Wallmapu- P R O G R A M A III CONGRESO LAFKENCHE. (9ab12-IL-wmft) CARAHUE – CHILE 13, 14 y 15 de abril de 2012
- VIERNES 13 DE ABRIL
11:00 Yellipun (ceremonia mapuche).
...
12.00
Acreditación.
13:30 Colación – Misagun.
15:00
ACTO DE APERTURA: Bienvenida al territorio: Bladimir Painecura. Representantes Identidad Territorial Lafkenche: Adolfo Millabur - Persida Cheuquenao.
15:30 Saludos Institucionales - Alcalde comuna de Carahue. - Representante Programa PNUD. - Representante Ayuda Popular Noruega.
15:45 AyeKan mapuche Joel Maripil, Artista Territorio Budi.
16:00 EXPOSICIÓN: “Desafíos de los Movimientos Sociales en el Chile de hoy” Gabriel Salazar Vergara. Historiador.
17:00 Preguntas al expositor y debate
18:00 EXPOSICIÓN: “Constitución Chilena v/s Pluralismo Jurídico” Manuel Jacques Parraguez. Abogado Decano Facultad Derecho, Universidad Bolivariana. Chile
19:00 Preguntas al expositor y debate
21:00 Cena. Traslado a los hospedajes y descanso.
- SÁBADO 14 DE ABRIL
08:00 Desayuno
09:00
EXPOSICIÓN “Asamblea Constituyente y nuevas Constituciones en América Latina” María Augusta Calle, Asambleísta Ecuador.
10:20
Preguntas al expositor y debate.
10:30
PANEL Derechos Indígenas en Contexto 169 de la OIT. MAR: Ley Espacio Marino Pueblos Originarios, Ley de Pesca y Ley de Cuotas de pesca. Expone: Miguel Cheuqueman, Territorio San Juan de la Costa, Osorno. TIERRA: Procesos de Recuperación y Reivindicación de Tierras y Territorios. Expone: Moisés Vilches, Territorio Hueñalihuen, Carahue. RECURSOS NATURALES del SUBSUELO: Agua y Recursos Mineros Expone: Iván Carilao, Territorio Tirúa.
11:30 Preguntas a los expositores.
12:00 Café.
12:15 Explicación metodología, trabajo grupal por tema y sub-temas.
13:30 Almuerzo.
15:00 Continuación de trabajos grupales.
17:00 Mate – café.
17:30 Plenario de los grupos de trabajo.
20:00 Cena y descanso.
- DOMINGO 15 DE ABRIL
08:30 Desayuno.
09:30 Conclusiones y resoluciones.
11:30 Acto artístico cultural.
12:00 Discursos de despedida.
13:00 Almuerzo.
14:30 Retorno a los territorios.
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Peritajes de la PDI siguen la versión de la comunidad Mapuche sobre la muerte de carabinero
Alrededor de las 13.45 horas de esta tarde finalizó el trabajo de peritaje realizado por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco en la comunidad Mapuche Wente Winkul Mapu, donde el lunes pasado, fue herido de bala el carabinero Hugo Albornoz Albornoz, quien falleció producto de la grave herida. Los policías trabajon solos, sin la presencia de Carabineros ni del fiscal Luis Chamorro, designado para investigar el asesinato del suboficial del Gope. Los peritos fueron asistidos por el werkén de la comunidad, Daniel Melinao.
LEER MAS: http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3374&Itemid=3
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Mapuexpress - Informativo Mapuche
http://www.mapuexpress.net/
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$hile- La Asociación Indígena “Aymar Aru Sarayiri” tiene el agrado de invitar a Ud., al 1er. Encuentro de Cantores Aymaras. (10ab12-ayi)
“ Markas layku aymarat kirkiñani – Por nuestro pueblo cantemos en Aymara “
financiado por el Casino de Arica Concurso año 2011.
... Dicho evento se realizará el día Sabado 28 de abril del 2012
desde las 21:00 horas en las dependencias de la Escuela D-21 Tucapel, ubicada en la avenida Tucapel 2075
Se invita a todos nuestros artistas aymaras a participar de este Encuentro:
Requisitos:
-Alguna cancion en aymara
-Ganas de cantar en su lengua
-Contar con pista o acompañamiento musical.
