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miércoles, 27 de febrero de 2019

La obsesión de El Mercurio y el fiscal Chifelle: Los detalles tras la condena de los hermano Tralcal por caso Luchsinger Mackay

La obsesión de El Mercurio y el fiscal Chifelle: Los detalles tras la condena de los hermano Tralcal por caso Luchsinger Mackay


Juan Carlos Tralcal es un joven dirigente mapuche, egresado de geología y miembro de una familia perseguida por el Estado de Chile. Su padre, José Tralcal, es uno de los condenados en el caso Luchsinger Mackay, proceso judicial envuelto en irregularidades, testigos protegidos y pruebas falsas. 

En esta entrevista, Juan Tralcal relata las vulneraciones al pueblo mapuche y la persecución judicial de la que ha sido víctimas su padre y tío, quienes fueron detenidos este martes tras varios meses prófugos.

Por Lucas Cifuentes desde La Araucanía / 26.02.2019

José Tralcal y Luis Tralcal son reconocidos dirigentes mapuche condenados, hace tres meses, a 18 años de cárcel por su presunta participación en el incendio de la Granja Lumahue (sur de Chile región de La Araucanía), ocurrido en 2013, y que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, empresarios agrícolas de la zona de origen europeo.

La condena se basa en el testimonio de un joven mapuche analfabeto, José Peralino, sentenciado a 5 años de libertad vigilada por su presunta participación en el incendio. Peralino denunció haber sido torturado y hostigado por la Policía de Investigaciones (PDI) durante dos años para confesar su participación e inculpar a otros comuneros mapuche. La investigación por estos apremios ilegítimos fue cerrada por la justicia chilena. Sin embargo, Amnistía Internacional le tomó declaración a José Peralino para dar cuenta de las torturas a las que fue sometido.

El desarrollo del denominado caso Luchsinger-Mackay se enmarca dentro de la ley antiterrorista, una herencia de la dictadura militar que permite condenar utilizando testigos que no revelan su identidad. Esta ley ha sido utilizada en numerosas ocasiones, de hecho, en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) condenó al Estado de Chile por su aplicación reiterada a integrantes del pueblo mapuche.

En ese contexto se enmarca la persecución a la familia Tralcal, que comenzó en 2001, cuando el Fiscal Alberto Chifelle señaló a José: “Si no dejas de ser dirigente vas a tener problemas”.

Juan Carlos Tralcal creció en medio de allanamientos y persecuciones. Hoy tiene 25 años y es el vocero de su familia. Esta es la historia de un joven dirigente mapuche que sólo espera volver a cosechar frambuesas junto a su padre.



Nos sentamos a un costado de la cocina a leña, en la casa de Juan Carlos Tralcal. Se sacude la lluvia que traía guardada en su pelo largo. Ha caminado un rato entre el agua y el sonido de los pájaros, entre los cerezos, manzanos, frambuesas y hualles que plantó su papá, José Tralcal. Dice que está tranquilo, pese al largo proceso que ha enfrentado.

Echa una cucharada de miel al mate y unta el pan sobre un huevo frito. Frente al mesón donde desayuna, hay un telar de más de un metro sin concluir.

—Esos telares los hace mi mamá. De hecho, la manta colorida que tiene mi papá en las fotos se la hizo ella. Ahora anda en Temuco, pero va a llegar más rato—, comenta Juan.

Vuelve al mate, otra cucharada de miel mientras afuera llueve sobre el Lof Lleupeco (comunidad mapuche ubicada al sur de Chile, cerca de Temuco). Juan Carlos tiene la mirada de alguien que ha vivido mucho: tierna e inmensa. Se parece a su padre, José Tralcal.

—Igual hemos tratado de sacar miel acá, pero no hemos podido—, agrega.

Irma, esposa de José Tralcal, echa leña a la cocina y sigue amasando las tortillas del almuerzo. Pone nuevamente la tetera a hervir. Juan Carlos la ayuda y luego se entibia las manos cerca del fuego. No estamos frente a alguien que desee un mural pintado con su rostro, mucho menos ser portada en algún medio de comunicación. Juan comenta sobre el liderazgo que debió asumir porque es un pretexto para contar brevemente la historia de la familia Tralcal.

—Sólo he sido vocero de este caso. Un caso jurídico con sesgo político. Pero no tenía intención, lo asumí porque tenía más tiempo, considerando que sólo estoy con la tesis, porque tenía experiencia con movilizaciones estudiantiles, socio ambientales y porque un familiar refleja mejor lo que mi papá o Luis querían decir. Asumí no más la condición de transmitir la información a la gente.

G. Tralcal (26), estudiante de Geografía y hermana de Juan Carlos, está sentada frente a la cocina a leña mientras ordena algunas piezas de joyería mapuche que ha confeccionado. A ratos, acerca las manos al calor de la cocina y relata que le da miedo que a su hermano le vaya a pasar algo por su condición de dirigente, pero igualmente está orgullosa de lo que hace por su familia. “Él llega mucho a las personas por su humildad”, agrega.



Los ojos del persecutor Chiffelle

Juan Carlos Tralcal LLeuful (25) relata que desde niño vio a su padre luchando por su territorio y defendiendo el correcto uso de las aguas que riegan su tierra. En medio de esto, tuvo una infancia sencilla y respetuosa de las cosas, algo que aprendió de pequeños rituales mapuche, como cuando van a sacar remedios o frutas y tienen que pedir permiso a la tierra, dejar una ofrenda o agradecerle en mapudungun (idioma mapuche).

—Cuando llegábamos con mi hermana de la escuela, tomábamos once y después nos íbamos a trabajar la tierra, y no lo hacía con enojo, de hecho, me gusta mucho, me sigue gustando la agricultura y por lo mismo creo que la familia se ha alimentado de eso. Todos saben de yerbas, de cómo y cuándo sembrar. Tenemos tomates, cilantro y desde hace cinco años tenemos frambuesas. Mi papá tenía una huerta con lechugas—, señala Juan Tralcal haciendo alusión al importante historial productivo de hortalizas de su familia, las que vendían, destaca, con el ánimo de ofrecer productos baratos y sanos.

Probablemente, mientras pasaba las tardes en el campo después de asistir a la escuela rural de Tres Cerros, ya tenía la idea de estudiar algo relacionado con la tierra, pero no imaginaba que años después pasaría gran parte de su tiempo en Tribunales de justicia, manifestaciones, que se reuniría con el presidente de la Corte Suprema y que enfrentaría la hostilidad del diario El Mercurio. Mucho menos imaginó que sería el vocero de uno de los casos más emblemáticos relacionados al conflicto mapuche con el Estado chileno y que tendría que acudir a instancias internacionales para defender a su padre.

La persecución a la familia Tralcal comenzó en 2001, cuando José Tralcal fue acusado de atacar el fundo Santa Margarita, propiedad del empresario Jorge Luchsinger. En ese entonces, José estuvo 28 días preso por los cargos de usurpación de tierras y daño calificado.

—Ese año el fiscal Alberto Chiffelle, mismo persecutor en el caso Luchsinger-Mackay, le dijo a mi papá que, si no dejaba de ser dirigente, de reivindicar la memoria y de participar en la recuperación y defensa del agua iba a tener problemas-, señala Juan, recordando la amenaza del fiscal jefe de Temuco, mismo persecutor que continúa liderando la investigación del caso Luchsinger-Mackay.

Durante los años siguientes, los allanamientos a su territorio en el Lof Lleupeco se convirtieron en algo habitual. El 3 de enero de 2008, día en que el Carabinero Walter Ramírez asesinó por la espalda al joven mapuche Matías Catrileo en el fundo Santa Margarita, el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) allanó cuatro veces en un mismo día la casa de la familia Tralcal.

