Organismos Mapuche anuncian Asamblea Constituyente Autónoma

Diversos medios de comunicación internacional han informado sobre el llamado a realizar una ASAMBLEA CONSTITUYENTE MAPUCHE, con el fin de conformar una sociedad mapuche autónoma en territorios ancestrales respaldados por diversos tratados o parlamentos, de acuerdo a las leyes internacionales que han salido tras muchos años, desde el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU.
Les presentamos esta entrevista realizada por el canal Iraní HispanTV.
_______________________________

Mapuches anuncian en Chile una asamblea constituyente autónoma.

Amparados en resoluciones de Naciones Unidas, agrupaciones mapuches anunciaron en Chile una asamblea constituyente autónoma de los poderes del Estado, en los próximos meses.

En 1860 el Estado de Chile invadió militarmente el país mapuche. Rompió así los tratados que garantizaban su autonomía desde tiempos coloniales.

En 2007, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó, con el voto de Chile, una declaración que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación.

El llamado conflicto mapuche se origina a partir de las recuperaciones de tierras ancestrales.

No es de extrañar que el pueblo mapuche busque su autonomía, en un Estado que no sólo no los reconoce como nación, sino que además tiene en su plaza principal un monumento al conquistador español.

Alejandro Kirk, Santiago

https://youtu.be/zle9nH23uoY

Ngulumapu- $hile oculta agresiones y represión hacia nación mapuche en la ONU

A Ministro Barraza le tocó mentir y ocultar represión al Pueblo Mapuche en examen de Chile ante ONU



Chile está rindiendo examen en Ginebra, ante el Comité ONU del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU-DESC. El Comité ONU-DESC cuestionó duramente a Chile por la discriminación a los pueblos originarios. Para defenderse, la delegación de Chile, encabezada por el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, ha dicho descaradas mentiras.

Ginebra/Suiza, 09 de junio de 2015. (Mapuexpress.org)– En Ginebra durante los días 9 y 10 de junio se realiza el quinto examen de cumplimiento por Chile de sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos. El Gobierno chileno envió una numerosa delegación de funcionarios, con gastos y viáticos, encabezada por el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

A la sesión asiste ua delegación de organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado informes alternativos, y sigue el desarrollo del examen. Con sorpresa y espanto han sido testigos de las abiertas falsedades y ocultamiento de información por parte de la delegación del Gobierno.

RESUMEN DE FALSEDADES Y OCULTAMIENTOS DEL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

– El Ministro Barraza ha dicho que está en trámite un proyecto de Reconocimiento Constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Eso es falso. No existe ningún proyecto de ese tipo; y menos aun han sido consultados los pueblos indígenas.

– El Ministro Barraza presentó ante el Comité ONU como algo válido las fraudulentas “consultas indígenas” del Ministerio de Desarrollo Social y sus Seremis, sobre un supuesto “Ministerio Indígena” y un “Consejo de Pueblos Indígenas”.
El “Consejo de Pueblos Indígenas” es un organismo impuesto con que el Gobierno busca suplantar la representación política de los pueblos originarios, aplastar la autonomía, y subordinar la voluntad de los pueblos con clientelismo.

Las “consultas” del Ministerio de Desarrollo Social ha sido rechazadas por las organizaciones de los pueblos indígenas, porque fueron un fraude, impuesto violentamente con complicidad de agentes estatales mapuche. En su fraude de consulta el Ministerio de Desarrollo Social llega al colmo de ocultar las actas y listados de participantes. Tampoco se conocen los “proyectos de ley” supuestamente consultados.

– El Ministro Barraza ocultó que el Gobierno se ha negado sistemáticamente a consultar e incluir a los pueblos indígenas en la reforma educacional, la reforma del Código de Aguas, la creación del Ministerio de la Mujer, la modificación de los reglamentos del sistema de evaluación de impacto ambiental, y que se excluye a los pueblos originarios en la reforma electoral y el proceso constituyente.

– El Ministro Barraza y su delegación han ocultado ante el Comité ONU la política de contra-insurgencia y represión que aplica el Gobierno y su Ministerio del Interior,. El Gobierno pretende dividir al pueblo mapuche en comunidades “pacificas” y “violentas”, fichando y clasificando a las comunidades, por parte de los agentes indígenas del Ministerio de Desarrollo Social de sus unidades de “consulta” y “asuntos indígenas”, y Seremis regionales.

– El Ministro Barraza y su delegación oculta al Comité ONU, la invasión de proyectos hidroeléctricos, mineros, salmoneros, forestales, que invaden los territorios de los pueblos originarios, y que violan los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos.

– El Ministro Barraza dice al Comité que su “Unidad de Consulta” ha emitido 36 dictámenes de “aplicabilidad de la consulta indígena”. Lo que no informa es que esos dictámenes redactados por los oscursos “encargados de consulta” han negado el cumplimiento del derecho de consulta, validando la imposición de medidas que afectan a los pueblos indígenas.

– El Ministro Barraza no ha informado al Comité ONU, que desde que asumió se ha negado a recibir a las organizaciones de los pueblos indígenas, y mantiene en el Ministerio y CONADI al equipo de mapuches y winkas responsables del desastre de la política indígena del Gobierno, que ya ha costado vidas y comuneros en prisión. El Ministro Barraza, a cargo de los “asuntos indígenas” se ha negado a visitar territorios indígenas.

– El Ministro Barraza ha dicho al Comité ONU que el Gobierno de Chile tiene una política de restitución de tierras ancestrales mapuche. Eso es falso. Los mecanismos existentes, de Fondo de Tierras de CONADI, niegan las tierras ancestrales. Tal como lo ha dicho la OIT y el Relator de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas.

– El Ministro Barraza ha dicho que el Gobierno va a reconocer en la Constitución los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero el mismo Gobierno se niega a cumplir el Convenio 169 y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y se niega a la participación vinculante de los pueblos indígenas en el proceso constituyente.



Los delegados de la sociedad civil y organizaciones de pueblos originarios han recomendado al Comité ONU :

– Que bajo ninguna circunstancia el Comité crea y de por válido el fraude de “Consulta indígena” del Ministerio de Desarrollo Social.

– Que exija al Estado chileno cumplir el derecho al consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas, y el derecho a participación política y una Asamblea Constituyente.

– Que se inste al Estado chileno a la completa restitución de las tierras ancestrales, y los recursos naturales de los territorios indígenas. Proteger las aguas de los pueblos indígenas.

– Que se exija al Gobierno de Chile se cumplan las recomendaciones de la OIT sobre el cumplimiento del Convenio 169, y las recomendaciones de los Comités de la ONU y de los Relatores de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.



***********************

NOTICIAS RELACIONADAS: 
Chile Rinde Examen en Ginebra ante Comité Internacional ONU
http://futatrawun.blogspot.com/2015/06/wallmapu-chile-rinde-examen-en-ginebra.html

Organizaciones indígenas son convocadas a nominar a representante de la mujer en Conferencia Mundial de la ONU

Organizaciones indígenas son convocadas a nominar a representante de la mujer en Conferencia Mundial de la ONU

Publicado en 28 noviembre, 2013 de Abya Yala Internacional

Mujeres indígenas del mundo buscan a su representante
El Caucus Global de Mujeres Indígenas anunció ayer la convocatoria para elegir a su representante dentro del equipo negociador que participará en la próxima Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas.
La delegada será elegida, por el Grupo Coordinador Global de la Conferencia, de entre todas las candidatas designadas por las siete regiones socio-culturales indígenas del mundo.
Dicha representante participará además en las denominadas, audiencias interactivas oficiosas, en las que los representantes de la ONU se reúnen con los miembros de la sociedad civil para escuchar sus propuestas y opiniones sobre temas de interés común.
Se invita a las organizaciones indígenas de África, Asia, América Latina, Norteamérica, el Ártico, Rusia y el Pacífico a consensuar sus candidatas por región y enviar sus nominaciones hasta el 30 de noviembre.
Las postulaciones deberán ser remitidas a través del foro online del Caucus Global de Mujeres Indígenas. Los criterios de selección también se encuentran detallados en dicha plataforma.
Las nominaciones deberán incluir información sobre las habilidades y experiencias de las candidatas en relación a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y su conocimiento sobre el sistema de Naciones Unidas.
Las dudas y consultas sobre el proceso de nominaciones podrán ser absueltas por Alyssa Macy a través del email alyssamacy@gmail.com. Se informa que toda comunicación deberá realizarse en inglés.
Los pueblos indígenas se han organizado para participar en el proceso de la Conferencia, estableciendo un Grupo Coordinador Global (GCG), compuesto por representantes indígenas de todo el mundo, así como cónclaves de jóvenes y mujeres indígenas.
El Caucus Global de Mujeres Indígenas, conocido en inglés como GIWC, es una de estas plataformas. El Caucus busca promover el diálogo, la construcción de alianzas, la capacidad en liderazgo y el desarrollo de estrategias colectivas en procesos de las Naciones Unidas.
La Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, WCIP, se llevará a cabo el 22 y 23 de septiembre de 2014 en Nueva York. La misma tendrá por objetivo evaluar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas por los Estados miembros de la ONU.

http://mujerindigena.com/mujeres-indigenas-del-mundo-buscan-a-su-representante/

http://www.chirapaq.org.pe/noticias/mujeres-indigenas-del-mundo-buscan-a-su-representante

https://www.facebook.com/GlobalIndigenousWomensCaucus

_______________________________________________________________
Vea también:

FUTAWILLIMAPU

Nütramkan con Juan Arriagada acerca de la “Ley Monsanto” y sus consecuencias para el Pueblo Mapuche - Fotografía: Juan Arriagada realizó un *nütram* en el Trafkintu (Chauki) realizado en Huamputúe el domingo 24 pasado | ___________________________________________


Wallmapu Futá Trawun: futatrawun@gmail.com

ONU pide a Chile poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista contra nación Mapuche.

Declaración final del Relator ONU Ben Emmerson, al culminar visita a Chile
31/07/2013 ONU - RELATORES

"El Relator Especial evalúa la situación en Araucanía y la zona aledaña como volátil y probable de convertirse en un conflicto regional de gran envergadura salvo que se tome acción urgente para abordar, no solamente las manifestaciones de la violencia, sino sus causas de raíz".


"En la opinión del Relator Especial, el riesgo de escalada es muy real y resulta imperativo que el Estado de Chile tome acción urgente para abordar la situación antes de que vire fuera de control".

"Tal como se encuentran las cosas hoy, a la fecha de la visita del Relator Especial, el Estado de Chile se encuentra en abandono de su deber de promover una solución pacífica y justa al tema Mapuche."

Introducción

El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo visitó Chile del 17 al 30 de julio 2013. El Relator agradece al Gobierno de Chile por haber extendido una invitación a visitar el país y por el modo constructivo y cooperador en que todos los representantes del Gobierno abordaron dicha visita. Destaca especialmente la transparencia demostrada por las diversas autoridades durante sus intercambios, lo cual permitió un diálogo franco y abierto sobre el contenido y la aplicación de la ley antiterrorista N°18.314, además del cumplimiento del imperio del derecho y la protección de los derechos humanos.

Durante el transcurso de su visita el Relator Especial sostuvo reuniones productivas con la Ministra de Justicia; el Subsecretario del Interior y Seguridad Pública y un representante del programa de derechos humanos del Ministerio; el Director General de Asuntos Multilaterales, y el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; además de un representante regional del Ministerio de Desarrollo Social. Se reunió además con el Fiscal Nacional y con los Fiscales Regionales de las Regiones VIII y IX, con el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública y los defensores regionales de Araucanía y Biobío; con representantes de la Corporación de Asistencia Judicial y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); y con el Director de la unidad de derechos humanos del Servicio Penitenciario. Los miembros del Poder Judicial incluyeron el Presidente de la Corte Suprema y el Magistrado responsable de la coordinación de causas de derechos humanos, además del Presidente del Tribunal Constitucional.

El Relator Especial también se reunió con diversos representantes de Carabineros, incluyendo el General Director, el Jefe del Departamento de Derechos Humanos, los Prefectos Jefe de Zona de las Regiones VIII, IX y XIV, y los encargados especiales de las Regiones VIII y IX. Se reunió además con el Jefe Nacional de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, y con el Jefe Regional de la Policía de Investigaciones de la Araucanía. Durante su visita al Parlamento Nacional, el Relator Especial se reunió con los Presidentes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, como así también con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados; y con distintos Diputados. Además, se reunió con el Director y representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Durante su visita el Relator Especial también se reunió con abogados, académicos, representantes de la Iglesia, incluyendo el Arzobispo de Temuco, asociaciones de las víctimas de violencia rural, representantes multi-gremiales y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ONGs. Adicionalmente, se reunió con un número significativo de representantes de diferentes Lof (unidades territoriales o comunidades Mapuche).

El Relator Especial realizó visitas a tres centros de detención, a saber el penitenciario de la Ciudad de Temuco, el penitenciario de Angol, y la cárcel El Manzano de Concepción, donde se encuentran recluidos los detenidos de comunidades Mapuche, tanto condenados como imputados a la espera de juicio por delitos vinculados a las reducciones Mapuche en la Región de Araucanía. Tuvo oportunidad de intercambiar sobre los desafíos que deben enfrentar el personal y los internos, y se reunió en forma privada con un número de detenidos Mapuche.

El Relator Especial consultó además con importantes organismos de las Naciones Unidas, incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El Relator Especial quisiera expresarle sus agradecimientos al sistema de las Naciones Unidas, en particular a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América del Sur, en Santiago, por brindar su valioso apoyo durante todo el transcurso de la visita.
Evaluación preliminar

La visita del Relator Especial a Chile se ha centrado en la aplicación de la legislación antiterrorista en conexión a las protestas de activistas Mapuche por la reivindicación de sus territorios ancestrales y afirmación de su derecho al reconocimiento colectivo como pueblo indígena y el respeto por su cultura y tradiciones. Estas protestas se han caracterizado típicamente por la ocupación de predios además del incendio y otras formas de ataques físicos dirigidos contra propiedades agrícolas, forestales e industriales asociadas a la colonización comercial del territorio Mapuche.

Sin embargo, en años recientes, la escala, frecuencia e intensidad de estos incidentes ha aumentado, en parte debido al lento avance en la administración del esquema del Estado para la repatriación de territorio Mapuche. Ha habido ataques cada vez más frecuentes contra los funcionarios de Carabineros, percibidos en el pasado por sectores de la comunidad Mapuche como partidarios y de haber actuado como instrumento de represión del Estado. Al menos un funcionario de Carabineros fue muerto y muchos más han sido víctimas de ataques potencialmente fatales. Un desarrollo particularmente preocupante fue la muerte, en enero de este año, del matrimonio Werner Luchsinger y Vivian Mackay durante un ataque incendiario a su fundo. Este ataque fue el último en una serie de ataques no-letales a propiedades pertenecientes a miembros de esta familia extendida e involucrada durante muchos años en la producción comercial a gran escala en la región.

El Relator Especial se reunió con miembros de la familia Luchsinger además de una amplia transversalidad de la comunidad rural chilena, quienes sufrieron diversas formas de violencia a resultado de estas protestas crecientemente frecuentes. El Relator Especial expresa su más sentido pésame a la familia Luchsinger y también a las familias de Alex Lemun Saavedra, Matías Catrileo Quezada y Jaime Mendoza Collío, los tres manifestantes Mapuche que fueron disparados y muertos por funcionarios de Carabineros a resultado de estas protestas.

El Relator Especial evalúa la situación en Araucanía y la zona aledaña como volátil y probable de convertirse en un conflicto regional de gran envergadura salvo que se tome acción urgente para abordar, no solamente las manifestaciones de la violencia, sino sus causas de raíz. Todos los interlocutores familiarizados con la situación acordaron que mientras aquellos que ejecutan los actos de violencia son actualmente pocos en número, el grado de simpatía tácita por sus acciones es potencialmente mucho más amplio entre las comunidades Mapuche. En la opinión del Relator Especial, el riesgo de escalada es muy real y resulta imperativo que el Estado de Chile tome acción urgente para abordar la situación antes de que vire fuera de control.

Los Mapuche son un pueblo indígena orgulloso y en general pacifico, que han vivido en el territorio al sur del río Biobío desde los tiempos pre-Colombinos. Con éxito resistieron los intentos de colonización por los españoles, y retuvieron el control exclusivo de su tierra, reconocido por el Estado de Chile, hasta que fueron sobrepasados por el ejército de Chile en los años 1880 y sus tierras ocupadas para la colonización. La religión y la cultura Mapuche se basan en su relación con el medioambiente natural además del principio de respeto por todo lo vivo. Por lo tanto, la ocupación y la explotación comercial de sus tierras ancestrales, con las consecuencias ambientales adversas que acompañan el uso comercial intensivo de la tierra, es visto por sectores de los Mapuche como un ataque a sus valores esenciales y hasta su derecho de existir.