Por su participacion:
-Se entregara un reconocimiento economico a todos los participantes
-Se transmitira en directo a travez de la radio Puerta Norte.
-Se Filmara el evento y luego se les entregara un compia de la ghrabacion.
-Las canciones seran difundidas a traves de la emisoras radiales.
Su inscripcion
en la misma escuela tucapel desde las 19 a 21 hrs.
o al correo anla.arica@gmail.com o rolando.manzano@hotmail.com
Jikisiñkama.
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Abya Yala-América: IV Cumbre de líderes indígenas presentará propuestas a jefes de Estado. (9ab12-Servindi-ayi) Pueblos, naciones y organizaciones originarias participarán del 10 al 13 de abril en la IV Cumbre de Líderes Indígenas de América (CLIA) en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
Bajo el lema “Tejiendo alianzas por la defensa de la Madre Tierra” se realiza esta cumbre, en el marco de la IV Cumbre de las Américas que reunirá a 34 jefes de Estado de países miembros de la Organización de Estados Americanos los próximos 14 y 15 de abril.
Más de 200 indígenas están acreditados para la CLIA con el fin de aportar desde su pensamiento y vivencia a los temas coyunturales, a saber: Objetivos del Milenio, Seguridad Colectiva, Megaproyectos en Territorios Ancestrales, Cambio Climático y Nuevas Tecnologías.
En la víspera, en diferentes espacios de discusión preparatorios a la cumbre, los indígenas presentaron sus principales preocupaciones y propuestas que serán enviadas a los 34 jefes de Estados.
Entre las recomendaciones destaca la aprobación de la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, “respetando, como estándar mínimo para la negociación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Asimismo, sostuvieron la necesidad de “Impulsar la elaboración y aprobación de una Convención Americana sobre consulta previa y consentimiento previo libre e informado para los pueblos indígenas y tribales”.
Recomiendan que la Organización de Estados Americanos (OEA) instituya un Grupo de Expertos indígenas que garantice la interlocución política entre los Estados partes y los pueblos indígenas de las Américas.
“A pesar de la creciente influencia política de los pueblos indígenas, estos muestran pocos avances en materia económica y social, continúan sufriendo altos niveles de pobreza, menor educación y mayor incidencia de enfermedades y discriminación en comparación con otros sectores vulnerables”, menciona el documento.
“La situación de los pueblos indígenas en las Américas se empeora con la militarización creciente, la criminalización de las protestas sociales, en especial, las efectuadas por las organizaciones indígenas”.
“En las Américas viven entre 45 y 50 millones de personas pertenecientes a más de 400 pueblos indígenas que conservan sus propios idiomas, visiones del mundo y formas de organización social y política, lo cual convierte a nuestro continente en heredero de una gran diversidad de culturas, de idiomas, de pueblos y de nacionalidades indígenas.”
* Ver el programa de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de América
A continuación el documento de propuestas que será presentado a los 34 jefes de Estado reunidos en la VI Cumbre de las Américas.
Presentación
Los Pueblos, Naciones y Organizaciones Indígenas de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, presentamos en este documento nuestras principales preocupaciones y nuestras propuestas a los 34 jefes de Estados miembros de la OEA que se reunirán en Cartagena, Colombia los días 14 y 15 de abril de 2012, en el marco de la VI Cumbre de las Américas, que tiene como lema: “Conectando las Américas: Socios para la prosperidad”.
En las últimas décadas los derechos y el carácter pluriétnico y pluricultural de los Estados americanos han sido reconocidos en la gran mayoría de sus constituciones políticas. Otros Países de la región como Bolivia y Ecuador[1] se han constituido en Estados plurinacionales, reconociéndoles a los pueblos milenarios el carácter de naciones. En el mismo sentido, un importante número de instrumentos políticos y jurídicos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, han sido ratificados y avalados por los diferentes países.
