martes, 29 de septiembre de 2015

Ngulumapu- La Haya puede resolver relación mapuche chilena


Aucán Huilcamán anuncia que mapuches también irán a La Haya

POLÉMICA. El werkén dijo que ya están trabajando y que el tratado firmado con el Estado en 1825 les favorece. La Multigremial no encuentra motivos en el reclamo.

EL WERKÉN AUCÁN HUILCAMÁN, CONFIRMÓ QUE IRÁN A LA HAYA PARA LLEGAR A UN ACUERDO CON EL ESTADO.

Lorenzo Lovera

El litigio aún inconcluso entre Chile y Bolivia en La Haya, que el jueves tuvo como triunfador al país altiplánico, también tuvo reacciones en La Araucanía. Esas, vinieron por parte del werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, quien señaló que los mapuches interpondrán un reclamo en la mismo Corte Internacional de Justicia contra el Estado.

Los dichos de Huilcamán obedecen según él, ya que "el Estado chileno ha vulnerado los derechos del pueblo mapuche, aquí se debe tratar cómo se va a restituir el territorio y cómo se respetará su soberanía política".

Si bien el dirigente aún no tiene clara la fecha de cuándo se va a hacer dicho reclamo, estimando que lo más probable es que ocurra el 2016, sí aseguró que "está decidido que vamos a interponer algún tipo de reclamo para el cumplimiento de los tratados celebrados entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche".

El werkén explicó que los mapuches están en mejor pie incluso que Perú y Bolivia - países que han logrado llevar sus diferencias con Chile hasta el tribunal internacional- ya que sus diferencias habían sido zanjadas en 1825 cuando se ratificó una frontera y una soberanía del pueblo mapuche.

"Estamos en mejor pie que Perú y Bolivia porque los tratados mapuches están reconocidos por el derecho internacional en una declaración específica, lo que nos deja en mejor posición desde el punto de vista jurídico y procesal", explicó el dirigente.

Consultado Huilcamán respecto de qué es lo que señala ese Tratado de 1825, éste aclaró que dicho texto "señala dos cosas relevantes: el reconocimiento del territorio mapuche de manera soberana desde el Biobío al sur y además reconoce la soberanía del pueblo mapuche en sus decisiones propias".

Por ende, según precisó el werkén, dicho tratado de 1825 les entrega "una buena base jurídica, histórica y política de que se celebró el tratado con el Estado chileno. 
La gran ventaja nuestra, desde el punto de vista jurídico, es que los tratados están reconocidos en el artículo 37 de la declaración de Naciones Unidas sobre derecho de los pueblos indígenas".


Relación con Evo Morales

Veinte son los años de amistad entre Aucán Huilcamán y el presidente boliviano, Evo Morales. De hecho, el propio werkén reconoció que el año pasado estuvo en el Palacio Quemado en La Paz, "hablando de su estrategia que él tenía para La Haya". Eso sí, Huilcamán es claro en señalar que lo logrado por el país altiplánico en la Corte Internacional de Justicia "es una cuestión distinta a lo de los mapuches" y que en octubre próximo, cuando el werkén viaje a Bolivia, hablarán del tema. "Vamos a hablar de este punto, de que los mapuches vamos a actuar internacionalmente y así con otros gobiernos", sentenció el werkén.

______________________________________

Comuneros mapuches interpondrán reclamo contra Chile en La Haya

The Clinic Online 25 Septiembre, 2015

“Estamos en mejor pie que Perú y Bolivia porque los tratados mapuche están reconocidos por el derecho internacional en una declaración específica, lo que nos deja en mejor posición desde el punto de vista jurídico y procesal”, fueron las palabras que emitió Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, quien explicó que dirigentes del pueblo mapuche interpondrán un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, quienes denuncian que no se han cumplido acuerdos firmados por el Estado respecto a soberanía territorial.

“Estamos en mejor pie que Perú y Bolivia porque los tratados mapuche están reconocidos por el derecho internacional en una declaración específica, lo que nos deja en mejor posición desde el punto de vista jurídico y procesal”, fueron las palabras que emitió Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, quien explicó que dirigentes del pueblo mapuche interpondrán un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, quienes denuncian que no se han cumplido acuerdos firmados por el Estado respecto a soberanía territorial.

En esa línea, el vocero precisó que “el Estado chileno ha vulnerado los derechos del pueblo mapuche, aquí se debe tratar cómo se va a restituir el territorio y cómo se respetará su soberanía política”.

Según recoge SoyChile, sostuvo que una delegación mapuche se desempeñarán como observadores en los alegatos que se llevarán a cabo en la CIJ en relación a la demanda marítima boliviana.

