miércoles, 14 de diciembre de 2011

Matías Catrileo-DDHH en $hile-can-cop17-noticias

Confirman condena de 3 años en libertad a carabinero que dio muerte a mapuche Matías Catrileo. (radiobiobio-ayi) El Carabinero que dio muerte al joven comunero mapuche, Matías Catrileo Quezada, no cumplirá pena efectiva de cárcel.
De forma unánime, los ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, el abogado integrante, y el auditor general del Ejército rechazaron la presentación de la familia del joven en contra del fallo que condenó al policía a 3 años y un día de presidio, con firma mensual.
En su lugar, se confirmó la condena con el beneficio de la libertad vigilada, aplicada al cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez Inostroza, por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte.
El fallo establece que no hubo infracción de ley en los recursos presentados, tanto por la parte querellante, como por la defensa del condenado.
Recordemos que Ramírez fue el autor del disparo que dio muerte a Catrileo, en el fundo Santa Margarita en enero de 2008, cuando el comunero participaba de una manifestación en ese predio de La Araucanía.

-Aqui el fallo:
Santiago, quince de diciembre de dos mil once.
Vistos:
En esta causa Rol Nº 9-2008 del Tercer Juzgado Militar de Valdivia, se ha investigado la comisión del delito de violencias innecesarias con resultado de muerte, previsto y sancionado en el artículo 330 N° 1 del Código de Justicia Militar y la participación que en éste ha cabido a Walter Jhonattan Ramìrez Inostroza, Cabo Segundo de Carabineros, quien a la fecha de ocurrencia de los hechos se desempeñaba en la Subcomisarìa de Fuerzas Especiales de Carabineros de la ciudad de Temuco.
Por sentencia de doce de enero de dos mil diez, escrita a fojas mil ochenta y uno y siguientes, se condenó a Ramirez Inostroza a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio, más las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, en su calidad de autor del delito de violencias innecesarias causando la muerte de Matías Valentín Catrileo Quezada, hecho acaecido el día tres de enero de dos mil ocho, en el fundo Santa Margarita, ubicado en la localidad de Vilcún, Región de la Araucanía, concediéndosele la medida alternativa de la remisión condicional de la pena.
Apelado dicho fallo por el procesado y por la parte perjudicada, la Corte Marcial, mediante sentencia de dieciocho de agosto de dos mil diez, rolante a fojas mil ciento cuarenta y cuatro y siguientes, confirmó el dictamen de primer grado, con declaración que se eleva la pena impuesta al sentenciado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena, sustituyendo la medida alternativa por la de libertad vigilada.
Para arribar a tal sanción, los sentenciadores estuvieron contestes en la concurrencia de las dos circunstancias atenuantes reconocidas por el juez de la instancia, las de irreprochable conducta anterior y de haber obrado por celo de la justicia, desechando la existencia de aquella consagrada en el artículo 411 del Código de Justicia Militar.
En contra de esta última decisión, el convicto dedujo recurso de casación en el fondo, basado en la causal de nulidad establecida en el artículo 546 Nº 1º del Código de Procedimiento Penal, en tanto que la parte perjudicada interpuso sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, cimentando el primero en la causal prevista en el artículo 541 N° 9 del texto legal en referencia, y el segundo en el Nº 1º del artículo 546, del mismo cuerpo de leyes.
A fojas mil ciento setenta y nueve rola el informe de la Sra. Fiscal Judicial de este Tribunal.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO:
En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por la parte perjudicada:
PRIMERO: Que en lo concerniente al recurso de casación en la forma deducido por el apoderado de la madre del occiso, el arbitrio se funda en que la sentencia impugnada no cumple con las exigencias de los números 4, 5 y 6 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal porque, por una parte, habiéndose modificado la sentencia de primera instancia, los jueces de alzada debieron consignar circunstanciadamente los fundamentos que tuvieron en cuenta para desechar su apelación, compartiendo erradamente, en su concepto, la configuración de las atenuantes establecidas en los numerales 6 y 10 del artículo 11 del Código Penal, argumentos de los cuales carece.
Por otra parte, agrega el recurrente, el fallo impugnado sibien reproduce el artículo 68 del código citado, no explica el razonamiento empleado para rebajar la pena asignada al delito del cual resultó responsable como autor el carabinero Ramírez Inostroza, no pudiéndose inferir que la sola configuración de dos atenuantes, consideradas además en forma errónea, sea argumento suficiente para rebajar la pena en un grado, como tampoco para imponerla en el mínimo.
Del mismo modo, aduce esta parte, tampoco se da cumplimiento a los artículos 15 N° 3 y 24 de la Ley Nº 18.216, dado que se concede el beneficio de la libertad vigilada sin invocar fundamento alguno, cuestión que conculca abiertamente las normas citadas.
Si bien es cierto, agrega, las materias de determinación de pena son facultades de carácter jurisdiccional, no constituyen en caso alguno materias discrecionales, máxime si la materia sub lite se refiere a una acción dolosa homicida, o como lo tipifica el Código de Justicia Militar, de violencias innecesarias con resultado de muerte.
Por último, hace presente que la falta de fundamentación de que adolece la sentencia recurrida, configura la causal de nulidad formal alegada, vicio que causa agravio a su parte y que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo cual solicita se invalide y que acto continuo, sin nueva vista, pero separadamente, se dicte sentencia de reemplazo que declare expresamente que se desechan por improcedentes las circunstancias atenuantes acogidas, condenando en definitiva a Walter Ramirez Inostroza a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales correspondientes, como autor del delito de violencias innecesarias causando la muerte de Matías Valentín Catrileo Quezada.
En cuanto a los recursos de casación en el fondo deducidos
por el apoderado de la defensa y por la parte perjudicada:
SEGUNDO: Que la defensa del procesado fundamenta su recurso de casación en el fondo en la causal contemplada en el artículo 546 Nº1º del Código de Procedimiento Penal, esto es, cuando la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, comete error de derecho ya sea al determinar la participación del encausado o al calificar los hechos que constituyen circunstancias atenuantes o eximentes de responsabilidad penal.
Agrega, que se comete error de derecho al eliminar la única atenuante de fuero- del artículo 411 del Código de Justicia Militar- de carácter especial, aplicable únicamente a Carabineros, habida consideración de que se trata de un ilícito que la doctrina considera propiamente militar, cometido ya sea por un funcionario en el ejercicio de sus funciones o cumpliendo una orden a la cual se encuentra obligado.
Aduce que más allá de este yerro, que equivale a despojar al hecho de la más importante de sus características, cual es, ser un acto inserto en una orden entregada por la autoridad a la fuerza policial, se ha dejado de aplicar el artículo 412 del Código de Justicia Militar, no obstante que de la sola lectura de la disposición se desprende que se cumplen todos y cada uno de los requisitos objetivos y subjetivos de la justificante contenida en la norma.
En su concepto, la eliminación de la atenuante prevista en el artículo 411, ya citado, y la no consideración de la eximente de responsabilidad a que se refiere el acápite que antecede, hace que el hecho juzgado pierda toda sustentación como delito militar, de tal manera que los fueros que justifican un conocimiento distinto de un hecho que se supone ilícito, desaparecen, pasando a constituir una especie de delito común, que no es el caso de autos.
Esta circunstancia, agrega, adquiere especial relevancia cuando en el considerando octavo de la sentencia de primer grado, se afirma que no resulta posible aplicar la eximente de responsabilidad del artículo 412 del Código de Justicia Militar, por cuanto, tanto el delito contemplado en el artículo 330 N°1 de dicho cuerpo legal como la participación del encausado, se encuentran legalmente acreditados, razonamiento que conlleva a la premisa de que ninguna eximente de responsabilidad podría aplicarse ante la existencia de un delito, lo que resulta errado, por cuanto precisamente las justificantes operan frente a la ocurrencia de una conducta ilícita, de lo que se sigue que la concreción del hecho típico resulta ser un elemento infaltable en la aplicación de la eximente en comento, al menos en lo que a responsabilidad penal se refiere.
Continuando con su análisis, aduce que de haberse aplicado correctamente la ley, los sentenciadores debieron concluir que la acción del acusado, realizada en virtud de una orden judicial de protección, desoída y quebrantada por el occiso, se enmarca dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 412, por lo cual debió acogerse la eximente y absolverse al acusado.
En subsidio y para el evento que no se acojan estos requerimientos, el recurrente pide se declare que ampara a su defendido la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal que establece el artículo 411 del Código de Justicia Militar.
Solicita en definitiva, que se haga lugar a su recurso de nulidad sustancial, se invalide la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que absuelva a Walter Ramirez Inostroza de los cargos que le fueran formulados por la concurrencia de la circunstancia eximente de responsabilidad penal contemplada en el artículo 412 del Código de Justicia Militar o, en su defecto, para el evento que no se estime concurrente esta justificante, se declare que favorece al sentenciado la circunstancia atenuante prevista en el artículo 411 del mismo cuerpo de leyes, rebajando la pena en uno, dos o tres grados.
TERCERO: Que el recurso de casación en el fondo deducido por el representante de la madre de la víctima, se sustenta en la causal contemplada en el artículo 546 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia, aunque califique el delito con arreglo a la ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho, ya sea al determinar la participación que ha cabido al reo en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. Aduce esta parte, que la errónea aplicación del derecho se produce al beneficiar el fallo al condenado, con dos atenuantes de responsabilidad penal inexistentes, para luego, en esta virtud, imponerle una pena menos grave que la que correspondía en derecho.
Añade el recurrente que el fallo impugnado vulnera lo dispuesto en el artículo 11 números 6 y 10 del Código Penal, así como lo prevenido en el artículo 68 inciso 1º del mismo texto legal.
Agrega que los sentenciadores al beneficiar al procesado con la atenuante de su irreprochable conducta anterior, teniendo solamente presente que éste no registra anotaciones prontuariales pretéritas en su extracto de filiación y antecedentes, ni en su hoja de vida funcionaria en los años anteriores a la comisión del ilícito, vulneran la disposición que establece la minorante de responsabilidad, puesto que los dos supuestos fácticos considerados por el juzgador, resultan manifiestamente insuficientes para cimentar la mentada atenuante, que requiere un actuar impoluto, tanto en la función pública como en la vida social y, no sólo basarse en la ausencia de anotaciones prontuariales o anotaciones negativas en la hoja de vida funcionaria, que sólo significan que al procesado no le afecta una inhabilidad jurídica para prestar servicios en Carabineros de Chile, y que ha tenido una conducta normal dentro de la institución.
CUARTO :En cuanto a la segunda atenuante impugnada por esta parte, del número 10 del artículo 11 del Código Penal, se sostiene que también se comete error de derecho al tenerla por configurada sin mayores fundamentos que los esgrimidos por el sentenciador de primer grado, que por lo demás son errados, puesto que para aplicar correctamente el derecho contenido en esa norma, deben haber signos claros, hechos probados del obrar con celo, vale decir, de un despliegue conductual con sumo cuidado, lo que no acontece en la fundamentación de esta circunstancia modificatoria como en parte alguna del proceso, dado que, por el contrario a lo sostenido por la sentencia, el condenado obró dolosamente y en una forma que no se condice con su experiencia de doce años en una Unidad Especializada de Carabineros de Chile. La conducta de Ramírez Inostroza, en su concepto, corresponde a un abuso de autoridad y no a un exceso de celo como se pretende por los sentenciadores.
Añade que la atenuante del artículo 11 Nº 10 del Código Penal, resulta incompatible con la figura del artículo 300 Nº 1 del Código de Justicia Militar, dado que el bien jurídico protegido por esta norma es el recto actuar de la función pública militar, resultando su vulneración opuesta al celoso obrar de la justicia, pues no puede configurarse un actuar subjetivo justo respecto de aquél que, debiendo velar por la integridad física de los ciudadanos, ejerce conscientemente una violencia desmedida que termina con la muerte de uno de ellos. Luego, al no existir los supuestos fácticos para configurar la atenuante en cuestión, se comete error de derecho al acogerla.
Afirma a continuación el recurrente, en relación a la vulneración del artículo 68, inciso primero, del Código Penal, que es evidente que la sentencia atacada de nulidad yerra al no aplicar la antedicha disposición, que de haber sido respetada habría conducido al tribunal, facultado para recorrer toda la extensión de la pena, a imponer la sanción entre los cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo a los quince años de presidio mayor en su grado medio.
Los errores de derecho cometidos influyen en lo dispositivo del fallo puesto que de no haberse estimado configuradas las dos atenuantes ya señaladas, el tribunal de apelación en caso alguno pudo haber rebajado la pena en un grado, pues la aplicación del artículo 68 del Código Penal, en examen, hubiera quedado radicada en su inciso primero, esto es, que los sentenciadores sólo hubiesen podido recorrer toda la extensión de la pena asignada al injusto.
Atendido lo expuesto, esta parte pide que se corrijan los yerros cometidos y que, acogiendo el libelo de nulidad de fondo, se declare que se ha incurrido en error de ley al acoger las dos atenuantes tantas veces señaladas, se anule el fallo recurrido y que, pronunciando sentencia de reemplazo, se ordene que el enjuiciado queda condenado a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales que apareja tal pena corporal, como autor del delito de violencias innecesarias con resultado de muerte, cometido el tres de enero de dos mil ocho, con expresa condenación en costas de la causa y del recurso.
QUINTO: Que en primer lugar, el reclamo formal de la parte perjudicada, como se explicitó en el motivo primero, se sustenta en el artículo 541 Nº 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 500 de ese cuerpo legal, en sus numerales cuatro, cinco y seis.
SEXTO: Que del examen de la resolución de alzada, no se advierten las anomalías denunciadas por el recurrente, por cuanto hizo suyas todas las reflexiones contenidas en la de primer grado atinentes, a la exposición y razonamientos mediante los cuales se dieron por probados los hechos asentados en la litis, haciéndose cargo expresamente de las alegaciones de la defensa del procesado y de sus descargos, argumentando adecuadamente en cuanto a la determinación de las circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal que en su concepto favorecen al encausado, así como también explicitando aquella que rechaza, para luego, conforme a esos fundamentos, apoyar su decisión de condena, de manera tal que la simple lectura de ambos edictos da cuenta del acatamiento de las normas que se dicen ignoradas, quedando demostrada la congruente exposición de los sentenciadores en cuanto a las alegaciones expuestas por las asistencias letradas de las partes, las consideraciones de hecho que han servido para justificar la concurrencia de las minorantes de responsabilidad criminal que se recogen y, consecuencialmente, la pena que corresponde al sentenciado, añadiendo la mención de las citas legales en que se funda el fallo.
Cosa distinta es que los referidos razonamientos sean considerados por el recurrente equivocados o insuficientes, puesto que tal apreciación constituye una cuestión diferente que no configura el vicio alegado. Ello, por cuanto las exigencias establecidas por el legislador, en lo que dice relación con las menciones que debe contener una sentencia definitiva, tienen por objeto evitar que su pronunciamiento obedezca sólo al capricho del fallador, de modo que no se incurre en infracción formal que conduce a la anulación del fallo si los jueces del fondo no expresaron los razonamientos que hecha de menos el reclamante.
SEPTIMO: Que, en el presente caso, basta analizar, en particular, los considerandos quinto, séptimo, octavo, noveno, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto en sus letras A) y C), décimo sexto y décimo séptimo de la sentencia de primer grado, reproducidos por la de segunda instancia, y; las reflexiones contenidas en ésta, para comprobar que el fallo de alzada contiene las consideraciones que el recurrente afirma que no existen, las que por lo demás resultan suficientes para entender que se encuentran cumplidas las exigencias previstas en los números, cuatro, cinco y seis del artículo 500 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
OCTAVO: Que tal como lo expone la Sra. Fiscal Judicial de esta Corte, en su informe de fojas mil ciento setenta y nueve, el pronunciamiento de una sentencia confirmatoria no obliga al tribunal de alzada a repetir los criterios con los cuales se encuentra de acuerdo, por lo que no puede estimarse que la sentencia atacada carezca de las argumentaciones necesarias para arribar a la procedencia delas circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, que acoge, así como para establecer el quantum de la pena, cuando no hay una innovación o cambio de esos mismos criterios.
NOVENO: Que en lo concerniente al otorgamiento del beneficio alternativo de la Ley Nº 18.216, sobre libertad vigilada, que en concepto del compareciente se habría concedido sin fundamentación alguna, basta señalar que según constante jurisprudencia de esta misma Corte, su concesión, amén de constituir una facultad soberana entregada a los jueces del fondo, no integra el contenido esencial de la sentencia, pues no ostenta directa armonía con la decisión de la cuestión materia del pleito, por lo que no puede reclamarse de las normas contempladas en la ley por la vía del recurso de casación, razón por lo que necesariamente deberá rechazarse este acápite del reclamo.
No debe olvidarse, además, que el recurrente no se alzó contra el fallo de primera instancia en aquella parte que concedió a Ramírez Inostroza el beneficio de la remisión condicional de la pena, por lo que aparte de resultar impertinente la interposición del recurso por lo ya argumentado, el recurrente no tiene el carácter de parte agraviada con esa decisión.
Por último, tampoco resulta efectivo que la concesión de la medida alternativa carezca de sustento legal, por cuanto el fallo recurrido consigna expresamente, que por considerar que en el caso sub judice se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 15 de la ley en referencia, se autoriza al sentenciado para cumplir el dictamen condenatorio mediante la modalidad establecida en esa disposición.
DECIMO: Que en cuanto a la aplicación de la pena corporal, debe tenerse presente que para su determinación, los jueces de alzada, en uso de sus facultades, desecharon la concurrencia de la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 411 del Código de Justicia Militar por haber llegado al convencimiento que no se reunían en la especie las exigencias que la hacen procedente y; por otro lado, también dentro del ámbito de sus potestades, procedieron a confirmar la decisión del a quo en orden a la concurrencia de las atenuantes de los números 6 y 10 del artículo 11 del Código Penal, razones por las cuales adoptaron soberanamente la imposición de la sanción en el quantum que estimaron conforme a derecho, citando las disposiciones legales en las que fundamentan su decisión, por lo que tampoco se divisan las carencias de que adolecerían tales determinaciones.
UNDECIMO: Que a mayor abundamiento, cabe dejar constancia que en nuestro sistema procesal penal, los jueces de la instancia están facultados para evaluar con libertad el contenido intrínseco de las probanzas que con eficacia legal se acumulen en el proceso con la finalidad de comprobar los hechos determinantes de la existencia del delito, de la responsabilidad del reo y de las circunstancias que la atenúen o eliminen y por lo mismo para otorgarles o no valor, por lo que los raciocinios de los magistrados que conducen a dichos tópicos también escapan al control de casación.
DUODECIMO: Que, en dicho contexto, carecen de asidero las reclamaciones de falta de razonamientos que se recriminan al fallo en estudio, de manera que no han podido configurarse los presupuestos del recurso de invalidación formal deducido, por lo que este recurso habrá de ser rechazado.
DECIMO TERCERO: Que, en lo que corresponde a los recursos de casación en el fondo interpuestos, tanto por el procesado como por la parte perjudicada, para un adecuado análisis y decisión de los mismos, resulta menester dejar consignados, previamente, los hechos establecidos por los jueces del grado:
“Con fecha 3 de enero de 2008, siendo aproximadamente las 06.44 horas, en circunstancias que una patrulla de Carabineros de fuerzas especiales dependientes de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de la Prefectura Cautín N° 22 de servicio de Segundo Patrullaje, integrada por un Sargento 2° y un Cabo 2°, que se desplazaban por un camino interior del Fundo “Santa Margarita”, de la comuna de Vilcún, de propiedad de Jorge Luchsinger Villiger, en el furgón policial Z-563, en cumplimiento de labores de vigilancia y protección del predio, en virtud de una medida de protección emanada de la Fiscalía Regional del Ministerio Público IX Región en Investigación RUC 0500221997-4, se percataron que en un potrero del predio destinado a forraje, se encontraba un grupo de aproximadamente 20 a 30 individuos, vestidos con ropas oscuras y con sus rostros cubiertos quienes habiendo desplegado una malla de plástico color blanco escrita con letras rojas uote Coordinadora Arauco-Malleco fuera Luchsinger” procedían a quemar 19 fardos de heno”.
“En estas circunstancias, el personal de carabineros se acercó hasta el lugar en donde se encontraban los manifestantes y siendo advertida la presencia policial por éstos comienzan a dispersarse y a retirarse, en esos instantes es que la patrulla de Carabineros se contacta con la central de comunicaciones institucional, refiriendo que requerían colaboración (claves 57-9-37 y 4) pues estaban siendo atacados con piedras y a lo menos dos disparos, presumiblemente de escopeta, por lo que desde el costado del vehículo policial en forma disuasiva, hacen uso de su armamento disparando, el Sargento 2°, un gas lacrimógeno con su carabina Stopper N° 3834, hacia donde se encontraban los sujetos y el Cabo 2°, cinco o seis tiros al aire con la Subametralladora UZI N° 9947. Los sujetos arrancaron dirigiéndose hasta una especie de “isla”, denominada así por lo distinto de su vegetación –quila y zarzamoras- hasta ese lugar los siguen en el vehículo fiscal. Inmediatamente, ambos funcionarios logran percibir que a una distancia de entre 50 a 80 metros, sujetos les disparan a lo menos dos tiros y otros les lanzan piedras, razón que motiva que detuvieran el vehículo, descendieran y cada uno, semi agachado desde detrás de las respectivas puertas del vehículo, entre éstas y la carrocería, volvieran a hacer uso de sus armas de servicio, el Cabo 2°, 2 ó 3 disparos con la subametralladora UZI, hacia donde corrían lo sujetos pero por sobre ellos, en tanto que el Sargento 2° procedió a disparar nuevamente, otro cartucho de gas; los sujetos continuaron su huida”.
“A causa de uno de los disparos que efectuó con su arma de servicio el Cabo 2°, fallece Matías Valentín Catrileo Quezada. La causa de muerte es un traumatismo abdominal por proyectil de arma de fuego (uno). Se trata de un disparo de larga distancia. El orificio de entrada de proyectil es el que está ubicado en la parte posterior del tronco y que la trayectoria fue de atrás adelante, de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Desde el punto de vista médico legal, la muerte se considera del tipo homicida”.
“Se encuentra establecido que, entre las 07.10 y las 07.40 del día 3 de enero de 2008, por antecedentes que reciben el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, se conoce la información preliminar de que se encontraría fallecido a consecuencia de una herida de bala uno de los sujetos participantes en la acción de la CAM en el predio Santa Margarita, desarrollada esa mañana, su identidad Matías Valentín Catrileo Quezada. Que el cuerpo se encontraba en poder de sujetos que no lo entregarían sino a quienes les dieran garantía de imparcialidad, en ningún caso a carabineros por temor a que manipularan evidencias probatorias”.
“Siendo aproximadamente las 13.30 horas sujetos indeterminados entregaron el cadáver de Catrileo Quezada a un grupo integrado por el Obispo Católico Sixto Parzinguer, el Defensor Regional de la Araucanía, el Prefecto de Investigaciones y los abogados Caifal Piutrin y Castrillo Costa, en un lugar distante en 1,7 kilómetros lineales, al del sitio en que ocurrieron los sucesos esa mañana”.
DECIMO CUARTO: Que en concepto de los sentenciadores, los referidos acontecimientos son constitutivos del delito de violencias innecesarias con resultado de muerte, ilícito previsto y sancionado en el artículo 330 Nº 1 del Código de Justicia Militar, que dispone: “El militar que, con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de funciones militares, empleare o hiciere emplear, sin motivo racional, violencias innecesarias para la ejecución de los actos que debe practicar, será castigado: 1.º Con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio si causare la muerte del ofendido …”, calificación jurídica que no fue impugnada por los recurrentes.
DECIMO QUINTO: Que como se adelantó, la defensa del acusado fundamentó su reclamo de nulidad sustancial en la causal establecida en el artículo 546 Nº 1 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto, en su concepto, se comete error de derecho al desechar la circunstancia eximente que contempla el artículo 412 del Código de Justicia Militar y, que también yerran los jurisdicentes al no reconocer que ampara al enjuiciado la atenuante de responsabilidad a que se refiere el artículo 411 del texto legal en referencia, requiriendo que para el caso que no se acoja la justificante que alega, se reconozca en subsidio esta última circunstancia modificatoria de responsabilidad criminal.
DECIMO SEXTO: Que para la decisión del presente recurso se requiere precisar previamente, que su carácter estricto y extraordinario impone el cumplimiento riguroso de las formalidades contempladas por el legislador para su procedencia, a saber: la mención expresa y determinada de la ley o leyes violentadas; luego, el señalamiento claro y preciso de la forma como se ha producido la infracción, con lo que se alude particularmente a la explicación de los fundamentos alegados por el recurrente, lo cual conlleva a especificar concretamente en qué consisten el o los yerros de derecho de que adolece la sentencia impugnada y, por último, la manera cómo esa inobservancia ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, presupuestos que no se cumplen si lo sometido al conocimiento del tribunal no ha sido expresado en términos claros, precisos y no contradictorios, que permitan establecer el verdadero alcance y sentido de las normas que respecto de cada causal de invalidación que se estimaron violadas, lo cual conduce a formular un planteamiento que demuestre efectivamente el desconocimiento o contravención del derecho que se repara.
DECIMO SEPTIMO: Que atendido lo razonado en el motivo que antecede, es menester dejar consignado, desde ya, que de la manera en que ha sido formalizado el recurso de casación en el fondo por la defensa del procesado, éste no puede prosperar, por cuanto se sustenta, entre otras, en causales que se alegan en forma subsidiaria, en circunstancias que el carácter extraordinario y de derecho estricto del presente arbitrio obliga a que ellas se invoquen en forma precisa y categórica, sin dubitaciones ni evasivas hipotéticas, de modo tal que la efectividad de los vicios o defectos que sustentan la fundamentación residual no puede quedar supeditada a la existencia o inexistencia de los primeros.
Tampoco resulta pertinente y contraviene la estrictez del mecanismo legal en análisis, que por un lado se pida la absolución del hechor, para luego, solicitar subsidiariamente la rebaja de la pena impuesta por los jueces del grado, razón por la cual por este capítulo el recurso tampoco puede prosperar.
DECIMO OCTAVO: Que en cuanto al recurso de nulidad de fondo que deduce la parte perjudicada, denuncia vulnerados el artículo 11 en sus números 6 y 10 y el artículo 68 inciso primero, ambos del Código Penal, por cuanto, expresa que no habiendo mérito alguno para acoger las atenuantes que erróneamente se reconocen al encausado, la pena que debió imponérsele, lo debe ser en concordancia con lo dispuesto en el mencionado artículo 68 inciso primero, vale decir, presidio mayor en sus grados mínimo a medio.
DECIMO NOVENO: Que para resolver el reclamo en cuestión, debe tenerse en consideración que los jueces del fondo gozan de entera libertad para apreciar los hechos y valorar los antecedentes que obran en autos para configurar las mentadas atenuantes, de lo que se colige que la determinación de la procedencia o no de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, es atribución exclusiva de los jueces de la instancia, lo que deriva en la imposibilidad de este tribunal de casación de revisar lo decidido en el veredicto impugnado, salvo que se haya infringido la ley al aceptarlas.
El acogimiento de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que favorecen o perjudican a un enjuiciado, como invariablemente lo ha sostenido este tribunal de casación, constituyen facultades jurisdiccionales privativas del sentenciador, las que en la especie se han ejercido con pleno acatamiento al derecho aplicable, por lo que dichas decisiones no pueden dar lugar a un motivo de nulidad, como lo pretende el recurrente.
VIGESIMO: Que a mayor abundamiento y tal como ha quedado consignado en el veredicto de primer grado, confirmado por el dictamen de alzada, el hecho que el procesado carezca de anotaciones prontuariales pretéritas en su extracto de filiación y antecedentes y, que por otro lado, su hoja de vida funcionaria aparezca incólume, demuestran de su parte un permanente acatamiento del orden jurídico y un comportamiento ético social apropiado, circunstancias suficientes para configurar la primera de las mitigantes impugnadas.
En cuanto a la atenuante contemplada en el numeral 10º del artículo 11 del Código Penal, cuyo reconocimiento también repugna al recurrente, esta Corte comparte el criterio sostenido por los jueces del fondo en cuanto a que resulta evidente que, conforme al mérito de los antecedentes que obran en el proceso, se concluye que lo que impulsó al enjuiciado a actuar de la forma como lo hizo, fue un mal entendido sentido de cumplimiento del deber, con un celo exagerado, proponiéndose el mejor servicio de su cargo público, con el convencimiento de que obraba a favor del orden jurídico, por una razón justa, ejecutando un mandato legítimamente otorgado por autoridad competente, por lo que tal conducta merece ser reconocida en los términos que dispone la norma en cuestión.
VIGESIMO PRIMERO: Que concurriendo en la especie los elementos necesarios para configurar las atenuantes de responsabilidad criminal reconocidas por los juzgadores, circunstancias que han sido la base y sustento legal para la determinación de la pena aplicable en la especie, y asilándose acertadamente en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 68 del Código Penal, no cabe sino concluir que éstos han efectuado una correcta aplicación del derecho, razones que conllevan al rechazo del recurso en estudio.
Y visto lo dispuesto en los artículos 535, 546, 547 del Código de Procedimiento Penal, se rechaza el recurso de casación en la forma deducido en lo principal de fojas mil ciento cincuenta y dos por don Jaime Madariaga De La Barra, en representación de la parte perjudicada y los recursos de casación en el fondo interpuestos en el primer otrosí de fojas mil ciento cincuenta y dos por este mismo compareciente y en lo principal de la ´presentación de fojas mil ciento cuarenta y seis por el apoderado del sentenciado, don Gaspar Calderón Araneda, declarándose por consiguiente que la sentencia pronunciada el dieciocho de agosto de dos mil diez, que se lee a fojas mil ciento cuarenta y cuatro y siguientes, no es nula.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro Señor Ballesteros.
Rol 6780-2010.-