No obstante, estudios sobre pobreza en la región concluyen, que a pesar de la creciente influencia política de los pueblos indígenas, éstos muestran pocos avances en materia económica y social, continúan sufriendo altos niveles de pobreza, menor educación y mayor incidencia de enfermedades y discriminación en comparación con otros sectores vulnerables. La situación para niñas, niños y adolescentes en Bolivia, Perú y Ecuador es de riesgo alarmante, ya que son víctimas de explotación sexual y laboral, y padecen las peores formas de trabajo infantil. Adicionalmente, los pueblos indígenas que viven en países en situación de conflicto o zonas fronterizas enfrentan desafíos adicionales derivados del narcotráfico, la militarización de sus territorios y la pérdida de sus espacios de desarrollo y reproducción social, cultural y económica.
En Colombia ésta situación se agrava por el riesgo de exterminio físico y cultural, generado entre otros, por los impactos del conflicto armado interno.
La situación de los pueblos indígenas en las Américas se empeora con la militarización creciente, la criminalización de las protestas sociales, en especial, las efectuadas por las organizaciones indígenas. También resulta de gran preocupación para los pueblos indígenas de la Américas, las políticas de desarrollo, en particular las políticas extractivistas: la minería por ejemplo, es un problema global que genera despojo territorial, desintegración, rompimiento del tejido social y exterminio de los pueblos.
Teniendo en cuenta lo anterior, exhortamos a todos los Estados de las Américas a que implementen, junto con los pueblos indígenas, las siguientes propuestas y recomendaciones:
Propuestas y recomendaciones
En relación con la participación de los pueblos indígenas en la OEA, manifestamos, que las actuales reglas de participación en este organismo no incluyen a nuestros pueblos, por lo cual, se recomienda:
a) Que en la OEA se instituya una instancia que garantice la interlocución política entre los Estados partes y los pueblos indígenas de las Américas. Se recomienda la constitución de un Grupo de Expertos Indígenas, quienes en coordinación con la OEA, propondrán los lineamientos sobre esta instancia de interlocución.
b) Fortalecer las instancias de protección de los derechos humanos de la OEA (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos), y evitar que se promuevan enfrentamientos y tensiones por la protección de derechos humanos de los pueblos indígenas versus el desarrollo económico de los Estados.
c) Constituir a grupo de autoridades indígenas de pueblos de las Américas en un órgano consultor y/o consejero de los Jefes de Estados las Américas, para que el punto de referencia de sus decisiones posea el sentido de vida y de armonía de los pueblos indígenas.
En relación con los instrumentos jurídicos, los pueblos y organizaciones indígenas reconocemos los avances en la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección de nuestros derechos. No obstante, insistimos en la necesidad de contar con herramientas jurídicas y políticas en el sistema interamericano.
Por lo anterior se recomienda:
a) Aprobar de manera urgente la Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, respetando, como estándar mínimo para la negociación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Requerimos a los Estados para que en la Declaración American se incorporen las realidades específicas y diferentes de los pueblos indígenas de la región.
b) El proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas como pueblos con el derecho a la autodeterminación sin discriminación. Ello se aplica a los pueblos indígenas en los territorios no autónomos. (Artículo 3º de la UNDRIP).
c) Impulsar la elaboración y aprobación de una Convención Americana sobre consulta previa y consentimiento previo libre e informado para los pueblos indígenas y tribales.
En relación con los temas de la VI Cumbre de las Américas:
a) Con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODSM), se recomienda: Adoptar medidas efectivas y eficaces para reducir el empobrecimiento extremo y la marginación social y económica de los pueblos indígenas, como una prioridad de los estados de las Américas.
b) Los Estados deben adoptar medidas eficaces para erradicar la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes indígenas.
c) En relación con la seguridad: se urge a los Estados para que adopten medidas efectivas y eficaces referidas a la necesidad de seguridad y protección de los pueblos indígenas de las Américas, en especial, los pueblos en riesgo de extinción y exterminio físico y cultural, prioritariamente, para los que se ubican en la Cuenca Amazónica de los nueve países que la conforman.
d) Los Estados deben adoptar medidas adecuadas para reconocer, restituir y proteger las tierras, los territorios, el medio ambiente y las culturas de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o en contacto inicial.
