ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y CPC SOBRE GRUPOS DE MAPUCHE VIOLENTISTAS Y PACIFISTAS RESULTA JURIDICAMENTE ILEGAL, DISCRIMINATORIO Y ARBITRARIO.
1.- La reunión entre el Subsecretario Mahmud Aleuy y los dirigentes de la Confederación de la Producción y del Comercio CPC, efectuado el día martes 14 de enero de 2015, desde el punto de vista jurídico resulta completaente ilegal, al calificar y dividir a los Mapuche en grupos Pacifistas y Violentistas.
2.- Además de constituir una calificación ilegal, resulta absolutamente discriminatorio. Toda autoridad de un gobierno tiene la obligación de evitar emitir juicios discriminatorios a un grupo culturalmente diferente como es el caso del Pueblo Mapuche.
3.- El acuerdo del gobierno y la CPC, por su naturaleza política tiene un carácter arbitrario y opresivo.
4.- Anunciamos que los Mapuche presentaremos acciones legales para restablecer el principio de la no discriminación y el respeto a las normas internacionales que prohíben la discriminación con los Pueblos Indígenas.
5.- Las comunidades Mapuche denunciaremos a los órganos internacionales de protección de los Derechos Humanos sobre esta calificación ilegal y discriminatoria de parte gobierno de Chile.
6.- Recordamos al gobierno que, cuando los actos de opresión y abusivos se prologan los Pueblos y en el caso particular con el Pueblo Mapuche, éste tiene el derecho a la rebelión, derecho aceptado internacionalmente. Subrayamos, si eventualmente se materializa la medida del gobierno las comunidades Mapuche podrían ejercer legítimamente el derecho a la rebelión.
Dicho acuerdo resulta completamente inaceptable, considerando que todo acto discriminatorio e ilegal es inaceptable.
AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA
Enc. Relaciones Internacionales
Consejo de Todas las Tierras
Wallmapuche, Temuco, Chile 15 de enero de 2015
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Gobierno estigmatiza comunidades: clasificándolos en mapuche buenos y malos
El Ministerio de Interior, en un acto que pone una vez más de manifiesto la nefasta política adoptada por el Estado chileno en miras a solucionar el conflicto que mantiene con el pueblo mapuche, anunció que 36 comunidades mapuche de la Región de la Araucanía quedarán excluidas del Plan de Intervención Integral por haber sido “catalogadas como violentas o que en su interior conviven individuos que promueven la violencia”, según consignó el impreso de Agustín Edwards (El Mercurio).
Asimismo, dichas comunidades dejarán de ser prioritarias en las políticas de devolución de tierras administradas por la Conadi.
Con el Plan de Intervención Integral se hace referencia a los procedimientos de inversión públicos y público-privados que comprenden proyectos de mejora para las diferentes comunas y sectores habitacionales tales como procesos de reforestación de predios o entrega de terrenos con instalación de agua potable, luz o viviendas.
Una decisión que denota la falta de capacidad del actual gobierno para lidiar y dar respuesta a las comunidades mapuche que luchan por la devolución de tierras y por la cancelación de la deuda histórica, que son en definitiva las ‘castigadas’ por el gobierno, en los últimos incidentes simples “delincuentes que se amparan en la causa mapuche” y hoy agrupados en un concepto tan ambiguo y generalista como “violentistas” en base a un estudio del que ni siquiera se han citado las fuentes.
El subsecretario señaló al medio mercurial que la clasificación responde al análisis encargado por el Ministerio de Interior, que tomó como base “diversas fuentes de información”; Aleuy sostuvo que se trata de comunidades en que sus integrantes o parte de ellos participan en actos violentos o que “forman parte de una industria delictual junto a no indígenas.
“Nos parece fundamental que se haga una diferencia entre aquellos que tienen reivindicaciones legítimas de la causa mapuche, que usan medios legítimos -los que convienen al estado- para reclamarlas y ellos serán beneficiados. No vamos a orientar la política pública a grupos que usan la causa mapuche, sean mapuches o no mapuches, y medios no legítimos para defender sus reivindicaciones”.
Aunque se mantienen en reserva los nombres de las comunidades que serán marginadas del Plan, cuya implementación comienza en marzo, según consigna el citado medio, estas estarían localizadas en la zonas de Vilcún-Padre Las Casas, Collipulli-Ercilla y Cañete, los lugares donde las comunidades han sido más castigadas por el actuar represivo del cuerpo de carabineros.
Fuente: werken
Con el Plan de Intervención Integral se hace referencia a los procedimientos de inversión públicos y público-privados que comprenden proyectos de mejora para las diferentes comunas y sectores habitacionales tales como procesos de reforestación de predios o entrega de terrenos con instalación de agua potable, luz o viviendas.
Una decisión que denota la falta de capacidad del actual gobierno para lidiar y dar respuesta a las comunidades mapuche que luchan por la devolución de tierras y por la cancelación de la deuda histórica, que son en definitiva las ‘castigadas’ por el gobierno, en los últimos incidentes simples “delincuentes que se amparan en la causa mapuche” y hoy agrupados en un concepto tan ambiguo y generalista como “violentistas” en base a un estudio del que ni siquiera se han citado las fuentes.
El subsecretario señaló al medio mercurial que la clasificación responde al análisis encargado por el Ministerio de Interior, que tomó como base “diversas fuentes de información”; Aleuy sostuvo que se trata de comunidades en que sus integrantes o parte de ellos participan en actos violentos o que “forman parte de una industria delictual junto a no indígenas.
“Nos parece fundamental que se haga una diferencia entre aquellos que tienen reivindicaciones legítimas de la causa mapuche, que usan medios legítimos -los que convienen al estado- para reclamarlas y ellos serán beneficiados. No vamos a orientar la política pública a grupos que usan la causa mapuche, sean mapuches o no mapuches, y medios no legítimos para defender sus reivindicaciones”.
Aunque se mantienen en reserva los nombres de las comunidades que serán marginadas del Plan, cuya implementación comienza en marzo, según consigna el citado medio, estas estarían localizadas en la zonas de Vilcún-Padre Las Casas, Collipulli-Ercilla y Cañete, los lugares donde las comunidades han sido más castigadas por el actuar represivo del cuerpo de carabineros.
Fuente: werken
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