrilaf”, un “Luis Quidel”, Segundo Tralcal, “un machi de nombre Celestino”, “un sujeto de apellido Córdova que había estado preso por armas y después dejado en libertad” y otro sujeto de pelo largo y barba.

Peralino habría dicho que en esa reunión se habló de “quemar la casa del gringo”, en referencia a Werner Luchsinger. Que Sergio Tralcal llevó tres bidones blancos de 20 litros para quemar el fundo y que la mayoría portaba armas. Peralino dice que se fue del lugar y que no supo más. Después se habría enterado del ataque a la granja Lumahue.

Según consta las declaraciones de Villegas -entonces jefe de la BIPE Temuco y a cargo de la investigación- y del subcomisario Leiro en la carpeta investigativa y en el propio juicio oral, sus equipos pasaron a investigar los antecedentes entregados por Peralino y a descartar otras líneas posibles. Dijeron que el relato coincidía con lo encontrado en el sitio del suceso y que recibieron la orden de hacer más averiguaciones.



BIPE, la policía de “excelencia” de Temuco

Ambos le prometieron a Peralino el resguardo de su identidad y que estaría a salvo. Incluso le dieron sus números telefónicos personales. 

Según los PDI, “poco a poco” se fueron “ganando la confianza” del entonces testigo y el 23 de octubre del 2015, se vuelven a reunir en las dependencias de la institución. Los fiscales Arroyo y Chiffelle fueron convocados para reunirse a solas con Peralino.

Él habría insistido en su testimonio, pero agregando que sí participó del ataque.

 Dejó de ser testigo y pasó formalmente a ser imputado. De ese encuentro sí hay registro, anotado por el fiscal Chiffelle, según declararon los policías. Se asegura que llegaron al fundo de los Luchsinger en tres camionetas oscuras, que se dividieron en dos grupos, uno que atacó “con hondas y boleadoras” y armas cortas el frontis y otro que procedió a la cocina a prender fuego. Que iban con tres bidones de 20 litros para quemar la casa, que escapan por los potreros hacia el cerro Rahue, que dejaron botado al machi Celestino por estar herido y que dejaron una serie de panfletos en el lugar.

Además, se agregan ciertas informaciones respecto de la primera declaración. Ahora los atacantes no serían 16 personas, sino 30. Y que, una vez que escaparon, entregaron sus ropas al “sujeto de pelo largo y barba de Cultrunco” para que las quemara.

Los funcionarios Vilches, Villegas y Leiro de la PDI declararon en el juicio oral como “testigos de oídas” de la declaración que prestó Peralino a los fiscales Arroyo y Chiffelle y sobre la cual se forjó la investigación.

El 30 de marzo de 2016 fueron detenidos los 11 imputados, incluido el propio Peralino. Según la Fiscalía en su alegato de apertura en el juicio, comprobaron “científicamente” que los hechos ocurrieron tal como Vilches, Leiro y Villegas describieron que Peralino dijo.
La tercera declaración

Hoy se sabe que tras hablar con Chiffelle, Peralino se acercó a la casa de Francisca Linconao, a quien conocía de chico. La machi es una autoridad en la zona, no solo por sus conocimientos ancestrales de la medicina mapuche, sino que también por su historia: fue la primera mujer indígena que convocó el convenio 169 de la OIT y ganó un juicio para proteger un cerro con plantas medicinales contra el empresario Emilio Taladriz. Ella misma diría después que este hecho es la razón por la que se le asoció al juicio por la muerte de los Luchsinger, a los que también conocía y era cercana.

[Lee también en El Desconcierto: Emilio Taladriz, el empresario al que la machi Linconao apunta como motivo de su implicación en el caso Luchsinger Mackay]

Peralino le confesó todo a la machi Linconao: Los funcionarios Guillermo Vilches y Claudio Leiro lo amenazaron, lo torturaron, lo persiguieron, lo obligaron a culparla a ella y a los otros 10.

La machi tenía claro qué hacer. 
Lo llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría Penal Mapuche. El INDH se querelló contra Vilches y Leiro por apremios ilegítimos y la DPM tomó su caso.

Entonces se vino el vuelco. En el control de detención, el 31 de marzo de 2016, por primera vez con un abogado que lo defienda, José Manuel Peralino Huinca habló de nuevo. Dijo que Vilches y Leiro lo torturaron y lo obligaron a dar la declaración a Chiffelle. La Fiscalia, inmutada, continuó hasta hoy, el último día del juicio, afirmando la legitimidad del testimonio de Peralino.

Durante el transcurso de toda la investigación y del juicio oral, la misma Fiscalía de La Araucanía -que acusaba a once personas de terrorismo y pedía cadena perpetua contra ellos- estuvo a cargo de la investigación por apremios ilegítimos contra el principal testigo de dicha causa. El caso de Peralino contra Vilches y Leiro sigue abierto.

Pasaron huelgas de hambres, campañas mediáticas y un año y medio con personas privadas de libertad para que se iniciara el juicio oral, el 21 de agosto de este año.

Las principales pruebas del Ministerio Público fueron un informe de geolocalización que -supuestamente- comprobaba la presencia de los imputados en la casa de la machi Linconao el día 3 de enero, reconocimiento fotográfico, huellas y evidencias balísticas en el sitio del suceso.

Pero a medida que fue avanzando el juicio, la cara de Arroyo, Chiffelle y la Intendencia, que siempre apoyó el actuar de la Fiscalía de La Araucanía, fue cambiando. Una a una, sus pruebas se fueron cayendo.

El juicio consistió básicamente en un intento por avalar los relatos que Vilches, Leiro y Villegas decían de lo que dijo Peralino, pues el imputado se acogió a su derecho a guardar silencio.

Francisca Linconao Huircapán



Machi Francisca Linconao sale libre del Tribunal de Temuco / Agencia Uno

Todo comenzó, según la versión de la Fiscalía, en la casa de la machi el 3 de enero de 2013 a las 20 horas, cuando ella habría convocado a 30 personas a planificar el ataque. El Ministerio Público dijo tener la convicción, a través del registro de llamadas telefónicas y geolocalización de celulares, que esa reunión sí se produjo.

Lo cierto es que en el juicio se demostró que la última llamada que hizo la machi ese día fue a las 19:33 a un sobrino suyo. Una inconsistencia con la declaración de Peralino, que decía que el hombre de pelo largo y barba -nunca identificado- fue el último en llegar tras un llamado de Linconao pasadas las 20 horas. No se presentó otra prueba respecto a la reunión ni tampoco se le tomó declaración al sobrino.

Los atacantes habrían salido en una caravana de 30 personas repartidas en tres camionetas oscuras, desde la casa de la machi hasta la granja Lumahue. En total, habrían recorrido 16 kilómetros. La madrugada del ataque, la zona era custodiada por patrullas de carabineros desplegadas en distintos puntos a lo largo de la General López, en los fundos Palermo Chico, Granja Grande y Traipo. Según el relato, habrían pasado cerca de estos tres puntos antes de llegar a la granja Lumahue. Nadie los vio.

Vecinos y cuidadores de los grandes predios declararon a Carabineros haber visto una camioneta blanca marca Chevrolet, antigua, de una cabina y a cuatro encapuchados salir de ella. En el fundo de los Luchsinger no habían evidencias de las camionetas oscuras. Jorge Andrés Luchsinger, hijo del matrimonio y primero en llegar al sitio del suceso, tampoco las divisó. No se presentaron más pruebas respecto a las camionetas.