Un gran número de Mapuches viven ahora en relativa pobreza en las principales ciudades. Sin embargo, los restantes continúan en su intento por mantener su forma tradicional de vida en comunidades rurales en las regiones de Araucanía y Biobío. Desde la primera ocupación de territorio Mapuche a fines del Siglo XIX, el Estado de Chile ha progresivamente avanzado sobre las tierras ancestrales de los Mapuche. Este avance continuó largamente sin freno mediante la venta de tierras ancestrales para fines comerciales, frecuentemente a menos de su valor real. Se ha llegado ahora al punto que las comunidades Mapuche que sobrevivieron se vieron forzadas a retirarse y ocupar reducciones de tierra relativamente improductiva, frecuentemente en zonas aisladas de las Regiones de Araucanía y Biobío. Sus comunidades están usualmente empobrecidas y rodeadas de actividades agrícolas y forestales comerciales y otras actividades de producción económica que ellos consideran de explotación de los recursos naturales de su tierra. Es una fuente de gran resentimiento entre los Mapuche que estas actividades se realicen sobre su tierra ancestral, a la vista de sus comunidades que han sido desposeídas. El Relator Especial ha visitado algunas de estas comunidades y ha visto personalmente las condiciones de vida empobrecidas en las que muchos de los Mapuches rurales se encuentran forzados a vivir.

La deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo Mapuche se describe en el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas publicado en octubre de 2008. Sin embargo, mientras que este informe recomendaba la expropiación de tierras Mapuche a la comunidad de colonos (con indemnización) y su repatriación a los Mapuche, hasta el momento el Estado ha rechazado esta solución y estableció, en cambio, un programa regional con el objetivo de recomprar terrenos relativamente pequeños de las comunidades de colonos, junto con subsidios regionales limitados para permitir a las comunidades Mapuche hacer uso efectivo de la tierra. Hasta el año 2010 el proceso de repatriación, administrado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) fue lento, arbitrario, y visto por los Mapuche como principalmente ineficaz. Esto se debió, en parte, a la deficiente administración de CONADI, combinado con la especulación inmobiliaria por parte de los miembros de la comunidad de colonos, lo cual resultó en el alza del precio por hectárea y por tanto en un enlentecimiento del proceso de repatriación. Durante los dos últimos años CONADI ha establecido una serie de medidas destinadas a acelerar el proceso de repatriación de tierras y ha tenido éxito en estabilizar el valor de mercado de la tierra. No obstante, durante su reunión con el Relator Especial, representantes de CONADI reconocieron que el presupuesto central disponible para este fin era en gran medida insuficiente, y que bajo el actual presupuesto se requeriría de varias décadas antes de reintegrar incluso las tierras ya asignadas.

El Relator Especial considera que este estado de cosas es insatisfactorio y de alto riesgo, y que el Estado de Chile necesita con urgencia priorizar y acelerar el proceso de repatriación de las tierras. Esto implica que el Estado debe asignar los fondos necesarios a fin de cumplir con las metas actuales de repatriación dentro de un plazo breve y definido, medible en meses y años más que en décadas. Esto requerirá no solamente de un aumento exponencial de recursos, sino además de un cambio en la voluntad política dentro del Gobierno, a fin de otorgarle al tema Mapuche la prioridad que amerita.

El Relator Especial observa que la comunidad de colonos se encuentra también profundamente insatisfecha con la estrategia política seguida hasta el momento por el Estado de Chile en sus esfuerzos por resolver el tema Mapuche. Durante sus reuniones con organizaciones representantes de las víctimas de violencia rural, pequeños agricultores reclamaron enérgicamente que eran insuficientes los fondos de indemnización dispuestos para permitirles reubicarse en otros sectores de Chile en condiciones comparables a donde habrían previamente vivido y trabajado. Otros, incluso los representantes de intereses comerciales en la región, reclamaron la falta de voluntad política a nivel de Gobierno central para buscar y entregar una solución duradera al problema que dejaba a sus comunidades y empresas desprotegidas. Durante toda esta visita, ninguna de las partes involucradas en las Regiones de Araucanía y Biobío (incluyendo los Mapuche, la comunidad de colonos, o los encargados de hacer cumplir la ley) ha expresado satisfacción con los esfuerzos realizados por el Gobierno central para abordar el tema.

Chile es signatario de la Estrategia Global de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo, unánimemente adoptada por todos los Estados Miembro de las Naciones Unidas en 2006 y más recientemente reafirmada por la Asamblea General en julio de 2012. El primer Eje de la Estrategia Global requiere a todos los Estados dedicar los esfuerzos necesarios para abordar las condiciones conducentes a la propagación del terrorismo y el extremismo violento. La filosofía de fondo que subyace al Primer Eje de la Estrategia Global es que la propagación del extremismo violento no puede ser eficazmente contrarrestada solamente mediante medidas para hacer cumplir la ley. Por cierto, la experiencia colectiva de los Estados Miembro es que hacer cumplir la ley en forma excesiva y discriminatoria agrava la amenaza del extremismo violento y es contraproducente. De acuerdo al Primer Eje de la Estrategia, los Estados deben abordar no solamente las manifestaciones de violencia política y social, sino además sus causas de raíz.Todos los Estados Miembro de las Naciones Unidas, incluyendo a Chile, han llegado a consenso en quelas condiciones conducentes a la propagación de la violencia y el extremismo motivado por asuntos políticos incluyen conflictos regionales de larga data, tales como los conflictos territoriales, la gobernabilidad deficiente, las violaciones de los derechos humanos, y formas de discriminación mediante la ley, además de la exclusión política, económica y educacional.

Todos estos factores están presentes en las condiciones que subyacen a las protestas territoriales de los Mapuche. Las reclamaciones históricas, una vez reconocidas, deben ser abordadas en forma efectiva y rápida. Cuando las políticas de Estado despiertan expectativas que luego no se concretan debido a la falta de recursos y una administración deficiente de parte de funcionarios públicos, existe el riesgo siempre presente que la protesta violenta escale al nivel de disturbios generalizados del orden público. La exclusión política y económica del tipo aún experimentado por el Pueblo Mapuche es una causa reconocida del extremismo violento. La responsabilidad de abordar estos temas recae claramente en el Estado. Desde el retorno a la democracia en Chile, ningún Gobierno de cualquier tinte político ha tratado este tema con la prioridad que se merece. Tal como se encuentran las cosas hoy, a la fecha de la visita del Relator Especial, el Estado de Chile se encuentra en abandono de su deber de promover una solución pacífica y justa al tema Mapuche. Este es un deber del Gobierno no solamente para con los Mapuches, sino también para con las comunidades de colonos en las áreas rurales de Araucanía y Biobío, para con los encargados de hacer cumplir la ley en estas regiones y en quien el Estado confía la mantención de la paz, y para con la comunidad en sentido amplio en aquellas regiones quienes tienen derecho de esperar que el Estado cumpla con sus obligaciones de administración pública en forma efectiva y sin discriminación a fin de mantener los principios que subyacen a la democracia representativa.

De sus intercambios con todos los interlocutores, el Relator Especial se ha formado la imagen que las instituciones del Estado en Araucanía y Biobío han ejecutado una variedad de diferentes métodos de discriminación judicial contra los Mapuches, percibidos por muchos como una forma de represión. Los dos ejemplos más obvios de hacer cumplir la ley en forma discriminatoria son el uso arbitrario e inapropiado de la legislación antiterrorista como medio para abordar las protestas Mapuches, y el uso de violencia excesiva de parte de Carabineros, además de Policía de Investigaciones, en el cumplimiento de la legislación penal. Esto se ha convertido, en sí mismo, en una importante fuente de reclamación de las comunidades Mapuches, y explica al menos parcialmente la escalada en ataques violentos contra Carabineros y otras instituciones del Estado en la Región.

La legislación antiterrorista ha sido aplicada por los fiscales públicos locales y por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en un número relativamente definido de casos emblemáticos, principalmente involucrando imputados múltiples. Las estadísticas demuestran que las protestas Mapuches representan la gran mayoría de procesamientos bajo la legislación antiterrorista. La definición de terrorismo en la ley es muy amplia, y depende de probar que se cometió un delito penal sustantivo (tal como incendio premeditado) junto con el necesario ánimo de generar temor en la población y así influenciar la política de gobierno. Mientras que esta forma de definición no es singular a Chile, deja una amplia discreción al fiscal, que podría llevar a una aplicación impredecible y arbitraria, y está, por tanto, abierto al potencial abuso. Durante una reunión con el Relator Especial, altos funcionarios del Poder Judicial expresaron su impresión que la actual definición de terrorismo es efectivamente inviable y que existe un caso contundente para la derogación de la legislación antiterrorista.

Allí donde el Estado retiene una definición legal amplia y subjetiva del terrorismo, es una salvaguardia mínima y esencial contra el abuso que existan criterios objetivos para el ejercicio procesal y un consenso en cuanto a las formas de protesta que pueden correctamente ser clasificadas como actos de terrorismo. El Relator Especial considera que en Chile hoy no existen tales criterios objetivos, ni tampoco tal consenso.

Durante una serie de reuniones con la Fiscalía Nacional, Fiscalías Regionales y con el Ministerio del Interior, el Relator Especial ha procurado identificar algún criterio objetivo adoptado por los fiscales y por el Ministerio para determinar cuáles protestas satisfacen la definición legal del terrorismo y cuáles no. Las diversas justificaciones planteadas han sido subjetivas y carentes de rigor legal. Esto se corrobora al comparar los casos en que se han presentado cargos terroristas y aquellos en que no. Es imposible distinguir una línea divisoria clara y consistente entre casos donde se han presentado cargos como delitos penales comunes (tales como, incendio premeditado, homicidio frustrado y delitos con armas de fuego) de aquellos en que se ha invocado la ley antiterrorista, a fin de agravar la pena y entregar ventajas procesales adicionales al fiscal. El Relator Especial concluye con reticencia que consideraciones subjetivas, arbitrarias y/o políticas han jugado un papel en la selección de esos casos donde se ha invocado la ley antiterrorista.

Además de la ausencia de criterios legales objetivos, existe una ausencia de consenso político en cuanto a si las protestas territoriales Mapuches pueden o se deberían estigmatizar como terrorismo. El Relator Especial se reunió con representantes políticos electos tanto de Gobierno como de oposición con un interés cercano en este tema. Resulta claro que la opinión política en Chile se encuentra profundamente dividida sobre el uso de la ley antiterrorista contra los Mapuches, y que esta polarización ha impedido avanzar hacia una aplicación consistente y de acuerdo a los principios de la ley. Un punto de vista es que la legislación antiterrorista se debería fortalecer y aplicar con mayor frecuencia. Esta visión es tipificada por el Senador Orpis Bouchon, quien ha propuesto legislación a este efecto. La visión contraria es que la legislación antiterrorista no tiene papel alguno a jugar en conexión con el tema Mapuche; que las protestas Mapuches no han tomado forma reconocible de terrorismo; que el uso de legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales Mapuches es contraproducente a la promoción de una solución pacífica al tema Mapuche; y que en el peor de los casos representa una forma de etiquetado que apunta a deslegitimar no solamente el uso de violencia política sino además la causa subyacente del pueblo Mapuche. Esta visión fue confirmada, en diversos grados, por políticos electos tanto de Gobierno como de oposición más cercanamente asociados con distritos en las Regiones de Araucanía y Biobío y, por tanto, más cerca al problema. El único punto sobre el cual todos acordaron es que la aplicación actual de la ley antiterrorista es insatisfactoria e inconsistente. El Relator Especial no encontró interlocutor alguno (aparte de los fiscales públicos) que expresara satisfacción con el estado actual de las cosas.

En una situación tan políticamente polarizada y legalmente insatisfactoria, es deber del Relator Especial expresar sus conclusiones y recomendaciones sobre esta materia.

Por una parte, no existe duda alguna que la ley antiterrorista ha sido utilizada desproporcionadamente en contra de personas acusadas de delitos en conexión con las protestas territoriales Mapuches. El gobierno central y los fiscales públicos le enfatizaron al Relator Especial que esto no representaba una estigmatización del pueblo Mapuche o caracterización de las protestas políticas Mapuches en su conjunto como representando una campaña de terrorismo, sino más bien involucraba la aplicación de criterios legales a los hechos, caso a caso. Sin embargo, en ausencia de algún criterio coherente y objetivo para aplicar la ley y, frente a las inconsistencias más obvias en su aplicación, resulta necesario justificar la aplicación continuada de la ley antiterrorista en tal situación políticamente volátil. Más particularmente, dado el potencial de estos cargos para aumentar el nivel de tensión en conexión con el tema Mapuche, resulta necesario considerar si invocar la ley penal ordinaria ofrece herramientas suficientes para mantener la ley y el orden, y para proteger y vindicar los derechos de las víctimas de violencia rural.

Existen escasas dudas que el uso de la legislación antiterrorista ha antagonizado los sectores más activos de la comunidad Mapuche y es visto por ellos como un medio para estigmatizar su causa. A resultado de una huelga de hambre concertada de parte de individuos Mapuches detenidos bajo la legislación antiterrorista en 2010, el gobierno introdujo enmiendas en 2010 y 2011 para reparar algunas de las reclamaciones más obvias. Estas incluyeron la derogación de presunción del ánimo terrorista aplicable en ciertas situaciones, afirmando el derecho limitado de la defensa de contrainterrogar a testigos protegidos, y retirar a los imputados menores de edad del alcance de la legislación. También parece haber resultado en la liberación provisional de un número significativo de imputados previo a su juicio. Sin embargo, fuera de esto, no existe restricción al uso continuado de la legislación y continúa sujeto a las mismas objeciones de vaguedad y aplicación arbitraria.

En casos donde se ha invocado la legislación antiterrorista, se utiliza invariablemente como adjunto a un delito penal sustantivo, posible de ser procesado bajo la legislación penal ordinaria. Si se invoca la legislación antiterrorista además de la ley penal sustantiva, el imputado es sujeto a un número significativo de desventajas procesales y sustantivas. En vez de ser retenido por 24 horas en detención preventiva previo a su primera comparecencia ante el tribunal (el cual se puede extender hasta tres días en el caso de un delito común) el periodo de detención policial en casos de terrorismo puede (y en forma rutinaria así es) ser extendida por un juez hasta 10 días. El procedimiento para asegurar tales detenciones no es acusatorio y por tanto la defensa rara vez tiene oportunidad de dirigirse al juez sobre la extensión.

El Relator Especial escuchó alegaciones individuales de imputados Mapuche que decían haber sido torturados o de otros modos maltratados durante estos períodos extendidos de detención, en un esfuerzo por forzarlos a firmar una confesión. Mientras no se encontraba en situación de investigar estos dichos, el Relator Especial observa que la intención de los períodos breves de detención es impedir la tortura y el maltrato de los imputados durante su interrogatorio.

Posterior a su detención por la policía, una persona a quien se le han presentado cargos bajo la legislación antiterrorista típicamente tendrá que esperar 6 meses antes de que se le entregue a los abogados las pruebas y las declaraciones en apoyo de los cargos, tiempo durante cual la preparación de la defensa se encuentra gravemente perjudicada. Esto se compara con un periodo de 28 días que es lo usual para un delito no terrorista.

Debido a que la pena por delitos terroristas es mucho más larga que la pena por el delito penal sustantivo equivalente, la probabilidad de una orden de libertad bajo fianza se encuentra igualmente disminuida. Más aún, según la constitución, existe una disposición especial aplicable a los delitos terroristas, según la cual cualquier apelación contra una decisión para ordenar la detención previa al juicio, requiere de la unanimidad de los tres jueces, considerando la apelación como pre condición para una orden de libertad. Si una mayoría de los jueces de apelación favorecen la libertad previa al juicio, pero uno está en desacuerdo, el imputado permanecerá detenido. Esto ha llevado a reclamos de parte de activistas Mapuches que pueden haber permanecido encarcelados durante largos periodos de tiempo antes de su juicio. En algunos casos estos mismos imputados han sido posteriormente absueltos de los cargos terroristas durante el juicio.

Los fiscales argumentaron que el uso continuado de la legislación antiterrorista como medio para investigar ciertos delitos de la protesta Mapuche se podrían justificar en referencia a la disponibilidad de métodos especiales de investigación bajo esa legislación – particularmente la disponibilidad de interceptación telefónica y de otros medios de comunicación a fin de reunir inteligencia y pruebas, y el uso de testigos protegidos, ambos cuales están disponibles bajo la legislación antiterrorista. Sin embargo, un análisis más cuidadoso revela que estas justificaciones no son convincentes.