e) En relación con los Desastres naturales: Exhortamos a los Estados para que se adopten medidas integrales que prevengan estos desastres, que en su gran mayoría son causados por acciones u omisiones humanas y políticas de los gobiernos.
f) Se recomienda analizar las consecuencias que estos desastres naturales generan en los pueblos indígenas y el mayor riesgo que tienen por la fragilidad de los ecosistemas en los que habitan. Invitamos a los Estados a tomar en cuenta los conocimientos y los aportes que los pueblos indígenas han hecho a la humanidad para el manejo de la naturaleza y sus ecosistemas.
g) Con respecto a la Integración Física de las Américas, es de gran preocupación para nosotros esta integración, en la medida que está asociada con la extracción de nuestros recursos naturales y encaminada a posibilitar su explotación, lo cual conlleva serias y graves consecuencias en la vida de los pueblos indígenas. Consideramos, esperamos y exhortamos para que el desarrollo no signifique para nuestros pueblos mayor empobrecimiento y mayores riesgos de exterminio. En relación con este tema debatiremos sobre las consecuencias y el significado Plan Puebla Panamá, IIRSA y otros megaproyectos que se planean para la integración.
h) En atención a lo anterior, se requiere el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas cuando: i) sus derechos inherentes puedan ser afectados, en particular los derechos relacionados con las tierras, el agua, los recursos (inclusive los subterráneos) y los territorios (Artículo 26 de la UNDRIP); ii) se contemple realizar actividades comerciales y de desarrollo, incluidos los acuerdos de libre comercio y las actividades industriales de extracción, en las que participen empresas transnacionales en los territorios indígenas; y ii) cuando se ponga en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo.
i) En relación con el Acceso a y Utilización de Tecnologías se recomienda: facilitar, apoyar y promover el uso y desarrollo adecuados de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los pueblos indígenas, a fin de fortalecer su bienestar político, social, educativo, cultural, espiritual y económico, incluido los sistemas educativos indígenas.
a) Asegurar la libertad de expresión y formular políticas públicas para la comunicación indígena, fundamentadas en la comunicación y en las formas de transmisión de los saberes propios.
En relación con los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas:
a) Adoptar medidas efectivas para asegurar la protección contra las violaciones de los derechos humanos, relacionadas con el derecho al territorio, el conflicto armado y sus múltiples consecuencias, la trata de personas, la migración, el desplazamiento forzado y la reubicación forzada de los pueblos indígenas, entre otras.
b) Los pueblos indígenas de Colombia manifiestan su preocupación por la presencia y el desarrollo del conflicto en sus territorios ancestrales, por ello exhortamos a los Estados de la región a instar al Estado Colombiano a trabajar en la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado, en el que los pueblos indígenas como actores políticos y de paz, jueguen un papel importante.
Finalmente, es nuestro deseo recordar que las promesas de progreso y desarrollo que en algún momento guiaron a toda la humanidad, ya mostraron a plenitud todas sus limitaciones y efectos devastadores, sobre todo en países “altamente desarrollados” como los europeos, en los que hoy en día la prioridad ya no es el desarrollo, sino la forma de revertir todo el daño que se ha causado.
Los problemas globales necesitan soluciones globales estructurales. Requerimos un amplio cambio en la visión de la vida; la humanidad busca respuestas y los pueblos indígenas planteamos el paradigma de la cultura de la vida, que es comunitario y natural (CAOI, 2010).
Los invitamos a formar parte de esta alianza por la defensa de la madre tierra y de la vida en todas sus formas (Las plantas, los animales, los seres humanos etc).
Bogotá, Colombia 12 de Marzo de 2012
Los aportes del presente, han sido recogidos en diferentes escenarios de discusión y diálogo preparatorios a la Cumbre.
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[1] Véase, Constitución Política del Estado de Bolivia y Constitución Política del Estado de Ecuador en el articulo 1º
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Abya Yala- Alerta por la criminalización del Movimiento Indígena en América Latina. (5ab12-Marielle Cauthin / Rebelion-apm-ayi-wmft) Golpistas, terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos de la región han usado y utilizan estos últimos años para referirse a las acciones del Movimiento Indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de persecución política y judicial, a tal extremo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una mención especial a la situación de riesgo de líderes y lideresas indígenas e hizo pública su preocupación sobre las sistemáticas agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que padecen [1].