El 4 de enero, durante la tarde, la casa de la machi Francisca Linconao fue allanada por Carabineros. En ese entonces era Reinaldo Villegas, el mismo oficial de la BIPE que tomó la declaración a Peralino, quien comandaba la investigación. El allanamiento se produjo porque, según explicó, las huellas de huida de los atacantes llegaban hasta la casa, ubicada en la comunidad Pedro Linconao I.

El propio Villegas, en el interrogatorio que le hicieron los abogados de la machi, reconoció que en realidad la última huella encontrada por Carabineros fue en el cerro Rahue, a un kilómetro de la casa de Francisca Linconao en línea recta. Una persona, identificada como Saul Linconao, prestó declaración a la policía la noche del ataque, asegurando que escuchó a personas desplazarse desde el cerro Rahue hacia Rañinco y Santa Margarita. Otra persona, una mujer de apellido Cayuman, dijo ver tres hombres correr hacia el fundo Santa Margarita. La casa de la machi está en sentido contrario.

Vilches también llegó al lugar la madrugada del 4. Puesto a prueba en el contrainterrogatorio de los abogados, declaró que no había ninguna evidencia entre la última huella encontrada en el cerro Rahue y la casa de la machi.

Una de las situaciones más polémicas del juicio se vivió cuando se analizó el allanamiento a la casa de Linconao. Ese día llegó una caravana completa de Carabineros. En el lugar estaban Francisca Linconao, su hermana Juana Linconao y una sobrina. El terreno se divide en varias casas juntas unas a otras, un gran espacio y una ruca.

La defensa de la machi presentó como prueba un video de los propios carabineros registrando el lugar, ante los reclamos de la dueña de la propiedad. En un momento, según se mostró en el juicio, se ve a dos personas de civil. El primero, de polera verde y con una mochila, ingresa a la ruca. El segundo, de polera celeste, se para en la puerta. Se ve a Juana Linconao intentar ingresar, pero al policía imponiéndose en su lugar.

Entonces es que se escucha una orden: “Que no entre, soldado”.

No se ve más a los dos policías de civil. Después, un mayor de apellido Ramírez ingresa a la ruca y encuentra una mochila con un pasamontaña, panfletos y una escopeta hechiza. La machi fue detenida en ese mismo momento, acusada de tenencia ilegal de armas. Fue sobreseída a los pocos meses.

El pasamontaña y los panfletos fueron ingresados como prueba en el juicio.

 Estos últimos, impresos, contrastaban con los que se encontraron en el fundo de los Luchsinger, que estaban escritos a mano. Aún así, los fiscales aseguraron que eran “ideológicamente similares”. 

Villegas reconoció en el juicio que los panfletos encontrados en granja Lumahue fueron analizados en busca de huellas. Las que encontraron no calzaban con ninguna de las personas que eran parte de la investigación.

José Manuel Peralino Huinca



José Manuel Peralino Huinca. Dos oficiales de la PDI lo obligaron a culparse a él y a los otros 10 de la muerte de los Luchsinger

“Sin Peralino, no hay juicio”, insistieron una y otra vez los abogados defensores.

 Otros precisaron: “Sin Villegas, Vilches y Leiro, no hay juicio”.

En sus alegatos de apertura y clausura, cada uno de los 11 defensores se refirió a las polémicas tres declaraciones de Peralino Huinca: la de noviembre de 2013 donde habría reconocido participar en la reunión en casa de la machi, pero no en el incendio; la de octubre de 2015 donde habría reconocido participación en ambos eventos; y la de marzo de 2016, donde se retractó de las dos anteriores. Esto, según los abogados, representa de por sí la causal de duda razonable.

En el juicio también se apuntó contra las irregularidades de las primeras dos. No hubo registro audiovisual ni un derecho a tener un abogado defensor. En la primera, además, pese a confesar estar presuntamente asociado a un delito terrorista, no se le leyeron sus derechos. Hoy, en el veredicto, el juez Rau acreditó la infracción de garantías en esa detención.

Además se apeló a la memoria histórica de La Araucanía. 

El mismo tribunal oral en lo penal de Temuco, en 2009, declaró que no bastaba con el testimonio de un co-imputado para justificar una condena. Fue en el fallo por la quema de un Tur-Bus, donde se absolvió a los implicados (todos mapuche) salvo a uno: Raúl Castro Antipán, quien se demostró que era un infiltrado de la unidad de inteligencia de Carabineros. Él es, hasta hoy, el único condenado por la Ley Antiterrorista en Chile.

En la acusación a los 11 imputados, Vilches y Leiro aseguraron que entre la primera y segunda declaración de Peralino, específicamente en agosto de 2015, recibieron la orden de indagar más en la arista que habría abierto el joven. Declararon que fueron “poco a poco” ganándose su confianza, para lograr el testimonio inculpatorio. Sentados en el estrado ante los jueces, dijeron que no hubo orden y que la nueva declaración se produjo porque se lo encontraron en la calle, por cinco minutos, y le pidieron que vuelva a declarar.

Irónicamente, el abogado Humberto Serri, defensor de Peralino, se preguntó: “¿Qué es ‘poco a poco’ en 5 minutos? ¿Un minuto es un poco y otro minuto es otro poco?”.

En su clausura, el fiscal Arroyo aseguró que Peralino llamó a Vilches tantas veces como lo hizo el oficial, tratando de cuestionar el supuesto hostigamiento al principal testigo de la causa. En realidad, los registros telefónicos mostraron que en el transcurso de un mes después de la segunda declaración, el PDI lo llamó 43 veces, mientras que Peralino lo hizo en 7 ocasiones. Del contenido de esas llamadas no hay registro alguno.

En la querella que presentó Peralino contra Vilches y Leiro, relata que desde la primera declaración lo incitaron a construir una historia en base a una lista de nombres. Le ofrecieron plata, le mostraron una fotografía de él y su polola en la plaza y amenazaron con llevar presa a su familia si no le contaba esa historia al fiscal Chiffelle.

La Corte Suprema ordenó que se avanzara en esta causa después de haber sido sobreseída. El fiscal a cargo de la investigación es el propio Alberto Chiffelle, fiscal jefe de Temuco. En la querella, se solicita como diligencia que se le tome declaración a él mismo, como parte de la historia.

Sergio Catrilaf Marilef



Sergio Catrilaf Marilef, del Lof Muküpülly, celebra su liberación. Estuvo más de un año en prisión preventiva.

La comunidad Juan Catrilaf II, con Sergio como presidente, ha recuperado más de 800 hectáreas en los últimos años, siempre al amparo de la institucionalidad y del proceso de compra de tierras que lleva la Conadi.

En 2008 la propia Conadi le pidió a Sergio y a la comunidad que prestara su personalidad jurídica para la compra de un territorio que entonces correspondía a Jorge Luchsinger, sobre el cual la comunidad del fallecido Matías Catrileo reclamaba su derecho. 

La comunidad Juan Catrilaf II accedió y el propio Sergio, en una entrevista en The Clinic, fijó ese momento como el inicio de la persecución en su contra.