El poder para obtener autorización para el uso de interceptación telefónica y de otros medios de comunicación no se limita a los cargos bajo la legislación terrorista. Los delitos penales sustantivos graves (tales como incendio premeditado con resultado de muerte) puede también llevar a la autorización de esta técnica investigativa. En delitos comunes, el uso de interceptaciones depende de la gravedad de los mismos. Se debe inferir que la intención del Parlamento era que tales métodos, que involucran la intrusión a las comunicaciones privadas, estarían disponibles solo en conexión con la investigación de los delitos más graves. Sin embargo, un delito comparativamente grave (tales como el incendio premeditado contra la propiedad) atraerá el uso de estas formas más invasivas de investigación si se etiqueta como delito terrorista. Si, por tanto, las investigaciones y los enjuiciamientos se concentraran en el presunto acto penal sustantivo y, de presentar cargos por tal acto como delito común, entonces el equilibrio visualizado por el Parlamento (que limita las interceptaciones a los delitos más graves) se mantendría y respetaría.

La otra medida especial relativa a las pruebas asociadas a la legislación antiterrorista es el uso de testigos protegidos. Esto se ha convertido en una fuente de seria controversia en el contexto Mapuche. El uso de testigos protegidos coloca a la defensa en seria desventaja durante el juicio, ya que el abogado defensor no puede impugnar efectivamente la credibilidad del testigo. Las enmiendas de 2010 afirmaron el derecho de la defensa a contrainterrogar un testigo protegido, siempre que la interrogación no tienda a revelar su identidad o cualquier información en base a la cual se pueda inferir su identidad. Se le informó al Relator Especial que esta disposición se interpreta estrictamente para prevenir cualquier línea de interrogación que pueda exponer las vulnerabilidades (sea confiabilidad o prejuicio) del testigo, perjudicando así la presentación de una defensa efectiva. No existe disposición que impida al tribunal confiar en el testimonio de un testigo protegido como base única o decisiva para una condena. Tal vez más grave aún es que no existe obligación específica para el fiscal de investigar la credibilidad de un testigo protegido y de informar los resultados de tal investigación al imputado.

La ley internacional de derechos humanos protege el derecho a un procedimiento justo y acusatorio en el juicio de todos los delitos penales. Mientras que el uso de testigos protegidos no es una violación automática de este derecho, la ley internacional requiere que las diferencias de un procedimiento acusatorio público y pleno se debieran mantener al mínimo; que la anonimidad se debiera justificar clara y específicamente mediante la necesidad de proteger la seguridad física del testigo contra las represalias; y que la injusticia resultante contra el imputado se deba contrarrestar mediante garantías procesales que aseguren no comprometer en forma injustificada la justicia del proceso. Tales contrapesos podrían incluir una regla que impida confiar en un testimonio anónimo como base única y decisiva para una condena, y una obligación específica potenciada de investigar e informar a la defensa de cualquier hecho que tienda a menoscabar la confiabilidad o credibilidad del testigo protegido.

Ninguna de estas salvaguardias pareciera estar presente bajo la legislación antiterrorista en Chile. El uso de testigos protegidos como base única y decisiva para una condena ha sido usual; y no existe obligación específica para el fiscal de investigar o divulgar hechos que menoscaben la credibilidad del testigo (más allá del usual principio de objetividad). Existe por tanto un riesgo obvio de injusticia procesal, el cual conlleva la sombra de un error judicial.

La Corte Suprema ha criticado el inapropiado uso indebido de testigos protegidos en un caso de protesta Mapuche en 2011, observando que el fiscal público en el caso había otorgado beneficios a cambio de un testimonio, lo cual invalidaba la declaración del testigo. Esta grave crítica del uso de los testigos protegidos en tales casos fue reiterado por altos funcionarios del Poder Judicial durante sus intercambios con el Relator Especial.

Sin embargo, el argumento más sólido contra el uso continuado de los testigos protegidos en conexión con los casos de protestas Mapuches, es que no está de hecho justificado en aquellos casos por el objetivo citado de proteger la seguridad del testigo. El comandante de los Carabineros en Araucanía, además de los fiscales públicos, tanto en Temuco como en Concepción, confirmaron cada uno durante reuniones con el Relator Especial que las medidas de anonimidad utilizadas en los procesos Mapuche bajo la legislación antiterrorista son consistentemente ineficaces, debido a que la comunidad invariablemente puede identificar al testigo en base al conocimiento local. Esta es una concesión clara y de largo alcance. Todos aquellos involucrados con hacer cumplir la ley en la región acuerdan que en ausencia de un esquema pleno de protección de los testigos (bajo el cual se le entrega al testigo y su familia una nueva identidad y medidas para su reubicación) lo dispuesto actualmente resulta ineficaz en proteger al testigo.

Se desprende que el uso de testigos protegidos en el contexto de los procesos contra imputados Mapuches bajo la legislación antiterrorista no está logrando el objetivo declarado de ofrecer protección al testigo y su familia. Por otro lado, continúa presentando un grave impedimento a la justicia de los enjuiciamientos por estos delitos. Presenta además al testigo y su familia la impresión errónea de que su identidad no es conocida, cuando de hecho el caso es usualmente lo contrario. De esto modo menoscaba el derecho del imputado sin proteger los derechos del testigo, y presumiblemente incluso expone al testigo y su familia en un riesgo mayor e innecesario, creando la falsa impresión de que su identidad se mantendrá secreta.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, además de la naturaleza de las protestas Mapuche, el Relator Especial concluye que el uso continuo y desproporcionado de la legislación antiterrorista es un medio de procesamiento de delitos cometidos en conexión con el conflicto Mapuche, arbitrario y contraproducente para una solución pacífica del tema Mapuche. El Relator observa que los delitos sustantivos imputados se pueden investigar, procesar y castigar adecuadamente bajo la ley penal ordinaria, sin recurso a las medidas excepcionales disponibles bajo la legislación antiterrorista. Está de acuerdo con quienes son de la visión que el uso de la legislación antiterrorista en este contexto particular representa una forma de etiquetar y genera reclamaciones justificables entre los Mapuche que probablemente inflamen aún más una situación que es ya de por sí volátil e inestable, sin generar ningún beneficio tangible para hacer cumplir la ley de forma ética e imparcial en la región. Mientras que los fiscales públicos locales se encontraban divididos en relación a si podían efectivamente realizar sus importantes deberes públicos sin recurrir a la legislación antiterrorista, el Relator Especial observa que el fiscal público de Temuco estuvo de acuerdo en que un cambio en la política de manera que la legislación antiterrorista no debiera continuar utilizándose en conexión a las protestas Mapuche serían “un pequeño paso en la dirección correcta”.

El Relator Especial se encuentra satisfecho en que el uso de la legislación antiterrorista contra los manifestantes Mapuche por el tema territorial es parte del problema y no parte de la solución. Es contraproducente y debiera cesar. Al hacer esta recomendación, el Relator Especial está consciente de que esto, en sí mismo, no resolverá los conflictos. Sin embargo, está de acuerdo con el fiscal público de Temuco en que sería un paso en la dirección correcta y considera que como parte de una estrategia nacional integrada podría ayudar a promover el proceso de diálogo pacífico del cual claramente depende una solución al conflicto.

Por consiguiente, el Relator Especial recomienda que, como parte de una estrategia nacional integrada para abordar el tema Mapuche, no debieran realizarse más detenciones de manifestantes Mapuche por el tema territorial bajo la legislación antiterrorista; no se debieran presentar más cargos a manifestantes Mapuche por el tema territorial bajo la legislación antiterrorista; que los cargos pendientes existentes contras los manifestantes Mapuche por el tema territorial y que actualmente enfrentan procesamientos bajo la legislación antiterrorista se debieran revisar y sustituir los enjuiciamientos por delitos penales bajo la legislación ordinaria; y que se debiera introducir un mecanismo que facilite la revisión de las condenas y penas impuestas a anteriores manifestantes Mapuche por el tema territorial bajo la legislación antiterrorista para colocar su situación en línea con el cambio de política recomendada por el Relator Especial. Los que han sido condenados en base al testimonio de testigos protegidos debieran contar con el derecho de revisar sus condenas y, cuando sea apropiado, ordenar un nuevo juicio a ser realizado bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurso al testimonio anónimo.

Por otro lado, sin embargo, los derechos de aquellos que han sido víctimas de violencia rural (sea en contra de personas o contra la propiedad) también se deben proteger. El Relator Especial actualmente no recomienda ninguna amnistía general o impunidad por los actos de violencia. Las disposiciones de la legislación penal ordinaria se debieran hacer cumplir en todos los casos. Esto incluye no solamente los casos de violencia cometidos por miembros de la comunidad Mapuche en pos de sus reclamaciones territoriales, sino también los delitos de violencia cometidos contra miembros de la comunidad Mapuche por los encargados de hacer cumplir la ley.

El segundo aspecto destacable de discriminación de la ley contra las comunidades Mapuche se relaciona al uso de violencia excesiva de parte de Carabineros, además de la Policía de Investigaciones, durante los allanamientos a estas comunidades y la detención de sospechosos, junto a la ausencia casi total de responsabilidad por los delitos de violencia excesiva cometidos contra los Mapuche durante el transcurso de estos allanamientos. El Relator Especial no tiene duda alguna que el uso de fuerza excesiva por Carabineros durante el transcurso de tales allanamientos fue, hasta hace poco, usual e incluso sistemático. Se le ha informado de numerosas instancias en que números totalmente desproporcionados de fuerzas especiales armadas han ingresado a las comunidades, frecuentemente acompañados de helicópteros y refuerzos, y en donde se han descargado armas de fuego no letales causando numerosas lesiones, no solamente contra hombres adultos sino contra ancianos, mujeres, niños, e incluso lactantes. Ha visto fotografías y videos que muestran las consecuencias de estos incidentes, demostrando sin duda alguna que en muchas instancias se han ocasionado lesiones por disparos de armas y que han requerido de hospitalización. También ha visto pruebas que confirman la cantidad de cartuchos descargados en algunas operaciones y que no dejan espacio para duda alguna en cuanto al número de disparos realizados. En una serie de recursos de amparo, la Corte Suprema falló a tal efecto que la fuerza excesiva, incluso el uso de armas de fuego, fue desplegada por funcionarios de Carabineros contra civiles Mapuche desarmados. El uso de fuerza física excesiva y, en particular el uso injustificado de armas de fuego, representa un delito penal que debiera de investigarse y, de ser comprobado, se debiera castigar con todo el peso de la ley. Demás está decir, que estas comunidades Mapuche tienen igualmente derecho a ser protegidos por la legislación penal contra el uso de violencia excesiva de parte de la policía.

En la opinión del Relator Especial, el aspecto más alarmante de esta situación es la ausencia casi total de responsabilidad por los delitos supuestamente cometidos por los encargados de hacer cumplir la ley.En base a las pruebas y decisiones judiciales en su conjunto, parece innegable que algunos funcionarios de Carabineros han adoptado en el pasado una práctica de utilizar la fuerza excesiva y potencialmente letal durante sus intrusiones a las comunidades Mapuche. La responsabilidad formal por la investigación y enjuiciamiento de estos delitos recae en el Fiscal Militar. Sin embargo, a pesar del hecho que muchos de estos incidentes han sido denunciados al Fiscal Militar, a la fecha no ha habido ni un solo enjuiciamiento de uso de fuerza excesiva no-letal por los funcionarios de Carabineros durante la realización de allanamientos a las comunidades Mapuche. Esto invariablemente reforzará la sensación en estas comunidades de que la ley se aplica de un modo discriminatorio, y que los Carabineros han sido utilizados como un instrumento de represión Estatal. El Relator Especial se encuentra con reticencia llevado a concluir que la Fiscalía Militar ha notoriamente fallado en su deber de aplicar la ley mediante la investigación y procesamiento de los responsables.

El Relator Especial visitó personalmente una comunidad donde fuerzas especiales de Carabineros ingresaron en octubre 2009 en búsqueda de un solo individuo no armado. Durante la operación la policía se encontró con la resistencia no armada de otros miembros de la comunidad. A pesar del hecho que la resistencia no era armada, las fuerzas especiales descargaron numerosas armas de fuego contra la comunidad, lesionando a 19 personas, incluyendo tres mujeres y un lactante, alcanzados por balines de goma. Muchas de las víctimas fueron hospitalizadas, de manera que existen para la investigación registros independientes de sus lesiones y tratamientos.

A pesar de la gravedad de este incidente, el Relator Especial se preocupó al descubrir que ni el Comandante de Carabineros en Araucanía, ni el fiscal público de Temuco parecían estar conscientes del hecho, y ninguno parecía considerar que informarse era parte de su responsabilidad. El Relator Especial considera que esto representa una grave falla institucional. Existen dos conclusiones posibles: o que el incidente, aunque grave, era tan usual en la región que no ameritaba ser llevado a la atención del jefe de Carabineros y el fiscal público, a pesar del hecho que el individuo cuya detención se buscaba permanece hasta el día de hoy sujeto al proceso de enjuiciamiento penal; o ha habido una falla grave y sistemática de comunicación y responsabilidad institucional. Para evitar dudas, el Relator Especial considera que el fiscal público está bajo el deber en todo sentido de informarse a cabalidad de las circunstancias que acompañan todo allanamiento o detención que lleve al procesamiento de delitos bajo su responsabilidad. El Relator Especial experimentó consternación ante la incapacidad del fiscal público de Temuco, en particular, de reconocer y dar curso a este deber.

Los únicos casos en que hasta el momento se han realizado procesamientos penales contra funcionarios de Carabineros se relacionan a los tres incidentes fatales de disparos en los que activistas Mapuche perdieron sus vidas. El más reciente de estos casos está aún en proceso en tribunales, y no sería apropiado para el Relator Especial comentar sobre un caso mientras permanece bajo consideración judicial. Sin embargo, en una de las otras dos instancias, el Carabinero involucrado fue encontrado culpable del uso de fuerza excesiva con resultado de muerte de Matías Catrileo Quezada. Su condena fue mantenida por la Corte Marcial, pero la sentencia se redujo de cinco años de prisión inmediata a tres años de pena remitida, en un fallo posteriormente confirmado por la Corte Suprema. El Relator Especial se preocupó al descubrir que este funcionario continuó en servicio activo en Carabineros durante todo el proceso e incluso después de la confirmación final de su condena por la Corte Suprema. Fue solamente dado de baja algún tiempo después a resultado de una intervención administrativa. Viendo la situación en su conjunto, no es difícil de ver cómo miembros de la comunidad Mapuche pudieran ver estos resultados como evidencia de aún más discriminación y del valor relativo que se da a la pérdida de una vida Mapuche.

En una nota más positiva, el Relator Especial acoge favorablemente las recientes iniciativas adoptadas por Carabineros a nivel central para producir un cambio significativo en la relación entre sus funcionarios y las comunidades Mapuche. A fines de 2012, bajo la autoridad personal del General Director de Carabineros, altos funcionarios de esta institución en Santiago recibieron la responsabilidad de investigar las causas del aparente quiebre en la relación entre Carabineros y los Mapuche. Ellos reconocieron con sinceridad al Relator Especial que habían encontrado problemas significativos de responsabilidad a nivel local, y han instituido medidas para mejorar los informes y para promover sanciones disciplinarias y penales cuando sus funcionarios hayan cometido delitos.

El Jefe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, con sede en Santiago, ha iniciado capacitaciones a fin de promover el respeto por los derechos humanos y mejorar las relaciones con la comunidad, han establecido una serie de procesos que apuntan a reducir el conflicto y construir confianza. Con el apoyo del General Director, se adoptó una estrategia amplia conocida como Patrullas piloto para la Atención de Comunidades Étnicas (P.A.C.E) que incorpora una serie de medidas que representan un cambio significativo de política, alejándose del uso indiscriminado de la fuerza y a favor de la negociación como el diálogo como medio para la solución de situaciones de potencial conflicto. Las medidas adoptadas incluyen el uso de un enlace comunitario, la adaptación de vehículos policiales, la identificación de prioridades policiales dentro de comunidades Mapuche, y la promoción del dialogo a todo nivel. El General Director personalmente le aseguró al Relator Especial de su compromiso de recalibrar la relación entre Carabineros y los Mapuche, apuntando a imponer restricciones significativas al uso de la fuerza por parte de sus funcionarios al ejecutar las órdenes judiciales para la evacuación y la realización de detenciones, a favor de métodos policiales culturalmente sensibles tales como el diálogo para evitar confrontaciones innecesarias.

Mientras acoge favorablemente estos importantes desarrollos, el Relator Especial enfatiza la importancia crítica de asegurar que aquellos funcionarios de Carabineros que han cometido delitos en el pasado sean llevados a la justicia. La Fiscalía Militar ha resultado ser una salvaguardia insuficientemente robusta para proteger las comunidades Mapuche contra el uso de violencia policial, y ha existido una falla institucional colectiva en asegurar estándares apropiados de responsabilidad. El Departamento de Derechos Humanos de Carabineros confirmó al Relator Especial que actualmente no existe un mecanismo institucional efectivo para la investigación de estos alegatos, lo cual representa una carencia en términos de rendición de cuentas.