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., el abogado integrante Sr. Luis Bates H., y el Auditor General del Ejercito Subrogante Sr. Felipe Cunich M. No firma el abogado integrante Sr. Bates, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a quince de diciembre de dos mil once, notifiqué en Secretaríapor el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente a la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

Estado de los Derechos Humanos en Chile.
http://observatorio.cl.pampa.avnam.net/sites/default/files/biblioteca/derechos_humanos_en_chile_2011_final.pdf
_____________________________
Petición por la Nación Mapuche.
Bruselas diciembre del 2011
A la atención del Señor Sebastián Piñera Echeñique
Presidente de Chile.
Señor Presidente,
Nosotros, los abajo firmantes, estamos muy preocupados por la situación que están viviendo los miembros de la comunidad de Temucuicui y en particular por la de los niños que ahí habitan.
Desde varios años atrás, pero sobretodo en estos últimos meses, esta comunidad ha sufrido regularmente intervenciones policiales extremadamente violentas.
Estos allanamientos son precedidos de lanzamiento de gases lacrimógenos que intoxican guaguas, mujeres embarazadas, niños pequeños y ancianos. Las familias son obligadas a dejar sus viviendas a veces en plena noche, para buscar refugio en los cerros de los alrededores, al mismo tiempo que los policías les disparan balas de caucho o peor aun balas de guerra. Muchos niños han sido heridos, arrestados, interrogados con violencia, insultados y amenazados. Hace algunas semanas un niño Mapuche denunció esta situación en una carta abierta dirigida a usted, después de haber sido herido por balas de caucho. Otro niño fue arrestado mientras huía para evitar el nocivo efecto del gas lacrimógeno que lanzaban a diestra y siniestra los policías. Los maltratos y daños psicológicos causados a estos niños durante estos violentos allanamientos, han sido denunciados en Chile, pero también en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y ante diputados de la Comunidad Europea en Bruselas, Bélgica. A pesar de esto, constatamos que en lugar de mejorar las condiciones de vida en la comunidad de Temucuicui, esta empeora mes a mes.