Un año después, en 2009, fue acusado de incendio de carácter terrorista por el caso Tur-Bus. Pasó, igual que en el caso Luchsinger Mackay, más de un año prisión para después terminar absuelto.

El fiscal Arroyo, en su alegato de apertura, dijo que el Ministerio Público probaría en juicio el interés de la familia Catrilaf en los terrenos de los Luchsinger, mencionando el traspaso de tierras que realizaron a través de la Conadi.

Sin embargo, un peritaje presentado en el juicio, firmado por el geógrafo Pablo Quiñones, da cuenta en base a informes de la Conadi que la compra de las 458 hectáreas del fundo Santa Margarita fueron para el Lof Lleupeko, quienes compraron en co-propiedad y fueron las beneficiadas del territorio.

La comunidad Juan Catrilaf II, en tanto, reivindica como ancestral el Lof Muküpülly, en el sur de la comuna de Padre de las Casas. 

Un mapa da cuenta de todos los títulos de merced que se ubican alrededor de la casa de los Luchsinger Mackay:



A Sergio Catrilaf Marilef se le asoció al caso Luchsinger Mackay en base al testimonio de Peralino y los panfletos encontrados en el lugar del siniestro.

Después de dar su segunda declaración a la PDI, José Manuel Peralino se sometió a un examen de reconocimiento fotográfico a cargo de un oficial de la policía de apellido Grimaldi. 
Este tipo de procedimientos está regulado por el “Protocolo interinstitucional de reconocimiento de imputados”, firmado en 2013 por el Ministerio Público, la PDI y Carabineros, que explicita las normas de cómo debe efectuarse un procedimiento de este tipo. 
Entre otras, está el mostrar todas las fotografías pese a que ya se haya reconocido a la persona que se buscaba. Cuando a Peralino le pasaron el nombre de Sergio Catrilaf Marilef, la primera fotografía era él. Entonces, el oficial PDI pasó al otro imputado.

La noche del 3 de enero y madrugada del 4 de enero de 2013, Sergio Catrilaf estaba vendiendo lechugas en la Feria Pinto, en Temuco. Se acreditaron testigos visuales y documentación audiovisual como prueba.

Luis Tralcal Quidel



Luis Tralcal Quidel ha sido imputado por terrorismo en más de 3 ocasiones. En todas ha salido absuelto

El relato de Peralino da cuenta de que Luis Sergio Tralcal Quidel llegó en una camioneta roja a la casa de la machi con tres bidones de 20 litros cada uno.

Tanto Villegas como Vilches reconocieron en juicio que en el sitio del suceso solo se encontró un bidón, de 5 litros. Ninguno de los acusantes hizo referencia a esta prueba y se quedaron con la versión de Peralino.

Una de las pruebas estelares de la Fiscalía, la geolocalización de los imputados según antenas telefónicas, también fue perdiendo credibilidad a lo largo del juicio. El perito, Iván Rubilar, llevado a estrado, terminaría reconociendo que para hacer el análisis bajó una aplicación de Google Play en su celular personal. Al instalarla, se advierte que la medición depende del tipo de teléfono que se tiene.

El informe, según reconoció Rubilar en el juicio, no corresponde a una triangulación de la localización de los imputados, sino a un análisis de distintas celdas telefónicas: “Niágara”, “Cajón”, “Hotel San Nicolás”, “Temuco Bypass”, “Estación Ferrocarriles Temuco” y “Padre Las Casas”.

Se dijo, por ejemplo, que se ubicó a la machi Francisca Linconao y a José Peralino en la misma celda -”Niágara 9A”- la noche del ataque. Se demostró que ambos, estando en sus casas, seguirían dentro de esa celda, por lo que no basta para determinar que se hubiesen reunido.

Ninguno de los Catrilaf (Sabino, Sergio, Eliseo y Aurelio), aparecen en la zona de cobertura de la granja Lumahue ni en el de la casa de la machi.

En caso de Luis Tralcal Quidel, el perito reconoció una equivocación: se le incluyó en la celda 9A, cuando en realidad el análisis lo ubicaba en la 9C.

Luis, dirigente del Lof Yeupeko Katrileo, también sufrió prisión preventiva con el caso Tur-Bus, al igual que Sergio Catrilaf. En los últimos seis años se le ha acusado de asesinar carabineros, incendiar fundos y diversos delitos. En todos, ha sido absuelto. Aunque ha pasado casi tres años acumulados en prisión preventiva, estrictamente tiene irreprochable conducta anterior, pues nunca ha sido condenado.

Con temor de que se le inculpe con la muerte de los Luchsinger, como había sufrido anteriormente, su polola decidió conservar la boleta del motel donde pasaron la noche del 3 de enero de 2013.

Un reportaje de La Tercera, publicado el 12 de enero de 2013, una semana después de la muerte del matrimonio Luchsinger, lo menciona como líder de la Coordinadora Arauco Malleco y principal sospechoso. Esto fue 10 meses antes de la primera declaración de Peralino.


Las omisiones de la investigación



Juan Tralcal Quidel sale libre de los Tribunales

Para el resto de los imputados (Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, José Tralcal Coche, José Córdova Tránsito y Juan Tralcal Quidel), no se presentó una prueba distinta a las ya mencionadas. A saber: relato de Villegas, Vilches y Leiro que los reconocen en la casa de la machi y en el ataque, reconocimiento fotográfico efectuado a Peralino y la supuesta geolocalización de antenas telefónicas.

Las defensas de los Catrilaf, por ejemplo, presentaron testigos que los vieron esa noche en la feria Pinto, comercializando lechugas.

Con José Córdova Tránsito, hermano del único condenado por la muerte de los Luchsinger, el machi Celestino Córdova Tránsito, se mencionó que se encontraron armas en su casa unos días después del incendio que coincidían con la evidencia hallada en la granja Lumahue. José fue investigado en una causa paralela y sobreseído. Se demostró que esas armas no tenían relación con las utilizadas en el ataque.

En su alegato de apertura, el fiscal Chiffelle dijo que, poco a poco, fueron cerrando cada una de las líneas de investigación que tuvieron en el caso Luchsinger Mackay. En el contrainterrogatorio, los policías Villegas y Vilches reconocieron que cada una de las 5 teorías posibles que manejó el Ministerio Público seguían abiertas.

Una, en particular, habla de un sujeto que le comentó a sus amigos que la noche del ataque había estado tomando con su cuñado, el machi Celestino Córdova, cuando este le pidió que le hiciera un flete cerca de las 10 de la noche a un lugar que él desconocía. Esta persona, identificada como J.P.O.A., tiene acceso a una camioneta blanca marca Chevrolet de una cabina, según identificaron los policías que le tomaron declaración.

Diversos testigos de la noche del incendio aseguran que vieron una camioneta blanca de esas características y a cuatro encapuchados bajar de ella. Además, las pericias realizadas a Celestino Córdova al momento de su detención -cerca de un kilómetro de la casa de los Luchsinger- dan cuenta de que estaba con olor a alcohol.

Después de entrevistarse con la persona que reconoció esto, dijo arrepentirse y que lo había dicho para “dárselas de bacán”. No se hicieron más diligencias en esta ni en las otras cuatro líneas investigativas que tuvo a su mano el Ministerio Público. Todas apuntarían a personas distintas a los 11 imputados.