—Los allanamientos me marcaron harto. Antes lo encontraba algo normal, pero después entendí por qué era, y no era porque fuéramos delincuentes, sino porque había gente que quería condenar a dirigentes mapuche. Nosotros conocemos la historia de nuestro pueblo, miramos alrededor y nos damos cuenta de las desigualdades.

Luego, en 2009, su padre, José Tralcal, su hermano, Ignacio Tralcal y su tío Luis Tralcal fueron detenidos por el caso Tur Bus. Aquí se les acusó de dañar cuatro vehículos particulares y un bus perteneciente a la empresa privada Tur Bus. El fiscal a cargo de esta investigación sería el mismo que en 2001 ya había amenazado a su padre: Alberto Chiffelle.

Mientras sus familiares eran investigados, Juan Carlos estudiaba en el Liceo Pablo Neruda de Temuco, vivía en el internado municipal del mismo nombre y asistía al electivo de biología, porque estaba interesado en estudiar medicina.

Al año siguiente rindió la Prueba de Selección Universitaria (PSU). El puntaje que alcanzó le permitía entrar a estudiar medicina.

—Pero ya no quería estar en un hospital. Estaba acostumbrado a vivir con la tierra, así que pensé en estudiar geología. Me llamó la atención la Universidad de Concepción porque tenía harto trabajo en terreno.

En 2011 entró a estudiar geología en Concepción. Como su padre había sido involucrado en el caso Tur Bus, Juan Carlos prefirió participar discretamente de las movilizaciones estudiantiles de ese año.

—En un principio fue difícil porque no conocía Concepción, pero después me acostumbré. Me gusta geología porque puedo ver cosas que no se ven en otras ciencias, imaginarme la profundidad de la tierra, salir del ego de lo humano. Es una buena herramienta, por ejemplo, para proteger a la tierra de las mineras. Además, gracias a la carrera he salido a muchas partes, mucho más de lo que salía antes. Me alegra estar en el campo, ver montañas y plantas.

En agosto de 2013 José, Ignacio y Luis Tralcal fueron absueltos del caso Tur Bus, luego de que el Tribunal de justicia calificara las pruebas presentadas por la Fiscalía como “débiles, pobres y vagas”. Juan Carlos pensó que ahora por fin cosecharía frambuesas junto a su padre con tranquilidad. Sin embargo, la advertencia hecha por el fiscal Chiffelle a José Tralcal en 2001 parecía ser cierta: en marzo de 2016, su padre fue involucrado en el caso Luchsinger-Mackay.

Para Juan Carlos la persecución a su familia no era algo nuevo, así que mientras terminaba sus estudios de geología, participó activamente en la defensa de los comuneros mapuche imputados por el caso “Iglesia”, a quienes un testigo protegido (la Fiscalía no reveló su identidad) acusó de participar en el incendio a una iglesia evangélica. Entre los acusados estaba su tío, Alfredo Tralcal, quien fue absuelto en abril de 2018 debido a las irregularidades y vacíos de la investigación.

Sin embargo, la persecución a la familia Tralcal continuaba. Juan Carlos sabía que los ojos del persecutor Alberto Chiffelle nuevamente se abrían entre la lluvia del sur.


“Pensé que mi papá iba a volver al otro día”

A las tres de la madrugada del 30 de marzo de 2016 fue allanada la casa donde vive Juan Carlos junto a su familia en el Lof Lleupeco. Ese día se llevaron detenido a José Tralcal. Juan Carlos estaba en Concepción cuando se enteró, durante la mañana, que un delator compensado habría involucrado a su padre en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, familia de empresarios agrícolas acusados por las comunidades mapuche de usurpar tierras a su pueblo.

La persona que inculpó a José Tralcal es el joven mapuche José Peralino, vecino de la zona, quien señaló haber sido torturado y hostigado durante dos años por miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) y obligado a inculpar a 10 comuneros, un testimonio que fue verificado por Amnistía Internacional e investigado por el Comité contra la Tortura de la ONU.

1. Tralcal (hermana de Juan Carlos Tralcal) recuerda claramente cómo fueron allanados por la policía la madrugada del 30 de marzo, día en que involucraron y detuvieron a su padre por el caso Luchsinger-Mackay.

—Era una noche calurosa y no podía dormir porque me incomodaba el pijama de polar. La PDI llegó a las 3 de la mañana, encapuchados, vestidos de negro y apuntando con armas. Los perros no ladraban, así que la familia se despertó cuando los policias gritaron: “¡Abran la puerta!”. A mi mamá le costaba hablar y la policía insistía en que iban a botar la puerta, entonces mi papá abrió, lo echaron boca abajo y lo detuvieron. El suelo estaba helado y mi papá sólo tenía una camisa delgada.

2. Tralcal señala que despertaron a toda la familia y los pusieron boca abajo, luego revisaron debajo de las camas y los encerraron en una pieza.

—No sabíamos por qué la PDI estaba así. Pensamos que quizás hubo un atentado y que habían hecho allanamientos de rutina. Al menos así fue cuando carabineros asesinó a Matías Catrileo en 2008, a 8 kilómetros de aquí, y el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) realizó un despliegue como de película. Nos acordamos de esa situación y pensamos que quizás esto era por algo similar. Estábamos tranquilos, pese a que habían más de cien policías en el sector.

La familia Tralcal intentaba mantener la calma, pero tenían mucha angustia porque los llenaban de preguntas y nadie les explicaba qué era lo que estaba pasando y por qué venían a molestarlos en la madrugada.

—Una de las policías vio que teníamos hectáreas de frambuesas y que en una de las piezas guardábamos como 100 cajas. Entonces empezó a preguntar dónde cosechábamos y cuánto teníamos. Parecía como si quisiera comprar.

Gloria le habló con tranquilidad a la policía para que se calmara y dejara de agredirles. Preguntó qué pasó y le dijeron que hubo un incendio, que José Tralcal al otro día iba a estar en su casa y que ellos sólo estaban haciendo su trabajo.

—De repente se fueron y nos dejaron salir. Una de las policías se despedía de nosotros como si fuéramos amigas. “Ándate luego no más”, pensaba. Igual le dije chao, porque una no va a dejar de ser educada. Después me fui a acostar, creyendo que solo andaban molestando y llevándose a gente que no era. Pensé que mi papá iba a volver al otro día.


Las sentencias de El Mercurio

El 21 de agosto de 2017 comenzó uno de los juicios más largos desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, el juicio por el caso Luchsinger-Mackay, que tiene entre los acusados a José Tralcal y a su primo Luis Tralcal.

Un día antes, el diario El Mercurio publicó en la sección de reportajes una nota titulada: “Un apellido que se repite: Tralcal”, en la que informaban sobre el caso Luchsinger-Mackay y entrecruzaba la supuesta participación de Alfredo Tralcal en el caso “Iglesia”, delito por el que fue absuelto en abril de este año, y la muerte de Fabián Tralcal, comunero asesinado tras un confuso incidente.

—Ahí notamos que el apellido Tralcal está haciéndole peso a las familias adineradas de este país. Y eso está en la cabeza del presidente y de los altos poderes, porque El Mercurio es un diario que leen ellos—, señala Juan respecto a la persecución que ha realizado El Mercurio contra la familia Tralcal.

El 6 de enero de 2013, dos días después de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, El Mercuriopublicó una nota titulada: “ Luis Tralcal Quidel, el “duro” del sector de Vilcún”, en el que señalaban que Luis recibió entrenamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), momento en el que supuestamente era líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), información desmentida por la familia Tralcal y por miembros de la CAM. Tres años después, Luis Tralcal sería involucrado en el caso Luchsinger-Mackay.

—Vemos cómo El Mercurio ha tratado de generar ese ambiente, de atacar y estigmatizar a la familia Tralcal, con el objetivo de que vayamos a la cárcel y que la sociedad nos mire como delincuentes, o incluso, en este caso, para que la Corte Suprema avale una condena. Vemos que El Mercurio tiene algo contra nosotros—, explica Juan Carlos.