Por otro lado, sentenció que durante noviembre realizarán una Asamblea Constituyente en la que darán a conocer el procedimiento para desarrollar un estatuto mapuche para la autodeterminación y “la conformación de un autogobierno,todo esto al amparo del derecho internacional y no de la Constitución del 80”.

___________________________

Aucán Huilcamán y comuneros mapuche interpondrán un reclamo contra Chile en La Haya

25.09.2015 


El werkén del Consejo de Todas las Tierras, explicó que "el Estado chileno ha vulnerado los derechos del pueblo mapuche, aquí se debe tratar cómo se va a restituir el territorio y cómo se respetará su soberanía política".

Un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya interpondrán dirigentes del pueblo mapuche, quienes denuncian incumplimientos en tratados y acuerdos firmados por el Estado sobre la soberanía territorial y la autodeterminación.


Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, explicó que en el caso de Bolivia son demandas relativamente nuevas ya que a diferencia de los mapuche existe, por ejemplo, un tratado de 1825 donde se ratifica una frontera y una soberanía del pueblo mapuche. 

"Estamos en mejor pie que Perú y Bolivia porque los tratados mapuche están reconocidos por el derecho internacional en una declaración específica, lo que nos deja en mejor posición desde el punto de vista jurídico y procesal", argumentó el vocero indígena, agregando que "el Estado chileno ha vulnerado los derechos del pueblo mapuche, aquí se debe tratar cómo se va a restituir el territorio y cómo se respetará su soberanía política".

Huilcamán, adelantó que una delegación mapuche participará como observadores en los alegatos de fondo que se desarrollarán en la Corte de La Haya sobre la demanda de Bolivia, para posteriormente ingresar su reclamo. Por lo pronto se reunirán con otros dirigentes para definir cuál será la estrategia para la interpelación y quienes integrarán la delegación jurídica de representantes.

El werkén dijo que paralelamente en noviembre efectuarán una Asamblea Constituyente donde darán a conocer el procedimiento para elaborar y adoptar un estatuto mapuche para la autodeterminación y como segundo paso "la conformación de un autogobierno todo esto al amparo del derecho internacional y no de la Constitución del 80", mencionó el dirigente indígena.



Estado autonomo para el pueblo mapuche?..........
 
Christian Rodrigo Alvarez Mancilla
Publicado el 26 sept. 2015

Comentario de actualidad político,económico y social todos los días domingos a las 21:30 horas, en el noticiero central del canal Arica T.V. con Christian Rodrigo Alvarez Mancilla,

https://youtu.be/fOREwwxWpuE


____________________________


Autonomía mapuche



por ANTONIO CORREA 23 septiembre 2015

Uno de los temas centrales de las reivindicaciones exigidas por la movilización mapuche es la entrega de autonomía territorial en la cual puedan desarrollarse en plenitud las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT (1989) y en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2006), ambas ratificadas por Chile.

Hasta ahora las autoridades han adoptado una óptica errada al enfrentar la demanda indígena por autonomía, considerándola una amenaza separatista –tratad como un problema de seguridad pública–, en lugar de afrontarla como el reclamo por una  ciudadanía diferente que tiene su base en lo comunitario. El Estado debiera asumir el compromiso de avanzar seriamente junto a los pueblos indígenas en definir límites territoriales donde prevalezcan tanto derechos individuales como especialmente colectivos, esto es,autonomía política.

Los actuales planes de ordenamiento de gestión territorial destinado a los pueblos indígenas resultan inadecuados pues, en la mayoría de los casos, solo se limitan a la focalización de recursos,concediendo escasa participación en las decisiones a las comunidades involucradas. No cumplen con los requisitos de la actual demanda indígena por la reconstrucción territorial, autogobierno y autogestión de sus planes de desarrollo, ni menos con los estándares internacionales sobre Derechos Humanos.

Dentro de los compromisos en materia indígena que la Presidenta Michelle Bachelet plasmó en su Programa de Gobierno, se hace especial énfasis en un cambio en el ordenamiento territorial mediante un proceso de consulta con los Pueblos Indígenas, para establecer reformas que generen espacios de autonomía y autodeterminación a nivel territorial por medio de la generación de Estatutos Especiales de Autonomía. Este compromiso presidencial apunta a la esencia de la actual demanda indígena, sin embargo, los antecedentes de políticas similares no son muy alentadores.

Experiencias anteriores de este tipo no han resultado como se esperaba. Así, por ejemplo, la aprobación de la Reforma Constitucional que establece estatutos especiales para Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández (Art. 126 bis) en el mes de julio de 2007, aún no logra implementarse, ya que la Ley Orgánica Constitucional que debía regularla, ingresada al Congreso el 2 de julio de 2008, todavía se encuentra en su primer trámite constitucional.