En efecto, en los meses de agosto, septiembre y octubre se realizaron violentos allanamientos. El 26 de noviembre del 2011, más de cien policías irrumpieron al alba en esta comunidad sin dar ninguna explicación previa. Pesadamente armados, a las 06:30 de la mañana, el contingente policial hizo irrupción en la comunidad, utilizando gases lacrimógenos para hacer salir a las familias de sus casas. Los policías saquearon y destruyeron sus modestas pertenencias y mientras que la gente y los niños huían intentando escapar del gas lacrimógeno, les disparaban a mansalva. Luego, la policía justificó estos actos de violencia diciendo que estaban buscando a Juan Huenchullán Cayul. Por lo tanto, él había sido arrestado en día anterior y comparecía, esa misma mañana, ante el juez en un tribunal de Victoria. A pesar que Juan Huenchullán fue dejado libre por este juzgado, él fue arrestado enseguida en las afueras del tribunal por la Policía de Investigaciones.
El 8 de diciembre del 2011, todavía aun con más violencia, la policía chilena allanó nuevamente esta comunidad, haciendo uso de gases lacrimógenos, helicóptero y disparando a la gente, procediendo, como ya lo señalé anteriormente a la detención de un niño de 13 años. Enseguida, la policía justifico el allanamiento informando que andaban en búsqueda de Mijael Carbone Queipul, uno de los werkenes (vocero) de la comunidad. No obstante, señor presidente, no había ninguna orden de detención oficial contra el señor Carbone. Posteriormente, él se presentó voluntariamente ante el tribunal y esta instancia judicial precisó que solo una investigación estaba en curso.
Señor presidente, le demandamos de intervenir a fin que cese esta represión continua, que termine la militarización de esta zona que deja secuelas psicológicas terribles en los niños, como también la persecución de adultos y menores de edad llevados a juicio en procesos que no respetan los derechos elementales para realizar una buena defensa. Si bien el estado chileno aceptó de no recurrir a la ley 18.314, mas conocida como “Ley Antiterrorista” contra los Mapuche, la justicia continúa aplicandola en procesos que tienen lugar en estos momentos, que incriminan a miembros de esta comunidad.
Nosotros estamos muy preocupados y nos gustaría obtener garantías para estos acusados y en particular en lo que concierne a miembros de la familia Huenchullán, a los menores de edad acusados, a Mijael Carbone Queipul, pero también por sus familias que sufren incesantes hostigamientos policiales.
Como las audiencias del proceso han sido continuamente aplazadas –las últimas tuvieron lugar a principios de diciembre pero fueron objeto de una suspensión- las detenciones preventivas son particularmente largas y las intimidaciones policiales continúan. Nosotros protestamos enérgicamente contra el uso de testigos secretos en estos procesos. El anonimato de estos testigos compromete los derechos de la defensa, impidiendo el contrainterrogatorio y la elaboración de pruebas de descargo. La prolongación de estos procesos, la utilización de la “Ley Antiterrorista” vis a vis de Mapuche participan a la intensificación del conflicto que opone el estado chileno al Pueblo Mapuche, quienes reivindican condiciones de vida decentes, la preservación de su estilo de vida y de su medio ambiente.
Señor presidente, si en relación a los hechos ocurridos recientemente, nosotros le manifestamos nuestra oposición frente a la represión de que es objeto la comunidad de Temucuicui, estamos igualmente alarmados por la situación que vive el pueblo Mapuche en general. En efecto, otras comunidades Mapuche viven también o han sufrido estos últimos meses perpetúales hostigamientos policiales, la discriminación, las detenciones de menores de edad, los interrogatorios bajo la amenaza de la violencia, acompañados muchas veces de actos si graves que pueden ser calificados de tortura. Cada una de estas comunidades protesta contra estos hechos, pero sobretodo contra el atentado a su forma de vida, el temor por la desaparición del bosque nativo amenazado por el monocultivo realizado por las empresas madereras, el miedo a la destrucción de su medio ambiente frente a nuevos proyectos de explotación minera. Esto, a pesar que Chile ratificó la Convención 169 de OIT que obliga a consultar a los pueblos originarios en todo lo que concierne a sus territorios ancestrales y a la posibilidad a desarrollar su cultura y sus derechos sociales. Estas demandas han sido escuchadas en las Naciones Unidas y por diputados de la Comunidad Europea en los recientes viajes de representantes Mapuche de varias comunidades.
La gravedad de la situación que sufren los miembros de la comunidad de Temucuicui nos obliga, señor presidente, a solicitarle una intervención en su favor a fin de que cesen estos violentos allanamientos. No obstante, le pedimos considerar igualmente el conjunto de la situación del Pueblo Mapuche y tomar todas las medidas necesarias para permitir que ellos ejerzan su derecho legítimo como pueblo autóctono.
Se despiden atentamente los abajo firmantes.
http://www.lapetition.be/en-ligne/Situacion-del-Pueblo-Mapuche-10770.html
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Presentan recurso judicial contra toma de muestra de ADN a prisioneros mapuche. (paísmapuche-wmft) Se presentó recurso de protección a favor de Lorenzo Alex Curipan Levipan, con la finalidad de detener la orden que emitió el juzgado de garantía de Angol, quien pretende forzar a los Prisioneros Políticos Mapuche a dar su ADN, para llevarlo a un banco de datos.
La Comunidad Mapuche Rankilko considera este medida como racista.
La maniobra de los organismos represivos responde claramente a sustentar futuros montajes políticos para encarcelar a nuestra gente movilizada.
http://paismapuche.org/?p=3855
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Chile 2011: Fin de un ciclo y comienzo de otro. (12dic11-Tania Peña-PL-wmft) La magnitud alcanzada por la protesta estudiantil en defensa de un sistema de educación pública y gratuita marcó el despunte de la lucha antineoliberal en Chile en 2011, período identificado por académicos como el término de un ciclo y el inicio de otro.
Hacía años que las clases dominantes no se veían desafiadas por tan amplios sectores populares, y eso lo han conseguido los estudiantes, acotó un editorial de la revista chilena Punto Final.
En el año amplios sectores instalaron sus demandas y comenzó el rechazo a una lógica de mercantilización extrema que inundó prácticamente toda la vida social e individual del país y sus habitantes, comentó asimismo el sociólogo Juan Andrés Lagos.
El también miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile reflexionó cómo la contradicción histórica entre dominación neoliberal y democracia soberana se agudiza en el país.
Las movilizaciones sociales, ilustró, dejaron de ser hechos episódicos y ya expresan una tendencia.
Opina Lagos que el proceso tiene tal profundidad que se inunda con la irrupción protagónica de las nuevas generaciones de chilenos, hasta ahora mantenidos bajo control, como "mascotas" excluidas del ámbito de incidencia e influencia social.
La fuerza de la protesta social como protagonista de este 2011 hizo su aparición desde enero mismo con el "Puntarenazo", promovido por la Asamblea Ciudadana de Magallanes contra un pretendido incremento de las tarifas del gas domiciliario en esa helada región de Chile.
El detonante lo produjo un polémico acuerdo entre la Empresa Nacional del Petróleo y la distribuidora Gasco, el cual derivó en un aumento de casi el 20 por ciento del precio del gas, un recurso que en el sur chileno es como el agua o el pan.
Un acuerdo sellado con el gobierno puso fin a una semana de paro y protestas masivas en varias ciudades de la Patagonia y fue interpretado en el ámbito local como un triunfo de la unidad popular frente a los intereses oligárquicos.
Dos meses más tarde, el excluyente modelo chileno fue presentado por Barack Obama como ejemplo de desarrollo y bienestar en Latinoamérica y su gobierno como ejemplo de liderazgo para el mundo.
Fue precisamente Chile la plataforma escogida por el presidente estadounidense para lanzar su Discurso para las Américas en marzo de este año, en el que proclamaría su recurrente "alianza igualitaria".
Éxito, liderazgo, progreso, espíritu democrático, democracia dinámica, pericia en seguridad, país líder, conformaron la andanada de epítetos que Obama le atribuyó a la nación austral. Al respecto, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano de Chile, lamentó el desconocimiento del titular de la Casa Blanca acerca de los serios déficit que en materia de derechos humanos hay en el país, cuyo modelo él halló tan inspirador.
Chile discrimina a indígenas, morenos y negros. Nuestro país sufre las mismas deformaciones que afectan al suyo, entre otros motivos porque se empeña en imitarlo, le recordó a Obama la revista Punto Final.
Detrás del espejismo de nación próspera, se esconden en Chile tres y medio millones de pobres e indigentes y casi 700 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, graficó la publicación.
El dilatado y viciado proceso judicial contra una veintena de mapuches al amparo de la cuestionada ley antiterrorista y que derivó en largas condenas a cuatro líderes de esta etnia, legitima la apreciación de Punto Final.
"Se quedan en prisión personas muy importantes para nosotros, personas que sabemos que van a seguir en este proceso de reconstrucción de nuestro pueblo, de la recuperación de tierras. Quienes han dedicado sus vidas a esto son los que se van a quedar adentro", advirtió entonces la portavoz indígena Natividad Llanquileo.
Recordemos que la justicia chilena encontró culpables a los sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche del delito de robo con intimidación y homicidio frustrado, ligado este último a un presunto ataque en 2008 a un fiscal.
Hecho considerado por sectores de la oposición y comunidades indígenas como un montaje de latifundistas y fiscales para acallar la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras.
Mejores condiciones laborales, libertad a los presos mapuches, defensa de la educación pública y preservación de las riquezas naturales de la Patagonia, marcaron el rumbo de la protesta social de abril en adelante.
Sólo entre mayo y junio tuvieron lugar en Santiago y en otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Temuco y Cohyaique más de una veintena de manifestaciones masivas, cuya magnitud fue reconocida por las autoridades policiales y los monopolios mediáticos del país.
Cabría preguntarse, si nos encontramos ante la fase inicial de un nuevo ciclo de movilizaciones, indicó un avezado comentarista local.
El visto bueno en Chile al megacomplejo energético de Hidroaysén, en la zona de la Patagonia, rechazado por el 80 por ciento de la población por su impacto medioambiental, derivó en multitudinarias marchas, superadas únicamente por el irrumpe del movimiento estudiantil.
En materia de educación, lo que en su génesis parecía un petitorio sectorial, surgido de los intereses de federaciones universitarias y del gremio magisterial, dejó claro respondía al clamor ampliamente mayoritario de la ciudadanía.
La protesta social en Chile por una educación pública y gratuita demostró tener un carácter transversal y una permanencia en el tiempo significativa, destacó a Prensa Latina la portavoz de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García.
Impulsados por los estudiantes fue abriéndose un abanico de numerosos tópicos sociales cuestionados en Chile a partir de un status quo impuesto en dictadura.
Salieron a la luz reivindicaciones democráticas que el pueblo chileno anhela y críticas de hondo calado hacia el sistema de salud -cada vez más privatizado-, hacia la precaria legislación laboral, en torno a la discriminación de la mujer o en relación con la lentitud del proceso de reconstrucción post terremoto.
Lo de Chile es una revolución en marcha, aseguran reconocidos historiadores y analistas políticos sobre el creciente movimiento de protestas sociales que ha mantenido en apuros al gobierno de Sebastián Piñera, situado apenas entre un 20 y un 25 por ciento de aceptación popular, según las encuestas.
Chile asiste a un escalón superior de lucha por cambios estructurales profundos, aseguró a esta agencia el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
El líder gremial comentó cómo en el paro nacional ciudadano del 24 y 25 de agosto último marcharon en forma multitudinaria trabajadores y estudiantes juntos en reclamo de transformaciones de fondo.
"Entraron los trabajadores al escenario y eso le da una cualidad muy distinta y más profunda a este movimiento que existe en el país", subrayó Gajardo.
Destacó que entre las demandas principales del pueblo chileno sobresalen el llamado a una nueva Constitución y a un nuevo Código del Trabajo, educación pública y salud pública gratuita, y el pedido de una reforma tributaria que junto a la renacionalización del cobre contribuya a encarar la impresionante inequidad social.
La respuesta represiva del gobierno les recordó a los chilenos que están ante un régimen político fundador del neoliberalismo y que busca a ultranza resguardar sus intereses, advirtieron en un manifiesto público una docena de historiadores.
Exponentes de la izquierda alertaron asimismo cómo el empleo desproporcionado de la fuerza policial, junto con provocaciones para generar reacciones violentas, se han convertido en un esquema habitual en todo el país.
Dentro de ese esquema, particular impacto causó en la población el anunciado proyecto de resguardo del Orden Público, el cual puede llevar a la cárcel a jóvenes manifestantes que se consideren violentos por las instituciones chilenas, aliadas a los intereses del gran capital.
También la invocación a la Ley de Seguridad del Estado, instrumento creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para acallar la protesta social.
Frases como "no nos va a temblar la mano" o el cierre de colegios decretado por el alcalde de la comuna santiaguina de Providencia, Cristián Labbé, exagente de la policía de Pinochet y figura aplaudida por el oficialista y ultraconservador Partido Unión Demócrata Independiente, dejaron al desnudo a la "nueva derecha" chilena.
La postura de mano dura se percibió de igual modo en la indiferencia de La Moneda al plebiscito del mes de octubre, organizado por la Mesa Social por la Educación, y en el que el que el 90 por ciento de los electores dijo Sí a un sistema de enseñanza pública y gratuita y No al lucro en el sector.
A juicio de Juan Andrés Lagos, sólo una derrota de la derecha criolla, en toda la línea, permitirá abrir una nueva fase política en Chile.
Ya asoma otro agitado año en el país suramericano.
*Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
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Chile no pasó el examen en informe local sobre Derechos Humanos durante 2011. (14dic11-123-ayi)Un balance negativo arrojó el informe denominado El Estado de los Derechos Humanos en Chile 2011, elaborado por organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas.
Según el documento, en un año marcado por los reclamos ciudadanos y movilizaciones sociales a los largo del país, existen algunos aspectos críticos, como la criminalización de la protesta social, déficit en materia de participación política y electoral, y en la protección de recursos tan esenciales, como el agua, que impiden identificar avances significativos en su vigencia efectiva en el país.
Entre las organizaciones que participaron en la confección del informe están la Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos y Amnistía Internacional Chile, entre otras.
De acuerdo al análisis elaborado por las distintas organizaciones el Estado chileno ha seguido sin adoptar las medidas necesarias para implementar las recomendaciones que la comunidad internacional le ha formulado en materia de Derechos Humanos, en particular aquellas formuladas en el 2009 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal.
En materia de derechos políticos y ciudadanos, el informe da cuenta que no ha concluido en el Congreso la tramitación de importantes iniciativas, tales como el proyecto de ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario, y el proyecto de elección directa de los Consejeros Regionales.
Mientras que en el ámbito de los derechos de los indígenas, sostiene que se mantuvo la exclusión política de los pueblos indígenas, los que siguen sin contar con una representación en el Parlamento y continúa la política de criminalización de la protesta social mapuche, agrega el informe.
En cuanto a los derechos de la población migrante, asegura que sigue pendiente el desafío de la integración de este número creciente de población, rigiendo todavía la actual ley migratoria de 1975, incoherente con los tiempos de intercambio global e integración regional existentes, asegura el informe.
En cuanto a la política ambiental, indica que ésta continúa marcada por la fuerte influencia empresarial y denuncia la falta de consulta ciudadana por parte del Gobierno en el proceso de elaboración de un anteproyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que el Ejecutivo envió al Congreso en enero de 2011. http://noticias.123.cl/noticias/20111214_8d061b64fba87265fc69188eb89b00e5.htm
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Para el mapuche no existe diferencia entre gobiernos de la Concertación y la actual Alianza.
http://natividadllanquileo.blogspot.com/2011/12/para-el-mapuche-no-existe-diferencia.html?spref=fb
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Buenos Aires: Mujer Mapuche llegó a la legislatura. (larosca-ayi) Se realizó la entrega de diplomas a los diputados electos de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, lo hizo la diputada por la Unidad Popular en FAP, Rita Liempe, quien en su carácter de trabajadora y Mapuche, llevará la problemática de los sectores más postergados a la legislatura provincial. Con los nervios característicos a lo desconocido y el apuro por cumplir el protocolo, la diputada electa por la cuarta sección electoral, Rita Liempe, reflexionó sobre su futuro rol en la Cámara baja de la legislatura provincial, el compromiso con su lugar de procedencia y lo ajustado de la agenda de temas.
“Vengo de espacios donde el trabajo es la esencia de nuestra vida –señala la diputada -, tanto en mi labor profesional como de militancia. Hoy, si bien este es un espacio diferente, espero responder con el mismo trabajo y sacrificio que ha caracterizado toda mi vida, y de esa manera representar los intereses de los ciudadanos de la cuarta sección y de toda la provincia, siempre centrándome en el valor fundamental de la justicia social”.
Miembro de la comunidad mapuche, Liempe es una tozuda militante por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios: “Mi identidad mapuche es la rectora de mi vida, con todo lo que ello significa. Por esto, mi intención es traer a la legislatura el reconocimiento hacia los pueblos originarios, para se cumplan las leyes que hoy están vigentes, tanto a nivel nacional como provincial, pero que no se ejecutan. El Estado tiene una negación hacia nuestros pueblos”.
Nacida en San Antonio Oeste (Río Negro), pero con más de 20 años de radicación en la ciudad bonaerense de Lincoln, estudió enfermería universitaria mientras trabajaba como auxiliar en el hospital local. “Me radiqué definitivamente en Lincoln en el año 83’. Trabajé de muchas cosas, hasta que me fui acomodando y pude terminar mis estudios. Durante 16 años trabajé como empleada municipal, donde fui elegida por los compañeros como delegada gremial de ATE y como secretaria general de la CTA regional Lincoln-Pinto-Vedia”.
De su condición de trabajadora y militante municipal, espera trasladar a la legislatura todos los reclamos del sector, “los municipales debemos tener el derecho a debatir en paritarias nuestras condiciones laborales. Para esto hay que terminar con la Ley Nº 11757, promulgada por Duhalde. Las condiciones laborales del sector son las peores en cuanto a estabilidad y cobertura de derechos sociales”.
Asimismo, por ejercer orgullosa su labor de enfermera, quiere resaltar la necesidad de “rescatar el carácter humano de la profesión, ya que de ella depende en gran medida y en muchos casos, la vida del paciente. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en todo el país, hace falta promocionar esta carrera, ya que la mano de obra escasea”.
Por último, la diputada por la Unidad Popular en FAP, dijo que “no quiero quedar estancada en la capital provincial, mi trabajo consistirá en recorrer todos los municipios, para no perder el contacto de la gente”.
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Promoverán derechos de los pueblos indígenas en la región andina. (servindi-ayi-wmft) La Secretaría General de la Comunidad Andina y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU suscribieron ayer un convenio para promover juntos, en la región andina, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
Adalid Contreras Baspineiro, secretario general adjunto interino de la Comunidad Andina, manifestó que la firma este convenio es importante porque nos desafía a seguir trabajando en el fortalecimiento de la presencia de pueblos indígenas en la construcción de la integración andina.
Indicó que con su suscripción lo que se está haciendo es formalizar el trabajo conjunto que ya venían desarrollando ambas instituciones.
Destacó la importancia de la difusión de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos que contiene elementos importantes del Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organizacióin Internacional del Trabajo (OIT), así como los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales de los pueblos indígenas.
Por su parte, Mirna Cunningham Kain, Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, manifestó que en América latina y Caribe habitan más de 60 millones de indígenas de los cuales cerca del 50 por ciento viven en diversos países la Comunidad Andina.
Manifestó que las últimas décadas se han caracterizado por el protagonismo político de los pueblos indígenas en cada uno de países.
“No podemos hablar de gobernabilidad, de democracia y de igualdad si no hay participación de Pueblos Indígenas en los procesos de toma de decisiones y en medidas que se promuevan en las políticas públicas”, señaló y subrayó que “definitivamente ya no se concibe la creación de convivencia armónica sin participación de pueblos indígenas”.
Indicó que la suscripción de este convenio crea la posibilidad de trabajar juntos para contribuir a mejorar las condiciones de los Pueblos Indígenas en una región donde se están dando señales esperanzadoras en el tratamiento de este tema.
La Comunidad Andina de Naciones está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, quienes decidieron integrarse voluntariamente para alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana.
Tales países se han propuesto profundizar una integración integral que contribuya al desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías. Asimismo, que aglutine las diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea convergente hacia la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
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El Protocolo de Kioto ha muerto, la Convención de Cambio Climático agoniza. (15dic11-Gerardo Honty-ALAI AMLATINA,ayi-wmft) Algunos analistas han concluido que en la reciente cumbre gubernamental sobre cambio climático de Durban se logró mantener con vida el Protocolo de Kioto, ya que la mayoría de los países firmantes han decidido darse un segundo período de compromiso, y esto es al menos un logro.
Sin embargo hay varias razones para sostener que el Protocolo de Kioto ha muerto. La primera es la razón del artillero: su objetivo principal era reducir un 5% las emisiones de los países desarrollados y esto no se cumplirá. No solo no se cumplirá porque los firmantes no alcanzaron esa meta (cosa que se veía bastante probable), sino porque varios de las más importantes naciones no son parte, o abandonaron ese convenio. Estados Unidos, Rusia, Canadá y Japón ya no adhieren a ese protocolo y en ellos están más de la mitad de las emisiones que estaban comprometidas a ser reducidas.
Y esta es una segunda razón para decir que el Protocolo de Kioto ha muerto: es un acuerdo vinculante que ya no vincula. Uno de los temas centrales de las negociaciones sobre cambio climático, desde el encuentro de Bali (2007) hasta esta cumbre en Durban, había sido la forma que adquiriría la “arquitectura legal” de un nuevo acuerdo para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. De hecho este tema es tan importante que se volvió la principal razón del retraso de 36 horas en la decisión de Durban.