En el primer juicio fueron declarados inocentes todos los involucrados en el caso Luchsinger-Mackay. En el segundo juicio, llevado a cabo en mayo de 2018, Luis y José Tralcal fueron condenados a presidio perpetuo, utilizando prácticamente como única prueba el testimonio de José Peralino, obtenido bajo tortura. El 10 octubre de 2018 la Corte Suprema, máximo Tribunal de justicia, revisaría la condena contra los Tralcal.

—Teníamos la esperanza de que se anulara la sentencia. Se supone que la Corte Suprema es independiente y actúa sin presiones—, recalca Juan.

Sin embargo, el 30 de septiembre de 2018, El Mercurio filtró la resolución de la Corte Suprema, señalando que se condenaba a 18 años de cárcel a José y Luis Tralcal y a 5 años de libertad vigilada a José Peralino.

—En ese momento me cuestionaba mucho cómo la Corte Suprema puede filtrar esa información o cómo El Mercurio podría tener presiones a ese nivel. Y ahí nos dimos cuenta de lo que históricamente ha pasado: El Mercurio genera las políticas contra el pueblo mapuche.

Al día siguiente, Juan Carlos Tralcal viajó a Santiago para entregar una carta a Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, y repudiar la filtración de El Mercurio. Sin embargo, eran las 11 de la mañana, el sol pegaba fuerte y no había prensa, ni micrófonos, sólo las miradas esquivas de los transeúntes santiaguinos. Entonces, Juan se ató el Trarilonco (cintillo mapuche) a la cabeza y frente al máximo Tribunal de justicia rompió la edición de El Mercurio.

—Hablé con los periodistas que escribieron la nota para corroborar la información, y ellos me decían abiertamente que estaba todo arreglado. Noté que tenían mucha confianza con los ministros. Algo grave. No tendría por qué ser así. Traté de juntarme informalmente con la periodista que firmó la nota, por un tema de humanidad, por último para poder tranquilizarnos, pero ella me dijo que no, que si quería hablar con ella tenía que ser junto a su editor en la oficina de El Mercurio. Una oficina llena de guardias, me iban a mirar como el hijo del delincuente, así que preferí no hacerlo. Por otra parte, hasta hoy, Haroldo Brito (presidente de la Corte Suprema) no ha respondido nuestra carta-, relata.

El 10 de Octubre, la Corte Suprema condenó a las comuneros mapuche, ratificando la información filtrada por El Mercurio. A las afueras de la Corte Suprema, los medios de comunicación rodearon de cámaras a Juan Carlos. Él los enfrentó con dignidad y luego hizo resonar entre las paredes rígidas del Tribunal un doloroso Marichiweu (en mapudungun: cien veces venceremos).


Como un corazón

El canal Itinento, construido hace años gracias a la insistencia y trámites que hizo José Tralcal, riega en silencio los cultivos del Lof LLeupeco y de diferentes territorios mapuche. Sus sueños continúan alimentando la tierra y las hortalizas mientras afuera deja de llover. Ahora el ruido es de la tetera y de los gallos que se pasean por el fogón.

La lluvia vuelve a regar con fuerza el cultivo de frambuesas y las hojas de los Hualles. Ahora estamos sentados alrededor de la cocina a leña. Hemos llenado varias veces la tetera y gastado un montón de cucharadas de miel para endulzar el mate.

María acomoda una muñeca mapuche de género y relata: “José era bueno como dirigente, sacaba varios proyectos y la gente lo quería. Eso le molestó a las autoridades”.

Desde la noche del 30 de marzo de 2016, José Tralcal, estuvo casi un año en prisión preventiva en la cárcel de Temuco acusado de participar en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. En ese tiempo, Juan ya pensaba en hacer su tesis sobre la sismología del volcán Villarica.

—El respeto a la vida es algo que mi papá nos ha transmitido. Me da rabia que la gente estigmatice a los mapuche, y piensen que mi papá o Luis pudieron haber asesinado al matrimonio Luchsinger-Mackay. Los ven como delincuentes y la verdad es que ellos respetan mucho la vida, jamás harían algo así-, recalca Juan Tralcal, aclarando la conexión que tiene su familia con la vida de las personas, la naturaleza y los animales.

Juan Carlos piensa en terminar su tesis sobre la sismología del volcán Villarrica y denunciar, junto a los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), las irregularidades del caso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esa misma instancia internacional que condenó en 2014 al Estado de Chile por violaciones a los derechos humanos derivadas de procesos judiciales irregulares en los que se aplicó la Ley Antiterrorista a personas mapuche.

—Entiendo que a la Corte Interamericana llegan casos muy excepcionales, donde se violan derechos fundamentales, y para eso se necesita presentar harta información y tienen que ser casos con connotación política. En este caso, lo que tendría peso es que está enmarcado en el conflicto mapuche contra el Estado chileno, considerando que José Tralcal y Luis Tralcal eran dirigentes mapuche, que estaban defendiendo el agua y recuperando territorios.

Luego aclara que su camino, en relación a este caso, tiene fin, pero su entrega hacia su pueblo no. “Desde que nacimos somos así, somos parte del pueblo mapuche”, comenta.

Juan sale afuera a acariciar a sus perros. Mira los árboles y respira profundo: lleva con orgullo el apellido Tralcal. El sol se esconde mientras el Canal Itinento continúa regando, como un corazón, las venas profundas de la tierra.

https://www.eldesconcierto.cl/2019/02/26/la-obsesion-de-el-mercurio-y-el-fiscal-chifelle-los-detalles-tras-la-condena-de-los-hermano-tralcal-por-caso-luchsinger-mackay/
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viernes, 9 de junio de 2017

TEMUKO: 12 de junio de 2017- MARCHA MAPUCHE por lo Presos Políticos en huelga de hambre



12 de Junio Marcha Por los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre



       11:00 - 14:00 hrs. Plaza Hospital Temuko 



                             Comunicado Público 


Los Presos Políticos en huelga de hambre, encarcelados por el Caso Luchsinger-Mackay, en la cárcel de Temuco comunicamos lo siguiente:

Desde el día lunes 29 de mayo, tomamos como decisión única empezar una huelga de hambre, como último recurso de resistencia desde la prisión política que llevamos. 


Esto para reivindicar y presionar la búsqueda de un debido proceso judicial.

Como es de conocimiento público, no existen pruebas concretas de nuestra culpabilidad. Sin embargo la Fiscalía de alta Complejidad (FIAC) y el fiscal Alberto Chifelle, han empeñado esfuerzos en crear un avasallante proceso judicial, el cual se ha ido desmoronando desde nuestra detención, y para lo cual hoy acuden al Tribunal Constitucional, con el objeto de continuar manteniendo una injusta detención, y privarnos de una libertad que nos pertenece, al ser inocentes de los hechos que se nos imputa. 


Así abogan para mantenernos tras las rejas, ya que mantenemos nuestra convicción de lucha y resistencia para con nuestro Pueblo-Nación Mapuche, lo que nos ha llevado a tomar esta radical medida de resistencia y protesta, la huelga de hambre, como herramienta para exigir nuestras demandas en nuestra condición de Presos Políticos Mapuche.

Por esto ponemos nuestra vida como garante de nuestra libertad, exigiendo con esto un debido proceso en un plazo razonable, tras más de un año encarcelados, sin avances hacia nuestra absolución, ni la de nuestra Lamgen-Machi Francisca Linconao, la cual está imputada por el mismo caso, y tanto su anterior detención, como la nuestra obedece a una táctica política de deslegitimación, de nuestra lucha frente a los poderes que defienden y legitiman las inversiones de carácter capitalistas en nuestro Wallmapu. Además exigimos la no aplicación de la ley antiterrorista, como nuestra libertad inmediata bajo el artículo 140 Inc. a, b y c.