A diferencia de la línea finalmente adoptada por la Fiscalía, la de José Peralino Huinca, en las otras se le tomaron declaraciones a los posibles involucrados y se les consultó dónde estaban la noche del 3 y madrugada del 4 de enero de 2013. De los que fueron imputados, salvo la machi y José Córdova, nunca se conoció su versión hasta que llegó el juicio oral.

Rodrigo Curipan: no existen grandes diferencias entre un gobierno u otro


Rodrigo Curipan: “Con este gobierno o con el que venga, la situación para el pueblo mapuche no cambia”


Karina Palma |Martes 19 de diciembre 2017 19:17 hrs.


El werken del lof Rankilko dijo que, aunque algunos advierten que la derecha es más represiva, en el actual gobierno se han asesinado a personas mapuche. Además, comentó que sería un equivocación política que Sebastián Piñera recogiera los planteamientos de José Antonio Kast y militarizara la zona.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Rodrigo Curipan se refirió al escenario político de los próximos cuatro años y las reivindicaciones que seguirán manteniendo como movimiento mapuche. Según indicó, no existen grandes diferencias entre un gobierno u otro.

¿Cómo ven el escenario de los próximos cuatro años?

En la zona de Malleco tenemos una posición bastante concreta en relación a lo que pueden ser los próximos cuatro años de gobierno, entendiendo que Sebastián Piñera ya fue presidente. No nos sorprende que desde una derecha tan contestataria y con tantas ansias de poder sobre nuestro territorio, haya una ola de represión.

Sin embargo, pensamos que el anuncio que ha hecho Piñera, sobre sacar a los militares al territorio mapuche, sería una equivocación política. No creo que alguien que pretenda gobernar intente armar una guerra antes de tiempo.

Hay una situación grave y delicada que tendrá que abordar el gobierno que viene, pero en definitiva la demanda del movimiento mapuche no ha pasado de una reivindicación política, entonces si alguien quiere verlo con ojos distintos se va a equivocar.
¿Qué consecuencias tendría ese error?

Creo que será un camino que no tendrá vuelta atrás. Como hemos dicho anteriormente, hoy existe respuesta del movimiento mapuche a la represión del Estado y eso seguirá siendo así si el gobierno mantiene una lógica de pensamiento que se compromete con el latifundio y las empresas forestales. Ellos hablan del “Estado de derechos”, cuando nuestros derechos como mapuche siguen siendo vulnerados.

Nosotros tenemos claro que con este gobierno o con el que venga, la situación para el pueblo mapuche no cambia. Eso ocurre porque no ha habido una voluntad de Estado para resolver el problema, sino que siempre se ha apelado a actos represivos o bajo la coartación política, que significa establecer cupos de participación política para mapuche en el Estado. Creo que hay una ceguera que no permite resolver el problema.

En ese sentido, ¿importa quién salió electo el domingo pasado?

Para nosotros el escenario no varía. Hay algunos que dicen que la derecha va a ser más fuerte, pero la verdad es que el gobierno actual mató a cuatro mapuche en el periodo. Entonces, ¿cuál es el cambio? Finalmente la reivindicación territorial y política mapuche es un problema que se administra desde la represión y no desde una solución política.

Esto trasciende más a allá de una postura de un determinado gobierno o partido. Así como han tomado la decisión en conjunto en el caso de la “Operación Huracán”, de armar un montaje y establecer una acusación falsa, no será raro que la política del Estado vaya a variar en relación a los mapuche que estamos planteando control territorial y autonomía política.

¿Cuáles son las demandas del movimiento mapuche que deben continuar en la próxima administración?


Nosotros tenemos reivindicaciones que son conocidas tanto nacional como internacionalmente y dentro del movimiento mapuche han tenido bastante adherencia. En particular, no es que le hagamos demandas al Gobierno o al Estado, sino que trabajamos por establecer autonomía política, territorial y económica.

Cuando hablamos de autonomía nos referimos a territorios que están bajo control mapuche. Es verdad que el Estado le ha intentado simular a la sociedad chilena diciendo que tiene control y que ellos manejan la situación, como cuando decía que en el bajo Malleco estaba todo controlado y eso no era cierto.

Nosotros sabemos que ahí hay gente que no vota porque tiene la determinación política de no hacerlo, porque nos cansamos de las mentiras de los distintos gobiernos y del Estado chileno. Desde esa oposición continuaremos avanzando. Nuestras demandas siempre han apuntado a un control territorial que contempla soberanía y administración política mapuche.

¿Cómo ven el apoyo que entregó José Antonio Kast a Piñera?

Eso refleja que hay personas con la cabeza perdida. José Antonio Kast tiene una mentalidad agresiva y racista y lamentablemente ve un problema de índole distinto al que se está tratando de plantear. Más allá de lo político, él cree que las cosas se resuelven con balas y nosotros nunca hemos propuesto eso. Ahora, si nos atacan por supuesto que nos defenderemos.

En La Araucanía, Sebastián Piñera obtuvo 62,4 por ciento de los votos sobre un 37,6 de Alejandro Guillier. Es cierto que la abstención fue superior al 50 por ciento, pero ¿qué lectura hacen de este triunfo de Chile Vamos?

A menudo, durante los último años se ha intentado responsabilizar a los mapuche de la pérdida de votación o que, en este caso, haya salido favorecida la derecha. En esto nosotros vemos dos cosas: primero hay que decir que el actual gobierno no ha hecho las cosas bien, recordemos que hay cuatro mapuche muertos, entonces no pueden esperar que haya un respaldo político; en segundo lugar, creo que no han sido capaces de convencer a su propia gente.

Lamentablemente la izquierda está demasiado dividida, tiene posiciones completamente distintas. No han tenido coherencia y es ahí cuando tratan de culparnos a nosotros, cuando siempre hemos dicho de forma consecuente que no vamos a participar. Además, el sector autonomista del movimiento mapuche es el que ha tenido que pagar los muertos, entonces no nos pueden culpar de algo en lo que no tenemos responsabilidad.

El Gobierno ha levantado medidas como el Proceso Constituyente Indígena y el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, que se tramita en el Congreso ¿Qué representan estas iniciativas para ustedes?

Como movimiento mapuche, tanto en Malleco como en otros lugares, consideramos que la situación particular tiene que ver con que vamos a establecer control territorial y autonomía política. No nos hacen sentido estas medidas que, además, vienen de años. Se trata de políticas públicas que buscan resolver un problema que vas más allá de la agenda pública de un gobierno.

¿Cómo evalúan el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT?

Creo que esto partió mal, porque en Chile se le hizo una interpretación, es decir, no es más que un instrumento nacional con carácter internacional que no tiene ninguna vinculación. Hoy se hacen consultas indígenas sin preguntar primero si las comunidades quieren ser consultadas y esto demuestra, que las políticas públicas para los pueblos indígenas siempre han sido tomadas desde la posición del Estado.

No existe una participación efectiva en relación a cómo se están desarrollando las políticas del Estado que se aplican en territorio mapuche. Eso es una mentira profunda y el convenio 169 no es más que un instrumento que ha burocratizado lo que significa el derecho indígena.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Policía $hileno Cristian Rivera Silva x 2a vez no se presenta en la audiencia de formalización en Angol

Caso Hernández Huentecol: carabinero se ausenta por segunda vez a audiencia de formalización

Karina Palma |Martes 12 de diciembre 2017 19:37 hrs.