Uno de los fuertes argumentos a favor de mantener el Protocolo de Kioto era que este era el único tratado “jurídicamente vinculante” que teníamos. Pero lo que acaba de suceder en Sudáfrica muestra que incluso bajo las obligaciones de estos tratados, hay países que se pueden desvincular. ¿Qué vida puede tener un tratado que no cumple su cometido y del que cualquiera se puede salir en cualquier momento sin castigo?
Lo que quizá podría preguntarse ahora es si la muerte del Protocolo de Kioto no ha arrastrado consigo la muerte de la propia Convención Marco del Cambio Climático. Una de las razones por las que los países en desarrollo bregaban afanosamente por lograr un segundo período de compromiso del Protocolo es que este contiene un “cortafuego” que mantiene separados los compromisos de los países desarrollados y los de los en vías de desarrollo. Sin embargo esto es un espejismo: ese cortafuegos está en la Convención. Es el texto de la Convención el que dice que los países desarrollados tienen que reducir sus emisiones y los países en desarrollo tienen derecho a aumentarlas en virtud de su necesidad de desarrollo. Es la Convención la que divide a los países en Anexo 1 y no Anexo 1.
Ahora bien, ha quedado claro en Durban, por si no se habían percatado antes, que varios países desarrollados ya no aceptan esta tesis y que no entrarán en ningún acuerdo bajo estas condiciones. Pero también se ha hecho evidente que la división entre desarrollados y en vías de desarrollo ya no alcanza para dar cuenta de los posibles arreglos con equidad. Esto quedó muy claro en particular con la última discusión entre India por un lado, y China y Brasil por otro, en uno de los últimos trasnochados plenarios en Durban.
Y es evidente que destruido este “cortafuegos” buena parte de los contenidos más importantes de la Convención de Cambio Climático se derrumban. Vale la pena también recordar que uno de los objetivos principales de este acuerdo era que los países desarrollados redujeran sus emisiones del año 2000 a las que tenían en 1990, extremo que, como puede comprobarse fácilmente, no se ha logrado.
En consecuencia podría llegar a pensarse que en Durban no solo acabamos de enterrar el Protocolo de Kioto sino también comenzamos a cavar la fosa de la propia Convención.
No puedo resistir la tentación al final de este artículo de señalar la dolorosa paradoja que nos ha puesto el destino por delante. El próximo encuentro de los países participantes en este proceso (la COP 18), se celebrará en Catar, un país “en desarrollo” cuyos ingresos dependen en un 85% de la venta de petróleo y gas y que tiene uno de los ingresos per cápita más grande del mundo: 80 mil dólares al año. ¿Es en esa próxima etapa donde debemos tener enfocadas nuestras esperanzas?
- Gerardo Honty es analista en energía y cambio climático de CLAES, Centro Latinoamericano de Ecología Social
Mas informacion: http://alainet.org
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COP17: Pueblos Indígenas demandan una moratoria a la aplicación de REDD hasta aprobar salvaguardas que garanticen la protección de sus derechos. (caoi-wmft) Durban.- REDD fue el tema central del debate en la Conferencia de Partes 17 sobre Cambio Climático que se desarrolla en esta ciudad sudafricana. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, además, realizó un side event sobre el tema con representantes de Noruega, Suiza y Finlandia presentes.
En el Caucus Indígena se informó que Filipinas y Bolivia están incidiendo en el tema de financiamiento, para asegurar un apoyo económico a los pueblos indígenas. Lograron un llegar a una propuesta pero Canadá y Estados Unidos quebraron el proceso, diciendo que necesitan consultar con sus abogados. También se realizaron algunas reuniones preparatorias para Río+20.
Acción de protesta
La Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales realizó una ceremonia y una acción de protesta al interior del Centro Internacional de Convenciones (ICC), para denunciar que el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) es una falsa solución al cambio climático ya que no colaborará en la reducción de gases de efecto invernadero y en cambio fomentará la deforestación, además que al estar planteado como un mecanismo de mercado, significa la mercantilización de los bosques y vulnera los derechos de los pueblos indígenas, despojándolos de sus tierras, fomentando la plantación de transgénicos y los monocultivos forestales.
En la ceremonia se realizaron cantos y rituales de indígenas de Estados Unidos y Bolivia, que junto a otros indígenas del mundo dijeron NO a REDD+ y demandaron la inmediata moratoria en su aplicación hasta que se consoliden salvaguardas que garanticen la protección los derechos indígenas, sus conocimientos y territorios, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado.
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Amuley ñi anvmgen kuxanelcekeci kvzaw taiñ mapu mew, ¿Cumaiñ taiñ igkañpeam taiñ mapu? Xawayiñ Puelwijimapu mew...
“FVTA XAWVN IXOFIJMOGEN MEW”

PRIMER GRAN ENCUENTRO MAPUCHE POR LA BIODIVERSIDAD- DÍAS 17, 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2012- ESQUEL CHUBUT- PATAGONIA ARGENTINA.
INVITA Y ORGANIZA: ORGANIZACIÓN MAPUCHE DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE.
Después de intentar hacer este encuentro, sin conseguir apoyo financiero, lo intentaremos una vez más, en forma autónoma.
Inscripción: $120 (el monto de la inscripción se usará para financiar dos comidas diarias- almuerzo y cena)
Desde hace casi 20.000 años nuestra nación Mapuche desarrolla su vida en la wall mapu, territorio ancestral mapuche, en el sur del continente, hoy llamado” americano”, territorio que se extiende desde el pacífico hasta el atlántico, territorio invadido por los estados chileno y argentino.
Nuestra visión del arte de habitar se construía desde los principios de horizontalidad, equidad y reciprocidad con todos los demás elementos de la tierra. Así mantuvimos la plenitud de la vida que se abría abundante y vigorosa, así la conoció el conquistador español a quien pudimos frenar en su ambición invasora, pero luego llegaron los estados nación, que lejos de aprender y compartir el arte de habitar, nuestro kume felen, nos arrebataron nuestro territorio esclavizándonos y cosificando los pu newen: elementos vitales , así como también, mercantilizaron la vida.
Desde hace casi 200 años vienen depredando, saqueando- desangrando nuestro territorio que está agonizando- con innumerables ríos represados, contaminados, bosques arrasados, montañas dinamitadas, y lo que es peor, puede ser que continúen haciéndolo hasta eliminar toda vida del planeta sin ser capaces de parar, cegados por la ambición desmedida.
Ambos países sostienen un modelo económico extractivista que no ha sido interpelado, ni cuestionado por los sucesivos gobiernos. El capitalismo en todas sus formas, sean éstas más represoras o disfrazadas de derechos humanos, sigue nutriendo de grandes ganancias a las empresas transnacionales con la complicidad de los estados, a costa de devastación y muerte. La minería, las forestales, petroleras, represas y los monocultivos a gran escala son los símbolos que hoy se levantan como reflejo de progreso y prosperidad y paradójicamente dejan tras de sí un desierto ambiental, social y cultural que va configurando una nueva demografía: la de los refugiados ambientales. Centenares de familias, año a año dejan el campo y se trasladan a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades para la vida, y sólo encuentran pobreza, marginalidad y una terrible soledad institucional.
Por omisión o por convicción nos volvemos cómplices del asesinato planetario, tal vez no podamos hacer una defensa global del planeta, sin embargo si comenzamos por el resguardo del territorio en el que vivimos con el fuerte deseo de perpetuar la vida y las vidas que conocemos, acercándonos y animándonos a organizar la esperanza, a luchar por hacer como dice el poeta Lionel Lienlaf “el aire más respirable de este mundo“, entonces habremos sin duda dado el primer y más trascendente paso hacia la posibilidad de un mañana que hoy parece escaparse de nuestras manos.

Como Nación Mapuche debemos darnos la oportunidad de encontrarnos para reflexionar, intercambiar información y construir estrategias conjuntas como un solo pueblo, como una sola nación a ambos lados de la cordillera, en busca de soluciones a los conflictos ambientales que nos afectan. La lucha por la libertad y por el buen vivir, precisa de unidad, articulación, estrategia, y sobre todo de amor y confianza entre nosotros, hermanos de un mismo pueblo.
Deseamos que este encuentro no sea uno más, sino el disparador para generar como nación un marco teórico mapuche sobre la realidad ambiental y el principio de construcción de una herramienta política para la defensa de nuestro territorio.
Vendrán todas las comunidades que han padecido el asesinato de sus ríos por mega proyectos de represas, las que luchan para que sus bosques no sean arrasados por las forestales, las que cuidan el mar y sus frutos hoy vilmente contaminadas por las salmoneras, las afectadas por las mineras y la soja, las que se oponen a la ferocidad petrolera sobre sus vidas y sus tierras. Todas traerán su dolor, pero también sus esperanzas. En lo testimonios, en las miradas nos reconoceremos, nos identificarán realidades y dolores comunes, pero también habrá alegrías para compartir y triunfos para relatar que inspirarán la continuidad de la lucha.
Los invitamos a tejer en el telar de nuestra wall mapu un nuevo y decisivo capítulo de la historia con lanas de todos los colores que iluminen la vida, rompiendo la noche oscura en donde el enemigo pretende tejer la mortaja para nuestros sueños.
Desde la cordillera sur, por territorio justicia y libertad, ¡MARICHI WEW!
Desde la Puelwillimapu Marici Weu!!
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Calendarios 2012 por la Defensa del Mar: ¡Más fuerte! ¡No al Ducto en Mehuin! (12dic11-mdm-wmft) Por cuarta vez realizamos calendarios en apoyo a la Defensa del Mar, idea que concretamos por primera vez el año 2009, gracias al apoyo de varios amigos que cooperan de tantas y diferentes formas. Así fue como pudimos continuar el año 2010 y 2011. Todo en apoyo directo al trabajo del Comité de Defensa del Mar, esfuerzo que apunta a mantener toda la tramitación y las gestiones necesarias para continuar con nuestro Borde Costero libre de contaminación, de esa amenaza que tenemos desde 1996 con el posible ducto de desechos tóxicos de Celulosa Arauco directo en el mar.
¡Los invitamos a sumarse a esta nueva campaña! Si ya han participado antes, entonces continúen respaldándonos. Si no ha sido así, entonces súmense, pues mantener nuestro mar limpio (y todo lo que se nutre con sus aguas) es deber de todos los que cada año visitamos, respetamos, comemos, vivimos o trabajamos junto a él. Nuestro contacto es: movdefensadelmar@gmail.com
Pronto daremos a conocer los lugares donde estarán disponibles, como siempre apuntaremos a la mayor cantidad de ciudad. Por ahora les comentamos que antes de finalizar el 2011 ya están. Quienes deseen colaborar en la distribución pueden contactarse con nosotros y veremos la forma de hacerlos llegar. Son por un aporte mínimo de $500, algo que no empobrece a nadie ni enriquece a nadie; pero que nos permite ayudar entre todos, a realizar las gestiones necesarias para decir un año más: ¡No al ducto de CELCO en Mehuín, Territorio libre de contaminación!
Como cada año el encabezado del calendario tiene un: "Por la Defensa del Mar. No al ducto de Arauco en Mehuín". Contiene 3 fotos, la primera es una panorámica tanto del mar de Mehuín como de nuestro río Lingue desde un cerro de la Villa Nahuel. La segunda corresponde a la caleta de Queule, representando a los pescadores artesanales de La Araucanía quienes junto a los Mapuche-Lafkenche, continuamos realizando tramites todo el año, en beneficio de nuestro mar y de la gente que vive junto a él, además de quienes a la distancia merecen un lugar donde ir, cada vez que lo deseen. La tercera foto es de la Playa Chica de Mehuín, región de Los Ríos con sus rocas y su oleaje. Como siempre, estamos entregando información, enlaces y páginas donde seguir informándose del Lafkenmapu durante el año.
Otra vez y más fuerte decimos en el 2012: ¡NO AL DUCTO!
Movimiento por la Defensa del Mar.
http://www.noalducto.com/2011/12/calendarios-2012-por-la-defensa-del-mar.html

jueves, 10 de noviembre de 2011

Acuerdos generales del Encuentro Nacional Parlamentario entre PI y el Congreso Chileno” 4 y 5 de octubre, 2011- Noticias