Hacemos un amplio llamado a nuestro Pueblo-Nación Mapuche, comunidades en resistencia y en defensa del Wallmapu, pueblo chileno, movimientos sociales, pescadores, estudiantes, todos consciente de nuestra digna y justa lucha, oprimidos por el mismo yugo capitalista al servicio de los poderosos de este país, para lo cual invitamos a plegarse en la movilización rompiendo los cercos comunicacionales de la prensa burguesa. 


Llamamos también a sumarse a una marcha convocada para el día lunes 12 de junio en las calles de Temuko.

Nuestras demandas: 


1-Juicio Justo en Un plazo razonable
2-Libertad bajo el artículo 140
3-No a la aplicación de la ley antiterrorista


Desde la cárcel de Temuco Presos Políticos Mapuche Caso Luchsinger-Mackay 


¡MARICHIWEW!
¡MARICHIWEW!


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Caso Luchsinger-Mackay: comuneros en huelga de hambre llaman a marchar por su libertad


Movilización convocada para el 12 de junio

EL CIUDADANO-8jun17 




Los procesados privados de libertad del caso Luchsinger-Mackay emitieron una declaración pública desde la cárcel de Temuco a través de la cual informaron que el pasado 29 de mayo iniciaron una huelga de hambre, «como último recurso de resistencia desde la prisión política que llevamos. 


Esto para reivindicar y presionar la búsqueda de un debido proceso judicial».

«Como es de conocimiento público, no existen pruebas concretas de nuestra culpabilidad. Sin embargo la Fiscalía de alta Complejidad (FIAC) y el fiscal Alberto Chifelle, han empeñado esfuerzos en crear un avasallante proceso judicial, el cual se ha ido desmoronando desde nuestra detención, y para lo cual hoy acuden al Tribunal Constitucional, con el objeto de continuar manteniendo una injusta detención, y privarnos de una libertad que nos pertenece, al ser inocentes de los hechos que se nos imputa», señalan los imputados.

Los suscriptores de la declaración afirman que su detención y el proceso contra la machi Francisca Linconao –por el mismo caso– “obedecen a una táctica política de deslegitimación, de nuestra lucha frente a los poderes que defienden y legitiman las inversiones de carácter capitalistas en nuestro Wallmapu».

«Hacemos un amplio llamado a nuestro Pueblo-Nación Mapuche, comunidades en resistencia y en defensa del wallmapu, pueblo chileno, movimientos sociales, pescadores, estudiantes, todos consciente de nuestra digna y justa lucha, oprimidos por el mismo yugo capitalista al servicio de los poderosos de este país, para lo cual invitamos a plegarse en la movilización rompiendo los cercos comunicacionales de la prensa burguesa. Llamamos también a sumarse a una marcha convocada para el día lunes 12 de junio en las calles de Temuco», señalaron.


El Ciudadano
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Ariel Trangol se convierte en el noveno comunero mapuche en prisión preventiva en iniciar huelga de hambre


Imputado en una causa de incendio a una iglesia evangélica en Padre de las Casas, Trangol argumenta que no tiene nada que ver con la situación. Se suma así a los ocho comuneros imputados por el caso Luchsinger Mackay que adoptaron la misma medida por la demora en el juicio oral.


eldesconcierto.cl / 08.06.2017 @eldesconcierto

Ariel Trangol, quien se encuentra en prisión preventiva por presunta participación en el incendio de una iglesia evangélica en Padre de las Casas, inició una huelga de hambre líquida.

Según informa Bío Bío, con esto ya son nueve las personas que han adoptado la radical medida en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. 


Trangol se suma a los ocho imputados por el caso Luchsinger Mackay que se adoptaron la misma medida el 28 de mayo pasado.

Hernán Catrilaf, Sabino Catrilaf , José Córdova Tránsito, Eliseo Catrilaf, Aurelio Catrilaf, José Tralcal, Luis Tralcal Quidel y Juan Tralcal Q. enviaron una carta explicando las razones de la huelga de hambre, relativas a un juicio justo en un plazo razonable, libertad mientras no se haya determinado su culpabilidad, y fin a la imposición de la Ley Antiterrorista.

Trangol, por su parte, niega todo tipo de participación en el caso del incendio a la Iglesia y afirma que se encontraba regresando a su casa cuando lo detuvieron.

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                                             URGENTE

A dispetto del Diritto Internazionale e della Convenzione 169 sui Diritti dei Popoli Indigeni, continua la persecuzione contro i mapuche e la Machi Francisca Linconao, gli undici imputati nel caso “Luchsinger-Mackay” (coppia di latifondisti deceduti nell’incendio della propria abitazione appiccato da ignoti). 

Ricordiamo che la procura (Fiscalía) ha invocato, mentre potrebbe evitarlo, la legge Antiterrorismo” (promulgata dal dittatore pinochet), avendo come unico fondamento una dichiarazione di José Peralino Huinca, estorta con minacce e torture dalla polizia. 

La difesa della famiglia Luchsinger ha presentato mercoledì 24 maggio 2017 un'ingiunzione davanti al tribunale costituzionale, con la quale cerca di prolungare di un’altro anno la “prigione preventiva” contro gli undici Prigionieri Politici Mapuche ingiustamente incarcerati. 

Sotto minacce e torture. 

Informiamo che per le ragioni sopra citate, otto dei nostri compagni mapuche rinchiusi nel carcere di Temuco dal 29 maggio hanno dato inizio ad uno sciopero della fame di carattere indefinito. 

Hernan Z. Catrilaf, Sabino Catrilaf Q, Jose Cordova T. Eliseo Catrilaf R. Aurelio Catrilaf P. Jose C. Tralcal C. Luis C. Trancal Q. Juan S. Trancal Q. affermano che non deporranno lo sciopero della fame finché non si giunga a compimento delle seguenti richieste: 

- Processo giusto in un termine ragionevole di tempo
- Libertà secondo l'articolo 140
- Fine all'imposizione della Legge Antiterrorismo

**** Importante menzionare che fino a questo momento la Machi Francisca Linconao NON sta attuando nessun sciopero della fame e che ancora il suo stato di salute continua a essere molto delicato****
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miércoles, 7 de junio de 2017

Comunicado Público Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre



“Por esto ponemos nuestra vida como garante de nuestra libertad”

Los Presos Políticos en huelga de hambre, encarcelados por el Caso Luchsinger-Mackay, en la cárcel de Temuco comunicamos lo siguiente:

Desde el día lunes 29 de mayo, tomamos como decisión única empezar una huelga de hambre, como último recurso de resistencia desde la prisión política que llevamos. 
Esto para reivindicar y presionar la búsqueda de un debido proceso judicial.

Como es de conocimiento público, no existen pruebas concretas de nuestra culpabilidad. Sin embargo la Fiscalía de alta Complejidad (FIAC) y el fiscal Alberto Chifelle, han empeñado esfuerzos en crear un avasallante proceso judicial, el cual se ha ido desmoronando desde nuestra detención, y para lo cual hoy acuden al Tribunal Constitucional, con el objeto de continuar manteniendo una injusta detención, y privarnos de una libertad que nos pertenece, al ser inocentes de los hechos que se nos imputa. 
Así abogan para mantenernos tras las rejas, ya que mantenemos nuestra convicción de lucha y resistencia para con nuestro Pueblo-Nación Mapuche, lo que nos ha llevado a tomar esta radical medida de resistencia y protesta, la huelga de hambre, como herramienta para exigir nuestras demandas en nuestra condición de Presos Políticos Mapuche.

Por esto ponemos nuestra vida como garante de nuestra libertad, exigiendo con esto un ​debido proceso en un plazo razonable​, tras más de un año encarcelados, sin avances hacia nuestra absolución, ni la de nuestra Lamgen-Machi Francisca Linconao, la cual está imputada por el mismo caso, y tanto su anterior detención, como la nuestra obedece a una táctica política de deslegitimación, de nuestra lucha frente a los poderes que defienden y legitiman las inversiones de carácter capitalistas en nuestro Wallmapu. 