Las cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones indígenas de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por sabotaje y terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y dirigentas indígenas y no indígenas -que participaron de una marcha en 2011- son investigados por delitos de secuestro e intento de homicidio. A esto se suman situaciones crónicas como la peruana: los últimos diez años se han abierto procesos penales contra decenas de dirigentes y campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones y daños a la propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas privadas; por la misma causa en Chile más de cien Mapuche han sido acusados al amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo rapa nui.
En ese contexto no suena ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) [2] -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú- que ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y la dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques” buscan “reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural” de los pueblos indígenas, ataques se dan a través de la criminalización, la intimidación y la estigmatización.
Intereses de izquierda, de derecha y de las transnacionales
Con el tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las alianzas entre el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de amplia población indígena. De hecho presidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se apoyaron en estos movimientos electoral y discursivamente, los comprometieron en procesos constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos colectivos, pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus territorios.
En otras palabras, no se han modificado la lógica de contraponer intereses privados en desmedro de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del agua, concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso cuestiona la tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se enfrentan a un proyecto carretero de 400 millones de dólares que atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en Perú se oponen a la explotación de oro por la minera Yanacocha que invertirá 4.800 millones en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción de una hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros casos.
Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.
Al mismo tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la paulatina militarización de territorios indígenas y violencia policial como se ve en los casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el territorio indígena del TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada Naval para intimidar y perseguir a la dirigencia [3]: “Ahora vinieron al TIPNIS a militarizarlo, a dar miedo a la gente humilde como nosotros”, denunciaba la dirigenta Miriam Yubanore. En tanto que en Chile el pasado 23 de marzo, 30 policías y 15 funcionarios municipales desalojaron "en forma muy violenta" a un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de violencia policial son recurrentes para los mapuche y las organizaciones que defienden sus derechos: "es un tema triste y avergonzante para la sociedad chilena", dijo la ONG Comisión Ética contra la Tortura [4] ya que en 2010 sucedió otra violenta represión contra el pueblo rapa nui. En Colombia la situación de los grupos armados en conflicto y la militarización de las zonas rurales ha desencadenado en muertes y desplazamientos de indígenas.
ECUADOR y BOLIVIA: dos marchas nacionales denuncian persecución
Las últimas acusaciones en Ecuador ocurrieron con motivo de la Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que llegó a Quito el 22 de marzo. En operativos realizados días antes de iniciarse la marcha, el Gobierno detuvo a una decena de jóvenes (estudiantes y activistas) y los acusó de planificar actos sediciosos y de pertenecer a grupos subversivos irregulares. En su defensa los detenidos sostuvieron que son simpatizantes y militantes del Partido Marxista Leninista Ecuatoriano (PMLE), vinculado al partido Movimiento Popular Democrático (MPD), como declarara el director del MPD, Luis Villacís.
No solo organizaciones políticas que apoyan al movimiento indígena son acusadas, Humberto Cholando, principal dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha dicho que una de las demandas de la marcha es el cese de la criminalización y judicialización de 194 indígenas, y señaló que el gobierno en lugar de atender sus demandas “se apresuró a calificar la marcha de ‘golpista’, de ‘intento de desestabilización del régimen’ y ‘desestabilizar la democracia’ [5]. Estas mismas quejas fueron elevadas ante la veeduría internacional del exjuez Baltazar Garzón por las organizaciones indígenas CONAIE, Ecuarunari y Pachakutik que representan a pueblos indígenas amazónicos, de costa y sierra.
En la misma lógica, en Bolivia en este momento 24 dirigentes indígenas entre hombres y mujeres de los pueblos mojeño, yuracaré, chimán, quechua, aymara, guaraní, entre otros, además de la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otros defensores y activistas de derechos indígenas forman parte de la investigación judicial del gobierno por el delito de “tentativa de homicidio” y “lesiones graves y leves”. Esta acusación se basa en los hechos ocurridos entre el 24 y 25 de septiembre de 2011 mientras se desarrollaba la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que logró una Ley que prohíbe la construcción de la millonaria carretera que atravesaría su territorio y comprometería su hábitat, este proyecto es financiado por Brasil y ejecutado por la empresa brasileña OAS. Mientras el gobierno boliviano los acusa de estos delitos, los indígenas acusan al gobierno por la violenta represión policial del día 25, en la que 600 policías gasificaron, torturaron, agredieron y secuestraron a dirigentes y a más de 800 marchistas.