Aymara- Quechua-Lickan antay- Diaguita- Colla-Rapa Nui- Mapuche-Kawésqar- Yagan
AUTORIDADES TRADICIONALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AUTOCONVOCADOS
ACUERDOS GENERALES DEL “ENCUENTRO NACIONAL PARLAMENTARIO ENTRE PUEBLOS INDÍGENAS Y EL CONGRESO” 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2011- CONGRESO NACIONAL DE CHILE- VALPARAÍSO
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1. EXIGIMOS LA DEROGACIÓN INMEDIATA DEL SINIESTRO DECRETO 124 CUYA UNICA FINALIDAD ES BURLAR LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO 169 DE LA OIT Y OBSTACULIZAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN CHILE
Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas, Organizaciones Indígenas Especializadas en Derechos Indígenas y Políticas Públicas, Expertos Internacionales en Derechos Indígenas y Derechos Humanos, Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos, Centros Universitarios Especializados en Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Alta cámara del Senado, el Relator Especial de la ONU, Comité de Expertos de aplicación de Convenios de la OIT, entre otros, han manifestado y reiterado que el Decreto 124 no cumple con las normas del convenio.
El Poder Ejecutivo no deroga el Decreto 124, porque sabe que mantiene mutilado no tan sólo el derecho a la consulta y participación de los Pueblos Indígenas, sino que también el conjunto de sus Derechos. A pesar que se dio como fecha límite el 10 de octubre para su derogación, haciéndose público durante el encuentro en el Congreso Nacional en que estuvieron presentes las autoridades de Gobierno (Segpres-Conadi), no logra hasta la fecha dar una respuesta favorable a esta solicitud. Se entiende que lo seguirá posponiendo, usando como condicionante, la finalización de su plan sobre “la consulta de la consulta”, y de los resultado que se obtengan del trabajo emprendido por la Conadi. Esto fue ratificado por el ministro Joaquín Lavín, junto a los funcionarios de Segpress, Conadi y Consejeros Indígenas, en la Comisión de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía del Senado.
En esta misma Comisión y luego en una reunión con la Coordinación, el Gobierno solicita que el Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes Indígenas ingrese al trabajo que está realizando el Consejo Nacional de la Conadi, sin ser derogado previamente el decreto. Dicha propuesta es inaceptable, condenamos las decisiones adoptadas por algunos Consejeros Indígenas en cuanto postergar la derogación del decreto 124 y ponerse a trabajar en la Consulta de la consulta.
Señalamos que es imposible definir como queremos ser consultados, sin haber definido como pueblos la forma de representación y participación, de acuerdo a nuestra propia cultura e identidad.
Esta herramienta heredada por ex ministro Viera Gallo, el actual Gobierno la sigue utilizando para continuar con la política de asimilación, doblegación e invisibilidad de los Pueblos Indígenas y con grandes dividendos para los intereses de los conglomerados económicos que están depredando nuestros recursos naturales y futuro como pueblo .
Los Pueblos Indígenas, sus Autoridades Tradicionales, sus Dirigentes, sus Comunidades, sus Territorios autoconvocados, han dado un plazo perentorio para su anulación y que se formalizó públicamente a las autoridades de Gobierno presentes en el Encuentro nacional de Pueblos Indígenas.
No aceptará iniciativas emprendidas por el Gobierno a través de CONADI, esperamos más bien que se ocupe de resolver los problemas de ejecución presupuestaria que aún no soluciona y no ha dado cuenta a sus beneficiarios, afectando la efectividad de muchos programas como el fondo de tierras. No olvide que es un organismo Gubernamental distinto a los Pueblos Indígenas y no nos haremos parte del juego de intereses privados y públicos. Tampoco de la implementación de políticas cuya esencia es la mala fe, provocadora de retrocesos que mutilan nuestros derechos.

2. PROCEDIMIENTOS DE LA CONSULTA DE LA CONSULTA Y LOS CAMBIOS EN LA CONSULTA DE INSTITUCIONALIDAD INDIGENA ANUNCIADA POR EL GOBIERNO.
Observamos críticamente las decisiones del Gobierno respecto de los procedimientos para determinar la consulta de la consulta. Es su obligación consultar directamente a los “pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” tal como lo establece el artículo 6, número 1, letra a del Convenio 169 de la OIT.
Las decisiones del Gobierno para implementar el convenio 169 persiste en no respetar los derechos de los pueblos, inclusive queriendo revertir estas malas decisiones vuelve a cometer el error en no considerar a las instituciones representativas de los pueblos. Elabora un plan de la consulta de la consulta nuevamente a través de la Conadi y su Consejería Nacional.
Mientras los pueblos Indígenas no hayan discutido su institucionalidad y gobernabilidad, la Conadi y los consejeros indígenas deberán ajustarse a los estándares que el convenio 169 consagra, en materia de consulta y participación. Se exige que se realicen las consultas planteadas en el Convenio 169 de la OIT directamente a los Pueblos Indígenas. La Conadi y sus Consejeros Indígenas forman parte del Estado chileno, distinto a la Sociedad indígena y a los Pueblos Indígenas.
La situación que los pueblos indígenas no hayan definido su institucionalidad, no puede ser usado como argumento, para que la Conadi lo aplique e impedir el avance de la propia auto organización de los Pueblos y definir su representatividad. Debe facilitarse que los pueblos se auto convoquen y permitir las asambleas o congresos por pueblos. El llamado debe ser realizado por las propias Autoridades Tradicionales de manera autónoma. En esta línea la Comisión de Derechos Humanos ha comprometido su apoyo para su realización, reconociendo que es absolutamente necesario estos procesos.
También hacemos un llamado al Instituto Nacional de Derechos Humanos que acompañe técnicamente la realización de estos encuentros.
Mientras los pueblos discuten su representatividad y mecanismos de consulta, se debe acordar un dispositivo provisorio que resguarde la participación de los pueblos ante las medidas legislativas y administrativas emprendidas por el Gobierno y el Parlamento, de tal forma que se resguarden los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, planteamos que es necesario establecer una Comisión Representativa en la cual se encuentren Las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas, Instituciones de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos del Poder Legislativo, Ministro Mideplan, Segpres del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con la finalidad de examinar toda iniciativa o proyecto de ley que ya fueron aprobados, que están siendo discutidos o están en proceso de incubación, proyecto o ideas que tienen incidencia sobre los intereses de los pueblos indígenas en Chile.

3. DENUNCIAMOS LA VULNERACION DEL CONVENIO 169 POR PARTE DEL ESTADO CHILENO.
Denunciamos que el Estado chileno no está aplicando el convenio 169 y que ha impulsado una serie de proyectos de ley que tienen efectos directos sobre los pueblos indígenas a nivel nacional. El Poder Ejecutivo, El Poder Legislativo y el Poder Judicial, deben dar fe de una nueva relación con los Pueblos Indígenas consultándoles y haciéndoles participes en todas sus iniciativas legales y administrativas, programas y proyectos impulsados por sus diferentes órganos y servicios públicos.
Estos tres poderes del Estado, deben señalar ante los Pueblos Indígenas y la comunidad internacional la forma de corrección de aquellos proyectos inconsultos y medidas administrativas ya ejecutadas como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, el Convenio UPOV 91 que afectan directamente el patrimonio genético de los Pueblos Indígenas y el DFL 701. Para estos efectos debe conformarse una comisión en la cual participen las autoridades tradicionales y dirigentes de los pueblos indígenas que se hagan responsables de su proceso de consulta y participación.
Asimismo, exigimos al Estado de Chile, que deben realizar la consulta a los Pueblos Indígenas según el Convenio 169 y el conjunto de Derechos de los Pueblos Indígenas, a todas aquellas medidas legislativas y administrativas que nos afecten directamente tales como los proyecto ley de Biodiversidad, Tribunales Ambientales, de Pesca y Acuicultura, Cuota de Pesca, Proyectos energéticos como los hidroeléctricos y geotérmicos, entre otros y que conforman la Agenda Político Estratégica de los Pueblos Indígenas.

4. EL ESTADO DE CHILE DEBE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
El Estado de Chile debe cumplir con los tratados internacionales, con la declaración universal de los Derechos Humanos, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados esenciales de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Hacemos un llamado a los Organismos Internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Relatora Especial para los Derechos Humanos y Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas y Organismos Nacionales como el INDH y otros organismos nacionales, para que exijan al Estado de Chile el cumplimiento de estos de derechos fundamentales y una agenda de trabajo.
Las formas de discriminación, exclusión y marginación de los pueblos indígenas avaladas por el estado de chile no ha permitido el justo derecho a la libre determinación a preservar nuestras tierras y territorios, costumbres, cosmovisión, espiritualidad, al uso de nuestros recursos naturales en armonía con la naturaleza, conservar y desarrollar nuestro patrimonio cultural, historia, desarrollo de nuestras propias instituciones representativas.
Unos de los mecanismos utilizados para negar estos derechos colectivos es la judicialización de las demandas históricas para ejercer estos derechos, militarizando los territorios y aplicando la Ley antiterrorista a los pueblos que justamente demandan el cumplimiento de sus Derechos. El trato dado a las comunidades intervenidas no se ajusta a un Estado de derecho, en generalm las causas las provocan las mismas instituciones que manejan los recursos de los pueblos. El maltrato es la base para ejercer la dominación en que se arremete sin distinción alguna a niños, mujeres y ancianos.

Se exige que se Elimine la Ley Antiterrorista, Desmilitarice los territorios y se Restituyan los derechos vulnerados, una señal clara de compromiso con lo que se solicita es que se establezcan procedimientos especiales en conjunto con los pueblos afectados, de reparación a grupos y temáticas especificas, así como el tratamiento que se dará a comunidades indígenas en vulneración de derechos entre otros aspectos.
Denunciamos la discriminación de una parte de la clase política afincada tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. A los medios de comunicación ligados a intereses políticos y económicos que han favorecido un modelo que privilegia a unos pocos y que recurrentemente invisibilizan a los Pueblos Indígenas. A los empresarios que siembran egoísmo y no trepidan en afianzar un sistema que criminaliza las demandas de los Pueblos Indígenas. Llamamos a todos estos actores a respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y fundamentalmente a establecer un diálogo genuino y eficaz.

5. PROCLAMAMOS LA AUTODETERMINACION QUE PERMITA DEFINIR LIBREMENTEMENTE NUESTRA PROPIA CONDICION POLÍTICA Y EL LOGRO DE NUESTRO BIENESTAR SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y ESPIRITUAL.
Proclamamos la autodeterminación de nuestros pueblos como un derecho humano, garantizado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración, y el Programa de Acción de Viena.
Reconocemos que la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático y pluralista para avanzar en la formación de un estado Plurinacional multicultural.
Instaurar este proceso significa realizar cambios a la constitución, que garantice los derechos de autonomía, autogobierno, territorios, participación política con representación en el parlamento y!o la formación de un propio parlamento de pueblos indígenas, como en las sociedades más avanzadas, generando simultáneamente la Formulación de Politica Pública de Pueblos Indígenas, que permitan el pleno cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Para esto cada pueblo debe autogestionar sus propios encuentros en el más breve plazo, respetando a sus autoridades y dirigentes tradicionales, que permita avanzar en el proceso de construcción, implementación y desarrollo de sus propias representaciones territoriales como interlocutor legitimo ante el Estado chileno.
Es absolutamente necesario para viabilizar los Congresos por Pueblos, que el Estado brinde las garantías políticas administrativas y económicas que permitan generar estos encuentros territoriales como un acto valedero de participación democrática de los Pueblos Indígenas.

6. VOTO DE APOYO, CONFIANZA Y RESPALDO AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHES EXIGIENDO SU LIBERTAD INMEDIATA.
Las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas, autoconvocados y que adhieren a las conclusiones del tercer encuentro en Valparaíso, respaldamos plenamente las legitimas demandas de los estudiantes chilenos e indígenas por una Educación, Gratuita y de Calidad. Así como la creación de una Educación Intercultural inclusiva y para todos, y la formación de la Universidad Indígena en Chile.
También, solidarizamos con los Presos Políticos Mapuches y exigimos su inmediata liberación.
ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS AUTOCONVOCADAS:

Asociación Mapuche Wuñelfe
Asociación Mapuche Wilkunche
Makenu Re`o Rapa Nui-Grupo de Mujeres
Asociación Indígena Katriwuala
Asociación Mapuche Kiñe Pu Liwen
Asociación Mapuche Inaleufuche
Asociación Mapuche Quitral Mapu
Asociación Mapuche Adkim Tulem
Asociación Mapuche Calaucan
Asociación Mapuche Petu Mongueleiñ
Asociación Indígena Tren Tren Winkului
Asociación Mapuche Antumapu
Asociación Mapuche We Rayen Lof
Asociación Mapuche Maypun
Asociación Comunitaria de Salud Integral de Desarrollo
Consejo Autónomo Aymara
Organización Aymara Jicha Piniwa
Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T'allas
Agrupación Social Indígena
Organización Mapuche Wepeuntun
Organización Mapuche Trawun mapu
Organización Mapuche Kila Lof
Organización Mapuche Werken Mapu
Organización Mapuche Relmu Antu
Organización Mapuche Newen peñi
Organización Mapuche Meli Newen Mapu
Organización Mapuche Trepei Pu Lamngen
Organización Mapuche Petu Mongozein
Asociación Indígena Likan -Mapu
Organización Lulul Mawidha
Asociación Consejo Mapuche Pudahuel
Comunidad Indígena Quechua Miñi-miñi
Comunidad Indígena Francisco Trecan
Comunidad Indígena Venancio Ñeguey
Comunidad Indígena Salto Lorcura
Comunidad Indígena Aymara de Parca
Comunidad Aymara Chiapa
Comunidad Atacameña de Toconao
Comunidad Indígena Butalelbun
Organización Indígena Ad Zulen
Comunidad Indígena Callaki
Asociación Weichafe Domo
Asociación Mapuche Meli Rewe
Consejo Regional Diaguita Atacama
Asociación Indígena Diaguita Rio Huasco de Vallenar
Asociación Indígena Mapuche Renca Wichanlof
Asociación de Mujeres Indígenas Taihuel, Quinta Región
Pastoral Mapuche de Santiago
Comunidad Indígena Puwapi
Corporacion Lehue-Coihe – Tirua
Comunidad Indígena Trapa Trapa
Amuleaimi Programa Radial Mapuche
Asociación Regional Quitral Mapu
Ilustre Municipalidad de Lumaco
Comunidad Newen Puyi – Tirúa.
Grupo de Comunicación y Estudio "Lulul Mawida”.
Consejo ADIS - Eco zona de Cariquima - Matilla comuna Colchane
Consejo autónomo mujer indígena "INALENFUCHE".
Unión Comunidades de Lumaco.
Comunidad Mateo Huenchuman
Coordinadora AMAPEI NACIONAL-WICHAN LOF
Territorio de la Futawillimapu.
Dirigentes de Comunidades del sector rural. Comuna Padre Las Casas.
Comunidad Indígena Diaguita " Paytepen " de Chanchoquín Grande.
Coordinación de Comunidades y Organizaciones del Pueblo Mapuche de la IX Región- CCOM.
Comunidad Calviu Millan de Aillinko.
WALLMAPU FUTA TRAWUN
Comunidad We Folil
Comunidad Rayen Pehuen
Comunidad Folil Zomo
Asociación Wetxipantu
Comunidad Newen Mapu
Comunidad We Rayen Mapu
Comunidad Epu Newen
Comunidad Juan Paillalef
Gvbam longko Pikunwijimapu
Comunidad Indígena Yámana
Comunidad Indígena Kawésqar - Puerto Edén
Comunidad San Bartolomé de Livilcar
Comunidad Autónoma Antinao Los Ángeles
Comunidad Alanawue Collileufu
Comunidad Pehuenche Akoncagua
Comunidad Huillimapu akunkawua
Asociación Mari Mapuche San Felipe
Corp. Nahuelbuta Cañete
Consejo de Longkos Arauco. LAFKENMAPU
Kinel Wueichan Mapu Chol Chol
Comunidad AT Manqueo
ONG Rapa Nui Nehe- Nehe
Asociación Indígena Rapa Nui Pakarati
Lafken Mapuche Hualaihue
Comunidad Pehuenche
Comunidad Ñuke Mapu Newen
Asociación de Emprendedoras Indígenas Leftraru - IV Región
Comunidad Huilliche Pailahueque
Lof Mapu y Organizaciones de Chol chol
Organización Colla Rio Jonquera y sus Afluentes
Movimiento Salud de los Pueblos Indigenas
Asociación Rayen Mapu
Asamblea Nacional Mapuche Izquierda (ANMI)
Mapuches Iglesia Evangélica
Rayen Quitral. Pastoral Mapuche
Comunidad Juan Dionisio Millapan - Panguipulli
Ruka Mapu
Consejo de Río Negro
Comunidad Purranque
Consejo San Pablo
Red por los Derecho educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
Asociación Indígena Longko Katrinrayen
Asocación Antumapu Quilpue
Centro Cultural Mapuche Ayekan
Comunidad Kiñe Weixan Mapu
Pura Weichan Mapu
Comunidad Territorial Rayenko
HuilliLagkenche Melipulli Cayenel Mapu
Organización Amotuyin
Asociación indígena Talkawuano
Comunidad Indigena San Pedro de Atacama
Asociación Antu-Mapu Quilpue
Pastoral Indígena San Antonio
Asociacion indigena Calaucan, San Antonio
Comunidad Juan de la Cruz Pinchumilla
Asociación Indígena kom pu che ñi Lof
Asociacion indigena Witrapuran
Territorio Mapuche Lof kollim
Asociación de mujeres indígenas “Taihuel”
Comunidad Indigena Purrailla. Lago de Todos los Santos
Asoc. Indigena Rayen Foye
Asociación Mapuche kayenel
Asociación Indigena kurra Wenu
CONSEJO PUEBLO LICKANANTAY-ATACAMEÑO
COMUNIDAD INDÍGENA COLLA WAYRA MANTA TUJ’SI TRECAN
Asociación Indígena Amotuyin Melipilla
Organización Mapuche Travun Mapu
Asociación Rapa Nui Pakarati
Asociacion Regional Leufu-Lafquen
Cacicado kuinco Lof Chol Chol
Comunidad Pedro Lincoñir
comunidad juan huehuentro
comunidad avelino torres
asociación ayelen domo
territorio mapuche quepe
comunidad juan huenchual
comunidad antonio lepian
asociación de comunidades de lumaco
asociación de comunidades de loncoche
comunidad chaura
asociación de comunidades de lautaro
asociación urbana newen mapu
asociación urbana trepel pu lamgien
comunidad mahuidanche
comunidad mapuche lonko maikillahue
comunidad nación newenche
Agrupación Indígena kalfilican
comunidad manuel quintunahuel
comunidad camilo coñuecar
comunidad manuel marillanca palguin bajo
lof pullinque asociación de comunidades de victoria
Agrupación de comunidades de Lonquimay
Agrupación de Comunidades Tricauco
Agrupación de comunidades de Temucuicui Huañaco Millao
Agrupación de Comunidades de Cunco
Agrupación de Comunidades de los Sauces
Agrupación de Comunidades de Teodoro Schmidt
Agrupación Antumapu,
Esperanza de Vida Comunidad “WE FOLILCHE AMULEAIÑ”
Area de Desarrollo Indigena Jiwasa Oraje
Consejero ADI ecozona Tarapaca Alto. Asociacion Jicha Piniwa
Asociacion Jicha Piniwa - Iquique
Comunidad de Lirima, Region del Tamarugal
Presidente Consejo Autonomo Aymara Arica
Fûta Repû, Calle Larga
ASOCIACION REGIONAL LEUFU-LAFQUEN
Asociación Indígena Amotuyin Melipilla
Territorio Mapuche Los Álamos
Asoc. Indígena Urbano Prov. Arauco
KOLAWEN Comunidad Francisca Calfin
Centro Ceremonial Relmu Rayen Chof Lafken
Programa de Derechos Indígenas - Fundación Chile XXI
Asociación Indígena ”Antu-mapu”,Quilpue
Comunidad San Bartolomé de Livilcar
Asociación Mapuche Pewma Pu Domo
TERRITORIO CAYUPIL MAPU
NEHUENCHE MAPU
Asociación Indígena Talcahueñu ñi Folil de Talcahuano
Asociación de Comunidades de Galvarimo
Asociación de Comunidades de Freire
Asociación de Comunidades de Puren
Asociación de Comunidades de Villarica
Asociación de Comunidades de Temuco
Asociación de Comunidades de Panguipulli
Asociación de Comunidades de Lonquimay
Asociación de Comunidades de Mafil
Asociación de Comunidades de Chol chol
Asociación de Comunidades de Collipulli
Asociación de Comunidades de Puerto Saavedra
Asociación de Comunidades de Imperial
Asociación de Comunidades de Tolten
Asociación de Comunidades de Tirua
Asociación de Comunidades de Osorno
Asociación de Comunidades de Arauco
Asociación de Comunidades de Puerto Montt
Asociación de Comunidades de Hualpen
Asociación de Comunidades de Pucon
Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje
Comunidad Indígena Aymara de Limaxiña
CONSEJO REGIONAL DIAGUITA ATACAMA
Asociación Indígena Mapuche Huilliche de Trab. Indepen. Huilli Relmu
Asociación Indígena de Productores Agrícolas Waywen de Punta Arenas
Comunidad Mapuche WE FOLIL
Consejo de Educación Mapuche AZELUWAM
Comunidad Rudecindo Ancalef
CONSEJO REGIONAL DIAGUITA ATACAMA KAYENEL
Asociación Antumapu Quilpué
COMUNIDAD INDIGENA COLLA SERRANIA POBLETE
Comunidad Indígena Diaguita Serrania
Longko Mayor del consejo de Comunidades de Quellon
Longko mayor del cacicado de cohinco de Osorno
Coordinadora de Mapuche Urbanos de la Provincia de Cautín
WARRIACHE Asociación indígena Rayen Mapu
Agrupación Indígena Ñuke Mapu
ASOCIACION INDIGENA ADEPO
Organización mapuche trepey lamngen Comunidad Choin
CONSEJO DE LONCO Comunidad Indígena. MARIA TRANCITA CANIO
TRAGUN NEHUEN PULLI MUNICIPALIDAD TIRUA
Comunidad Indígena CARRIPAN HUERAMAN
Comunidad Indígena KELLGKO
Comunidad Indígena LORENZO PILQUIMAN DE MIQUIHUE
Comunidad Indígena LORCURA FOLIL MAPU
Alianza Territorial Mapuche
Hogar Mapuche Pelontuwe FEMAE Colectivo de Estudiantes Mapuche Universitarios (Codemu)
IDENTIDAD TERRITORIAL LAFKENCHE

ADHERIR:
Pueblos Indígenas en Chile que quieran adherir a la Declaración pueden escribir a:
pueblosindigenasautoconvocados@gmail.com
Señalando nombre de organización y correo electrónico

EQUIPO DE COORDINACIÓN:
Sandra Huentemilla
Juan Valeria Quilatan

COLABORADORAS EN GESTIÓN OPERATIVA
Abigail Quirilao
María Alvarado Ñanculeo
Claudio Antilef

CEREMONIA TRADICIONAL
Apertura Lonko Manuel Curilen. Akunkawua
Autoridades Tradicionales de los Pueblos Indígenas en Chile

MODERADORES
Antonio Cadin Werkén Comunidad Juan Paillalef
Rogelio Nahuel CCOM
Juan Carlos Tonko Comunidad Kawésqr. Puerto Edén
Juana Calfunao Comunidad Juan Paillalef
Domingo Marileo Wall Mapu Futa Trawun
Cecilia Flores Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T'allas
Valeria Pakarati Pueblo Rapa Nui

APOYO TÉCNICO SENADO
Presidencia y Vice presidencia del senado
Senadores: Guido Girardi y Juan Pablo Letelier
Asesores: Juan Walker y Lautaro Muñoz
Personal Administrativo y de Alimentación

Guillermo Miranda Relaciones Públicas

María teresa Vega Tesorería

En especial
COMISION DE DERECHOS HUMANOS NACIONALIDAD Y CIUDADANIA
Senador Mariano Ruiz Esquide. Presidente
Miembros de la comisión:
Senadora Lily Pérez, Senadores Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier,
Ximena Belmar y Susana Cabello

LUGAR:
Senado de la República. Salón de Honor. Congreso Nacional
Valparaíso-Chile.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES
Programa Radial Amulein. Radio Nuevo Mundo
Mapuexpress
Prensa Senado
Biblioteca del Congreso Nacional

APOYO ALOJAMIENTOS AUTOGESTIONADOS
Organizaciones Indígenas y no indígenas de la V Región
Organización Lonko Ivan Coñuecar
Pastoral Mapuche Valparaíso
Federación de Estudiantes de Playa Ancha
A todos los que Ejercieron Autogestión
INFORMACIONES:
pueblosindigenasautoconvocados@gmail.com
8 7302 115

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Wallmapu: Jornada de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
23, 24 y 25 de noviembre de 2011.
Traiguén y Temuco
Wallmapu, IX Región, Chile.
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Mapuches condenados en Cañete recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (radioudech-wmft)Paula Correa- Radio Universidad de Chile.
Por una serie de infracciones cometidas al debido proceso en el llamado “Juicio de Cañete”, es que el caso de los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, llegará a tribunales internacionales.
Los dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco fueron acusados de atentar contra el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, por lo que se les sometió a casi dos años de prisión preventiva y luego a un largo proceso judicial, que fue sumamente cuestionado y que revisó incluso el Máximo Tribunal, determinando reducir las altísimas penas que se solicitaban pero, con ello, avalando el procedimiento.
En ambas instancias estuvieron presentes una serie de observadores internacionales, a raíz del escándalo que desató la aplicación de la Ley Antiterrorista, que amparó la utilización de testigos protegidos o “sin rostro”, entre otras polémicas como la denuncia de torturas por parte de la Fiscalía para obtener confesiones.
El abogado de Derechos Humanos Adolfo Montiel, uno de los patrocinadores de la causa, afirmó que los comuneros además fueron sometidos a un doble procesamiento en la justicia civil y militar, y calificó el proceso como “inconstitucional e inadmisible”.
“Es discriminatorio, racial e inconstitucional al condenarse dos veces por el mismo hecho. La Justicia Militar absolvió y después la Corte de Apelaciones confirmó la absolución por ataque a carabineros, y luego la Corte Suprema dice que el dolo es contra carabineros y no contra el fiscal, y condena a los comuneros por atentado contra el fiscal. Baja las penas de 15 a 3 años y un día, pero quedan condenados igual”, indicó.
El abogado advirtió que en este juicio se violó también el derecho a la legítima defensa, ya que el actuar de la defensa fue muy acotado. Por todas estas razones, la Comisión podría exigir que se entregue una indemnización a los comuneros y condenar al Estado por violar los Derechos Humanos, lo que también permitiría acelerar cualquier beneficio carcelario que hoy pueda estar entrampado.
Por su parte, la vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, recordó que estos comuneros protagonizaron las huelgas de hambre del año 2010 y 2011, siempre exigiendo un juicio justo y que, pese a los cuestionamientos a las pruebas, fueron condenados.
Por eso añadió que el pueblo mapuche ya no tiene confianza en los tribunales chilenos y ha debido buscar real justicia fuera del país, y subrayó que “los tribunales son tribunales, la labor de justicia no se está ejerciendo con el tema mapuche, ni en varios temas más, donde la justicia es una aplicación de leyes hechas a medida de quienes las hacen y se favorecen”.
La dirigente mapuche añadió que este tipo de tramitación es carísima y se requiere apoyo de diversas organizaciones para poder financiarla. En tanto, los abogados defensores, entre los que figura Adolfo Montiel, Pablo Ortega y Alberto Espinoza, están trabajando para afinar detalles de la presentación y llegar a la Comisión antes del seis de diciembre, fecha en que vence el plazo para presentar este tipo de acciones.
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Familiares denuncian impunidad en crímenes de Alex Lemún y Matías Catrileo. (paula correa-radioudechile-wnft) Impunidad en Chile es la palabra que marca los actos de esta semana en conmemoración de la muerte del comunero Álex Lemún, concepto que los Mapuche temen se repita también en la sentencia del asesino de Matías Catrileo, la que se podría conocer en los próximos días. El caso de Alex Lemun fue presentado a cortes internacionales hace dos años pero aún no hay noticias al respecto. No les han restituido sus territorios y la indemnización no se ha hecho efectiva. “El gobierno habla y habla de los Derechos Humanos y al final no hace nada con la familia Lemún. Nos olvidaron, al gobierno no le importa este tema”, afirmó José Lemún, hermano de Álex.
Por Paula Correa / Radio Uchile
Esta semana se realizarán distintas actividades en conmemoración de un nuevo aniversario de muerte del joven mapuche Alex Lemún, quien falleció el 12 de noviembre del 2002 a raíz de un disparo efectuado por el Mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treuer, en una recuperación territorial en el Fundo Santa Alicia, de la empresa Forestal Mininco.
Pese a que el Mayor Treuer fue declarado culpable de “violencia con resultado de muerte”, apeló a la Corte Marcial, la que no lo condenó y cerró el caso. Hoy continúa ejerciendo sus labores normales al interior de Carabineros e incluso fue ascendido.
Sobre esta impunidad se refirió José Lemún, hermano de Álex Lemún, quien sostuvo que “no sé si será racismo del gobierno chileno hacia los Mapuche o para que la gente se enrabie con ellos. Da rabia que ellos no se hagan cargo de este, que hayan matado a nuestro peñi y no reconozcan el daño a nuestra familia y nuestra comunidad, es atroz que no se haga justicia”.
El caso fue presentado a cortes internacionales hace dos años pero aún no hay noticias al respecto. No les han restituido sus territorios y la indemnización no se ha hecho efectiva. “El gobierno habla y habla de los Derechos Humanos y al final no hace nada con la familia Lemún. Nos olvidaron, al gobierno no le importa este tema”, afirmó.
Por otro lado, está también el crimen aún impune de Matías Catrileo, asesinado por la espalda con una UZI el año 2008 por el ya confeso suboficial Walter Ramírez, quien está esperando la sentencia definitiva de la Corte Suprema, la que podría conocerse estos días.
La madre de Matías, Mónica Quezada, criticó la tardanza y el actuar del gobierno, y declaró que “hubo en todos los casos una indiferencia política, no se hizo nada, los poderes del Estado pesan. Lo correcto es lo que se hizo con el muchacho que asesinaron en el paro nacional (Manuel Gutiérrez), pero no sabemos por qué hay diferencias con mapuche, ¿Vale más la vida de un chileno que de un mapuche?”
El fallo sobre Ramírez ya se dictó, sin embargo está “en acuerdo” esperando ser debidamente redactado. En tanto, los familiares del comunero deberán consultar día a día si ya es pública la sentencia. “Eso me parece una falta de respeto, porque hay que estar en una constante persecución por saber qué va a pasar, es una tortura”, afirmó la madre del joven.
Este domingo la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche en Santiago (Coams) organizó un Futamalón, una instancia para reflexionar sobre la resistencia del pueblo mapuche. El vocero de Coams, Manuel Chocori afirmó que la impunidad es fruto de una política anti mapuche que también es anti democrática.
“Esa ideología anti mapuche se permite y se hace palpable al tratarnos de violentistas, que no actuamos a rostro descubierto y que somos borrachos y flojos. Nos tratan como terroristas y la escoria de una sociedad. No nos extraña esa actitud ya que el Estado siempre ha apuntado en esa lógica”, sostuvo.
Chocorí añadió que hoy lo que le preocupa al Estado es que se puedan extraer los recursos naturales del poco territorio mapuche que queda. Por eso hizo un llamado a la comunidad mapuche a crear una fuerza propia que les permita, en algún momento, enfrentar al Estado chileno y recuperar sus derechos.
http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3017&Itemid=3
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[Editorial] El Mercurio: Ahora reclamos costeros. (wmft) ¿Cómo compatibilizar el derecho de los pueblos originarios con el desarrollo de los sectores productivos?
Después de más de tres años de vigencia de la Ley N° 20.249, de 2008, las comunidades lafquenches -mapuches del mar- exigen derechos sobre aproximadamente el 75 por ciento del litoral de la Región de Los Ríos, lo que ha derivado en la congelación de concesiones y destinaciones para otros actores interesados en la explotación pesquera, debido a que la Conadi debe acreditar los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios que históricamente se dedicaron a la pesca de orilla y recolección de algas, entre otras actividades. Las dificultades emanadas de la aplicación de esta normativa plantean un conflicto similar al de las tierras reclamadas en las regiones VIII y IX.
La situación más compleja se da en el mar interior de Chiloé, por el cruce de intereses entre las peticiones de las comunidades y los gremios pesqueros que tienen derechos adquiridos. La Federación Huilliche de esa provincia ha manifestado que la aplicación de esta ley ha sido prácticamente nula, porque aun si las comunidades lograren acreditar el uso histórico de un territorio, en los mares interiores del archipiélago no quedan espacios para los indígenas. En otras zonas del litoral, como desde el Golfo de Arauco hacia el sur, existen cerca de 200 comunidades que entrarán en la fase de acreditar derechos sobre territorios ancestrales.
Otras prioridades políticas han dejado en segundo plano los asuntos indígenas pendientes, pero el país debe seguirlos con atención. No puede ignorarse que las comunidades lafquenches han solicitado 27 espacios costeros: 10 en Los Ríos, 13 en Los Lagos, tres en La Araucanía y uno en la Región del Biobío, de acuerdo con los derechos que les entregó la citada ley, que somete a sus disposiciones la administración y término de todo espacio costero marítimo de los pueblos originarios. Según ella, la delimitación respectiva estará determinada por la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario realizado en él, asegurando la conservación de los recursos naturales y el propender al bienestar de las comunidades indígenas conforme a un plan de administración. Para iniciar sus actividades, dichas comunidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Pesca una solicitud en que fundamenten su uso consuetudinario y los nuevos usos que pretenden incorporar al espacio marítimo reclamado. La ley establece que no impedirá este procedimiento la sobreposición con una concesión de acuicultura, pero en tal caso la subsecretaría deberá denegar la solicitud o, si esa sobreposición fuere parcial, proponer al solicitante una modificación del espacio costero marítimo.
Esta situación demanda una revisión de los procedimientos, con participación de todos los actores, para planificar en conjunto una tramitación administrativa más expedita de las solicitudes, o considerar reformas legales que compatibilicen el derecho de los pueblos originarios con el desarrollo de los sectores productivos.
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Carta de los presos polìticos Mapuche de la carcel de Angol.
Chequenco: La represión como institución del Estado Chileno- sábado 5 de noviembre de 2011. (ppm-wmft) Comprendemos, a la luz de los hechos, que la criminalización de las demandas ancestrales, la represión, la prisión política y la muerte, son las únicas repuestas a los permanentes avances de nuestras comunidades. Pero, a pesar de este escenario, hoy existe un naciente proceso reivindicativo y de autodefensa, de resguardo de los espacios sagrados, fortalecimiento espiritual y de nuestras autoridades ancestrales, etc. Comprendemos que la única forma de darle continuidad al permanente camino de resistencia y reconstrucción, es defendiendo nuestras tradiciones, creencias y territorio. Constatando que las arremetidas desproporcionadas y violentas como única respuesta por parte del gobierno, ya no parece novedoso, pero no por eso menos cuestionable. Normalizar esta conducta parece ser lo imperante. Desde la criminalización y la tergiversación de las reivindicaciones ancestrales como plataforma para justificar el estado de las cosas. Nos parece impresentable que no se asuma con seriedad nuestras demandas, que el actual escenario político económico pretende desvirtuar y disimular. Nos parece además, que los actos de violencia sucedidos en las diversas comunidades de nuestros Wallmapu son graves, ya que por un lado se pretende propiciar las condiciones para ejercer de la peor forma la regulación institucional etnocéntrica y por otro se presenta la autodefensa y la recuperación territorial como el mal de unos pocos, considerados por supuesto como “terroristas”. Así se continua reprimiendo y deslegitimando el procesos de reconstrucción de nuestra nación. Por tanto hoy más que nunca es fundamental que se generen espacios de repudio a la represión y persecución política y de difusión a los proceso de autodefensa y resistencia por parte, primordialmente, de nuestros pu peñi ka pu lamien, dando continuidad a la reconstrucción de la nación mapuche y enalteciendo el valor de nuestra gente. Como mapuche es un deber acompañar todo proceso que pretende dar continuidad, desde una perspectiva autónoma, a la reconstrucción de nuestra Nación Mapuche. Los escenarios posibles, en el actual orden político económico imperante, son poco auguriosos. Las propuestas para abordar las diversas coyunturas son: la asimilación forzada, sincretismo, caricaturización y la aplicación de la inefable ley antiterrorista. Entonces nuestro camino para perpetuarnos como un todo como nación, no está en manos de los que sustentan y eternizan este sistema. Ni tampoco bajo esta ley o institucionalidad. Es deducible entonces que como alternativa debemos rescatar nuestro pensamiento, palabra y actuar como mapuche, recomponiendo las fuerzas y alianzas, con el objetivo de avanzar de manera más clara hacia nuestra liberación.
PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE CAM, CÁRCEL DE ANGOL.
AUTODEFENSA Y TERRITORIO, EN EL CAMINO DE LA LIBERACIÓN NACIONAL
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE- MARICHIWEU
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El deterioro del medio ambiente pone en peligro los avances mundiales a favor de los más pobres. (prensa pnud-wmft) La falta de acción contra el cambio climático y la destrucción de los hábitats naturales ponen en peligro los adelantos en materia de salud e ingresos en los países en desarrollo. El Informe sobre Desarrollo Humano de 2011 muestra los vínculos entre la desigualdad de género e ingresos y el deterioro del medioambiente.