Además exigimos la no aplicación de la ley antiterrorista​, como nuestra​ libertad inmediata bajo el artículo 140 ​Inc. a, b y c.

Hacemos un amplio llamado a nuestro Pueblo-Nación Mapuche, comunidades en resistencia y en defensa del wallmapu, pueblo chileno, movimientos sociales, pescadores, estudiantes, todos consciente de nuestra digna y justa lucha, oprimidos por el mismo yugo capitalista al servicio de los poderosos de este país, para lo cual invitamos a plegarse en la movilización rompiendo los cercos comunicacionales de la prensa burguesa. 

Llamamos también a sumarse a una marcha convocada para el día lunes 12 de junio en las calles de Temuco.

Nuestras demandas:

1-​Juicio Justo en Un plazo razonable

2-​Libertad bajo el artículo 140

3-​No a la aplicación de la ley antiterrorista


Desde la cárcel de Temuco Presos Políticos Mapuche Caso Luchsinger-Mackay

¡MARICHIWEW!

6 de junio de 2017



martes, 27 de septiembre de 2016

Despiden a abogada por defender a ciudadanos mapuche


Despedida por defender mapuches denuncia presiones en causa Luchsinger-Mackay:  “CALLAR ES INMORAL”


por Arnaldo Pérez Guerra


Manuela Royo Letelier (33 años), licenciada en historia por la Universidad de Chile y abogada por la Universidad Alberto Hurtado, fue marginada por la Defensoría Penal Pública del caso Luchsinger-Mackay, donde es defensora de Sergio, Sabino y Hernán Catrilaf, tras criticar en un video el accionar racista y parcial del fiscal Alberto Chiffelle y denunciar presiones en la causa judicial: “Acusan de terroristas a inocentes. Hay presiones, supuestos, una atmósfera de prejuicios, nada que los vincule con los hechos. Pero los condenan por los medios de comunicación, criminalizan a autoridades y representantes de comunidades… Cuando privas de libertad a una machi o un dirigente mapuche no solo afectas su libertad, sino la de toda su comunidad”, dice a Punto Final.
Formalmente, la causa se inició en marzo, cuando detuvieron a once mapuches a raíz de una supuesta declaración de José Peralino: “Lo conocí en la Policía de Investigaciones (PDI), se encontraba separado de los otros imputados. Cuando llegamos al tribunal, porque en ese momento nadie entendía ni sabía nada, conversó con nosotros. Nos contó que había sido presionado por la PDI, coaccionado en reiteradas ocasiones para que declarara ‘inventando’ una supuesta participación de la machi Francisca Linconao y los demás comuneros en la muerte de los esposos Luchsinger-Mackay. Luego, obviamente, nos opusimos a la prisión preventiva, sin éxito… Siguen privados de libertad”, agrega Manuela Royo.

-¿Qué irregularidades han ocurrido en el tribunal?

“Ha sido una causa muy compleja. Durante mucho tiempo han ocurrido irregularidades. La primera fue que la Fiscalía durante toda la investigación no entregó pruebas a los defensores. Si bien es algo impresentable dentro de un sistema procesal, no es nuevo. Siempre utilizan las mismas técnicas durante cada una de la causas en las cuales hay imputados mapuches. Luego ocurrió que ‘aparecieron’ conversaciones telefónicas: intervenciones telefónicas entre los defensores y nuestros representados, que incluso fueron utilizadas en las audiencias por los abogados de la familia Luchsinger y los querellantes. Esto es absolutamente ilegal. 
En la Fiscalía surgió una denuncia por discriminación laboral. El ex fiscal José Traipe, de Collipulli, denunció que el fiscal Chiffelle lo presionó para que pidiera prisiones preventivas y fuera mucho más encarnizada la persecución penal cuando los imputados pertenecían a alguna comunidad mapuche, haciendo énfasis en Temucuicui y Wente Winkul Mapu.

Como lo haría cualquier defensor o defensora, solicitamos la inhabilidad; presentamos un reclamo junto a todos los defensores, incluidos los de la Defensoría Penal Pública. En agosto, la familia Catrilaf, acompañada por otros comuneros, vino a Santiago a entregar una carta, preguntando al Fiscal Nacional cómo era posible que un fiscal acusado de racismo y de parcialidad en sus investigaciones, pudiera seguir manteniéndose en su cargo. A la luz también de que se publicó la ‘biografía-prontuario’ de Chiffelle y su vínculo con los gremios de la región
En ese contexto, los familiares de los presos me solicitaron ayuda, y que apareciera declarando en un video. Lo hice y producto de ello, el Ministerio del Interior, en particular el subsecretario Mahmud Aleuy, se reunió con el Defensor Nacional y junto a presiones de las bancadas de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) -de Hasbún, Espina, Becker, Edwards y otros-, pidieron al Defensor Nacional mi salida”.

PRESIONES Y TESTIGO FALSO

-¿Qué tipo de presiones hubo?

“Me presionaron para que renunciara en silencio, lo cual no acepté. Tras conversar con mis representados, me solicitaron que los siguiera defendiendo. El subsecretario Mahmud Aleuy es el ‘jefe’ de los abogados querellantes en la causa Luchsinger-Mackay. La Intendencia continuamente se querella contra imputados mapuches, incluso en casos de hurto de madera o delitos contra la propiedad, donde no se afecta el orden público y no tiene ninguna injerencia el Estado. ¡Es impresentable! 
El ‘jefe’ presionó y negoció mi salida con el Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

 Mis representados consideraron con razón que afectaba sus derechos como imputados y como mapuches, por lo cual, incluso, pidieron a la Defensoría que renunciara a representarlos. Generó también muchas molestias de otros comuneros, quienes se vieron traicionados por la Defensoría. 
En la última audiencia del cierre de la investigación, el tribunal no me dejó comparecer como defensora penal pública. Conversé con mis representados que me solicitaron los siguiera defendiendo. Así que comparecí como defensora privada.

Me parece impresentable que en un Estado de derecho quien es querellante, parte del acusador, se reúna a negociar con quienes defienden a los imputados. Creo que la Defensoría debe ser autónoma y no sucumbir ante presiones políticas. De hecho, la Constitución establece que ninguna persona puede ser privada de su defensa y de quien lo defiende. En este caso han existido injerencias políticas. Obviamente, solo sucede cuando los imputados son mapuches. No hay ninguna prueba objetiva contra mis representados, no hay ningún peritaje, huella ni fotografía. Lo único que existe es la declaración de una persona que luego de se retractó”.

-¿Siguen presos a pesar del testimonio del testigo que se retractó?

“Sí, llevan cinco meses presos. En ningún otro juicio en Chile cuando la única prueba que hay es un testigo que se retracta, se mantiene a los imputados privados de libertad. Lo hemos señalado en innumerables ocasiones, incluso presentando recursos de amparo. Hemos llegado hasta la Corte Suprema, lo cual indica que aquí no hay una falla técnica, sino que subyacen problemas políticos. 
Es importante destacar, por ejemplo, que Sergio Catrilaf en 2013 estuvo once meses privado de libertad, acusado en la causa Tur-Bus por pertenecer a la comunidad Juan Catrilaf II. Lo acusó el testigo protegido Castro Antipán -que después reconoció ser agente de la policía-. 
Son los mismos argumentos. ¡El Juzgado de Garantía de Temuco lo mantuvo en prisión preventiva hasta este 23 de agosto! ¡Estuvo con arresto domiciliario total! ¡Y nuevamente a prisión! Lo que pasa es que él ya denunció lo que había sucedido anteriormente. Aquí existen presiones políticas y criminalización de quienes ejercen su legítimo derecho a reivindicaciones culturales, como es el caso del pueblo mapuche.