Que continúe la impunidad no es una opción. Una estrategia nacional, amplia e integrada para abordar el tema Mapuche, debe incluir la adopción de medidas adecuadas y un aparato para la investigación y enjuiciamiento de delitos cometidos anteriormente contra las comunidades Mapuche. Determinar las responsabilidades por las faltas anteriores es una parte esencial de una estrategia para reconstruir la confianza y mejorar las relaciones con la comunidad. Por consiguiente, el Relator Especial recomienda la creación de un nuevo órgano de investigación, con la función de indagar delitos de violencia excesiva cometidos por Carabineros y Policía de Investigaciones contra comunidades Mapuche. Tal órgano debiera ser institucionalmente independiente de ambas fuerzas, debiera tener la facultad de investigar y de requerir el inicio y procesamiento de procedimientos delictuales y disciplinarios. Debiera también tener la facultad de investigar la incapacidad de la Fiscalía Militar de asegurar las responsabilidades en los numerosos casos de violencia excesiva en las que hasta el momento no ha tomado acción efectiva.

Finalmente, el Relator Especial llama la atención a la situación de los reos Mapuche que cumplen sus condenas en prisión o se encuentran detenidos en cárceles a la espera de juicio. El Ministerio de Justicia informó al Relator Especial que existen regímenes especiales establecidos en todos los centros penitenciarios que albergan internos asociados al conflicto Mapuche, y que se respetan los derechos culturales y las costumbres sociales al máximo posible, acorde a la mantención del buen orden y disciplina dentro de estas instituciones. El Relator Especial se encuentra extremadamente agradecido al Servicio Penitenciario por la forma constructiva y colaboradora en la que facilitaron sus visitas a los Mapuche detenidos en los centros penitenciarios de Temuco, Angol y Concepción. Tuvo la oportunidad de reunirse con todos los reclusos en estas instituciones, detenidos en conexión con las protestas territoriales, pudiendo ver personalmente las condiciones de su detención. Observó que en cada institución se habían realizado adaptaciones en un esfuerzo por acomodar las necesidades especiales de esta categoría de interno. Sostuvo intercambios prolongados con una cantidad de internos, incluyendo a Celestino Córdova, quien actualmente enfrenta su juicio en conexión con el incidente que llevó a la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, y con Héctor Llaitul, con quien sostuvo un intercambio constructivo sobre la mejor forma de promover un diálogo y negociación pacífica.

Un aspecto que requiere de ser abordado con urgencia por el Ministerio de Justicia es la provisión de instalaciones para detenidos Mapuche para que cumplan sus condenas cerca de las comunidades de las que provienen. Actualmente, la mayoría de los que esperan su juicio se encuentran en el centro de Angol, donde el acceso para sus familias y comunidades es relativamente fácil. Sin embargo, cuatro internos condenados, incluyendo el líder comunitario Héctor Llaitul, se encuentran en la cárcel de Concepción, donde el acceso para sus familias y comunidades es mucho más difícil. Si aquellos que se encuentran sentenciados a prisión han de poder reintegrarse pacíficamente a sus comunidades luego de ser liberados, entonces deben poder mantener las relaciones durante su encarcelamiento. Más aún, cualquier solución sostenible en el largo plazo debe ser capaz de reunir a todas las partes en el dialogo, incluso aquellos que han estado al frente de las protestas Mapuche.
Conclusiones y recomendaciones provisionales

Al final de su visita el Relator Especial expresó:

“Durante el transcurso de mi visita a Chile, he tenido la oportunidad de reunirme con todas las partes involucradas, incluso las víctimas de violencia rural, numerosos representantes de la comunidad Mapuche, terratenientes locales, Carabineros, Policía de Investigaciones, fiscales públicos, defensores públicos y un corte transversal de representantes de la sociedad civil, incluyendo ONGs.”

“Hoy hago tres recomendaciones específicas. Primero, estoy recomendando que el Estado de Chile adopte con urgencia una Estrategia Nacional que apunte a abordar ampliamente el tema Mapuche dentro de un plazo definido y relativamente breve. La situación en las regiones de Araucanía y Biobío es extremadamente volátil. La frecuencia y gravedad de las confrontaciones violentas en la región se ha estado intensificando durante los últimos tres años. En ausencia de una acción rápida y efectiva a nivel nacional, esta podría escalar rápidamente y convertirse en disturbios y violencia generalizada.”

“La búsqueda de una solución requerirá de no solamente un aumento exponencial en financiamiento del gobierno central para la repatriación de tierras Mapuche ancestrales, sino además un cambio de paradigma en la voluntad política a fin de darle al tema Mapuche la prioridad que requiere dentro del dialogo político a nivel nacional. El proceso de la repatriación de las tierras ha sido inexcusablemente lento y ha generado reclamos de injusticia de ambos lados. A fin de tener cualquier perspectiva de éxito, la nueva estrategia nacional deberá abordar no solamente el tema de la repatriación de tierras, sino además los temas más amplios relativos al reconocimiento de los derechos de los Mapuche y el fin de la discriminación institucional y judicial.”

“La piedra angular de esta nueva Estrategia Nacional debería ser el reconocimiento Constitucional del derecho Mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile junto con la creación por el gobierno entrante de un Ministerio de Asuntos Indígenas dotado adecuadamente de personal y financiamiento.”

“Es mi firme recomendación que la responsabilidad por el diseño e implementación de la Estrategia Nacional debería ser devuelto a una alianza entre el Gobierno y una nueva Comisión Consultiva Nacional. Esta Comisión debiera incluir representantes de los principales partidos políticos, los grupos de interés más directamente involucrados (los Mapuche, pequeños y grandes terratenientes rurales, e intereses comerciales, además de las víctimas de la violencia rural), además del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La representación Mapuche en la Comisión debe reflejar un espectro lo más amplio posible de los intereses de las comunidades Mapuche. Especialistas expertos internacionales y regionales podrán asistir a la Comisión en la construcción del consenso sobre los principales desafíos y sus posibles soluciones. Tengo intención de consultar adicionalmente sobre esta recomendación y plantearé una propuesta detallada sobre la composición y el mandato de esta Comisión en mi informe final del país, el cual será presentado al Consejo de Derechos Humanos en el mes de marzo de 2014.”

“Mi segunda recomendación se relaciona específicamente con el uso de la legislación antiterrorista en conexión a las protestas territoriales Mapuche. La legislación antiterrorista ha sido utilizada de un modo que discrimina contra los Mapuche. Se ha aplicado de modo confuso y arbitrario, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo, y se ha percibido como estigmatizante y deslegitimizante de las reclamaciones y protestas territoriales Mapuche.”

“Hoy recomiendo que debería cesar todo uso de la legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales Mapuche. Esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución.Se ha aplicado en forma desproporcionada contra los defendidos Mapuche, y se ha implementado sin una política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que cumplen con el umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los que no. Los fiscales públicos y los tribunales penales tienen a su disposición amplios medios para la investigación, procesamiento y castigo de los actos de violencia dentro de las disposiciones de la legislación penal ordinaria. Debieran de inmediato cesar de recurrir a la legislación antiterrorista en este contexto políticamente delicado y potencialmente explosivo.”

“A fin de preparar el camino para una estrategia nacional integrada, no deberían haber más detenciones de manifestantes Mapuche por el tema territorial bajo la legislación antiterrorista; no se deberían presentar más cargos a los manifestantes Mapuche por el tema territorial bajo la legislación antiterrorista; los cargos existentes y aún pendientes contra manifestantes Mapuche por el tema territorial y que actualmente enfrentan procesamiento bajo la legislación antiterrorista se deberían revisar y sustituir por cargos de delitos de la legislación penal ordinaria; y se debería introducir un mecanismo que permita la revisión de las condenas y penas impuestas en el pasado a manifestantes Mapuche por el tema territorial bajo la legislación antiterrorista para colocar su situación en línea con este cambio de política. Quienes fueron condenados por el testimonio de testigos protegidos deberían tener el derecho de que se revisen sus condenas y, cuando resulte apropiado, que se realice un nuevo juicio bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurso a testimonios anónimos.”

“Si los fiscales públicos no están preparados voluntariamente para adoptar tal política en este momento, entonces el Parlamento debiera promulgar la legislación necesaria para obligarlos a hacerlo, y se debiera asegurar que se realice con urgencia este cambio en la práctica procesal.”

“No debiera existir posibilidad de impunidad por los delitos que se han cometido. Los derechos de las víctimas de la violencia también se deben proteger adecuadamente. Y esto se podrá lograr mediante la aplicación imparcial y efectiva de la legislación penal ordinaria.”

“Mi tercera recomendación se relaciona a la necesidad urgente de poner fin a la actual situación de impunidad de facto por los delitos cometidos por los encargados de hacer cumplir la ley contra los miembros de las comunidades Mapuche durante la última década. Las comunidades Mapuche activistas han sido sujetas al uso sistemático de fuerza excesiva durante los allanamientos a sus comunidades, y continúan impunes los delitos que aparentemente fueron cometidos por funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros en el pasado. El Relator Especial acoge favorablemente los esfuerzos recientes de Carabineros a nivel central para abordar este problema y para promover un enfoque constructivo hacia las relaciones de la comunidad a través de la adopción del proyecto P.A.C.E. y otras medidas destinadas a restringir el uso de la fuerza y reemplazar la confrontación por el diálogo.”

“Sin embargo, a fin de reconstruir la confianza será necesario asegurar que los delitos de violencia cometidos en el pasado por Carabineros y otros contra los Mapuche se investiguen y castiguen apropiadamente. La Fiscalía Militar ha fracasado visiblemente en su deber de hacer cumplir la ley mediante el enjuiciamiento y castigo de los responsables. Ciertos fiscales públicos locales han adoptado una postura inaceptable de indiferencia institucional ante estos delitos, como ya he explicado plenamente en mi declaración.”

“A fin de reparar esta situación, hoy recomiendo la creación de un nuevo órgano independiente de investigación con la función de investigar los delitos de violencia excesiva cometidos contra comunidades Mapuche por funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Tal cuerpo debiera ser institucionalmente independiente de ambas fuerzas, debiera tener las facultades para investigar y para requerir el enjuiciamiento de procesos delictuales y disciplinarios cuando las pruebas así lo justifiquen. Debiera también tener la facultad para indagar la falta, de parte de la Fiscalía Militar, en asegurar responsabilidades en los numerosos casos de violencia excesiva en los que hasta el momento no ha tomado ninguna acción efectiva.”

“Y para finalizar, permítanme agregar lo siguiente. La solución de este conflicto debe ser de prioridad política para el próximo Gobierno entrante. Requerirá de un enfoque multifactorial y un gasto considerable en capital político y económico. Pero en ausencia de una estrategia nacional, es probable que la situación en las regiones de Araucanía y Biobío se deteriore aún más, y esto podría suceder sin previo aviso.”

“Pero el problema con la legislación es aún más profundo. Existe una amplia insatisfacción con la actual legislación antiterrorista, la que no se limita a su aplicación en conexión con las protestas territoriales Mapuche. La ley se ha aplicado también en conexión con violentos actos de protesta política y social, incluso la colocación de bombas en o en las cercanías de cajeros automáticos.”

“La mayoría de las personas con las que he hablado están de acuerdo en que la ley ha resultado inoperante en la práctica y resulta políticamente divisoria. Los problemas identificados se relacionan a las carencias estructurales y de definición en la legislación como tal, además de ciertos aspectos de su implementación. La única propuesta en la que todos en este debate parecieran estar de acuerdo es que la situación actual de la ley antiterrorista es insatisfactoria y que requiere de enmienda o derogación, con o sin una legislación que la reemplace.”

“Comparto la visión de muchos con los que he conversado, incluyendo los altos funcionarios del Poder Judicial, en que Chile actualmente no enfrenta una amenaza terrorista significativa en su territorio. Como ya he destacado, la legislación penal existente ofrece suficientes elementos para abordar los delitos de extremismo violento en el país.”

“Por lo tanto es mi intención realizar consultas adicionales con el Gobierno, el Poder Judicial, los abogados, la sociedad civil, y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, con vistas a plantear propuestas en mi informe final del país para la enmienda o derogación de la ley antiterrorista N°18.314. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Norín Catrimán y otros vs. Chile está actualmente considerando algunas de estas impugnaciones, y su sentencia se espera a la brevedad. Mis recomendaciones finales tendrán en cuenta este fallo, junto a todos los estándares internacionales relevantes. Como Relator Especial, es parte de mi función ofrecer asesoramiento técnico a los Estados sobre su legislación antiterrorista. Mi asesoramiento con conocimiento de causa para el Estado de Chile estará reflejado en el informe final del país.

Santiago, 30 de julio de 2013

- http://www.politicaspublicas.net/panel/onu/relatores/1668-declaracion-emmerson-chile.html

____________________________________________________________

Abya Yala- ONU pide a Chile poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto mapuche. (30jul13-afp-ayi-wmft) Un relator especial de Naciones Unidas recomendó el reconocimiento constitucional del derecho de los mapuches a existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile en un plazo "definido y breve".

SANTIAGO.- Un relator especial de las Naciones Unidas exhortó este martes al Estado chileno a cesar en la aplicación a indígenas mapuches de la Ley Antiterrorista en el marco de sus protestas por reivindicaciones de tierras.

"Hoy recomiendo que debería cesar todo uso de las legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuches", dijo en una declaración el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, Ben Emmerson.

La legislación "ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuche. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante", agregó Emmerson, al concluir una visita a Chile que inició el 17 de julio.

La ley antiterrorista aumenta exponencialmente las penas respecto a la legislación ordinaria por iguales delitos.

En estas dos semanas, Emmerson se reunió con altos funcionarios del Gobierno chileno, con integrantes del Poder Judicial y Legislativo, con miembros de los dos cuerpos policiales y con representantes de la Iglesia y de distintos organismos de la sociedad civil.

No es la primera vez que un organismo de la ONU insta al Estado chileno a no aplicar esta normativa contra indígenas mapuches. En agosto de 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU le pidió al gobierno chileno que revisara la norma y evitara su aplicación a mapuches por actos de protestas social.

En enero pasado, el presidente Sebastián Piñera defendió su uso. "Aquí la ley no se está aplicando al pueblo mapuche como dicen algunos, se está aplicando a los terroristas, sean de la etnia que sean, del color que sean, del lugar que sean", aseguró Piñera, tras el ataque incendiario a la vivienda de un matrimonio, que murió calcinado.

Estrategia nacional para abordar el conflicto

"Esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución. Se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuches y se ha implementado sin una política coherente y objetiva", dice el reporte de Emmerson.

Los delitos imputados, según el reporte del relator, se pueden investigar, procesar y castigar adecuadamente bajo la legislación ordinaria.

No se recomienda tampoco "ninguna amnistía o impunidad por los actos de violencia".

Emmerson instó además a que en Chile se adopte con urgencia una "Estrategia Nacional", para abordar ampliamente el conflicto mapuche, basada principalmente en la restitución de tierras y el reconocimiento Constitucional del derecho de los mapuches de existir como pueblo indígena dentro del Estado chileno. Además, solicitó la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas dotado de suficiente personal y financiamiento.

La estrategia debería llevarse a cabo "en un plazo definido y relativamente breve", a través de una Comisión Consultiva Nacional, dijo Emmerson. En caso contrario, advirtió, el conflicto podría ampliarse y dar pie a "una violencia generalizada" en el sur de Chile.

Como tercer punto, el relator exhortó al Estado chileno a "investigar y castigar" apropiadamente los delitos de violencia cometidos por la Policía en contra de mapuches, especialmente los allanamientos violentos a comunidades indígenas.

________________________________________________________

- Relator Especial de la ONU presiona al gobierno y lo insta a que “ley antiterrorista debiera suspenderse hoy”. (30jul13-elmostrador-ayi-wmft) Tras reunirse con autoridades ministeriales, parlamentarios, altos mandos de la Carabineros y la PDI, organizaciones pro derechos indígenas, íctimas de violencia rural y hasta presos en La Araucanía, Emmerson recomendó la inmediata suspensión de la ley antiterrorista, la cual "ha sido utilizada de forma discriminatoria contra los mapuche".

Asimismo sugirió la creación de órgano investigador independiente que revise el uso excesivo de violencia contra comunidades indígenas.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y contraterrorismo, Ben Emmerson, llamó hoy a las autoridades chilenas a abstenerse de aplicar la ley antiterrorista ante las reivindicaciones territoriales del pueblo indígena mapuche. Al concluir su primera visita oficial a Chile, el experto exhortó al gobierno a situar la cuestión mapuche entre las principales prioridades del diálogo político nacional.