Organizaciones como la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunciaron en varias resoluciones las “acciones de amedrentamiento y persecución de la Fiscalía” contra indígenas, “por delitos que nunca cometieron ni se dieron en la realidad”. El ex dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, ha denunciado hostigamiento y persecución política ante el Concejo Continental del Pueblo Guaraní que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia: “en Bolivia hay una coyuntura represiva de los principales líderes y quien habla es uno de los blancos del gobierno”, sostuvo.
En ambos casos los gobiernos de turno han desmentido o minimizado los actos de criminalización del movimiento indígena, incluso apelando a calificativos que desmerecen a la dignidad indígena: el presidente Correa se ha referido a los indígenas participantes de la marcha como “cuatro emponchados y emplumados” [6]. Estas declaraciones no son distintas a las que Evo Morales hiciera respecto a las indígenas que se oponen a la carretera a través de su territorio, incitando a seducirlas para que acepten el proyecto: “conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino” [7], dijo.
PERU y CHILE: pugnas contra intereses privados
La CAOI también ha denunciado que existen decenas de dirigentes y comunarios peruanos víctimas de persecución policial y con procesos penales en su contra por participar en protestas antimineras. Entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 se arrestaron a dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y de la Plataforma Institucional de Celendin [8], acusados de "atentar contra los servicios públicos, producto de la protesta social" contra el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, que planea drenar cuatro lagunas. El presidente del Consejo Regional, Elzer Elera López, denunció que habría un plan de detención de personas, autoridades y líderes sociales.
Previo a estos nuevos conflictos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha recordado su preocupación por el proceso que se sigue a 17 campesinos por participar en una movilización en defensa de más de 80 ojos de agua en Condorhuain en 2008, durante el gobierno de Alan García. El pronunciamiento de las organizaciones sostiene: “en represalia de nuestra defensa por el agua, ahora somos víctimas de persecución penal. Nos acusan de secuestro, lesiones, daños a la propiedad y otros delitos, pretendiendo imponernos 30 años de cárcel” [9].
En contrapartida, el problema de criminalización y represión en Chile se ha agudizado por los atropellos que sufren las comunidades indígenas mapuche: redadas policiales, allanamientos y represión con uso de balines y gases. A esto se suma la aplicación y vigencia de la Ley Antiterrorismo, norma en la que se ampara gran parte de los juicios iniciados contra los mapuche por delitos comunes y por los cuales se les da el trato judicial de terroristas, ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Según estimaciones, tan solo en el gobierno de Ricardo Lagos (2000 - 2006) la Ley fue aplicada 11 veces, de las cuales 10 se la utilizó contra el pueblo mapuche; de hecho, 108 indígenas han sido acusados bajo esta Ley y -hasta 2011- 10 fueron condenados [10].
Uno de estos casos es el que en 2008 involucró a 17 mapuches de una comunidad cercana a la orilla del lago Lleulleu en la región del Bio Bio, por el reclamo a privados de la devolución de tierras que ellos asumen como propiedad ancestral. Casos similares son la condena contra un dirigente en conflicto con la represa hidroeléctrica Ralco en los Altos del Bio Bio y el vocero de la comunidad Huilliche Pepiukelen, enjuiciado en 2010 por la empresa salmonera Los Fiordos, acusada de contaminar ríos y lagos. Esta semana 10 mapuche (dos menores de edad) comienzan un juicio por "robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista y asociación ilícita terrorista" en Victoria, de ser hallados culpables pagarían una pena de 25 años.
La CIDH ha denunciado el caso ocurrido en julio de 2010, cuando cerca de 70 personas del pueblo rapa nui -que ocupaban la plaza Riro Kainga como acto de protesta por derechos ancestrales territoriales- fueron desalojadas por un centenar de carabineros armados, fueron golpeados mujeres y niños. En este caso, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Rapa Nui y exigió al Estado chileno cesar la violencia armada, acciones judiciales y desalojos.