Hay un problema de fondo. Se homologa el terrorismo con reivindicaciones culturales, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en jurisprudencia unánime, ha legitimado el derecho a las reivindicaciones territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Creo que Chile es el único país donde los indígenas por el hecho de ejercer sus derechos son acusados de terroristas. Y eso implica un incumplimiento de los estándares internacionales y de la sentencia de la Corte en el Caso Norín-Catrimán y otros, donde el Estado de Chile fue condenado… En ese caso contra los lonkos Pichún y Norín también participó del fiscal Chiffelle. Es una muestra más de las presiones políticas.
Lo que me sucedió es parte de una seguidilla de casos. El hecho que personas inocentes se encuentren privadas de libertad durante tanto tiempo, que la prensa los condene desde un primer momento, que se hable de irregularidades recién ahora hace que lo mío sea parte de una cadena más grande. Una muestra más del déficit del Estado y de las políticas públicas con el pueblo mapuche. Si bien se han intentado levantar supuestos diálogos, se criminaliza y encarcela a autoridades tradicionales del pueblo mapuche, a quienes ejercen un legítimo derecho cultural reconocido por pactos e instrumentos internacionales”.

MÁS INJUSTICIAS

-¿Qué decía en el video, que motivara su despido?

“Nada, nada que no hayamos dicho en audiencias. Nada que la propia defensoría no haya dicho. Se señaló que las familias de los comuneros entregarían una carta a la Fiscalía, que existían antecedentes de que el fiscal Alberto Chiffelle, tenía conductas discriminatorias y racistas en contra de comuneros mapuches. Obviamente, cuando vas con la verdad por delante y cuando no tienes miedo a perder tu trabajo o estabilidad económica, en pos de la consecuencia y una ética mínima que tenemos que tener los profesionales que vemos lo que de verdad sucede en La Araucanía… creo que eso también fue motivo para que se presionara y me sacaran de la Defensoría. 
Lo he manifestado públicamente: el hecho de que el jefe de la Defensoría claudique frente a las presiones, que negocie con el Ministerio del Interior respecto de las causas, me hace tener con ellos distancias y diferencias éticas abismales. Pese a perder el trabajo, lo importante es ser consecuente, con uno mismo, con la ética y la verdad”.

-¿En qué condiciones están sus defendidos?

“Permanecen privados de libertad en la Cárcel de Temuco… Son inocentes, personas de trabajo, padres de familia. Venden hortalizas, es su principal fuente de recursos. El día de los hechos que les imputan se encontraban realizando sus labores en la Feria Pinto, en Temuco. Nunca tuvieron disputa alguna con los Luchsinger-Mackay…

Muchas personas me han preguntado si me he sentido dañada, perjudicada, y evidentemente es una situación molesta y difícil el perder el trabajo, sin embargo, no tienen ningún grado de comparación con el sufrimiento de las madres, los padres, las hijas, los hijos, las mujeres, los hermanos… de quienes son inocentes y se encuentran encarcelados por una injusticia. Me pongo en su lugar, confiar que hay una institución que te va a defender y, luego, ver al jefe de esa intuición con el jefe de quienes te acusan, abrazados, sonrientes, dándose la mano… eso sí es mucho más fuerte, mucho más injusto. No se trata de mí. Se trata de la injusticia contra los mapuches, injusticia que ha sido sistemática de parte de la Fiscalía y el Estado”.

-¿Cuál es la situación de la machi Francisca Linconao?

“La defendí en una etapa del proceso, participé de la primera audiencia donde se logró su libertad que después fue revocada. Se encuentra muy afectada. Es una mujer mayor con varias enfermedades crónicas. En eso se ha fundado que el Tribunal de Garantía dos veces le otorgue la libertad. Sin embargo, la Corte de Apelaciones las ha revocado por considerar algo de sí absurdo: que la machi es un peligro para la sociedad, y que sus problemas de salud podrían ser solucionados por Gendarmería. Su salud es muy grave, no sólo en términos físicos sino también espirituales, de hecho existe una solicitud para que sea trasladada al Hospital de Nueva Imperial. Es una gran injusticia lo que han hecho en su contra”.

-¿Seguirá defendiendo a los comuneros mapuches?

“Sí, pero de forma particular. Ingresé a la Defensoría Penal Mapuche porque existía un proyecto interesante. Ahí hice mi práctica profesional y alcancé a trabajar un año. Me fui a vivir al sur para hacer investigaciones. Este año lanzamos un libro sobre derecho propio mapuche. Estaba haciendo mi doctorado en temas de derecho propio y derecho indígena. Pero, a raíz del compromiso que requiere esta causa, renuncié a mis estudios. Alcancé a cursar un magister en la Universidad de Talca y un diplomado en derecho indígena en la Universidad de Chile. Y estaba cursando un doctorado en la Universidad de Talca. El año pasado, junto al werken de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno, en Washington, respecto de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes mapuches. Eso también me generó problemas en la Defensoría. De hecho, me cobraron una multa, a pesar que me habían dado permiso.
Cuando uno se enfrenta al poder, cuando eres capaz de denunciar en cualquier lugar lo que ocurre en La Araucanía, generas molestia. Creo que la molestia llegó, al menos, hasta el Ministerio del Interior. Me convertí en una piedra en el zapato. Y eso da cuenta que hay algo mal: tanto poder, presiones, dinero… Pero hay un mínimo ético: veo cómo viven las comunidades, cómo sufren los niños, las familias… y quedarse callado es inmoral”.

(*) Publicado en revista Punto Final Nº 860, del 16 al 29 de septiembre de 2016.

sábado, 6 de agosto de 2016

Las andanzas del Fi$cal $hileno Alberto Chifelle y su racismo


El prontuario antimapuche del fiscal Alberto Chiffelle

"En la prensa y en los propios tribunales, no se refieren solo a hechos recientes sino a una situación que desde hace un buen tiempo se verifica al sur del Bio Bio, que ahora sólo se ha hecho público y que hace referencia al nutrido prontuario antimapuche del Fiscal Alberto Chiffelle".

EL CIUDADANO

Por Martín Correa, Historiador.

El Diario Austral de Temuco, en su edición del 25 de julio de 2016, hizo pública una denuncia realizada por el ex Fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli José Ricardo Traipe, en la que señala haber sufrido en el desempeño de su cargo “presiones indebidas para intensificar injustificadamente la persecución penal a sujetos mapuche, de comunidades conocidamente conflictivas, desarrolladas por el Fiscal Regional (s) Alberto Chiffelle”, quien le exigía “ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con las comunidades de Temucuicui y Wente Winkul Mapu”, además de recibir por parte del Fiscal Regional (s) Chiffelle permanente discriminación y hostigamiento, obligándolo a pedir la prisión preventiva de todo imputado mapuche, aún sin pruebas suficientes, ya que “los pacos lo tenían en la mira”.

En la práctica, lo que exigía el Fiscal Alberto Chiffelle al entonces Fiscal Traipe era perseguir y atribuir responsabilidades penales a miembros de comunidades mapuche, aún sin mérito judicial alguno, especialmente a quienes desarrollan demandas históricas de restitución territorial estigmatizadas como ‘conflictivas’, a fin de mantener a dirigentes y comuneros mapuche encarcelados por largos períodos en una ‘prisión preventiva’ extendida, innecesaria, discriminatoria y racista, ya que luego permanecer en veces hasta más de un año en la cárcel son declarados inocentes, castigo del que ninguna institución se hace cargo.

Coincidente con lo señalado, el werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, denunció que fue imputado por el propio ex Fiscal Traipe “al menos en unas 15 ocasiones, por lo que en virtud de los antecedentes que develó la demanda del ex fiscal Traipe queda de manifiesto el corte racial de este estamento jurídico por el solo hecho de ser mapuche y alzar la voz ante la recuperación de tierras, acá queda demostrado que hay una obligación de condenar a mapuches por mandato. Es más, hay animosidad de perseguir, una verdadera cacería de mapuches en esta zona”.