Duranta su visita de 14 días a Chile, la enviado de la ONU se reunió con autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, de Justicia y el de Desarrollo Social, integrantes del Congreso y del Poder Judicial, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y altos oficiales de Carabineros y de la PDI.

Asimismo recibió a víctimas de violencia rural, representantes de comunidades mapuches, propietarios de tierras y un grupo representativo de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y visitó comunidades mapuches en áreas rurales y a detenidos en las prisiones de Temuco, Angol y Concepción.

A raíz de este trabajo en terreno, Emmerson desarrolló tres recomendaciones para que el estado chileno aborde la problemática.

La primera de las medidas tiene que ver con la ley antiterrorista, su aplicación a los pueblos indígenas y la falta de uso de otras normativas legales más apropiadas para los delitos relacionados con el conflicto mapuche.

Si bien Emmerson enfatizó que no debe haber impunidad en los crímenes cometidos durante protestas violentas, y que los derechos de las víctimas también deben ser protegidos adecuadamente, advirtió que “La legislación antiterrorista ha sido utilizada de forma discriminatoria contra los mapuche”.

A esto añadió que “Se ha aplicado de modo confuso y arbitrario, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo, y se ha percibido como un factor de estigmatización y de deslegitimación de los reclamos y protestas territoriales Mapuche”.

Ante este panorama, el Relator Especial recomendó a la Fiscalía que utilice leyes penales comunes para investigar, procesar y castigar este tipo de violencia. Durante su visita a las regiones del Biobío y la Araucanía, el experto independiente de la ONU observó una situación “extremadamente volátil”, en parte debido al uso inadecuado de la ley antiterrorista, en el marco de lo que él llamó un proceso “inexcusablemente lento” de restitución de territorios ancestrales.

Una nueva estrategia nacional

Asimismo, Emmerson instó también a las autoridades chilenas a situar la cuestión mapuche entre las principales prioridades del diálogo político nacional, para promover de manera urgente la adopción de una estrategia nacional a este respecto, además de establecer una Comisión Consultiva Nacional que ayude a concebir e implementar dicha estrategia.

“La piedra angular de esta nueva estrategia nacional debería ser el reconocimiento constitucional del derecho de los mapuches a existir como pueblo indígena dentro del estado de Chile junto con la creación por parte del gobierno entrante de un Ministerio de Asuntos Indígenas dotado adecuadamente de personal y financiamiento”, dijo. “La solución de este conflicto debe ser de prioridad política para el próximo Gobierno”, puntualizó.

Un nuevo órgano investigador e independiente

El Relator recibió numerosas denuncias sobre el uso excesivo de la violencia por parte de la policía contra las comunidades mapuches, algunas de los cuales han sido confirmadas en procedimientos judiciales. Estas serias acusaciones incluyen heridas de bala sufridas por personas mayores, mujeres y niños. Pese a la existencia de pruebas y hallazgos judiciales aparentemente admisibles, la autoridad recibió información de que éstas no fueron seguidas de un proceso penal.

Para enfrentar esta impunidad de facto, Emmerson recomendó la creación de un nuevo órgano independiente de investigación con la función de indagar el uso excesivo de violencia contra comunidades mapuches cometido por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). “Dicho órgano debería ser institucionalmente independiente de ambas fuerzas y tener las facultades para investigar y requerir el enjuiciamiento de procesos delictuales y disciplinarios cuando las pruebas así lo justifiquen”, dijo.

El experto enfatizó que todas las medidas mencionadas “deben ser puestas en marcha hoy. Es un compromiso de que el gobierno debiera hacer si pudiera mañana”. Sobre la ley antiterrorista, “su suspensión debiera poder hacerse hoy”, añadió.

Sobre la base de la información recabada durante su visita, el Relator Especial redactará un informe sobre contraterrorismo y derechos humanos en Chile, el que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014.

_______________________________________________________

- Relator de la ONU: “Debería cesar todo uso de la Ley Antiterrorista hacia protestas mapuche”. (3ojul13-radiobiobio-afp-wmft-ayi) Ben Emmerson, relator especial de Naciones Unidas que se encuentra en Chile desde el 17 de julio estudiando la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuche, emitió un informe con las conclusiones de lo que ha visto en su visita.

Al respecto, Emmerson fue enfático en señalar que “recomiendo que debería cesar todo uso de las legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuche”.

La normativa “ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuche. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”, agregó Emmerson, al concluir una visita a Chile que inició el 17 de julio.

“Esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución. Se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuche y se ha implementado sin una política coherente y objetiva”, dice Emmerson en su reporte.

Los delitos imputados, según el reporte del relator, se pueden investigar, procesar y castigar adecuadamente bajo la legislación ordinaria. Asimismo, tampoco recomienda “ninguna amnistía o impunidad por los actos de violencia”.

Emmerson instó además a que se adopte con urgencia una “Estrategia Nacional” para abordar ampliamente el conflicto mapuche, basada principalmente en la restitución de tierras y el reconocimiento Constitucional del derecho de los mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado.

De acuerdo al representante de la ONU, la estrategia debería llevarse a cabo “en un plazo definido y relativamente breve”, a través de una Comisión Consultiva Nacional. En caso contrario, advirtió, el conflicto podría ampliarse y dar pie a “una violencia generalizada” en el sur de Chile.

Como tercer punto, el relator exhortó al Estado a “investigar y castigar” apropiadamente los delitos de violencia cometidos por Carabineros en contra de mapuches, especialmente los allanamientos violentos a comunidades indígenas.

De acuerdo a su informe, no le quedó duda alguna “que el uso de fuerza excesiva por Carabineros durante el transcurso de tales allanamientos, fue hasta poco, usual e incluso sistemática”.

Wallmapu despide a puLongko- Declaración sobre 169-noticias

Abya Yala>>$hile<Wallmapu- Muere Lonko Mapuche Pascual Pichun Paillalao. (20mar13-Elìas Paillan-oc-ayi-wmft) Esta mañana dejó de existir el emblemático Lonko (cacike) de la comunidad de Temulemu, Pascual Pichun Paillalao (79).

Su deceso se produjo alrededor de las 9:45 hrs de esta mañana, en el hospital de Traiguen, tras haber sufrido un Paro Cardíaco en su hogar en la citada comunidad. La familia denuncia que la ambulancia no acudió al llamado, alrededor de las 7 horas, por lo que tuvieron que trasladarlo en vehículo particular. Pedirán una investigación al respecto.

Pascual Pichun junto al lonko Aniceto Norin de Didaico, el año 2003 fue condenado a cinco años y un día de cárcel, luego de un doble juicio por “amenaza de incendio terrorista”, en un juicio plagado de irregularidades como los testigos sin rostro. El caso fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dela OEA y fue declarado admisible caso que aún está por resolverse con probable condena al estado chileno.

Fono contacto Pascual Pichun Collonao (hijo)
Cel: 74651101

Elias Paillan Coñoepan
Periodista - Comunicador Social del Wallmapu
twitter: @EliasPaillan
facebook: eliaspaillan
skype:eliaspaillan
Movil 83484152
http://azkintuwe.org/
http://mapuchetimes.cl/
http://comunicacionesmapuchejvfkenmapu.blogspot.com/
http://wixageanai.blogspot.com/
http:yepan.cl/
http://www.observatorio.cl/
--
Área de Comunicaciones
Observatorio Ciudadano
www.observatorio.cl
comunicaciones@observatorio.cl
Contacto: 89006510 – 83619208 - 95450900

_________________________________
- Producto de un Infarto Cardíaco fallece emblemático Lonco y ex preso político Mapuche Pascual Pichun Paillaleo. (20mar13-werken-ayi-wmft) Fuentes cercanas a Werken.cl, señalan que eso de las las 9:30 de la mañana de hoy, en su casa ubicada en la comunidad Mapuche de Temulemu comuna de Traiguen falleció emblemático Lonco y ex preso político Mapuche Pascual Pichun Paillaleo producto de un infarto Cardíaco.

Producto de un Infarto Cardíaco fallece emblemático Lonco y ex preso político Mapuche Pascual Pichun Paillaleo

- Historia del proceso Judicial

Cabe hacer mención que el Lonko mapuche Pascual Pichún Paillanao, quien fuera condenado por amenazas de incendio terrorista al fundo del ex Ministro de Agricultura, Latifundista, Militante del PRSD, presidente de la Fundación Pablo Neruda y ex integrante del Tribunal constitucional de Chile, Juan Agustín Figueroa, quien tras su influencia en los tribunales superiores de justicia logró condenar a los Lonko Aniceto Norin y al mismo Pascual Pichún a 5 años y 1 día de cárcel. Tras cumplir injustamente un excesivo tiempo en prisión, el sábado 3 de marzo de 2007 salió de la cárcel de Traiguén el Lonko mapuche Pascual Pichún Paillanao

El caso se volvió emblemático luego de que la Corte Suprema de Justicia en el (julio 2003), con el mismísimo intervencionismo de Juan Agustín Figueroa, decidiera acoger el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, que anuló el juicio que en primera instancia absolviendo a los lonkos y a Patricia Troncoso, quien también estaba acusada de toda responsabilidad en los delitos de incendio y amenazas terroristas.

Es por esto, que el tribunal ordenó la realización de un nuevo juicio, a cargo de magistrados diferentes a los del primer juicio. En esa oportunidad, el Ministerio Público, a cargo del fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, valoró la decisión de la Suprema como “un recurso procesal del que disponen los intervinientes”.

En septiembre 27 de 2007, El tribunal oral en lo penal de Angol resolvió condenar a los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Lorín a cinco años y un día de cárcel por los delitos de incendios y amenazas terroristas “proferidas” por las autoridades mapuches en diciembre del 2001 en contra de los dueños y administradores de tres fundos en el sur, entre ellos, el del ex ministro Juan Agustín Figueroa.

Cabe recordar que en primera instancia, el 10 de abril del 2003, el mismo Tribunal oral en lo penal de Angol con la intervención de otros jueces, no pudieron hacerse la convicción para demostrar la participación de los acusados en los delitos de amenazas e incendios terroristas, por lo tanto se dictó sentencia absolutoria. Ya a esa altura, el desarrollo del juicio se había realizado en un ambiente turbio, con extraños atentados y efectos comunicacionales, como también la participación de testigos sin rostro, que de manera absurda fueron utilizados como principales medios de prueba para testimoniar contra los Lonko, lo que no ocurrió en esta ocasión

Organizaciones Mapuche y de DDHH, en diversas circunstancias, calificaron la decisión en su como una “persecución a los líderes mapuches”, en el marco de un montaje judicial, político y comunicacional generado por el gobierno de turno (Lagos) y empresarios, refirmando que la decisión judicial confirmaba la presión de la corte suprema y a la estrategias políticas de grupos económicos y del propio Gobierno de criminalizar a los mapuches y sus demandas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, declaró admisible en noviembre de 2006 la petición contra el Estado de Chile, por presunta violación de la Convención Interamericana, en perjuicio de los Lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún.

La petición, representada por el abogado Jaime Madariaga, busca sancionar al estado de Chile, por la vulneración del debido proceso del que fueron víctimas los Lonkos, producto de la condena de cinco años y un día, por una supuesta amenaza, que el tribunal calificara de terrorista en septiembre del 2003, en el que entre otras irregularidades se utilizaron testigos sin rostro.
________________________________________
 

Puelmapu- Comunicado de la Confederación Mapuce ante el fallecimiento de la Logko Cristina Lincopan

 Zapala, 15 de Marzo de 2013

Mari mari pu lamgen
Mari mari pu peñi
Pu wehvy:
A todas las comunidades Mapuce
A toda la población:

   Comunicamos con profundo dolor y gran indignación, el fallecimiento de nuestra Logko Cristina Lincopán, del lof Gelay Ko.
En el día de ayer, a las 8 de la mañana, nuestra lamgen dejó de existir físicamente producto de una hipertensión pulmonar que la tuvo en sus últimos días a la espera de un trasplante de pulmón.
Cristina tenía solo treinta años, pero su salud se vio muy deteriorada en los últimos años, al igual que la de toda su familia, en un lugar rodeado de petroleras donde ya no hay agua potable, y existe una permanente contaminación del aire y la tierra. Dedicó su joven vida a proteger su salud y la de su gente del atropello de la ambición que las petroleras vienen generando en la zona centro de la Provincia de Neuquén.
Madre de cuatro niñas, la logko Cristina Lincopán, recupero su comunidad y desde que asumió su rol de autoridad Mapuce, encabezó la lucha en defensa del territorio frente a la Petrolera Apache, y la nueva metodología de la Hidrofractura. Fue en su comunidad (Gelay ko) donde se realizó el primer pozo de esta metodología que está destruyendo la provincia. Y fue gracias a su lucha que en su territorio, no volvió a perforarse ni un pozo más.
Ese es su legado. La defensa del waj mapu, el agua y la salud de toda la población.
Exigimos urgente que se aclaren la causa de la muerte de nuestra Logko, hoy hemos presentado una denuncia a la Fiscalía de Zapala por este motivo.
Urge que sean protegidas la salud de sus hijas y las familias de ese territorio, que se realicen los exámenes para determinar ya el cumplimiento, del tanta veces prometido tratamiento médico para la población de las comunidades afectadas por la industria petrolífera.
Que se detenga la contaminación de los territorios comunitarios, el acuífero Zapala, los ríos y la población de todo Neuquén.
Es nuestra principal exigencia a las Petroleras y al Estado.
Hoy más que nunca haremos realidad nuestro conocimiento. Por cada una que cae diez se levantarán…
Marici wew! Diez veces venceremos! Diez veces vive Cristina Lincopán!

Logko Elías Maripan
CONFEDERACIÓN Mapuce de Neuquén
_________________________________________________
 

Dirigentes mapuche afirman que Gobierno se empeña en mantener encarcelada a machi Millaray Huichalaf

Jueves 21 marzo 2013 | 18:26 · Actualizado: 18:27

Publicado por Daniela Bravo | La Información es de Dennys Salazar · 156 visitas

Imagen: Millaray Huichalaf | Bárbara Cox (RBB)

NOTICIAS RELACIONADAS

Madre de machi detenida en allanamientos por ataque incendiario critica accionar de la PDI

Padre de machi acusado de atentando en Pisu Pisue: “Se trata de una persecución al pueblo mapuche”

Dirigente mapuche en Osorno afirma que allanamientos reactivarán unidad entre grupos indígenas

Los dirigentes del Futahuillimapu afirman que el Gobierno se encontraría empecinado en mantener encarcelada a la machi Millaray Huichalaf, recalcando que la Fiscalía de Los Ríos no tiene los antecedentes necesarios para sostener las acusaciones en su contra.
Así lo hizo ver Bernardo Rumian, werkén del territorio Cunco y quien asumió la vocería de los 6 procesados por el atentado al fundo Pisu Pisue que se encuentran en prisión preventiva en la cárcel concesionada de Valdivia.
Éste sostuvo que en las audiencias que se han llevado a cabo para cambiar medidas cautelares, los abogados representares del Gobierno en el caso, han exigido la prisión preventiva para la machi Millaray Huichalaf, sin poder argumentar el motivo.

Rumián agregó que producto del encarcelamiento, la autoridad ancestral mapuche ha perdido cerca de 7 kilos y que incluso su condición de machi podría verse afectada al no tener condiciones en prisión para realizar actividades espirituales relativas a su cargo.

Según el dirigente, se trata de una violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula en sus artículos que para el caso de autoridades espirituales de pueblos originario se deben establecer otro tipo de sanciones ajenas a la cárcel, por el consiguiente daño que podría generarse a su actividad consuetudinaria.
En todo caso, el dirigente aclaró que familiares y dirigentes de la machi Millaray Huichalaf se reunieron con representantes de Gendarmería en la región de Los Ríos, quienes se comprometieron a generar condiciones para que la autoridad ancestral mapuche pueda mantener su actividad espiritual, entre ellas el acompañamiento de otros machi que la ayuden a superar la condición de encarcelamiento.


__________________________________________

- Este miércoles falleció el lonko Pascual Pichun Paillalao en La Araucanía. (20mar13-radiobiobio-ayi) En horas de la mañana de este miércoles murió el lonko Pascual Pichun Paillalao, líder de la comunidad Antonio Ñiripil, ubicada en el sector de Temulemu, comuna de Traiguén.

El deceso ocurrió mientras conducía su camioneta en un camino al interior de su comunidad, según relató a Radio Bío Bío su hijo Pascual Pichún Collonao.

De acuerdo a dicho testimonio, pidieron auxilio médico, el que no llegó oportunamente por lo que decidieron trasladar al dirigente mapuche hasta el Hospital de Traiguén por sus propios medios.