La formalización del sargento segundo Cristian Rivera Silva fue reprogramada para el jueves 21 de diciembre. 


Luego de casi un año de que el carabinero disparara a Brandon Hernández Huentecol, su madre no solo responsabilizó al Ministerio Público por el retraso que ha tenido la causa, sino también lamentó que el uniformado siga en ejercicio.

Por segunda vez consecutiva, el sargento segundo Cristian Rivera Silva se ausentó a la audiencia de formalización en su contra. 

El carabinero está acusado de disparar, en diciembre del año pasado, más de 140 perdigones a Brandon Hernández Huentecol, quien en ese momento tenía 17 años.

Originalmente el uniformado debía ser formalizado el pasado 22 de noviembre, pero no se presentó por lo que la audiencia fue reprogramada. 
En ese momento, desde la Fiscalía regional de La Araucanía explicaron que el Tribunal no notificó al imputado porque no se encontraba en el domicilio informado.

Ada Huentecol, madre de Brandon, dijo que esta vez el carabinero argumentó diez minutos antes de la cita que no iba a asistir a la formalización porque se encontraba en otra audiencia por una causa en la que es acusado de violencia intrafamiliar.

“Creo que tenía una demanda de la esposa en contra de él por violencia intrafamiliar, entonces estaba en una audiencia a la misma hora en Los Ángeles, esas fue la respuesta que dio su abogada. Como se comprobó su argumento se cambió la fecha de formalización. Nosotros creemos que los fiscales tendrían que haber cambiado la hora o hacer algo para que esto no volviera a ocurrir”.

De acuerdo a lo señalado por Ada Huentecol, la audiencia de formalización del sargento segundo Cristián Rivera Silva fue nuevamente reprogramada, esta vez para el jueves 21 de diciembre a las 11 de la mañana. La madre del joven no solo responsabilizó al Ministerio Público por el retraso que ha tenido la causa, sino también lamentó que Cristian Rivera Silva siga en ejercicio.

Este 18 de diciembre se cumple un año desde que el carabinero disparó a Brandon, por lo que se convocó a una manifestación en la Plaza Los Héroes de Santiago a las 18 horas, mediante la cual están exigiendo cárcel para Rivera Silva.

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12dic17

POR SDA VEZ CRISTIAN RIVERA NO SE PRESENTÓ.

YA QUE TENÍA OTRA AUDIENCIA POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS ÁNGELES

POR AMENAZA DE MUERTE A SU ESPOSA Y SUS 2 PEQUEÑAS HIJAS.

Prox. audiencia
Jueves 21 de dic
11 am Collipulli.


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Caso Brandon Hernández Huentecol: carabinero acusado nuevamente no llegó a audiencia

URL Corta: http://rbb.cl/irm2

Para este martes está programada la formalización del funcionario de FFEE de Carabineros acusado de disparar por la espalda a un adolescente de entonces 17 años, en la región de la Araucanía. sin embargo, el uniformado nuevamente no legó al tribunal.

El pasado 18 de diciembre, Brandon Hernández Huentecol, recibió 100 perdigones que quedaron incrustados en su espalda, a la altura de la cadera, los cuales fueron disparados por una escopeta antimotines, en medio de un confuso operativo policial en el kilómetro 8 de la ruta que une Curaco con Collipulli.

- Lee también: El día en que un disparo de un carabinero cambió el futuro de Brandon Hernández

A causa de esta situación, el menor resultó con una fractura de pelvis, razón por la que debió permanecer internado en la Clínica Alemana de Temuco.

- Lee también: General de IX Zona: Procedimiento donde joven mapuche resultó baleado fue un “accidente”

De esta manera la audiencia de formalización por cuasi delito de lesiones graves y apremios ilegítimos contra el sargento segundo de FFEE de Carabineros estaba programada para las 10:00 horas de este martes en el tribunal de Angol.

Sin embargo minutos antes del horario pactado, el funcionario policial llamó al Tribunal para indicar que no podría asistir porque a la misma hora tenía una audiencia por otra causa en Los Ángeles.

Por ello, una vez más la audiencia se suspendió. 



Así lo confirmó el fiscal Nelson Moreno, integrante de la Unidad de Derechos Humanos, quien detalló que fue reagendada para el 21 de diciembre.

Desilusionado, Brandon Hernández Huentecol, dijo que lo mejor sería que se emitiera una orden de detención para que el sargento asista sí o sí a la audiencia.

Desde el Ministerio Público explicaron que la orden de detención procedería siempre y cuando el imputado ya notificado no justificara su inasistencia o dicho argumento no fuera validado por el juzgado.

Inicialmente la audiencia estaba programada para el 22 de noviembre, sin embargo el uniformado no se presentó, ya que no habría sido notificado.
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Se está por cumplir un año desde que carabinero disparó a adolescente mapuche

Este 18 de diciembre se cumple un año desde que Brandon Hernández Huentecol, adolescente mapuche de solo 17 años, recibiera un balazo en su espalda de parte de Cristian Rivera, quedando al borde la muerte.


Lunes 11 de diciembre | 07:04



Hace un año Brandon estaba en su casa, cuando ve como su hermano de solo 13 años es violentamente atacado por carabineros. Al tratar de ayudarlo, fue reducido en el piso y recibió un disparo por la espalda que lo dejó con más de 180 perdigones, al borde la muerte.

Tiempo después contaría que el carabinero que le disparó le dijo “Tírate al suelo o si no te disparo”. Según Carabineros se trata de un accidente, pero la familia ha denunciado lo contrario.

Brandon fue trasladado al Hospital de Temuco, donde estuvo internado más de un mes. Aun está con secuelas del hecho. Su familia viene luchando desde hace más de un año por justicia.

Sin embargo, como tantos otros hechos represivos contra el pueblo mapuche, el caso sigue aún en la más absoluta impunidad. En la última formalización el responsable del disparo ni siquiera apareció en la audiencia.

Es por esto que el 18 de este mes se realizará una marcha en Santiago, desde las 18:30 horas, desde metro Los Héroes hasta La moneda, para exigir justicia.
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18 de diciembre 2016 

BRANDON E ISAIAS MIENTRAS ARREGLABAN EL MOTOR DE UN AUTO EN CASA
ISAIAS DE 13 AÑITOS DECIDIÓ SALIR ANDAR EN BICI COMO LO HACE A DIARIO.

A SOLO PASO DE LA CALLE HABÍAN REDUCIDO A UNOS LAMIENS MAPUCHES DONDE ISAIAS PARA DESVIARSE SÍ O SÍ DEBÍA DE PASAR POR EL LUGAR DONDE TENÍAN A LOS LAMIENS .

ISAIAS PIDIENDO AYUDA A SU HNO BRANDON DE 17 AÑOS, SALIÓ EN DEFENSA DE SU HNO, PIDIENDO MOTIVO DEL PORQUE TENÍAN A SU HNO DE RODILLAS CON EL BRAZO HACÍA ATRÁS, SIEMPRE APUNTADO CON UNA PISTOLA.

LUEGO DE ESTO EL SARGENTO SDO CRISTIAN EDGARDO RIVERA SILVA DEL RECINTO MILITARIZADO DE PAILAHUEQUE SIN MOTIVOS CON GRAN PREPOTENCIA SIEMPRE APUNTANDO CON LA ESCOPETA, CON GROSERÍAS, LE DECÍA TIRATE AL SUELO SINO TE DISPARO.