Dos días después, el 27 de Julio de 2016, los imputados en el caso Luchsinger Mackay -que ya llevan 4 meses de prisión preventiva sin que aún se presenten pruebas contundentes, que han sido una y otra vez solicitadas por la defensa- encaran al Fiscal Chiffelle, acusándolo de “racista y mentiroso”, una vez que éste reconoció que no posee el reporte de antena de telefonía que los ubica el 4 de enero del 2013 en el domicilio de la Machi Linconao.

Sin embargo, no estamos ante una situación desconocida para las familias y comunidades mapuche, ni causó en éstas una mayor sorpresa la denuncia que se hizo contra el Fiscal Alberto Chiffelle. Lo que hizo, en cambio, fue entregar certeza a lo que hace por lo menos 15 años vienen denunciando y que aquí desarrollamos.

En el mes de Junio de 2001 la comunidad Domingo Trangol, de Victoria, ingresó a las tierras antiguas –aquellas que no les fueron reconocidas en dominio y adjudicadas a colonos por el Estado chileno- en el afán de recuperarlas, siendo desalojados violentamente, quedando detenidos cinco miembros de la comunidad, varios lesionados y un herido grave, a causa de un disparo de carabineros.

Los mapuche son demandados por el Ministerio Público, específicamente por el Fiscal Alberto Chiffelle Márquez, lo que significó que el día 6 de junio “dirigentes mapuche entregaran personalmente al señor Fiscal Nacional, una carta en que solicitaron la inhabilitación del citado Fiscal Chiffelle por su grado de parentesco con el señor Bernardo Carlos Chiffelle Heise, dueño de un fundo colindante con la comunidad indígena Domingo Trangol, predio que está actualmente en conflicto con dicha comunidad indígena y que ha sido parte de la investigación que se desarrolla por la Fiscalía”, señala el Diario Austral.

Efectivamente, don Enrique Llanca Pichilén, miembro de la comunidad Domingo Trangol Boyen Mapu, relata que antes “Todo era tierra, no había alambre, estaca, nada, y resulta que este colono que era Bernardo Chiffelle echó a los abuelitos, y como ellos no sabían hablar nada ellos no podían reclamar.”

Un mes después, el 6 de Julio de 2001, el Diario Austral de Temuco realiza un extenso reportaje y pone en conocimiento de los lectores que los presos mapuche de la comunidad de Domingo Trangol, comuna de Victoria, han decidido iniciar una huelga de hambre cuyo fin es repudiar el procesamiento judicial arbitrario de que son objeto y denunciar las irregularidades y situaciones que atentan contra el debido proceso, en los términos siguientes:

“Varios miembros de la comunidad han sido acusados y sentenciados por el fiscal, sin tener el derecho a defenderse. Otras personas han sido acusadas, sin haber participado en ningún hecho de los que se les acusa, varios de ellos se encontraban en otro lugar al momento que supuestamente ocurrieron los delitos y de igual manera fueron acusados y condenados. Al lonco y al werkén de la comunidad Domingo Trangol se les acusa de asociación ilícita y usurpación de tierra. A juicio de los imputados, los supuestos delitos son haberse organizado para reclamar lo que les pertenece y reclamar nuestras tierras usurpadas por la familia Chiffelle, Lichtenberg y la empresa Forestal Mininco”.

Un mes después, el 20 de julio de 2001, el Fiscal Alberto Chiffelle Márquez, conjuntamente con el Fiscal Rojas Rubilar, dirigió el allanamiento de la sede de la organización mapuche Consejo de Todas Las Tierras, “con el fin de encontrar antecedentes para vincular en la asociación ilícita de la causa de la comunidad Domingo Trangol a esta organización indígena”, señala el Diario Austral.

En vista de los hechos relatados, el día 26 de julio de 2001 los abogados de las familias mapuche Juan Jorge Faúndez, Roberto Celedón y Matías Coll interpusieron un requerimiento contra los fiscales del Ministerio Público en la Novena Región, Alberto Chiffelle, Francisco Rojas y Jorge Sandoval solicitan la Remoción e inhabilitación de los Fiscales “por abusos de poder, arbitrariedad y grave infracción a su deberes al deformar deliberadamente actos realizados por la comunidad mapuche Domingo Trangol en el legítimo ejercicio de garantías constitucionales, en fin de encuadrarlos en figuras típicas, agravando artificiosamente las mismas a fin de perjudicar a los imputados.”



Así, mientras el Ministerio Público investiga los presuntos delitos de usurpación, daños calificados, robo, exacción ilegal y asociación ilícita, presuntos ilícitos que habrían ocurrido el 21 de febrero de 2001 cuando, según la defensa se trató del ingreso en forma pacífica y simbólica de un grupo de 50 miembros de la comunidad Domingo Trangol a parte del fundo El Ulmo, de propiedad de Forestal Mininco.

Es decir, hace 15 años ya se denuncia al Fiscal Alberto Chiffelle por lo mismo que fue denunciado por el ex Fiscal de Collipulli Ricardo Traipe y por lo que fue encarado por los imputados de la Causa Luchsinger Mackay: “abusos de poder, arbitrariedad y grave infracción a su deberes al deformar deliberadamente actos realizados por la comunidad mapuche”.

Entre sus antecedentes judiciales destaca además su actuar en el emblemático y polémico caso Poluco Pidenco, proceso que en su momento (2004) fue duramente criticado por organizaciones y comunidades mapuche que denunciaban la ausencia del debido proceso y de garantías para los imputados mapuche. En dicho proceso, que fue encabezado por el Ministerio Público, específicamente por los fiscales Alberto Chiffelle, Sergio Moya, y el actual Fiscal Regional Cristian Paredes, se construyó un enjambre judicial en virtud del cual se acusó a un importante grupo de mapuches de participar en el “incendio terrorista” del fundo Poluco Pidenco, propiedad de Forestal Mininco y emplazado en la comuna de Ercilla.

La acusación de los Fiscales Chiffelle, Moya y Paredes planteó que el incendio del fundo Poluco Pidenco formaba parte de una “serie de hechos ilícitos que tuvieron como objetivo el atacar a un sector determinado de la población”, y que debía aplicarse la Ley Antiterrorista ya que en el ilícito actuó un número significativo de personas, en forma organizada, vulnerando el estado de derecho y con el fin de crear un clima de inseguridad, inestabilidad y temor en diversos sectores de la región. Para probar todo lo anterior la Fiscalía presentó una serie de testigos ‘protegidos’, pertenecientes a las propias comunidades de los acusados, y varios de los cuales tenían prontuario policial y/o rencillas con las familias de los acusados, según cuestionó la defensa.

Como resultado del proceso, son condenados a 10 años y un día por incendio terrorista y al pago de una millonaria indemnización Juan Huenulao, Jaime y Patricio Marileo, Patricia Troncoso, José Huenchunao y Juan Millacheo. Todos los antecedentes señalados fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución ante la cual se denunció que las víctimas fueron procesadas y condenadas aplicándoseles la ley antiterrorista, “normativa penal contraria al principio de legalidad”, que el tribunal “tomó en consideración el origen étnico de los acusados de manera injustificada y discriminatoria”, y que su actuar se insertaba en el marco de “reivindicaciones legítimas” del pueblo mapuche. Todos estos elementos que fueron acogidos y formaron parte de la sentencia del Tribunal, dictada en el año 2014, y que en su parte sustancial ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo, a la vez que declaró que en el juicio en el que participó el Fiscal Chiffelle se había violado los principios jurídicos de la presunción de inocencia, la no discriminación y la igualdad ante la ley.