BRASIL y COLOMBIA, otras formas de violencia contra los indígenas
En Brasil y Colombia hay un situación de vulneración de derechos humanos por terceros. En Colombia, es persistente la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles (campesinos e indígenas) por militares que falsamente los asocian a grupos insurgentes o guerrilleros y obtienen réditos por esto [11], los casos más conocidos son los homicidios de los indígenas wayúu, aunque a lo largo de 2010 la CIDH ha denunciado los casos de asesinatos de dirigentes de los pueblos nasa, wayúu, sikuani, pasto, embera-chamí y la dirigenta del pueblo u’wa.
En marzo, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenaron al Estado colombiano proteger a los indígenas awá amenazados por grupos armados en conflicto en la guerra en Nariño, enfrentamiento que este año ha dado como saldo varias desapariciones y asesinatos, además del desplazamiento de 800 personas. Aunque la respuesta del gobierno es incrementar la militarización, los indígenas la rechazan: "Ellos creen que la solución de las cosas se limita a enviar más tropa a la región, pero eso en vez de darnos seguridad, nos expone aún más al peligro del conflicto", declaró el líder, Alex Guanga [12].
En Brasil, el líder de los guaraní-kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul fue asesinado en 2003 y este 2012 el juez absolvió a los presunto homicidas, acusados de tortura por otros seis dirigentes. La muerte sucedió cuando cerca de 40 hombres armados golpearon a varios líderes indígenas que demandaban las tierras de un hacendado, situación recurrente en esta región pues los hacendados buscan ampliar sus tierras en predios guaraníes. Pero los indígenas no solo se enfrentan a hacendados y grupos armados, recientemente los indígenas kayapó y otros pueblos se han enfrentado al gobierno brasileño para detener la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte [13] que compromete su hábitat, ya que inundará un área que los obligará con el tiempo a éxodos masivos. La portavoz indígena Vera Glass sostuvo: “Las presas causarán daños culturales, sociales y medioambientales irreversibles. Nos están tratando como a animales”. La OIT ha declarado que el gobierno violó el Convenio 169 porque no se consultó a los indígenas sobre esta construcción y la pugna continúa.
¿Hacia el Movimiento internacionalista indígena?
Pero desde otra óptica, estos conflictos y la nueva coyuntura política en la región están significando un desafío para la internacionalización e independencia del Movimiento Indígena en América del Sur y el fortalecimiento de sus alianzas, como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Andinas (cuatro países), el Concejo Continental del Pueblo Guaraní (cuatro países) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (nueve países), que han comenzado a afianzar nexos de solidaridad con activistas, artistas e intelectuales e instituciones, firmando peticiones, organizando acciones, etc.
Al mismo tiempo, gran parte de los conflictos están ubicando al movimiento indígena en un contexto no solo de legítima defensa de sus derechos político y culturales, de la ética medioambiental, de los cuestionamientos de modos de desarrollo de saqueo versus modos de desarrollo sustentables; sino que los pueblos indígenas movilizados se van convirtiendo en un actor fundamental para “la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”, como lo dice la CIDH.
Más allá, nuevamente el movimiento indígena se encuentra en un momento decisivo para demostrar si es capaz de construir una agenda propia de contra poder, a sabiendas que sus antes aliados, los gobiernos de corte progresista, no van a profundizar las reivindicaciones históricas de tierra, territorio y soberanía y autogobierno; sino que son gobiernos de continuidad del sometimiento al extractivismo neoliberal a favor de empresas transnacionales y potencias internacionales, como denuncian quechuas, guaraníes, aymaras, mapuches, awás, wayús, moxeños, yuracarés o kayapós.