Las proyecciones del Informe sobre Desarrollo Humano de 2011, publicado este miércoles por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indican que los avances en los países más pobres del mundo podrían frenarse o retroceder si no se toman medidas decididas para frenar el cambio climático, evitar la degradación del medioambiente y reducir las profundas desigualdades entre las naciones y al interior de ellas.
El Informe titulado Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos, señala que para conseguir la sostenibilidad medioambiental de manera más justa y eficaz es necesario abordar las desigualdades en acceso a salud, educación, ingresos y por razón de género en conjunto con las medidas que se aplican en todo el mundo para impulsar la producción de energía y la protección de los ecosistemas. La Administradora del PNUD, Helen Clark, presentó el Informe hoy en la ciudad de Copenhague, acompañada de la Primera Ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, cuyo gobierno se ha comprometido a reducir las emisiones de dióxido de carbono en 40% en los próximos 10 años.
Mientras la comunidad internacional se prepara para la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebrará en junio de 2012 en Río de Janeiro, el Informe subraya que, en el fondo, la sostenibilidad es básicamente un tema de justicia social, tanto para nuestra generación como para las venideras.
“La sostenibilidad no es solo, ni en primera instancia, un tema ambiental, como se argumenta tan convincentemente en este Informe”, dice Helen Clark en el prólogo. “Se trata, sobre todo, de la forma en que elegimos vivir nuestra vida, conscientes de que todo lo que hacemos tiene consecuencias para los 7.000 millones de habitantes del planeta, así como para los miles de millones que vendrán en los próximos siglos”.
Desde 1990, el PNUD ha encargado cada año la elaboración independiente de los Informes sobre Desarrollo Humano. En esa ocasión también se dio a conocer el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una medida compuesta de la situación de los países en materia de salud, educación e ingresos. Este indicador cuestionó por primera vez las medidas del crecimiento nacional que se basan exclusivamente en criterios económicos y con ella, la institución hizo un llamado a medir periódicamente los avances mundiales en la calidad de vida de las personas.
Entre 1970 y 2010, las naciones que se ubicaban en el 25% inferior de la clasificación de países avanzaron en la escala del IDH en un notorio 82%, es decir, duplicaron el promedio mundial. El Informe destaca que si en los próximos 40 años se mantuviera el ritmo de avance de las cuatro décadas anteriores, la gran mayoría de los países alcanzaría en 2050 un nivel de IDH igual o mejor del que disfrutan hoy los países que se ubican en el 25% superior de la clasificación. Esto supone un adelanto extraordinario en desarrollo humano mundial en menos de un siglo. Sin embargo, la creciente amenaza al medioambiente mundial podría frenar abruptamente estas tendencias positivas hacia la mitad de este siglo. El Informe señala que las personas que viven en los países más pobres corren un riesgo desproporcionado de sufrir por las catástrofes relacionadas con el clima, como sequías e inundaciones, y por la exposición a la contaminación del aire y del agua.

Sostenibilidad y justicia social.
A pesar de los adelantos conseguidos en desarrollo humano en los años más recientes, la distribución del ingreso ha empeorado, todavía persisten graves desigualdades entre hombres y mujeres y el acelerado deterioro del medioambiente impone una “carga doble de privación” en las familias y comunidades más pobres del planeta, advierte el Informe. La mitad de todos los casos de desnutrición del mundo se debe a factores medioambientales, como la contaminación del agua y la escasez de alimentos producto de las sequías. Según el Informe, esto perpetúa un círculo vicioso de empobrecimiento y daño ecológico.
El Informe también insiste en que una buena calidad de vida no tiene por qué ir siempre acompañada de un alto consumo de carbono y pone como ejemplo a algunos de los países más ricos, donde si bien las emisiones de dióxido de carbono han estado estrechamente relacionadas con el crecimiento del ingreso nacional en las últimas décadas, el consumo de combustibles fósiles no está correlacionado con otras medidas del desarrollo humano, como la esperanza de vida o la educación. De hecho, muchas naciones industriales avanzadas están consiguiendo reducir su huella de carbono sin perjudicar su crecimiento.
“El crecimiento impulsado por el consumo de combustibles fósiles no es un prerequisito para una mejor vida en términos de desarrollo humano”, precisa Helen Clark. “Las inversiones que mejoran la equidad ?por ejemplo en cuanto a acceso a energía renovable, agua y saneamiento, y salud reproductiva? pueden mejorar tanto la sostenibilidad como el desarrollo humano”.
El Informe propone que la prestación de electrificación para las 1.500 millones de personas que hoy carecen de este servicio se haga de manera asequible y sostenible, sin un aumento significativo en las emisiones de carbono. Según el texto, la iniciativa de “Acceso universal a energía”, que cuenta con el respaldo de la ONU, podría concretarse con inversiones del orden de una octava parte de los fondos que actualmente se destinan a subvencionar el uso de combustibles fósiles, que bordearon los 312.000 millones de dólares en 2009. El Informe se une a las voces que instan a considerar urgentemente un impuesto a las transferencias de divisas u otros cargos a las transacciones financieras internacionales para solventar la lucha contra el cambio climático y la pobreza extrema. Por ejemplo, se calcula que la aplicación de un impuesto de apenas el 0,005% al comercio internacional de divisas podría contribuir a reunir 40.000 millones de dólares cada año o más. Esto avivaría significativamente el flujo de ayuda dirigida a los países más pobres, que ascendió a 130.000 millones de dólares en 2010, en un momento en que la financiación del desarrollo languidece debido a la crisis financiera mundial.
“Este impuesto permitiría que aquellos que más han ganado con la globalización ayuden a los que menos beneficio obtienen de ella”, sostiene el Informe y calcula que cada año se necesitan unos 105.000 millones de dólares solo para financiar las tareas de adaptación al cambio climático, especialmente en Asia Meridional y África Subsahariana.
El Informe examina algunos factores sociales que no siempre están asociados con la sostenibilidad medioambiental:
La expansión de los derechos reproductivos, al acceso a atención de salud y a anticonceptivos abrirían un nuevo frente en la lucha contra la desigualdad de género y la pobreza, arguye el Informe. Los derechos reproductivos pueden contribuir a reducir la presión sobre el medioambiente, ya que ralentizarían el crecimiento demográfico mundial en un momento en que se espera que la población del planeta aumente de 7.000 millones a 9.300 millones en los próximos 40 años.
El Informe también subraya que los organismos de control y los que velan por la transparencia, ya sean oficiales o independientes, como los medios de comunicación, la sociedad civil y los tribunales de justicia, juegan un papel crucial en fomentar la participación ciudadana en la formulación de políticas ambientales. En el mundo, unas 120 Constituciones nacionales consagran la protección del medioambiente, pero en muchos países no se fiscaliza el cumplimiento de estas disposiciones.
El Informe acentúa que urge tomar medidas audaces a favor del desarrollo sostenible en el plano mundial, pero que las iniciativas locales en apoyo a las comunidades más pobres también pueden ser muy eficaces en función de los costos y beneficiosas para el medioambiente. Por ejemplo, en India, la Ley de garantía del empleo rural, costó alrededor de 0,5% del PIB en 2009 y benefició a unos 45 millones de familias, es decir, a una décima parte de la fuerza laboral del país. Los programas Bolsa Familia, en Brasil, y Oportunidades, en México, cuestan alrededor de 0,4% del PIB nacional pero proporcionan una red de protección social para casi la quinta parte de la población de cada país.
Los autores del Informe predicen que el deterioro descontrolado del medioambiente, desde las sequías en África Subsahariana hasta el aumento del nivel del mar que inundaría a países de litoral bajo como Bangladesh, podría además causar alzas en el precio de los alimentos de hasta 50% y revertir los esfuerzos que actualmente apuntan a expandir el acceso a agua, saneamiento y energía de miles de millones de personas, especialmente en Asia Meridional y África Subsahariana.
En 2050 y de cumplirse el escenario de “desafío medioambiental” que tiene en cuenta el efecto perjudicial del calentamiento global en la producción de alimentos y en la contaminación, el IDH promedio sería 12% inferior en Asia Meridional y África Subsahariana que en otro escenario de deterioro medioambiental. Sin embargo, las proyecciones más pesimistas de “catástrofe medioambiental” ?vasta deforestación, pérdida drástica de la biodiversidad y aumento de los fenómenos climáticos extremos? predicen una disminución del IDH mundial de 15% en relación con la proyección base para 2050. Como es de esperar, los efectos más perniciosos seharán sentir en las regiones más pobres.
El deterioro del medioambiente podría poner fin a décadas de esfuerzos destinados a expandir el acceso a agua saneamiento y electricidad en las comunidades más pobres. “Estas privaciones absolutas, que ya son importantes en sí mismas, son además una violación flagrante de los derechos humanos”, concluyen los autores.
SOBRE ESTE INFORME: El Informe sobre Desarrollo Humano es una publicación editada de manera independiente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Puede descargar de manera gratuita la edición de 2011 del Informe, disponible en 10 idiomas, otros recursos de referencia sobre los índices y análisis regionales específicos en: http://hdr.undp.org
http://comunicacionesmapuchejvfkenmapu.blogspot.com/2011/11/cuidar-el-medio-ambiente.html
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Las ONGs deben poner esfuerzo en la creación de capacidades de negociación de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas. (ja-31 Oct11-wmft) LONDRES. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Prof. James Anaya exhortó a los defensores de los derechos humanos y defensores de los derechos de los pueblos indígenas a poner un esfuerzo adicional en mejorar la capacidad de los pueblos afectados por las operaciones de las industrias extractivas en o alrededor de sus territorios tradicionales.
El Relator Especial hizo esta declaración como parte de su discurso en la Conferencia "Un negocio peligroso: El costo humano de la defensa contra la degradación ambiental y violaciones de los derechos de la tierra", organizada por la ONG Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en la Universidad de Londres (Senate House) el 31 de octubre de 2011. Con ocasión de su participación en la conferencia, el Relator Especial está llevando a cabo reuniones informales con representantes del Gobierno de Reino Unido, miembros del Parlamento y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de recoger información y opiniones sobre las políticas oficiales y legislación en relación con el impacto de las empresas transnacionales basadas en el Reino Unido sobre los pueblos indígenas en todo el mundo.
La participación del Relator Especial en la conferencia forma parte de su trabajo en curso relacionado con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las operaciones de industrias extractivas en o alrededor de sus territorios tradicionales, como señaló en su informe anual 2011 al Consejo de Derechos Humanos.
http://unsr.jamesanaya.org/esp/notes/las-ongs-deben-poner-esfuerzo-en-la-creacion-de-capacidades-de-negociacion-de-los-pueblos-indigenas-frente-a-las-industrias-extractivas
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Afirman que es necesaria aprobación de Ley Antidiscriminación en Chile.