BRANDON ASUSTADO PUES NUNCA HABÍA ESTADO EN UNA SITUACION ASÍ
SOLO SE TIRÓ AL SUELO, LUEGO RIVERA LE PONE EL PIE SOBRE LA ESPALDA , CON LA CULATA DE LA ESCOPETA GOLPEA EN SU ESPALDA, SUS PIERNAS.
BRANDON TRATA DE RECORDAR EL ROSTRO DE RIVERA LUEGO QUE COLOCA SUS MANOS A LOS LADOS SIENTE EL DISPARO.

PATRICIO VERGARA JEFE DEL RETEN DE CURACO CONOCIA A MIS HIJOS DE PEQUEÑOS, BRANDON LE DECÍA, MIRE DON PATRICIO COMO NOS TIENEN DIGALE ALGO, Y LO UNICO QUE HIZO REIRSE Y DAR LA VUELTA.
LUEGO CON LA PRESIÓN DE MIS VECINOS SE LOGRÓ QUE UNA PATRULLA DE CARABINEROS SE TRASLADARA DE INMEDIATO A BRANDON AL HOSPITAL, POR MIENTRAS QUE CARABINEROS ESPERABAN UNA AMBULANCIA EN DONDE NUNCA LLEGÓ.

BRANDON LLEGO CON UN 40% DE VIDA.

180 PERDIGONES AUN CON 30 PERDIGONES EN 
SU GUATITA.
45 DIAS HOSPITALIZADO 16 OPERACIONES.

25 FUNCIONARIOS DONANDO SANGRE, YA QUE EL DISPARO LE DESTRUYÓ LA PELVIZ, UNA HEMORRAGIA INTERNA QUE NO SE DETENÍA.

BRANDON SOBREVIVIO CON SECUELAS FISICAS Y PFISICOLOGICAS QUEDARON DE POR VIDA. 

Apoye, asista y difunda



Ada Huentecol 

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Familia de joven mapuche baleado por carabinero exige justicia



HispanTV
Publicado el 5 dic. 2017

La justicia y la reparación de la salud quebrantada del joven indígena Brandon Hernández, producto de una agresión policial, han sido analizadas por su familia. 

La familia de Brandon Hernández Huentecol, joven mapuche baleado por Cristián Rivera, efectivo de Carabineros, ha decidido exigir nuevamente sus garantías al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para el tratamiento de salud del adolescente, quien estuvo al borde de la muerte. 

Este caso de violencia policial, contra niños mapuches, ha traído consecuencias para el desarrollo de Brandon y de su familia. 

La siguiente audiencia de formalización contra el sargento segundo de Carabineros, se ha fijado para el 12 de diciembre, a las 10 de la mañana, en el Juzgado de Collipulli, ya que a la primera sesión no se presentó. Manuel Arismendi, Temuco

VIDEO: https://youtu.be/8OEHEJ51hmw




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JUSTICIA PARA BRANDON, CÁRCEL PARA EL CORRUPTO

CONCENTRACIÓN Y MARCHA HACIA LA MONEDA
18 DE DICIEMBRE DE 2017, 18.30 HS, METRO LOS HÉROES, $ANTIAGO








































Ada Huentecol
10 de diciembre ·


MÁXIMA DIFUSIÓN Y ASISTENCIA.


A 1 AÑO DE LO SUCEDIDO.

LES PIDO SU APOYO POR ULTIMA VEZ.

Marcha: los héroes hacia la moneda 18 de diciembre
18:30 hrs. SANTIAGO.

domingo, 10 de diciembre de 2017

Se lanza campaña en favor de lonko Victor Queipul







Víctor Queipul: Las instituciones tienen la instrucción de no hacer nada cuando un mapuche es víctima

Karina Palma |Lunes 11 de diciembre 2017 18:07 hrs.



Amnistía Internacional Chile solicitó el cambio de fiscal en la causa que investiga el secuestro del lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul. En tanto, la autoridad mapuche dijo que ninguno de los dos fiscales que ha tomado el caso ha tenido la voluntad de investigar el secuestro del cual fue víctima.

El hecho ocurrió el 14 de junio de 2016 durante un violento operativo que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en el territorio de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. El lonko Víctor Queipul denunció en ese momento que, en medio de bombas lacrimógenas, fue apartado por dos hombres que lo llevaron donde una tercera persona que lo golpeó e introdujo en un vehículo. De acuerdo a su testimonio, luego de ocho horas despertó herido en Traiguén, a unos 30 kilómetros de su casa.

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señaló que el caso del lonko Víctor Queipul es una de las muchas aristas que reflejan el problema que existe en materia de Derechos Humanos para el pueblo mapuche.

Sobre este caso en particular destacó el rol que ha jugado la autoridad como defensor de los derechos de las comunidades de la zona. En ese sentido, dijo que por mucho tiempo se le ha imputado por desórdenes públicos, daños y delitos menores, por los que siempre ha sido absuelto o sobreseído, ya que “no logran demostrar las acusaciones en su contra”.

“El año pasado él fue víctima de un ataque, fue secuestrado y torturado, lo amenazaron de muerte y le dijeron que lo iban a matar si no dejaba de hacer sus actividades de defensa. En su rol de defensor creemos que él debiera tener protección del Estado en términos de que se investigue ese ataque. Se tiene que dar una señal que garantice que pueda hacer su labor de forma segura”, manifestó.

La directora de Amnistía Internacional indicó que les preocupa que la investigación sobre el secuestro no avance y que los fiscales que están a cargo del caso también sean responsables de causas abiertas en contra de Queipul. “Eso ha generado en el lonko una tremenda desconfianza en la investigación que ha hecho más difícil poder avanzar con ciertas diligencias”.

“Nuestro primer pedido es el cambio de fiscal por uno que no esté a cargo de investigaciones en contra del lonko y, luego, que la investigación avance y se haga realmente todo lo posible por esclarecer lo que pasó, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó.

Según Ana Piquer, una de las falencias que han tenido las políticas de Estado en torno al tema, es que se focalizan en dos aristas: la criminal, mediante la persecución de delitos; y la asistencial, a través del otorgamiento de beneficios económicos para el desarrollo productivo. A su juicio, estas medidas no han sido suficientes.

Karina Riquelme, abogada del lonko, explicó que la Fiscalía decidió cerrar la investigación a raíz de la denuncia de Queipul y continuar solo con la querella que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Según advirtió, esta decisión no tendría argumento jurídico.

“Lo que se puede decir en términos generales es que acá hay un tema consecutivo. No es algo que se vea solo en esta causa, sino en todas las causas en las que los mapuche son víctimas, tenemos que pedirle por favor a la Fiscalía que investigue. Desde hace diez años que yo he puesto querellas con mapuche como víctimas y nunca hemos llegado a puerto. Hay casos de personas que han perdido ojos y han sido baleadas. Lo que es claro es que hay una línea del Ministerio Público que no protege al mapuche cuando es víctima”, sostuvo.