Notas:
[1] Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas (28/03/2012), en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
[2] Pronunciamiento de las organizaciones indígenas andinas (15/03/12), en: http://www.coordinadoracaoi.org/
[3] Ex viceministro denuncia militarización del Tipnis (12/03/12), en: http://lapatriaenlinea.com/?nota=100621
[4] ONG denuncia violencia policial contra mapuches (15/1/12), en: http://noticias.aollatino.com/2012/01/15/chile-ong-denuncia-violencia-policial-contra-mapuches/ - (27/03/12)
Denuncian violento desalojo a mapuches: http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=27261
[5] Carta al pueblo ecuatoriano (19/03/12), en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=169356&umt=10h20_movilizacion_indigena_llega_hoy_a_latacunga_conaie_entrega_carta_al_pueblo_ecuatoriano
[6] Indígenas denuncian persecución y siguen su marcha a Quito (14/03/12), en: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101298249/1/Ind%C3%ADgenas_denuncian_persecuci%C3%B3n_y_siguen_su_marcha_a_Quito.html
[7] Mujeres le exigen a Evo una disculpa pública por sus declaraciones "machistas" (04/08/11), en: http://www.paginasiete.bo/2011-08-04/Sociedad/Destacados/MUJERES.aspx
[8] Detienen en Perú a siete dirigentes antimineros de Cajamarca (06/03/12), en: http://exwebserv.telesurtv.net//secciones/noticias/101292-NN/detienen-en-peru-a-siete-dirigentes-antimineros-de-cajamarca/
[9] Deficiencias en Acusación Fiscal retrasan Juicio Oral a procesados del caso Condorhuain (21/03/12), en: http://www.conacami.pe/2012/03/deficiencias-en-acusacion-fiscal.html
[10] Usan en Chile leyes antiterrorismo contra indios mapuche, en: http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/chile/usan-en-chile-leyes-antiterrorismo-contra-indios-mapuche-80
[11] Estarían involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de dos indígenas de la comunidad Wayúu (27/07/11), en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10025406.html
[12] Las voces awá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Víctimas (22/03/12), en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/3950-las-voces-awa-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
[13] Organismo de la ONU dice que Brasil viola los derechos indígenas (26/03/12), en: http://www.survival.es/noticias/8226
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Perú- Militarizan Cajamarca a pocos días de que se conozca informe sobre EIA de Conga. (9ab12-Servindi-ayi) Cuando faltan pocos días para que se conozca el informe del peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga, el Gobierno decidió enviar tropas del Ejército y de comandos de la Policía Nacional a las localidades que serían afectadas por la actividad extractiva....
De inmediato la población cajamarquina rechazó la medida del Ejecutivo cuyo fin sería disuadirla de efectuar actos de protesta.
El desfile del último domingo sirvió para que se destacaran más de 500 soldados a las provincias de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y el lunes del envío de cientos de policías como refuerzo de los efectivos que trabajan en dichas zonas.
Como se recuerda, el Frente de Defensa Ambiental y Regional de Cajamarca convocó para hoy lunes 9 de abril a una movilización contra el proyecto minero Conga y a un paro el 11 de abril.
Mediante un comunicado, el Frente rechazó las acciones de amedrentamiento y hostilización del Gobierno y criticó específicamente al presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés.
El presidente regional Gregorio Santos demandó reiniciar el diálogo con el Ejecutivo para tratar este tema y así evitar se desencadene la violencia en esta región.
“Este informe no es absoluto, tampoco debe servir para decir que Conga va o no va sino para que el gobierno se siente con nosotros y serenamente discutamos todos los informes que hay respecto a este proyecto minero que, pensamos, sería un error que se imponga”, señaló a un medio local.
El Frente de Defensa de Bambamarca emitió un comunicado en la que manifiesta su rechazo a la “militarización en nuestra zona, por que no hay razón justificable; en nuestra lucha hemos demostrado unidad, coraje, firmeza, capacidad, inteligencia, y rechazamos todo tipo de violencia, por lo que pedimos se haga la gestión necesaria para que en el más breve plazo posible se retiren los militares”.
Indicaron que las acciones de lucha programadas seguirán su curso con normalidad.
“De no hacer caso a nuestro pedido, responsabilizamos al gobierno central de lo que pueda pasar producto de la militarización en nuestro pueblo, por que somos fieles defensores de nuestras lagunas, ríos, bofedales, manantiales y colchones acuíferos”, puntualizaron.