Concluyamos entonces con que las diversas denuncias que se han planteado en los días recientes respecto del actuar alejado del debido proceso, en la prensa y en los propios tribunales, no se refieren solo a hechos recientes sino a una situación que desde hace un buen tiempo se verifica al sur del Bio Bio, que ahora sólo se ha hecho público y que hace referencia al nutrido prontuario antimapuche del Fiscal Alberto Chiffelle.

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Piden la salida del fiscal Chiffelle

4ago16- DiarioTiempo21




La Confederación de Estudiantes de Chile denunció haber presenciado graves situaciones que han presenciado y vivido en la Región de La Araucanía, luego que el fiscal Alberto Chiffelle “ha protagonizado en reiteradas veces situaciones de represión directa al movimiento social mediante las herramientas jurídicas de las que dispone, demostrando una política legitimada por el ejecutivo para criminalizar y acallar las voces que hoy gritan contra la injusticia, dirigidas desde el Ministerio del Interior”.

En una declaración pública señalaron que el historial profesional del fiscal devela diversas causas “en contra de dirigentes estudiantiles, a los cuales, por ejercer de forma lícita su derecho a manifestarse en contra los grandes empresarios en el Encuentro Nacional de Empresarios de la Araucanía” (Enela, 2015), donde se les estaría culpando de maltrato a Carabineros con lesiones graves, pidiendo a los tribunales tres años de presidio a cada uno de ellos, “a pesar de no presentar pruebas contundentes a un año de sucedido el incidente”.

También señalaron que Chiffelle ha generado una abierta “cacería contra el Pueblo Mapuche en el marco de conflictos territoriales, mal utilizando el derecho penal y contra el debido proceso, manipulando el caso Luchsinger Mackay para otros fines”.

Por ello, exigieron la inmediata salida de su cargo, dado el actuar negligente y racista con el cual ha ejercido su profesión, faltando a la ética y atropellando plenamente derechos constitucionales como la libertad de expresión y diversos incisos contemplados en el convenio 169 de la OIT como la igualdad de derechos y oportunidades, y el respeto a la identidad social y cultural sin discriminación y menoscabo”.

Caso Luchsinger-Mackay

Desde octubre del 2015 que la Fiscalía contaba con la confesión de uno de los presuntos responsables por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, sin embargo, un llamativo giro tuvo la declaración del testigo clave del Ministerio Público.

Cristián Paredes, fiscal de La Araucanía, habló en radio ADN sobre el vuelco en la investigación del caso y señaló que “en este caso, desde el primer momento quedó en evidencia que no actúo una persona sola”, por lo que “la fiscalía no se conformó en ningún momento con eso, en todo momento investigamos la participación de otro u otros sujetos”.

En la audiencia de formalización José Peralino Huinca negó tener participación en el atentado y dijo que sus dichos previos eran una mentira.

Pero en su nueva declaración Peralino dijo que por miedo y la presión policial dio un relato sobre el atentado, alegando inocencia y que sentía temor por su familia. “Después entró el fiscal Chiffelle presente y me dijo Peralino firma aquí. No vi bien porque yo estaba tiritando nervioso de miedo. Igual el Vilches me estaba presionando, su jefe me estaba presionando”, finalizó.

Un fundo en disputa

Según la edición del 25 de julio de 2016 de El Diario Austral, el ex fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli José Ricardo Traipe, denunció haber sufrido en el desempeño de su cargo “presiones indebidas para intensificar injustificadamente la persecución penal a sujetos mapuche, de comunidades conocidamente conflictivas, desarrolladas por el Fiscal Regional (s) Alberto Chiffelle”.

Según Traipe, Chiffelle le exigía “ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con las comunidades de Temucuicui y Wente Winkul Mapu”, además de recibir por parte del Fiscal Regional (s) Chiffelle permanente discriminación y hostigamiento, obligándolo a pedir la prisión preventiva de todo imputado mapuche, aún sin pruebas suficientes, ya que “los pacos lo tenían en la mira”.

Comunidad Domingo Trangol

Sin embargo, registros señalan que la historia de los desencuentros del fiscal jefe de Temuco con algunas comunidades, es historia antigua y se remonta al mes de junio de 2001 cuando la comunidad Domingo Trangol, de Victoria, ingresó a las tierras antiguas –aquellas que no les fueron reconocidas en dominio y adjudicadas a colonos por el Estado chileno- en el afán de recuperarlas, siendo desalojados violentamente. En el hecho fueron detenidos cinco miembros de la comunidad, varios lesionados y un herido grave, a causa de un disparo de carabineros.

Los mapuche son demandados por el Ministerio Público, específicamente por el Fiscal Alberto Chiffelle Márquez, lo que significó que el día 6 de junio “dirigentes mapuche entregaran personalmente al señor Fiscal Nacional, una carta en que solicitaron la inhabilitación del citado Fiscal Chiffelle por su grado de parentesco con el señor Bernardo Carlos Chiffelle Heise, dueño de un fundo colindante con la comunidad indígena Domingo Trangol, predio que está actualmente en conflicto con dicha comunidad indígena y que ha sido parte de la investigación que se desarrolla por la Fiscalía”, señala el Diario Austral de esa fecha.

Efectivamente, don Enrique Llanca Pichilén, miembro de la comunidad Domingo Trangol Boyen Mapu, relata que antes “Todo era tierra, no había alambre, estaca, nada, y resulta que este colono que era Bernardo Chiffelle echó a los abuelitos, y como ellos no sabían hablar nada ellos no podían reclamar”.
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MAPUCHES ACUDEN ANTE FISCAL NACIONAL CHILENO A EXIGIR SALIDA DE FISCAL CHIFFELLE DEL CASO LUCHSINGER-MAKAY

http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.cl/2016/08/mapuches-acuden-ante-fiscal-nacional.html
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Piden sacar de la investigación por el caso Luchsinger al fiscal Alberto Chiffelle

26.07.2016 -soychile


Presentación fue realizada por los abogados de los 11 comuneros detenidos por el caso y se origina en la demanda presentada por el ex fiscal de Collipulli, José Traipe, quien acusó que Chiffelle lo habría presionado para actuar con dureza contra los detenidos de origen mapuche.


El fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle. (C. Valverde)
Dos abogados del Centro de Investigación Sir (Cidsur) y que representan a los 11 imputados por el ataque a la familia Luchsinger Mackay en enero de 2013, solicitaron la inhabilitación del fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, quien fue acusado por el ex fiscal de Collipulli, José Traipe, de obligarlo a perseguir con dureza a los comuneros mapuche.

La presentación fue realizada por los abogados Karina Riquelme y Sebastián Saavedra y tiene como objetivo inhabilitar a Chiffelle en la investigación contra los 11 comuneros por el caso Luchsinger tras los dichos del ex fiscal Traipe.

El ex persecutor, demandó al Ministerio Público acusando discriminación y hostigamiento de parte de Alberto Chiffelle. Según José Ricardo Traipe Sepúlveda, sufrió “presiones indebidas para intensificar injustificadamente la persecución penal a sujetos de la etnia mapuche, de comunidades conocidamente conflictivas, desarrolladas por el fiscal regional -subrogante en ese entonces- Alberto Chiffelle". Según el ex abogado, Chiffelle en dos oportunidades al menos le habría solicitado aplicar medidas cautelares de prisión preventiva en contra de comuneros que a su juicio, no contaban con requisitos claros para ser vinculados a un delito. Inclusive le habría dicho que no siguiera "ayudando a sus peñis pues los pacos lo tenían en la mira".

Según dijo el abogado Sebastián Saavedra a Radio Bío Bío Temuco, lo denunciado por el exfiscal Traipe dejaría de manifiesto la falta de objetividad del persecutor Alberto Chifelle. Agregó que en la audiencia de apercibimiento de cierre para la causa, programada para este miércoles 27 de julio, promoverán incidentes relacionados con esta petición, a lo que sumarán sus reclamos por que pese a las reiteradas solicitudes la Fiscalía no les ha entregado todas las copias de la investigación

Publicado por: José Sanhueza