Según se pudo constatar, Pascual Pichun Paillalao ingresó al centro de atención médica sin signos vitales.

El dirigente mapuche el 5 de marzo de 2007 abandonó la cárcel de Traiguén donde permaneció por 4 años condenado por supuestas amenazas terroristas a dos latifundistas locales.

Uno de ellos es el ex ministro de estado y presidente de la Fundación Neruda, Juan Agustín Figueroa.
_______________________________________
VIDÈO: EL JUICIO DE PASCUAL PICHUN:
http://youtu.be/OPHBgBeIcSQ

 

___________________________________________

- Abya Yala>>$hile<Wallmapu- Murió Pascual Pichún, lonko que enfrentó a ex ministro Juan Agustín Figueroa. (20mar13-lanacion.cl-ayi-wmft+ VIDEO) En 2004 fue condenado a cinco años de cárcel por amenaza de incendio terrorista en contra del fundo del ex ministro de Agricultura de Patricio Aylwin. Esta mañana falleció de un infarto cardíaco.

Producto de un infarto cardíaco falleció este miércoles en la mañana el lonko de la comunidad de Temulemu, Pascual Pichún Paillalao. Tenía 60 años y era un destacado dirigente de esa zona de la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía.

El lonko sufrió el ataque cuando guiaba una camioneta al interior de su comunidad y fue encontrado en el camino vecinal por familiares que ante la tardanza de lla ambulancia, lo llevaron en un auto particular al Hospital de Traiguén, donde ingresó fallecido.

Pascual Pichún fue condenado en 2004 por amenaza de incendio terrorista en contra del fundo Nancahue, de propiedad del ex ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, y contra el predio forestal San Gregorio, hechos ocurridos en 2001.

La fiscalía no pudo comprobar su participación directa en los siniestros, pero sí su autoría de amenazas en el marco de la Ley Antiterrorista. En septiembre de 2004, el Tribunal Oral Penal de Angol lo condenó a 5 años de cárcel, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema.

Junto al lonko también fueron condenados sus hijos Pascual y Rafael Pichún Collonao, pero éstos recibieron el beneficio de pena remitida después de un año. Sin embargo, al no poder solventar la indemnización a Figueroa comenzaron a ser buscados nuevamente por lo que Pascual viajó a Argentina donde estuvo 7 años y estudió periodismo.

Pichún Paillalao salió de la cárcel en 2007. Su comunidad se ha destacado en la lucha por la recuperación de tierras en poder de empresas forestales y agricultores. En tanto Pascual Pichún Collonao volvió para asumir la vocería de la comunidad y también estuvo detenido por participar en tomas de terrenos.
_____________________________________

Documental completo de El Juicio de Pascual Pichún:

http://vimeo.com/42466636
__________________________
- CARTA DEL FALLECIDO LONKO PASCUAL PICHÚN A RICARDO LAGOS (ex presidente $hileno)

“…sepa usted que otros mapuches seguirán peleando por lo que nos pertenece en justo derecho y otros lonkos asumirán el lugar que yo y tantos otros hermanos ocupamos hoy. Eso no debe usted olvidarlo nunca señor Presidente”

Señor Ricardo Lagos Escobar
Presidente de La República
Casa de La Moneda
Santiago de Chile
2003

PRESENTE

Señor Ricardo Lagos, soy Pascual Pichún Paillalao, lonko mapuche de la comunidad Antonio Ñiripil de Temulemu, a quién la justicia chilena mantuvo por más de un año detenido en la Cárcel Pública de Traiguén junto al peñi Aniceto Norin y la lamngen Patricia Troncoso, sin pruebas ni antecedentes acusado de ser un "terrorista" y un "peligro para la sociedad". Como usted ya debe saber, hace una semana un tribunal de la novena región hizo finalmente justicia en nuestro caso y ratificó aquello que nosotros siempre dijimos ante los fiscales y la opinión pública. Me refiero a nuestra completa inocencia en todos los cargos imputados por el Ministerio Público.

Señor Presidente. Quince meses en la prisión, tres huelgas de hambre, el encarcelamiento de dos de mis hijos menores acusados también de "terroristas", el alejamiento obligado de mi familia, de mi trabajo en el campo y de mis peñi y lamngen en la comunidad, son los costos que tuve que pagar por ser un lonko mapuche y haber decidido luchar con dignidad por los derechos de mi pueblo. A nosotros nunca se nos encarceló por el incendio de la casa del señor Agustín Figueroa, como dijeron los fiscales. A nosotros se nos persiguió y se nos sigue persiguiendo en Chile por ser lonkos mapuche, por ser dirigentes de un movimiento, por ser luchadores sociales y por ser el recuerdo vivo de una campaña de exterminio inconclusa en la historia de este país sin memoria.

Sepa usted ahora de mi propia voz que nosotros los mapuches jamás hemos sido ni seremos terroristas como nos acusan. Sólo luchamos por lo justo, por nuestras tierras, por un futuro mejor para nuestros hijos y también por un futuro mejor para todo nuestro pueblo. Como lonko mapuche, tengo el mandato de representar a mi gente, de hablar por ellos muchas veces y de guiarlos en los tiempos buenos y también cuando las cosas se ponen difíciles. Es mi labor como autoridad mapuche señor Lagos, una labor que asumo con orgullo y que imagino es parecida a la que usted tiene como autoridad de todos los winkas o chilenos.

Esta carta que hoy le escribo no es para lamentar nuestra suerte como mapuches sino para exigir de su parte un mínimo de respeto y justicia. Creo que usted como autoridad debiera hacer que los responsables de nuestro encarcelamiento paguen por su error. Me refiero a la señora Fiscal Regional, Esmirna Vidal y los señores fiscales Raúl Bustos, Alberto Chiffelle y Francisco Rojas. Ellos, con una actitud abiertamente racista en contra de nuestro pueblo, nos acusaron de un atentado y desoyeron nuestras declaraciones de inocencia en todo momento. Esa actitud, señor Lagos, viola el supuesto nuevo trato que usted dice representar y que tantos gobernantes como usted nos han prometido falsamente en otros tiempos. Por ello es que solicito que usted pida la renuncia a estos personeros de su gobierno, especialmente a la señora Esmirna Vidal que ocupa un cargo de su confianza en la región.

Ya vendrán tiempos mejores para nuestro pueblo y estoy seguro que nuevas generaciones seguirán luchando a futuro por nuestro territorio y sus derechos. Cuando usted ni yo estemos en esta tierra, sepa usted que otros mapuches seguirán peleando por lo que nos pertenece en justo derecho y otros lonkos asumirán el lugar que yo y tantos otros hermanos ocupamos hoy. Eso no debe usted olvidarlo nunca señor Presidente.

Desde Temuko, Territorio Mapuche
PASCUAL PICHUN PAILLALAO
Lonko Mapuche de la Comunidad Temulemu - Traiguén
Martes 22 de abril de 2003

Fuente: Kontrainformacion, abril de 2003

____________________________________________________________________

Declaración Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas

Queridas Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas.

Dirigimos la presente, dando a conocer los últimos sucesos que se han producido, desde que Chile ratificó el convenio 169 y cómo no se nos respeta como Pueblos Indígenas Ancestrales, la nueva relación del estado con los pueblos indígenas a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y de los pueblos indígenas continua en fojas cero. 

La aplicación del Convenio 169 de la OIT, por parte del Estado de Chile atraviesa por una serie de reparos. Desde su ratificación en el año 2009, han primado procesos que carecen de  legitimidad por parte de los pueblos indígenas, supeditados a la tutela del ejecutivo, impidiendo el debate y el diálogo al interior de cada pueblo, territorios y comunidades, provocando disputas y desencuentros, principalmente en las relaciones entre los pueblos y al interior de cada uno, sin duda alguna esto no es casual.

Organizaciones y Comunidades Indígenas

de los Pueblos Indígenas en Chile;

“ Autoridades Ancestrales y Dirigentes de

 Los Pueblos Indígenas”

pueblosindigenasautoconvocados@gmail.com

                                                                                                                                            

8 16 51 939   -  9 6848503

AUTORIDADES ANCESTRALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AUTOCONVOCADOS

                                                                                                                                            

18 de Marzo 2013

La aplicación del Convenio 169 de la OIT, por parte del Estado de Chile atraviesa por una serie de cuestionamientos. Desde su ratificación en el año 2009, han primado procesos que carecen de  legitimidad por parte de los pueblos indígenas, supeditados a la tutela del ejecutivo, impidiendo el debate y el diálogo al interior de cada pueblo, territorios y comunidades, provocando disputas y desencuentros, principalmente en las relaciones entre los pueblos y al interior de cada uno.

Como Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, presentamos una propuesta al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y  a la comunidad nacional e internacional. Es un mecanismo previo e indispensable para la aplicación del Convenio 169,  que salvarguarde los principios democráticos.  Se trata de la consulta de la consulta, el objetivo consistía, con arreglo a los estándares del  convenio, iniciar el proceso de consulta en forma respetuosa de la organización social y política propia de los pueblos y de sus procesos internos, permitiendo un amplio debate que zanjara los aspectos de representatividad, participación e institucionalidad autónoma de los Pueblos Indígenas. Esta propuesta no fue aceptada por el Poder Ejecutivo y por la oposición del presidente del Consejo de Consulta, creada por la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI).

Desde que se instalan en la Agenda Política, al inicio de la transición democrática, las demandas indígenas, solo operan estratagemas obstaculizadores, que encuentran su caldo de cultivo en una política tradicional, ignorante, anquilosada en el colonialismo, paternalismo, oportunismo y concentración del poder en la élite política.  El Convenio 169 de la OIT, fue aceptado por la clase política chilena, 20 años después de su origen. Su aprobación fue resistida y se agotaron todos los mecanismos institucionales estatales y cuando era inevitable su implementación, se aprobó el Decreto 124, que cercena los derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Realismo político? ¿Resguardo de intereses? ¿monopolio de un estado? ¿desarrollismo nacionalista?. Como sea la respuesta, se ha configurado  una política conservadora, se ha instalado en la práctica la vía nacionalista única, se niega el pluralismo y la conformación de una comunidad diversa.

No es casual, entonces, que la política de implementación del Convenio 169 que realiza el actual gobierno, este generando efectos negativos y perversos hacía los pueblos indígenas.

Hemos asistido a procesos en el cual reina el desconcierto, la inseguridad, la desunión, el sectarismo, en un marco de desconfianza recíproca.   La política pública del Gobierno es errática.  En vez,  de avanzar transparentemente y de buena fe, despliega acciones que provocan invisibilización de los pueblos indígenas y aprovechamiento de lo que constituye nuestra herencia ancestral.  Bajo ningún aspecto se ha respetado el derecho a la consulta previa y participación de los pueblos a la luz del convenio 169 y otros tratados internacionales de derechos humanos.¡ Esto  no se debe permitir!

Exponemos a continuación los principales ámbitos que  dan cuenta del flagrante atropello a los pueblos indígenas en la implementación del convenio 169 en Chile.

PRIVILEGIA UNA INSTITUCIONALIDAD NO REPRESENTATIVA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. TRABAJA LA CONSULTA CON  CONADI Y SU CONSEJO DE CONSULTA Y LEGITIMA LA POLITICA SECTARIA. CON ALGUNOS SI, CON OTROS NO.

El Gobierno ha propiciado una institucionalidad con serios problemas de representatividad y de gran fragilidad en la toma de decisiones: la cantidad de integrantes de gobierno es superior a los consejeros indígenas electos,  se desarrollan votaciones ilegitimas, como lo fue la aprobación de consultas autónomas del reglamento del SEIA (sistema de evaluación de impacto ambiental) por el anterior consejo de consulta. Este consejo acepta trabajar con el actual gobierno el reglamento que reemplazará el 124, arrogándose una representatividad que no corresponde, ya que son un órgano propio de la institucionalidad y no directamente de los pueblos. Un Consejo, que actualmente, es errático. Con diversas propuestas, no hay claridad si se actúa como Consejeros o como Líderes de los Pueblos. Inexistencia de vías de  comunicación amplia que dé cuenta del trabajo que realizan.  

Resultados:

Un consejo de consulta dividido y alejado de su rol y funciones, sometido al doble estándar. Han declarado públicamente algunos consejeros indígenas el quiebre que existe al interior del consejo de consulta que ha llevado a cada uno a seguir su propio camino que desconocemos. Se termina, elaborando propuesta y contrapropuesta,  ¿del gobierno y de ellos?. No se entiende nada.

Se pretende imponer un estilo político oscuro y que no contribuye a la autonomía de los pueblos, se sucumbe fácilmente  a la pirotecnia y publicidad de medios conservadores y alineados con el poder. La principal objeción al decreto 124 es de no haber sido consultado y reducir el estándar de derechos y participación real a sólo dar  opiniones, considerándonos objeto y no sujetos políticos.   Es por eso que el gobierno para promulgar el nuevo decreto que reemplazará el 124, (que nos perjudica más que el anterior, en condiciones de nula transparencia), debía asegurarse que fuese consultado y para eso ideó un plan concertado en que muchos contribuyeron (indígenas, no indígenas, consultoras, políticos) a través de la cooptación. Esa es la cuestión de fondo, el gatopardismo, hacer que se hace para que cambie y para que todo siga igual.   En esto hay responsabilidades políticas que nos dañan, ya que de promulgarse el nuevo decreto viciado  el próximo 30 de Abril, sin duda, generará mayores conflictos y rechazo a la institucionalidad impuesta, profundizándose la discriminación y la aprobación de leyes e iniciativas de políticas públicas que nos afectan directamente y en forma negativa con niveles de participación limitados y cuestionables.

SE VULNERA LA AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, SE IMPIDE QUE SE DESARROLLEN SUS PROPIAS INSTITUCIONES POLÍTICAS.

Observamos que bajo ningún punto de vista se ha respetado la autonomía de los pueblos indígenas, ni por el ejecutivo ni por aquellos que se autoinfieren poderes especiales, negociando derechos fundamentales y rebajando el status jurídico de los pueblos indígenas en Chile.

Tanto el convenio 169, que señala que se debe consultar a los pueblos, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas como la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que plantea que los pueblos indígenas tienen derecho a libredeterminaón y por tanto, a ejercer autónomamente su condición política, fundamentan estándares comúnmente aceptados por el orden internacional. Sin embargo, la dinámica actual desplegada por el ejecutivo y su maquinaria burocrática, en complicidad con los medios de prensa ligados a los grandes poderes económicos, refuerzan acciones que niegan estos derechos fundamentales.

En la actualidad, se desarrolla un escenario confuso. A partir de denominadas cumbres o consensos, el ejecutivo valida pseudo-modelos que pretenden cumplir con la calidad requerida del Convenio 169, para posteriormente exhibirlas en sus informes a los organismos de control de cumplimiento de convenios de OIT. Son acciones conducidas y financiadas por el gobierno, a grupos específicos que aceptan sus condiciones quienes no buscan más que su propio provecho, lamentablemente están fundamentando procesos de consulta y validando un nuevo reglamento que hará difícil el ejercicio pleno de derechos. Se nos conduce a un callejón sin salida, a un nuevo reglamento 124, más sofisticado y con aparente legitimidad.

Señalamos al respecto, que somos los pueblos indígenas, sus territorios, comunidades, sus instituciones ancestrales y representativas, los gestores de nuestra propia autonomía, no podemos consentir con formas que limitan la participación y el ejercicio de nuestros derechos. Por ello, dejamos en claro que no cuentan con el apoyo de las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas en lucha por sus derechos.

FALSO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES, DEBILES POLITICAS PÚBLICAS.

El actual proceso iniciado por el Gobierno, cumple débilmente con los estándares del Convenio 169. La nueva propuesta de reglamento es parcial, limita la participación política de los pueblos, es sectaria y no representativa. Asimismo, no se hace referencia a otros instrumentos que resguardan los derechos humanos de los pueblos indígenas que fortalecen sus derechos. Inconsistencias que han sido transmitidas, a través de los medios, a la comunidad nacional y a organismos de derechos humanos, como acciones sustentadas en el supuesto cumplimiento de estándares.

Presenciamos, el despliegue publicitario y hemos sido bombardeados con una terminología pseudo conciliatoria, ideológica y práctica, que pretende constituirse en la base de una nueva política pública hacia los pueblos, que intenta establecer una nueva relación con los pueblos indígenas pero sin los pueblos. Y que al final del día, sólo dejará políticas neocoloniales. En efecto, en los últimos meses, se ha consagrado divinamente conceptos como  “Consenso”, se ideologiza con entelequias pseudo participativas: “los pueblos se autoconvocaron”, se validan instancias poco representativas y transparentes, como suplantar coordinaciones de origen natural por una  “coordinación Nacional de Pueblos Indígenas” creada por un consejero indígena, muy parecido al nombramiento de longkos y machis por la orden máxima de Conadi, se insiste en “mesas de diálogo”, que son mecanismos para eludir la problemática de fondo, se crea el Plan Araucanía, política clientelar, fracasada que pretendía resolver la deuda de los pueblos sentados detrás de un escritorio, con seudomagnates indígenas que se alimentan de dicha burocracia.  Nunca estaremos de acuerdo con estás formas de hacer las cosas, ni las continuaremos avalando.  Es vergonzoso que el Estado persista en mantener este tipo de relación con los Pueblos Indígenas, no se sustenta en el respeto de nuestros derechos, al contrario su foco está en dictar legislaciones injustas y opresoras de nuestras reinvindicaciones incumplidas.