(telesur-wmft) El Congreso Nacional de Chile votará este martes la Ley Anti-discriminación, texto propuesto por diversas organizaciones sociales, y aunque sostienen que la Ley aún le queda mucho por hacer, su aprobación constituirá un gran avance en materia de igualdad, según consideró el investigador de la Fundación Ideas, Francisco Estévez.
"El proyecto de Ley tiene dificultades, es un texto que no es el que se quisiera pero lo que se pide ahora es que el senado se pronuncie definitivamente y apruebe el proyecto tal como está" expresó Estévez tras agregar que el documento tiene alrededor de 10 años en discusión legislativa y la sociedad requiere que el Congreso Nacional sancione un documento legal que esté a la altura de las demandas sociales.
Añadió en entrevista exclusiva para teleSUR que el retraso en la aprobación del documento es producto de los sectores conservadores de la sociedad chilena quiénes se han opuesto a que el proyecto avance y se convierta en ley. Al respecto, indicó que en la nación existen situaciones "bien complejas de discriminación" y apuntó que encuestas en Chile indican sobre el alto porcentaje de desigualdad que se vive en el país.
El investigador señaló que en el país existe discriminación por orientación sexual, hacia los pueblos indígenas, estatus social y en contra de la mujer. Refirió que en algunas naciones de América Latina hay leyes para evitar la distinción dentro de las sociedades.
El director de la Fundación Iguales, Pablo Simonetti, criticó en una radio local de Chile que “la ley ha sido disminuida en su alcance por grupos conservadores que han intentado aferrarse a sus privilegios, entre lo más importante está la reducción del papel del Estado en el trabajo en contra de la discriminación. Nosotros esperamos que la ley incorporara un instituto contra la discriminación, una acción afirmativa del Estado que luchara contra la discriminación. Eso no está”.
Simonetti afirmó que la ley contempla sanciones procedimentales y agravantes en el caso de delitos por discriminación, pero lo que no contempla es el trabajo del Estado para luchar contra la discriminación a través de políticas educativas, planes de difusión, de integración y todo un grupo de esfuerzos que apuntan al respeto a la diversidad.
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/100054-NN/afirman-que-es-necesaria-aprobacion-de-ley-antidiscriminacion-en-chile/
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Simposio Internacional: Desarrollos reglamentarios de la Consulta Previa. México, Oaxaca 10-12 Noviembre.
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México organiza un encuentro internacional sobre el desarrollo reglamentario del derecho de los Pueblos Indígenas a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2011.

Este evento pasará revista al estado de la discusión social y académica sobre la reglamentación de la norma de consulta en diversos países de América Latina. El Encuentro busca, entre otros objetivos, contribuir al debate del Anteproyecto de Ley Federal de Consulta que cursa en el Congreso de la Unión, en México, y a la implementación de las medidas de democracia participativa que han sido recientemente incorporadas en la Constitución del Estado de Oaxaca.

PROGRAMA SIMPOSIO INTERNACIONAL
EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO.CIUDAD DE OAXACA, MEXICO
10, 11 y 12 de NOVIEMBRE de 2011

Jueves 10 de noviembre.
9:30 a 10:30 Inauguración
Por el gobernador Lic. Gabino Cue Monteagudo, con la participación del Dr. José Enrique Villa Rivera Director del CONACYT, la Dra. Virginia García Acosta Directora General del CIESAS, el Lic. Xavier Antonio Abreu Sierra Director General de la CDI, y otras autoridades: Diputado García Corpus; Dip. González Illescas; Dip Oaxaca Hector Lorenzo Inocente (Presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado y la Cámara de Diputados Federales y del Congreso del estado).
10.45 a 11.45 Conferencia Magistral
Rodolfo Stavenhagen (México) (*)
12:20 a 13:40 Mesa I
Bases Legales y Experiencia Jurisdiccional sobre el Derecho de los pueblos indígenas a la Consulta.

Ponencias:
• La consulta y el consentimiento previo en la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas
Bartolomé Clavero (España)
• El derecho a la consulta en la experiencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Oswaldo Ruiz (Costa Rica)
• Recepción y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en América Latina: el derecho a la consulta.
Diego Iturralde (CIESAS)
• Bases legales (internacionales, federales y estatales) del Proyecto de Ley de Consulta en México
Saúl Vicente (Oaxaca - México)


15:30 a 17:30 Mesa II
El papel del Estado en la implementación de la consulta a los pueblos Indígenas


Ponencias :
• Estado plurinacional y consulta a los pueblos indígenas en Bolivia
Waldo Albarracín (Bolivia)
• El rol de la Corte de Constitucionalidad de Colombia: en la protección del derecho a la consulta
Gloria Amparo Ramírez (Colombia)
• El papel de los órdenes y niveles de gobierno en el proyecto de Ley de Consulta de México, Elia Avendaño (México)

Viernes 11 de noviembre

10.00 a 12.00 Mesa III.
La consulta a los pueblos indígenas: aspectos reglamentarios en preparación o discusión
Ponencias:
• Las reglas que se deben observar en los procesos de consulta previa, en Perú, según la Ley de consulta y la Sentencia del tribunal Constitucional
Javier La Rosa Calle (Perú)
• El derecho de los pueblos indígenas a la participación efectiva, y la obligación estatal de consultar. Limitaciones y desafios de su reglamentación y cumplimiento en Chile. Víctor Toledo Llancaqueo (CEPPDI - Chile)
• Los aspectos de procedimiento en el proyecto de ley de consulta en Costa Rica
Rubén Chacón (Costa Rica)
• Aspectos reglamentario en el proyecto de Ley de Consulta en México
Francisco Godoy (México)
Debate
Moderador: Carlos Moreno Derbez
13:15 a 15:15 Mesa IV.
Naturaleza jurídica, objetivos, materias y alcances de la consulta a los pueblos indígenas: propuestas en discusión
Ponencias
• Ecuador: el derecho a la consulta en la Constitución y en la plataforma del movimiento indígena, Mónica Chuji (Ecuador)

• Colombia: las experiencias de ejercicio del derecho la consulta y el consentimiento previos en las entidades territoriales indígenas
Gloria Amparo Rodriguez (Colombia)
• Los alcances de la consulta en el ámbito internacional
Katia Salazar (EUA)
• Naturaleza y alcances de la consulta según el Proyecto de Ley de Consulta en México
Andrés Galván (México)
Debate
Moderador: Juan Carlos Martínez (CIESAS)
15:30 a 17:30 Mesa V.
La Participación de comunidades, pueblos y organizaciones en los procesos de consulta

Ponencias
• Las experiencias locales (municipales) de consulta en Guatemala
Víctor Ferrigno (Guatemala)
• La comunidad indígena, el pueblo indígena y otras formas organizativas como sujeto del derecho colectivo a la consulta; la experiencia mexicana.
Agustín Ávila (México)
• El derecho a la consulta en la Sentencia de la Corte Interamericana en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua (Sentencia de 31 de Agosto de 2001)
María Luisa Acosta (Nicaragua)
• El sujeto del derecho a la consulta en el proyecto de Ley de Consulta, México.
Zosimo Hernández (México)
Debate
Moderador: François Lartigue (CIESAS)
Sábado 12 de noviembre
10:00 a 12:00 Mesa VI
Democracia participativa y consulta indígena: la agenda de Oaxaca
Ponencias:
• Las reformas constitucionales que establecen el plebiscito, referéndum, revocación del mandato, audiencias públicas, cabildo abierto y consejos consultivos ciudadanos y las perspectivas de su desarrollo reglamentario.

Jorge Islas (IIJ-UNAM)
• La agenda de los derechos indígenas y el derecho a la consulta en Oaxaca
Adelfo Regino (Secretario de Asuntos Indígenas, Gobierno de Oaxaca)
• Proyectos de inversión y desarrollo en Oaxaca y demandas de los pueblos indígenas
Marcos Leiva
Comentarios

Tres comentarios antropológicos sobre situaciones en proyectos de desarrollo en curso de establecimiento en el estado:
Moderador: Hugo Aguilar
• Cerro de Oro: Guillermo Padilla (CIESAS Pacifico Sur)
• Paso de la Reyna: Salomón Nahmad(CIESAS Pacifico Sur)
• Capulalpam: Salvador Aquino (CIESAS Pacifico Sur)

12:00 a 14:00 Conclusiones y cierre
Dra Margarita Dalton, Directora Regional del CIESAS Pacifico Sur,
Lic. Adelfo Regino Montes, Secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca
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Quien financia la visita a Venezuela de Frei y Alwin ex presidentes de Chile. (aporrea-ayi-wmft)
http://www.aporrea.org/tiburon/a133309.html
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Inauguran centro cultural mapuche en Puelmapu.
Estará ubicado en tierras de la comunidad Vera, en la base del cerro Chapelco. La medida surgió después de un conflicto territorial.

San Martín de los Andes > El Centro Cultural Mapuche ubicado en tierras de la comunidad Vera, en la base del cerro Chapelco, será oficialmente inaugurado mañana por la vicegobernadora de la provincia, Ana Pechen.
Según se afirmó de manera oficial, “este proyecto se planteó como emblemático para afianzar una política de Estado vinculada al desarrollo local a través del turismo, y tiene sustento en la ordenanza de Turismo Rural Comunitario elaborada por la Secretaría de Turismo y votada por unanimidad en 2008 por el Concejo Deliberante. La importancia fundamental radica en que el proyecto tomó impulso luego de un conflicto territorial que realizó la comunidad mapuche Vera en el Cerro Chapelco”.
Consultado al respecto, el secretario de Turismo, Raúl Pont Lezica, dijo que “lo más importante de estar inaugurando esta obra es haber construido un vínculo de confianza mutua con la Comisión Directiva de la comunidad Mapuche Vera, y a partir de allí haber generado objetivos comunes poniendo en funcionamiento un polo de desarrollo que beneficiará a toda la comunidad turística de San Martín de los Andes”.
Además el funcionario municipal señaló que “a raíz del inicio del diálogo con las comunidades vimos la posibilidad de convertir un conflicto en una oportunidad de desarrollo, lo que dio como resultado un nuevo producto turístico que sin duda nos beneficia a todos”.
Financiamiento.
La obra comenzó hacia fines de 2008 en territorio perteneciente a la comunidad
mapuche Vera, en la base del Cerro Chapelco, y se levantó sobre una obra que había iniciado la Provincia hace algunos años y que después quedó abandonada.
Según se afirmó desde la comuna “el edificio comprende dos octógonos con un área comunicante. En uno funcionará un museo y centro de interpretación en el que se refleja la cosmovisión mapuche, la historia de la comunidad con muestra y venta de artesanías”, en tanto en el otro octógono se inaugurará un restaurante que funcionará como asador, parrilla, ofrecerá comidas y propuestas gastronómicas mapuches.
“Los primeros recursos fueron gestionados por la Secretaría de Turismo local ante el Ministerio de Turismo de la Nación, y el ministro Enrique Meyer al ver que el proyecto tenía un fuerte contenido cultural y turístico redireccionó fondos, destinándolos al inicio de este proyecto. Luego, se logró un importante y vital aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se consiguió el financiamiento para la compra de equipamiento”, indicaron desde la comuna,.
Además, la comunidad destinó parte de los fondos que recibe del canon por el uso de las tierras para el centro de esquí, aportando 100 mil pesos, utilizados en la obra.
Comidas típicas.
El restaurante mapuche donde se servirán platos de la cocina típica, cuenta con una cocina bien equipada y con el personal especialmente capacitado a través del Centro Pyme, tanto en el área gastronómica como unidad de negocio así como en el manejo de alimentos.
“Este restaurante tiene un potencial muy grande ya que se encuentra ubicado en la base del centro de esquí, y constituye el principal recurso económico del proyecto para la comunidad”, afirman los mentores del proyecto.
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Bolivia- Detienen a general que ordenò la represiòn de Marcha Indìgena. (aporrea-ayi-wmft)La Paz, noviembre 10 - La fiscalía boliviana ordenó la detención del general Oscar Muñoz. La violenta represión registrada en septiembre pasado causó una grave crisis en el Gobierno de Evo Morales. La protesta indígena que partió el 15 de agosto de Trinidad fue violentamente dispersada por un contingente policial el pasado 25 de septiembre en Yucumo, una localidad ubicada a 300 kilómetros al noreste de La Paz. El ahora detenido general Oscar Muñoz, hasta octubre pasado subcomandante de la Policía, ordenó el violento accionar de los uniformados.
La acción, que provocó el repudio ciudadano con manifestaciones a favor de los indígenas en varias ciudades del país, también fue condenada por Morales, quien dijo no haber decidido la medida de fuerza. Las protestas provocaron la renuncia de los ministros de Defensa y de Gobierno, ambos responsables de la seguridad del país.
Los aborígenes rechazaban la construcción de una carretera en la Amazonia que pretendía unir Cochabamba con Beni, proyecto del que el mandatario ya desistió.
Muñoz fue apresado en la noche de este miércoles 9 de noviembre por orden de los fiscales que investigan el violento ataque de medio millar de agentes a centenares de indígenas. Tras dos horas de declaración en una oficina de la Fiscalía de La Paz, el general fue trasladado a una dependencia policial de lucha contra el crimen y la corrupción, que -casualmente- él dirigió antes de ser el segundo al mando de la institución. Ahora espera la decisión judicial sobre medidas cautelares.
http://www.aporrea.org/actualidad/n192581.html
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FAO: Gobiernos de América Latina deben fortalecer la agricultura familiar para mejorar la seguridad alimentaria. (10nov11-Prensa FAO-ayi-wmft)

“En América Latina no se puede hablar de seguridad alimentaria sin hablar de agricultura familiar. Son dos temas que están íntimamente ligados”, señaló José Graziano da Silva, el Representante Regional de FAO para América Latina y el Caribe.
Graziano da Silva afirmó que la agricultura familiar permite diversificar la base alimentaria de la población de América Latina y el Caribe, recuperar y valorizar el consumo de productos tradicionales - como la yuca, el frijol, y la papa - e impulsar las economías rurales.
Un estudio de la FAO y el BID del 2007 mostró que la agricultura familiar en Brasil producía el 67 % del fríjol, el 84 % de la yuca, el 49 % del maíz y el 52 % de la leche consumidas en el país. En Colombia, cubría más del 30 % de la producción de cultivos anuales, con una participación muy alta en maíz y fríjol. En Ecuador, este sector era responsable por el 64 % de la producción de papas, el 85 % de la producción de cebollas, y el 70 % del maíz.
Sin embargo, como señala la principal publicación de la FAO, el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011, este sector de la agricultura aún requiere de políticas que aumenten su productividad y mejoren sus condiciones de inserción en los mercados de productos, insumos y financiamiento.
Experiencias positivas en varios países reafirman su importancia
Entre los países que poseen políticas y programas dirigidos a la agricultura familiar se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Además, dos países cuentan con subsecretarías creadas específicamente para apoyar a este tipo de agricultura: Argentina y Brasil.
Una de las experiencias más conocidas es la de Brasil, que apoya el desarrollo de la agricultura familiar mediante una red de programas, entre ellos el de alimentación escolar, basado en una ley que exige que al menos el 30 % de los recursos destinados a alimentar a los alumnos de colegios públicos se utilicen para comprar productos de la agricultura familiar.
Según la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Argentina, Carla Campos, “la agricultura de pequeña escala es estratégica en la recuperación económica de nuestra nación debido a su presencia territorial, al abarcar todo el país, y a su diversidad en la capacidad productiva. Es una agricultura que reduce mucho la vulnerabilidad frente a los mercados y a las crisis internacionales.” Campos señaló que la agricultura de pequeña escala representa el 75 % de la mano de obra rural, a pesar de que ocupa el 17 % del área sembrada. “Dependiendo de la región del país, representa desde un 16 % hasta un 85 % del valor bruto de la producción agrícola de cada provincia. Es decir, hay provincias en las cuales casi el 90 % del valor bruto de su producción depende de la agricultura de pequeña escala”, explicó Campos.
Otro caso destacado es el Programa de Agricultura Familiar de El Salvador, dirigido tanto al productor de subsistencia como a aquel que ya tiene una conexión con el mercado. Al primero lo ayuda con intervenciones paralelas a nivel de hogar y de huerto, y al segundo lo apoya para que fortalezca su competitividad y sus conexiones con el mercado.
Gracias a estas políticas e instituciones se están atacando problemas estructurales que enfrenta el sector, tales como el acceso a los mercados, crédito, seguros y a la asistencia técnica.
Taller de expertos.
Estas experiencias fueron analizadas durante el I Taller de Expertos sobre Agricultura Familiar, organizado por la FAO a través de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, que tuvo lugar entre el 3 y 4 de noviembre en Santiago de Chile.
El evento reunió a ejecutores de políticas de cinco países de América Latina -Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador y Paraguay- con representantes de organizaciones de productores familiares, académicos y técnicos.
En la cita se presentaron el marco estratégico de cooperación de la FAO en agricultura familiar para el periodo 2012-2025, las estrategias de los movimientos sociales para fortalecer a este sector y las políticas desarrolladas por diversos países de la región.
http://www.aporrea.org/actualidad/n192602.html