Victor Queipul expresó que ninguno de los dos fiscales que ha tomado el caso ha tenido la voluntad de investigar el secuestro del cual fue víctima. Se trata de Héctor Leiva, quien pidió a la Fiscalía inhabilitarse porque estaba a cargo de una querella contra el lonko, y de César Schibar, quien no solo lidera una investigación contra Queipul, sino también ha insistido en las indagatorias por daños y desordenes públicos contra su hija, Vania Queipul.

En esa línea, explicó que cuando desde el Ministerio Público le comunicaron que no iban a perseverar en la causa le dijeron que era porque él no había aportado los antecedentes, lo que según indicó es falso.

“Los políticos, en este caso el Gobierno, dicen que el Ministerio Público es autónomo y yo creo que eso es una gran mentira. Todas las instituciones tienen la instrucción de no hacer nada cuando un mapuche es víctima. Pensamos que no hay voluntad y que existe discriminación y racismo cuando se trata del pueblo mapuche”, comentó.

El lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui dijo estar amenazado de muerte y sentirse perseguido por su apoyo a las comunidades de la zona de Ercilla. Sin embargo, señaló que no abandonará su trabajo a pesar de los hostigamientos. Enfatizó en que su lucha es por una causa justa.

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Pide cambio de fiscal como medida fundamental para generar confianza en la investigación

El lonko Víctor Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, ha trabajado toda su vida por la reivindicación de los territorios ancestrales Mapuche, la protección de su identidad cultural y espiritual y por su autodeterminación. Amnistìa Internacional considera al Lonko Víctor Queipul Defensor de Derechos Humanos.

El 14 de junio de 2016 en la noche, carabineros realizó un operativo policial en su casa, disparando gases lacrimógenos y armas antidisturbios. El entorno e interior de la casa se llenaron de gases lacrimógenos, afectando a niños/as presentes y un bebé de 3 meses. 

El lonko salió de su casa para intentar dialogar con Carabineros, pero tras recibir una bomba lacrimógena directa al cuerpo, fue tomado por hombres desconocidos, no uniformados, que lo alejaron del lugar, lo llevaron a un vehículo y lo mantuvieron retenido desde las 8 de la noche hasta aproximadamente las 4 de la mañana del día siguiente. Durante este tiempo lo golpearon, torturaron y amenazaron de muerte, reprochándole el trabajo de defensa que hace con las comunidades. Finalmente lo dejaron abandonado al lado de un camino.

El lonko Víctor Queipul no ha promovido la violencia como medio de lucha y nunca ha sido condenado por ningún delito, pese a haber sido imputado por delitos menores (como desórdenes públicos o daños simples). En la actualidad el lonko tiene tres causas abiertas en su contra por ese tipo de hechos. El fiscal que investiga la querella por el secuestro y torturas de los que fue víctima, tiene también asignada la investigación de algunas de esas causas. Esto hace que el lonko no tenga confianza en la investigación por temer que no exista la imparcialidad necesaria y que en definitiva le pueda perjudicar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, querellante en la causa, ha solicitado el cambio de fiscal a la Fiscalía Regional, pero esta solicitud fue denegada.

Necesitamos tu firma para pedir con más fuerza a la Fiscalía que asegure una investigación transparente, independiente e imparcial de la querella presentada por el lonko en relación al secuestro del cual fue objeto, para lo cual, como primera medida, cambie al fiscal a cargo por algún fiscal que no tenga a su cargo causas en las cuales el lonko Víctor Queipul aparezca como imputado.

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7, Dic. 2017 


Que Carabineros informe si se ha realizado una investigación en relación al operativo policial realizado en casa del lonko Víctor Queipul el 14 de junio de 2016 – y en caso contrario, que se realice de inmediato – teniendo en consideración que el relato del lonko revela que no se le informó la razón del operativo, que se habría hecho uso indiscriminado de gases lacrimógenos, y que se permitió la sustracción del lonko por parte de desconocidos durante el mismo operativo. 

Que la Fiscalía asegure que se avance en la realización de una investigación transparente, independiente e imparcial de la querella presentada por el lonko en relación al secuestro del cual fue objeto, para lo cual, como primera medida, cambie al fiscal a cargo por algún fiscal que no tenga a su cargo causas en las cuales el lonko Víctor Queipul aparezca como imputado. 

Que el Ministerio del Interior dé la debida atención al asunto, para dar protección a Víctor Queipul y su familia, a las personas que habitan la comunidad de Temucuicui, así como a cualquier otra persona del pueblo mapuche que enfrente ataques en razón de sus demandas territoriales.
Que todas las autoridades se abstengan de realizar declaraciones que vayan en contra del principio de presunción de inocencia y estigmaticen/criminalicen a los defensores y defensoras de derechos humanos.
¿Quién es el lonko Víctor Queipul?

Víctor Queipul Hueiquil es un defensor de derechos humanos Mapuche y lonko, o autoridad tradicional de la Comunidad Autónoma de Temucuicui desde hace 20 años. En el pueblo Mapuche se llega a ser lonko por linaje familiar. Su familia, la Queipul Melinao, es de las más grandes y tradicionales de Temucuicui y sus integrantes han estado activos en la defensa de los derechos del Pueblo Mapuche. Antes de ser lonko, Víctor Queipul Hueiquil era werken o vocero de la comunidad. Por décadas, la Comunidad Autónoma de Temucuicui ha trabajado por la reivindicación de los territorios ancestrales Mapuche, la protección de su identidad cultural y espiritual, y por su autodeterminación.

Durante años, las y los mapuche de esta comunidad han denunciado que han sufrido violencia policial, malos tratos y tortura, persecución judicial, estigmatización y criminalización por su trabajo de derechos humanos. Los niños y niñas han resultado particularmente afectados en el marco de operativos policiales realizados en la comunidad.

En diciembre de 2014 fue incendiada una casa donde dormía parte de la familia de Víctor Queipul Hueiquil. El defensor presentó una querella por los hechos. El 28 de marzo de 2016, la fiscalía decidió no continuar con la investigación de estos hechos. 

¿Qué pasó en junio de 2016?


El 14 de junio 2016, época de invierno en Chile, después de las 6 de la tarde cuando ya estaba oscuro, un grupo de carabineros realizó un operativo policial en el territorio de la comunidad Autónoma de Temucuicui. Los carabineros dispararon gases lacrimógenos y usaron armas antidisturbios. El entorno y el interior de la casa del defensor se llenaron de gases lacrimógenos, afectando a varios niños y niñas presentes, incluyendo a una bebé de 3 meses.

Cuando Víctor Queipul Hueiquil salió de su casa para averiguar lo que sucedía, el defensor informó que le fue disparada una bomba lacrimógena que estalló en su pecho, dejándolo momentáneamente incapacitado. En ese momento dos hombres no uniformados se le acercaron y le dijeron que le ayudarían. Estas personas alejaron al defensor del lugar y lo llevaron a un vehículo donde se encontraba una tercera persona.

Víctor Queipul Hueiquil estuvo en poder de estas tres personas y en contra de su voluntad, entre aproximadamente las 8 de la noche del 14 de junio y las 4 de la mañana del día siguiente. Durante este tiempo le vendaron los ojos y lo amarraron. Los hombres lo golpearon con las manos y las piernas, así como con objetos, múltiples veces en distintas partes del cuerpo. Lo sentaron a la fuerza y le abrieron las piernas para provocarle dolor. Mientras estuvo retenido, los hombres le pidieron información sobre la ubicación de supuestas armas en poder de la comunidad, le reprocharon su trabajo con las comunidades Mapuche y su apoyo a una machi o líder espiritual y le exigieron dejar su trabajo por los derechos del Pueblo Mapuche. Así mismo, los hombres amenazaron con asesinar al defensor en distintas ocasiones. Finalmente, los hombres lo dejaron abandonado.