Una reforma constitucional requiere un alto quórum para su aprobación en el Congreso, lo que pareciera ser extremadamente difícil de negociar tratándose de un territorio en conflicto y las importantes inversiones privadas en la zona. Además, en la actual coyuntura el Gobierno no cuenta con el capital político necesario para emprender reformas de esa envergadura.


En Chile se adoptó un discurso y algunas políticas multiculturales en concordancia con las directrices del Banco Mundial, FMI, BID, y con una nueva imagen y reputación frente a la comunidad internacional. El carácter multicultural de las políticas públicas implementadas en Chile se caracterizó por privilegiar la redistribución de recursos, dejando a un lado la discusión sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Sin abandonar el compromiso anterior, consideramos que resultaría más factible en lo inmediato utilizar las herramientas contenidas en la actual legislación, introduciendo reformas a la política territorial de las Áreas de Desarrollo Indígena. Esta debe pasar por una participación efectiva de las comunidades involucradas y la transferencia gradual de niveles de decisión propios, como el diseño de los programas que les afectan directamente. En definitiva, el traspaso de competencias, recursos y niveles progresivos de autonomía.

La nueva política indígena debiera apuntar, entre otras cosas, a la transferencia sobre operación y administración de programas. Un camino adecuado podría ser localizar los espacios en los cuales sea más sencillo ceder cuotas de autogobierno y autogestión. Así como brindar todo el apoyo necesario para el desarrollo de habilidades que permitan el éxito de esta nueva política. Esto, junto a apoyo productivo e incentivos a la inserción en el mercado de los productores indígenas.

El desafío de la gobernabilidad democrática es ajustar las políticas públicas a los estándares internacionales de Derechos Humanos,incorporando en la agenda política la perspectiva progresiva de autodeterminación de los pueblos y su territorialidad.

En Chile se adoptó un discurso y algunas políticas multiculturales en concordancia con las directrices del Banco Mundial, FMI, BID, y con una nueva imagen y reputación frente a la comunidad internacional. El carácter multicultural de las políticas públicas implementadas en Chile se caracterizó por privilegiar la redistribución de recursos, dejando a un lado la discusión sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Muchas de las políticas impulsadas por el Estado pusieron énfasis en el indígena como individuo, aportando con apoyo productivo,ingreso al mercado, compra de tierras, pero no reconocimiento de estatus de Pueblo. Las autoridades han enfatizado el rol que el pueblo mapuche puede jugar para enriquecer la diversidad de la sociedad chilena, pero ven sus demandas por derechos colectivos,culturales, territoriales y libre determinación, como una violación al desarrollo nacional, a los derechos de propiedad de las empresas forestales y las élites locales.

Durante la década de los noventa prima un enfoque asistencialista,que configura o visualiza un sujeto indígena beneficiario, un individuo carente que necesita ayuda estatal, en línea con la política social enfocada en la superación de la pobreza. La problemática indígena no puede abordarse a través de políticas sociales focalizadas desde un enfoque teórico-conceptual centrado en la superación de la pobreza o la marginalidad, reduciendo los problemas del pueblo mapuche a un mero asunto de carencia y necesidad insatisfechas.

La ley Indígena 19.253 solo reconoce el concepto de “tierra” y no de“territorio” como está establecido en Convenio 169 de la OIT, esto es, la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera (Convenio 169, Artículo 13). 
Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sentó el precedente de que los territorios indígenas surgen y son aplicables en virtud de la ocupación y usos tradicionales. Un futuro reconocimiento constitucional debe establecer que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura y su desarrollo

Como pueblo, los indígenas tienen el derecho a la autonomía o el autogobierno (Art.4, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas). Deben definirse las condiciones políticas que les permitan construir niveles de autonomía territorial, garantizando la realización y ejercicio pleno de sus derechos, esto es, determinar autónomamente su organización política y sus instituciones jurídicas. 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación (autonomía política en su gobierno local y definición de estrategias de desarrollo).

Los Estados deben invertir en ayudar a los pueblos indígenas,contribuyendo al desarrollo de facultades de autogobierno. 

La negación de esta demanda por la autodeterminación y la pobreza son factores profundamente conectados y debiera tomarse en cuenta en el diseño de las políticas públicas. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Declaración y Programa de Acción de Viena) considera que la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los derechos humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de un derecho fundamental.

Antonio Correa es Historiador (U. de Chile) experto en política indígena

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/09/23/autonomia-mapuche/


editedbyjá

No hay comentarios:

Publicar un comentario