Avanzaremos, solamente con nuestra participación política, respetando la libredeterminación, resolviendo nuestra representatividad, institucionalidad y gobernabilidad indígena, que por  sobre todo no puede ser impuesta sino que producto de un sentido profundo de la identidad  que nos define como pueblos.

DENUNCIAMOS ACUERDOS POLÍTICOS A PUERTAS CERRADAS CON PARLAMENTARIOS DE LA IX REGIÓN, EXCLUYENTES Y SIN LA PARTICIPACION DE TODOS LOS PUEBLOS INDIGENAS (exceptuando al senador Jaime Quintana)

Aprovechándose de los sucesos acaecidos en la IX región, se repone la institucionalidad  que fue duramente cuestionada y paralizada el 2011: la creación del Consejo Nacional de Pueblos (que es una consejería indígena más numerosa, no resolutiva,  institucionalizándola como órgano consultivo en su nuevo reglamento); reconocimiento constitucional (en el mismo sentido del gatopardismo, limitada y subordinada a la nacionalidad chilena); y  ley de consulta (aspecto que no hemos discutido como pueblos y que en los encuentros nacionales que hemos llevado a cabo, desde esta Coordinación, se ha rechazado), leyes que parece que nos benefician y son letra muerta, junto a todas las falencias que la ley de consulta ha significado para los pueblos indígenas en el Perú.  Los parlamentarios deben aprender a respetar las decisiones de los pueblos  y sus instituciones propias que generalmente pasan a llevar superponiendo a sus votantes. Tampoco pueden aprovecharse de los eventos trágicos que han ocurrido en la zona para sacar dividendos políticos que traen consecuencias nefastas para todos los pueblos indígenas que habitamos en este país

INTERVENCIONISMO EN LA COMISIÓN BICAMERAL CREADA PARA REGLAMENTAR LA CONSULTA COMO PODER LEGISLATIVO.

Después del Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, impulsado por las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, para  el fortalecimiento de una adecuada implementación del convenio 169, los días  3 y 4 de Octubre 2011 en  el Congreso Nacional, Valparaíso, la Comisión de Derechos Humanos resolvió constituir la Comisión Bicameral, para que el poder legislativo cumpla con la Ley, a la luz de la ratificación del convenio 169.

La coordinación de las Autoridades Ancestrales, insistió  en ambas Cámaras del Congreso, durante todo el año 2012, que se conformara definitivamente la Comisión Bicameral y se realizara la debida consulta a los proyectos de ley que nos afectan (Carretera eléctrica, Concesiones eléctricas, Administración y concesión del borde costero, Concesión del litio,  Fomento forestal, concesiones de los parques forestales y zonas turísticas…), los que siguen sin consultar.  La Comisión Bicameral finalmente se constituye el 23 del presente año.

En específico, el hecho que el Gobierno de Chile, no haya consultado la ley General de Pesca, que afecta directamente a los pueblos indígenas, evidenció la necesidad urgente de que el Congreso Nacional contara con mecanismos institucionales para cumplir con los tratados internacionales. Este incumplimiento obligó a presentar recursos en la Corte de Apelaciones y posteriormente apoyar la presentación del Congreso ante el Tribunal Constitucional(TC), si bien en ambas instancias no hubo respuesta favorable, esto nos permite cumplir con los requisitos para llegar a instancias internacionales.  En la sentencia del TC emitida el mismo día, se realizan observaciones al congreso por no contar con medidas preventivas de consulta a los pueblos indígenas cuando se ven afectados sus derechos y la importancia del rol que le compete como poder legislativo en la consulta, velando que nuestros derechos estén resguardados en todo el proceso de formación de la ley, entre otras ideas.

Detallamos esta información para dar cuenta que dicha Comisión, hasta ahora, no se ha planteado en estos términos, a pesar que están en pleno  conocimiento de nuestras principales preocupaciones, de las observaciones realizadas tanto por el Relator, James Anaya(Nov2012), como por la  OIT(Feb 2013), a la nueva reglamentación del ejecutivo.  Hasta el momento se   han realizado 3 sesiones de la Comisión y se han realizado declaraciones de algunos parlamentarios, que a nuestro juicio son parciales y que dan cuenta del intervencionismo del ejecutivo y la actitud complaciente de los políticos. Se pretende privilegiar la nueva reglamentación realizada por el gobierno en conjunto con la “Comisión Nacional de Consulta”, conadi.

En definitiva, se aleja del legítimo derecho a realizar un proceso autónomo como poder del estado, haciéndose cargo solamente del artículo  6 del Convenio.

En sesión del 11 de Marzo 2013, El senador Mariano Ruiz Esquide expone su rechazo a la forma como se está llevando el proceso en la Comisión, solicitando una reunión en privado para que la comisión declare si  reglamentará como poder autónomo o permitirá la injerencia del ejecutivo, le apoya el diputado Velásquez. En tanto, en la prensa Senado se parcializa la comunicación concentrándola en los senadores Letelier, Lily Pérez y Consejero Indígena Marcial Colín, en cambio no se dio a conocer la opinión de los otros parlamentarios, ni de la representante de la OIT, y  por supuesto,  nuestra visión, la opinión divergente es anulada.

LLAMAMOS A FORTALECER EL PODER AUTONOMO DE LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS, A CONTINUAR LEGITIMANDO NUESTRAS AUTORIDADES ANCESTRALES Y NUESTRAS PROPIAS INSITUCIONES, A MULTIPLICAR LAS ACCIONES DE DENUNCIA DE ESTAS FLAGRANTES MANIPULACIONES, A NO DEJARSE ENGAÑAR YA QUE LOS PUEBLOS INDÍGENAS TENEMOS PODER, POR ESO NOS QUIEREN DOBLEGAR,  LOS DIRIGENTES DEBEN OBEDECER Y DEFENDER EL TERRITORIO OPONIÉNDOSE A LAS MEDIDAS QUE SE ESTAN CREANDO PARA QUITÁRNOSLO O DESTRUIRLO.

¡FORTALEZA A LAS AUTORIDADES ANCESTRALES QUE ESTAN SIENDO PERSEGUIDAS Y ENCARCELADAS EN DEFENSA DEL TERRITORRIO ANCESTRAL!

Organizaciones y Comunidades Indígenas

de los Pueblos Indígenas en Chile;

“ Autoridades Ancestrales y Dirigentes de

 Los Pueblos Indígenas Autoconvocados”

Equipo Coordinador:                          

Sandra Huentemilla

Juan Valeria Quilapan    

Asociación de profesionales Indígenas       

pueblosindigenasautoconvocados@gmail.com

                                                                                                 8 16 51 939   -  9 6848503

AUTORIDADES ANCESTRALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Asociación Mapuche Wuñelfe

Asociación Mapuche Wilkunche

Asociación Indígena Katriwuala

Asociación Mapuche Kiñe Pu Liwen

Asociación Mapuche Inaleufuche

Asociación Mapuche Quitral Mapu

Asociación Mapuche Adkim Tulem

Asociación Mapuche Calaucan

Asociación Mapuche Petu Mongueleiñ

Asociación Indígena Tren Tren Winkului

Asociación Mapuche Antumapu

Asociación Mapuche We Rayen Lof

Asociación Mapuche Maypun

Asociación Comunitaria de Salud Integral de Desarrollo

Consejo Autónomo Aymara

Organización Aymara Jicha Piniwa

Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T'allas

Agrupación Social Indígena

Organización Mapuche Wepeuntun

Organización Mapuche Trawun mapu

Organización Mapuche Kila Lof

Organización Mapuche Werken Mapu  

Organización Mapuche Relmu Antu  

Organización Mapuche Newen peñi

Organización Mapuche Meli Newen Mapu

Organización Mapuche Trepei Pu Lamngen

Organización Mapuche Petu Mongozein 

Asociación Indígena Likan -Mapu

Organización Lulul Mawidha

Asociación Consejo Mapuche Pudahuel

Comunidad Indígena Quechua Miñi-miñi

Comunidad Indígena Francisco Trecan

Comunidad Indígena Venancio Ñeguey

Comunidad Indígena Salto Lorcura

Comunidad Indígena Aymara de Parca

Comunidad Aymara Chiapa

Comunidad Atacameña de Toconao

Comunidad Indígena Butalelbun

Organización Indígena Ad Zulen

Comunidad Indígena Callaki

Asociación  Weichafe Domo

Asociación Mapuche Meli Rewe

Consejo Regional Diaguita Atacama

Asociación Indígena Diaguita Rio Huasco de Vallenar

Asociación Indígena Mapuche Renca Wichanlof

Asociación de Mujeres Indígenas Taihuel, Quinta Región

Pastoral Mapuche de Santiago

Comunidad Indígena Puwapi

Corporacion Lehue-Coihe – Tirua

Comunidad Indígena Trapa Trapa

Amuleaimi Programa Radial Mapuche

Asociación Regional Quitral Mapu

Ilustre Municipalidad de Lumaco

Comunidad Newen Puyi – Tirúa.

Grupo de Comunicación y Estudio "Lulul Mawida”.

Consejo ADIS - Eco zona de Cariquima  - Matilla comuna Colchane

Consejo autónomo mujer indígena "INALENFUCHE".

Unión Comunidades de Lumaco.

Comunidad Mateo Huenchuman

Coordinadora AMAPEI NACIONAL-WICHAN LOF

Territorio de la Futawillimapu.

Dirigentes de Comunidades del sector rural. Comuna Padre Las Casas.

Comunidad Indígena Diaguita " Paytepen " de Chanchoquín Grande.

Coordinación de Comunidades y Organizaciones del Pueblo Mapuche de la IX Región- CCOM.

Comunidad Calviu Millan de Aillinko.

WALLMAPU FUTA TRAWUN

Comunidad We Folil

Comunidad Rayen Pehuen

Comunidad Folil Zomo

Asociación Wetxipantu

Comunidad We Rayen Mapu

Comunidad Epu Newen

Comunidad Juan Paillalef

Gvbam longko Pikunwijimapu

Comunidad Indígena Yámana

  Comunidad San Bartolomé de Livilcar

Comunidad Autónoma Antinao Los Ángeles

Comunidad Alanawue Collileufu

Comunidad Pehuenche Akoncagua

Comunidad Huillimapu akunkawua

Asociación Mari Mapuche San Felipe

Corp. Nahuelbuta Cañete

Consejo de Longkos Arauco. LAFKENMAPU

Kinel Wueichan Mapu Chol Chol

Comunidad  AT Manqueo

ONG Rapa Nui Nehe- Nehe

Asociación Indígena Rapa Nui Pakarati

Lafken Mapuche Hualaihue

Comunidad Pehuenche

Comunidad Ñuke Mapu Newen

Asociación de Emprendedoras Indígenas Leftraru -  IV Región

Comunidad Huilliche Pailahueque

Lof Mapu y Organizaciones de Chol chol

Organización Colla Rio Jonquera y sus Afluentes

Movimiento Salud de los Pueblos Indigenas

Asociación  Rayen Mapu

Asamblea Nacional Mapuche Izquierda (ANMI)

Mapuches Iglesia Evangélica

Rayen Quitral. Pastoral Mapuche

Comunidad Juan Dionisio Millapan - Panguipulli

Ruka Mapu

Consejo de Río Negro

Comunidad Purranque

Consejo San Pablo

Red por los Derecho educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Asociación Indígena Longko Katrinrayen

Asocación Antumapu Quilpue

Centro Cultural Mapuche Ayekan

Comunidad Kiñe Weixan Mapu

Pura Weichan Mapu

Comunidad Territorial Rayenko

HuilliLagkenche Melipulli Cayenel Mapu

Organización Amotuyin

Asociación indígena Talkawuano

Comunidad Indigena San Pedro de Atacama

Asociación Antu-Mapu Quilpue

Pastoral Indígena San Antonio

Asociacion indigena Calaucan, San Antonio

Comunidad Juan de la Cruz Pinchumilla

Asociación Indígena   kom pu che ñi Lof

Asociacion indigena Witrapuran

Territorio Mapuche Lof kollim

Asociación de mujeres indígenas “Taihuel”

Comunidad Indigena Purrailla.  Lago de Todos  los Santos

Asoc. Indigena Rayen Foye

Asociación Mapuche kayenel

Asociación  Indigena  kurra Wenu

CONSEJO PUEBLO LICKANANTAY-ATACAMEÑO

COMUNIDAD INDÍGENA COLLA WAYRA MANTA TUJ’SI TRECAN

Asociación Indígena Amotuyin Melipilla

Organización Mapuche Travun Mapu

Asociación Rapa Nui Pakarati

Asociacion Regional Leufu-Lafquen

Cacicado kuinco Lof Chol Chol

Comunidad Pedro Lincoñir

comunidad juan huehuentro

comunidad avelino torres

asociación ayelen domo

territorio mapuche quepe

comunidad juan huenchual

comunidad antonio lepian

asociación de comunidades de lumaco

asociación de comunidades de loncoche

comunidad Chaura

asociación de comunidades de lautaro

asociación urbana newen mapu

asociación urbana trepel pu lamgien

comunidad mahuidanche

comunidad mapuche lonko Maikillahue

comunidad nación Newenche

Agrupación Indígena  kalfulican

comunidad manuel Kintunahuel

comunidad camilo Cñuecar

comunidad manuel marillanca palguin bajo

lof pullinque asociación de comunidades de victoria

Agrupación de comunidades de Lonquimay

Agrupación de Comunidades Tricauco

Agrupación de comunidades de Temucuicui Huañaco Millao

Agrupación de Comunidades de Cunco

Agrupación de Comunidades de los Sauces

Agrupación de Comunidades de Teodoro Schmidt

Agrupación Antumapu,

Esperanza de Vida Comunidad “WE FOLILCHE AMULEAIÑ”

Area de Desarrollo Indigena Jiwasa Oraje

Consejero ADI ecozona Tarapaca Alto.  Asociacion Jicha Piniwa

Asociacion Jicha Piniwa - Iquique

Comunidad de Lirima, Region del Tamarugal

Presidente Consejo Autonomo Aymara Arica

Fûta Repû, Calle Larga

ASOCIACION REGIONAL LEUFU-LAFQUEN

Asociación Indígena Amotuyin Melipilla

Territorio  Mapuche Los Álamos

Asoc. Indígena Urbano Prov. Arauco

KOLAWEN Comunidad Francisca Calfin

Centro Ceremonial Relmu Rayen Chof Lafken

Programa de Derechos Indígenas  - Fundación Chile XXI

Asociación Indígena ”Antu-mapu”,Quilpue

Comunidad San Bartolomé de Livilcar

Asociación Mapuche Pewma Pu  Domo

TERRITORIO  CAYUPIL MAPU

NEHUENCHE MAPU

Asociación Indígena Talcahueñu ñi Folil de Talcahuano

Asociación de Comunidades de Galvarimo

Asociación de Comunidades de Freire

Asociación de Comunidades de Puren

Asociación de Comunidades de Villarica

Asociación de Comunidades de Temuco

Asociación de Comunidades de Panguipulli

Asociación de Comunidades de Lonquimay

Asociación de Comunidades de Mafil

Asociación de Comunidades de Chol chol

Asociación de Comunidades de Collipulli

Asociación de Comunidades de Puerto Saavedra

Asociación de Comunidades de Imperial

Asociación de Comunidades de Tolten

Asociación de Comunidades de Tirua

Asociación de Comunidades de Osorno

Asociación de Comunidades de Arauco

Asociación de Comunidades de Puerto Montt

Asociación de Comunidades de Hualpen

Asociación de Comunidades de Pucon

Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje

Comunidad Indígena Aymara de Limaxiña

CONSEJO REGIONAL DIAGUITA ATACAMA

Asociación Indígena Mapuche Huilliche de Trab. Indepen. Huilli Relmu

Asociación Indígena de Productores Agrícolas Waywen de Punta Arenas

Comunidad Mapuche WE FOLIL

Consejo de Educación Mapuche AZELUWAM

Comunidad Rudecindo Ancalef

CONSEJO REGIONAL DIAGUITA ATACAMA KAYENEL

Asociación Antumapu Quilpué

COMUNIDAD INDIGENA COLLA SERRANIA POBLETE

Comunidad Indígena Diaguita Serrania

Longko Mayor del consejo de Comunidades de Quellon

Longko Mayor del cacicado de Cohinco de Osorno

Coordinadora de Mapuche Urbanos de la Provincia de Cautín

WARRIACHE Asociación indígena Rayen Mapu

Agrupación Indígena  Ñuke Mapu

ASOCIACION INDIGENA ADEPO

Organización mapuche trepey lamngen Comunidad Choin

CONSEJO DE LONCOS Comunidad Indígena.  MARIA TRANSITA CANIO

TRAGUN NEHUEN PULLI MUNICIPALIDAD TIRUA

Comunidad Indígena CARRIPAN HUERAMAN

Comunidad Indígena KELLGKO

Comunidad Indígena LORENZO PILQUIMAN DE MIQUIHUE

Comunidad Indígena LORCURA FOLIL MAPU

Alianza Territorial Mapuche

Hogar Mapuche Pelontuwe

FEMAE

Colectivo de Estudiantes Mapuche Universitarios (Codemu)

Alianza Territorial Mapuche

Comité de Defensa del Mar Mehuin

Comunidad Rapa Nui

Comunidad Indígena Kawésqar de Puerto Edén
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Condolencias

 

Lamentamos el  sensible fallecimiento del Lonko Pascual Pichun Paillalao que en el día de hoy 20 de Marzo a las 09,30 Aprox. de la Mañana ha dejado de existir, hacemos público nuestra más sentidas condolencia a su esposa e hijos y familiares  así como a su comunidad “Temulemu” ante la repentina defunción del Peñi Lonko.