El defensor caminó desorientado hasta que llegó a Traiguén, un poblado que se encuentra a aproximadamente 50 km de su casa. El defensor denunció el hecho ante la Comisaría de Traiguén y posteriormente interpuso una querella formal por los mismos hechos, representado por su abogada Karina Riquelme.
¿Qué ha pasado con la querella presentada por el lonko?

En octubre de 2016, la Fiscalía abrió una causa penal contra Víctor Queipul Hueiquil por la supuesta comisión de daños simples a un vehículo policial producidos en mayo de 2016. Esta investigación se suma a otras abiertas contra el defensor, incluyendo algunas que han sido cerradas. El defensor y su abogada, tienen información de que también lo estarían investigando por hechos ocurridos durante el operativo policial en el que fue atacado.
El fiscal asignado a la investigación de la querella del lonko, es el mismo Fiscal que está investigando algunas de las causas abiertas en las cuales el lonko es imputado.

En mayo de 2017, la Fiscalía decidió no perseverar con la investigación de la querella presentada por el lonko. Sin embargo, días antes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una nueva querella por torturas, basada en los mismos hechos, por lo cual se continúa la investigación judicial de los hechos.

El INDH ha conseguido la realización de algunas diligencias nuevas. Además el INDH solicitó el cambio de fiscal por alguno que no tenga a su vez causas en contra del lonko a su cargo, pero esta solicitud fue denegada por la Fiscalía por estimar que no existe ninguna inhabilidad legal. El cambio de fiscal es crucial para que el lonko tenga un nivel de confianza que le permita autorizar diligencias que deben ser realizadas al interior de la comunidad. Por tanto, la continuación de la investigación depende, en gran medida, de este cambio de fiscal.

APOYE ESTA ACCIÓN POR NUESTRA AUTORIDAD ANCESTRAL MAPUCHE EN EL SGTE LINKS: http://amnistia.cl/acciononline/8538/

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viernes, 8 de diciembre de 2017

Embajadora de Nueva Zelanda Jacqueline Caine habla sobre derechos en su país


Embajadora de Nueva Zelanda en Chile: La integración indígena es un trabajo de largo plazo


Gonzalo Castillo |Jueves 7 de diciembre 2017 16:26 hrs.

La embajadora de Nueva Zelanda en Chile, Jacqueline Caine, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile, en el marco del seminario internacional sobre integración en contexto indígena, organizado por la sede Temuco de la Universidad Autónoma de Chile y se refirió al proceso de integración de las tribus maoríes en su país.

La representante diplomática es integrante de la tribu maorí Ngai Tahu, que tiene soberanía sobre gran parte de la isla sur de Nueva Zelanda, por lo mismo es voz autorizada para comentar el devenir de los mecanismos tanto de solución de controversias históricas entre europeos y nativos, como los de consagración de los acuerdos entre ambas comunidades.

En este sentido, la embajadora señaló que uno de los pilares fundamentales es el Tratado de Waitangi firmado el 6 de febrero de 1840, pero que por más de cien años no fue cumplido por los colonos, situación que se rectificó en 1975 con la creación del Tribunal de Waitangi, organismo que se ha dedicado hasta hoy a revisar reclamaciones de las iwi (tribus) maoríes y entregar soluciones.

¿Cuán resuelto tienen el proceso de integración de las etnias indígenas* en Nueva Zelanda?

En Nueva Zelanda tenemos el Tratado de Waitangi, firmado en 1840 que es un documento constitucional en Nueva Zelanda que crea las bases de la relación entre el Gobierno y los pueblos indígenas, los maoríes. 
Este tratado reconoce los derechos y obligaciones de los dos lados y creo que a través de nuestro proceso con el Tribunal de Waitangi, hemos desarrollado una manera de escuchar las demandas de las tribus sobre las brechas de este tratado, avanzar y buscar soluciones y acuerdos entre los pueblos maoríes y el Gobierno.

Hay muchas tribus que han tenido su acuerdo con el Gobierno, pero otras tantas están en proceso todavía. Estamos trabajando en eso, pero creo que uno de los beneficios de este tipo de acuerdo, además de la disculpa oficial del Gobierno, es que ahora las tribus tienen sus propios recursos para invertir y desarrollar, es decir, tienen más autonomía sobre su futuro.

¿Cuál es el estatus jurídico que tiene la comunidad Maorí en Nueva Zelanda?

Las tribus maoríes tienen un área geográfica que es reconocida. 
Tenemos reconocido en la ley que el Gobierno tiene que consultar con la tribu relevante en varios temas, por ejemplo en el manejo de recursos, si quiere construir algo, hay un proceso que incluye la necesidad de consultar con las comunidades, entonces a través de los acuerdos hay un reconocimiento jurídico, por ejemplo para tener por ley la autoridad de una tribu, su área geográfica y los derechos que tienen.

Ha sido necesario que los gobiernos expresen una gran voluntad política para avanzar en procesos de reconocimiento e integración y Nueva Zelanda puede ser un ejemplo para otros países que viven procesos similares

Nueva Zelanda ha desarrollado la solución o el proceso que se adecúa a nuestras condiciones y por eso imagino que las comunidades y el Gobierno de Chile han querido desarrollar su propio proceso. No era fácil en Nueva Zelanda, no es un trabajo terminado tampoco, estamos en este proceso desde hace 35 años, cuando se instauró el Tribunal (de Waitangi) que aún está escuchando casos. Obviamente es un trabajo de largo plazo.

Una de las discusiones que se ha dado en nuestro país, respecto de políticas públicas hacia nuestros pueblos originarios, es que exista reconocimiento constitucional hacia ellos. ¿Cuál es la situación de las tribus maoríes, en ese sentido?

No tenemos Constitución, pero el Tratado de Waitangi está reconocido como un documento constitucional. Tuvimos un caso en Nueva Zelanda y la Corte de Apelaciones acordó que hay una obligación de parte del Gobierno de reconocer los derechos de la gente maorí de Nueva Zelanda. Tiene un lugar especial como “la gente de la tierra”.

Finalmente, ¿cómo se planteado Nueva Zelanda frente al proceso de negociación del Acuerdo Transpacífico, conocido como CP-TPP, luego del retiro de Estados Unidos del tratado?

El Gobierno de Nueva Zelanda, incluso nuestra Primera Ministra y el ministro de comercio y crecimiento económico participaron activamente en estas últimas reuniones en Dda Nang, Vietnam. Dentro del ámbito de APEC hubo varias reuniones para avanzar en el tema del TPP, llamado ahora CP-TPP y el gobierno de Nueva Zelanda está comprometido con avanzar en estas negociaciones. Entiendo que ahora tenemos algunas cosas para concluir, pero seguimos con la esperanza de que podemos firmar este acuerdo en el año nuevo. Por el lado de Nueva Zelanda tenemos una exclusión para permitir que el gobierno cumpla con sus obligaciones bajo el Tratado de Waitangi.
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Nota de WMFT.
* Lease Nación indígena