 

El Lonko Pascual fue unos de los que abrazo en su lucha la causa histórica de su pueblo, por la recuperación de su territorio, Autonomía y autogobierno, a raíz de los hechos  junto al Lonko Aniceto Norin a fines de los años 90, desnudaron al sistema de gobierno de la concertación en su carácter clasista y racista que respondieron a los Lonkos con la máxima represión aplicándoles la ley antiterrorista que finalmente fueron condenado por 5 años y 1 día. Su justa  lucha es también la nuestra y de muchos peñis y lonkos que hoy levantamos la causa libertaría de nuestro pueblo y la que asumirá la futura generación Mapuche.

 

La partida del Lonko Pichun en una gran pérdida, su legado ya es parte de todos, como ha sido los ideales del Tokí Leftraru, Guacolda, Pelantaru, entre tantos que dedicaron su vida por la dignidad del pueblo Mapuche.

 

¡Gloria eterna al Peñi Lonko Pascual

¡Hasta la victoria siempre!  

¡Viva la lucha de nuestro pueblo!

¡Libertad a los presos políticos Mapuche!

¡Mari Chiweu!

 

Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda

Rodríguez 1314.- 2°.- piso Of. 1.-

Temuco – Territorio Mapuche Chile
_______________________________________________

Reacciones facebook ante fallecimiento de Lonko Pichún.

• 

  Juan Pablo Calleros Porcal Desde Uruguay llegue nuestro pezar a todo el Pueblo Mapuche, por el fallecimiento de Pascual Pichun, en el nombre de la Nación Charrúa,en virtud de mi investidura co mo uno de los integrantes del Consejo de Ancianos de la Nación Charrúa.

  Ayer a las 14:26 · Ya no me gusta · 4
• 

  Roberto Rossi · 32 amigos en común
  

  Mi más sentido pésame por la pérdida... Algún día llegará en que los que dicen saber y ser dueños de la verdad desde el estado y la cultura, sepan que hay quienes tienen derechos a pensar distinto sin sufrir discriminación... porque esa es la verdadera riqueza de nuestra América Latino-ancestral (si vale la palabra)...

  Ayer a las 15:14 · Ya no me gusta · 1
• 

  Temazkal Luz Se fue un gran guerrero Mapuche!

  Hace 23 horas · Ya no me gusta · 2
• 

  Notas De Camino peukallal chachaylonko.....

__________________________________________________

Pacto Mapuche por la Autodeterminación rechaza medidas del gobierno para destrabar conflicto

Jueves 21 marzo 2013 | 21:29 · Actualizado: 21:29- Radio Bio Bio.

Publicado por Javier Cisterna | La Información es de Andres Pino · 139 visitas

Imagen: Andrés Pino (RBB)

NOTICIAS RELACIONADAS

Convocan a asamblea mapuche en Temuco y buscarán materializar puntos discutidos en Cerro Ñielol

Aucán Huilcamán criticó a la Concertación y a la Alianza por forma de afrontar la demanda mapuche

Aucán Huilcamán califica de ‘pobre y repetitiva’ la cuenta presidencial respecto al pueblo mapuche

Una pronta implementación del autogobierno mapuche, además de un rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno para destrabar el conflicto en La Araucanía, fueron algunas conclusiones adoptadas tras un encuentro entre dirigentes indígenas.

Tras la cumbre indígena realizada en el Cerro Ñielol el pasado 16 de enero, se conformó el Pacto Mapuche por la Autodeterminación, organización que durante horas se reunió este jueves en Temuco con dirigentes de distintas comunidades del país.

En la oportunidad se rechazaron las medidas anunciadas por el gobierno tras las reuniones realizadas en Temuco: conformación de un concejo indígena, consulta al proceso de consulta y la Ley Araucanía.

Aucán Huilcaman, uno de los dirigentes que lideró el encuentro, agregó que se ratificó la conformación de un autogobierno mapuche, el cual comenzaría a delinearse en una próxima reunión agendada para el 11 de abril.

El dirigente mapuche además indicó que se reprogramó para el 12 de abril una marcha por las calles céntricas de Temuco, la que en una primera instancia había sido agendada para este viernes, sin embargo fue suspendida tras la muerte del lonko Pascual Pichún.
___________________________________________________________________

El territorio y el autogobierno, metas de la lucha mapuche

"No somos los indígenas de Chile, somos otro pueblo distinto, que está aquí mucho antes de que ningún otro llegase a estas tierras". Es la frase más repetida durante el recorrido de sur a norte por Wallmapu, la tierra ancestral que reclama como propia el pueblo mapuche. Hay quien reivindica la totalidad de Chile como territorio indígena, pero el reclamo general hace referencia al Tratado de Tapihue, todavía en vigor, firmado en 1825 entre la recién nacida República de Chile y el pueblo original y que marca la frontera entre ambos en el río Bío-Bío, reconociendo al pueblo mapuche como una nación distinta.

Por AITOR AGIRREZABAL

Fuente: www.naiz.info

La mal llamada Pacificación de la Araucanía, según la versión oficial, puso fin en 1883 a la guerra que el Estado chileno emprendió contra el pueblo mapuche en 1861. Sin embargo, si se pregunta a las personas que habitan al sur del Bío-Bío, muchos responderán que Chile mantiene abierta esta guerra. Este pueblo fue obligado a cambiar sus costumbres, organización social o formas jurídicas. Además, los diez millones de hectáreas que controlaban entonces han pasado a ser menos de 500.000. Los pocos que todavía poseen tierras carecen de grandes recursos y herramientas para trabajarlas, ya que el Gobierno de Santiago de Chile se ha dedicado a empobrecerlos durante décadas. 

Los campesinos se quejan del bloqueo mercantil que sufren por parte de Chile. No pueden comerciar con pueblos de Argentina que se encuentran mucho más cerca que cualquier ciudad chilena, lo que ha provocado un crecimiento importante del contrabando a través de la cordillera de los Andes, que separa ambos estados. 

Al sur de la Araucanía (Ngulumapu), la región chilena donde más mapuches residen, se encuentra un pueblo cansado de cientos de años de lucha. Un pueblo que ha resistido la llegada de distintos invasores que no han logrado hacerse con el control de la zona. El imperio inca no logró cruzar la actual frontera entre Chile y Perú, y los españoles y sus sucesores, conocidos como wingkas (nuevos incas en mapudungun, lengua mapuche), se quedaron en la orilla norte del Bío-Bío y firmaron un acuerdo con los líderes locales, que una vez marchados los españoles, el Estado chileno ratificaría en su constitución, pese a no respetarlo. Sin embargo, a pesar de su fama de guerreros, sus rostros denotan una vida de cansancio en la que no han conocido la paz que reclaman para su tierra. 

En la pequeña localidad de Coñaripe reside Guido Calfuluan. Es un joven en lucha por los derechos de su pueblo, cuyos bosques ríos y lugares sagrados amenazan con arrasar los proyectos para la construcción de hidroeléctricas. "La versión oficial dice que han hecho consultas a los vecinos, pero la verdad es que van casa por casa amedrentando a quien se oponga. Incluso ha habido atentados contra dirigentes de nuestro pueblo", relata. Pese a su juventud, conoce bien la historia de su pueblo, y quiere mantenerla viva. "Nosotros tenemos nuestro idioma, el mapudungun. Es la forma que los ancianos tienen de transmitirnos su sabiduría", dice. Su uso se ha perdido mucho, ya que el Gobierno chileno no ofrece la más mínima ayuda. Es más, si quieren recibir una subvención para crear una escuela deben cambiar sus estructuras sociales. De esta forma, el Estado chileno consigue que los niños mapuche conozcan la historia que a él le interesa. 

Desde Santiago también se les ha obligado a acercarse a la religión cristiana. Ejemplo de ello es que para poder registrar a un niño, están obligados a ponerle un nombre cristiano que preceda al nombre de origen mapuche. Sin embargo, este pueblo tiene totalmente arraigadas las creencias espirituales que les unen a la naturaleza. Dios (Ngenechén, para la cultura mapuche) los puso en esa tierra, y deben protegerla y respetarla por encima de todo. Pese a ello, no ha sido fácil hacer frente al catolicismo que impuso la Corona española: "Vinieron y nos dijeron: `Cerrad los ojos, tomad la Biblia en la mano y rezad. Al abrir los ojos, solo nos quedaba la Biblia, cuenta Calfuluan. 

La fatiga de un pueblo que lleva siglos defendiendo la tierra donde Ngenechén los puso, ha llevado a muchos mapuche a optar por aprender a convivir con el Estado chileno, mientras otros mantienen la esperanza de recuperar las tierras ancestrales donde un día fueron libres. Arnoldo Pichumilla, lonko (máxima autoridad administrativa) de la comunidad Mariano Chincolef afirma rotundo: "Los wingkas venían con licores, y un mapuche, después de tres vasos de vino, vende hasta su vida". Por lo que los colonos, además de hacerse con las tierras que recibían de manos del Estado chileno, también emborrachaban a los dueños de los terrenos para ensanchar sus dominios. "Después, en épocas de mala cosecha, los terratenientes prestaban dinero al comunero, para más tarde ahogarlo con intereses que no podía afrontar y quedarse con sus tierras", asegura Pichumilla.

Al norte, Zona Roja.

 

Conforme se remonta la Araucanía y se llega a la provincia de Malleco, la resistencia se agudiza. Es la llamada Zona Roja. La lucha mantiene, hoy en día, un frente abierto por la recuperación de tierras perdidas a manos de los colonos. La militarización de la zona es visible y las detenciones de activistas mapuches se han multiplicado en los últimos meses. Mucho más aún tras la muerte del matrimonio de colonos de origen suizo Luchsinger el pasado mes de enero, cuando su casa fue incendiada.

Un atentado que nadie ha reivindicado, pero que el Gobierno de Sebastián Piñera no duda en atribuir a los comuneros locales. 

Sin embargo, la población mapuche menciona una gran cantidad de autoatentados que el Ejecutivo chileno utiliza para criminalizar la causa de este milenario pueblo.

El especial vínculo que siente con respecto a su tierra obliga moralmente al mapuche a emprender acciones, en muchos casos violentas, para reclamar y recuperar el territorio que durante años se les ha ido usurpando. Con el objetivo de castigar a todo aquel mapuche que alzara la voz, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet las autoridades promulgaron la "ley antiterrorista". Hoy en día, esta ley sigue vigente, lo que deja en total indefensión al weichafe (término con el que se conoce a sus luchadores) ante la Justicia chilena. El Estado utiliza medidas de excepción contra ellos, pero no los reconoce como presos políticos. Pretende convertirlos en delincuentes comunes que únicamente se dedican a robar y asaltar las propiedades de los colonos, en un intento de criminalizarlos ante la sociedad. Son tratados como "terroristas" durante los procedimientos judiciales y como presos comunes una vez que están en prisión y ante los medios de comunicación. 

La pobreza y la falta de medios han obligado a muchos mapuches a emigrar. Wallmapu, otrora una zona rica y autosuficiente para su pueblo, se ha convertido en un blanco fácil para las empresas forestales e hidroeléctricas. La han transformado en un largo paisaje de pinos y eucaliptos de inversión asiática que ha empobrecido la fértil tierra de sus bosques. El agua escasea y no son pocos los campesinos que se ven obligados a recorrer kilómetros para poder llevarla a sus hogares.

El mapuche lucha por recuperar lo que es suyo, vivir con lo que es suyo, sus recursos, su mapu (tierra). 

Autogobierno al sur del Bío-Bío.

 

A partir de hoy, comenzarán una serie de movilizaciones mapuche en la ciudad de Temuco, capital de la Araucanía. Para hoy se ha convocado una Nguillañmawun, ceremonia espiritual y religiosa en el marco de la cual se tomarán acuerdos y decisiones que tendrán carácter sagrado para el pueblo mapuche.

Mañana se realizará una manifestación desde el Cerro Ñielol hasta las calles de la capital, con el fin de expresar la voluntad y el derecho del pueblo mapuche a la autodeterminación. Según han expresado las autoridades mapuche, a partir de esta movilización comenzará a tomar forma el autogobierno mapuche.

____________________________________________________
- Mapuexpress-

21 March, 2013

Allanamiento a casa de werkén Víctor Anacalaf y detienen a uno de sus hijos

Esta mañana en la Comunidad Choin Lafkenche en Collipulli, la casa de la familia Ancalaf Prado sufrió un violento allanamiento por parte de agentes estatales de carabineros llevándose detenido a uno de los hijos del dirigente. La familia ha denunciado la brutalidad ejercida y la destrucción de diversas especies al interior del hogar.

Desde Collipulli señalaban: “Esta mañana VIOLENTO ALLANAMIENTO CASA FAMILIA ANCALAF PRADO en comunidad Choin Lafkenche. Lllevaron detenido a hijo de Victor Ancalaf. Moroni Ancalaf Prado. Todo esto a eso de las 11 de la mañana, destruyeron todo y fue trasladado a la comisaría de Collipulli, mientras personal del GOPE siguen en la casa de la familia. Aún se desconocen los motivos..”
El werkén Ancalaf no se encontraba en la casa habitación al momento del allanamiento y se ha señalado que esta no es la primera vez que ocurren este tipo de acciones de persecución contra la familia del dirigente. Recientemente, en Collipulli, en las inmediaciones del tribunal, los hijos fueron detenidos en el marco del apoyo que hacían comunidades a un dirigente Mapuche judicializado.
Víctor Ancalaf
El werken Víctor Ancalaf Llaupe es uno de los referentes más destacados del Movimiento Mapuche en Gulumapu del último tiempo. Participó activamente de las movilizaciones que tuvieron lugar a fines de los ’90 contra las forestales y la construcción de la represa Ralco sobre en el Alto Bío Bío. Por su acción y convicción el Estado chileno le aplicó la Ley antiterrorista y lo condenó a 5 años de prisión, recuperando el 2007 su libertad. Hoy Ancalaf es parte activa de una coordinación de Comunidades en Collipulli que exige al estado chileno reparaciones a sus derechos, como es el caso de tierras ancestrales.
Noticia en desarrollo.
 http://www.mapuexpress.net/?
___________________________________________________-

Detienen a werken Jorge Huenchullan junto a su pareja y al hijo del Lonko Victor Queipul

Publicado en 21 de marzo de 2013 by adkimvn

En horas de esta tarde personal policial detuvo al werken de la Comunidad Autónoma Temucuicui, Jorge Huenchullan, junto a su pareja y a Victor Queipul, hijo del Lonko.

Imagen: Nguillatun Comunidad Autónoma Temucuicui (2013)

Por ADKIMVN
Desde la Comunidad Autónoma Temucuicui señalan: “Siendo alrededor de las 17:15 horas se está produciendo la violenta detención de Jorge Huenchullán, su pareja y a Víctor Queipul, hijo de nuestro lonko, en la avenida principal de Ercilla. Desconocemos el motivo de esta arbitraria detención”.
Cabe recordar que la Comunidad Autónoma Temucuicui, durante lo que va de este año, ha sido objeto de una fuerte represión policial, siendo detenidos y golpeados varios de sus integrantes, los werken y el lonko en varias ocasiones.
Noticia en desarrollo…
__________________________

 werkénjá.