viernes, 24 de febrero de 2017

Hidroeléctrica en Tranguil apresa y amenaza de muerte a dirigente mapuche


Comunicado Público por los 13 de Reyehueico:


Contra la criminalización por ejercer nuestros derechos

Ante la formalización que se realizará el 23 de febrero del 2017 a las 9:00 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Panguipulli, causa desórdenes públicos del articulo 269 del Código Penal cuyo RUC es 1600726260-8 presentada por el Teniente Francisco Sanchez Jefe de la Tenencia de Liquiñe, las organizaciones abajo firmantes quieren indicar a la opinión publica local, regional, nacional e internacional:

Que esta acción judicial se enmarca dentro de una estrategia de contención de la justa defensa territorial que llevan comunidades y organizaciones mapuches y socioambientales ante la arremetida empresarial-estatal de implementar 8 proyectos de minicentrales hidroeléctricas en la comuna de Panguipulli, de un total de 147 concesiones de derechos de agua para uso hidroeléctrico.

Clarificar que las organizaciones y comunidades desarrollaron acciones administrativas frente a las agencias ambientales del Estado para denunciar la ilegalidad de la construcción de la central Tranguil de RP Global, teniendo nula respuesta por parte de estos organismos. Ante esta situación, las organizaciones y comunidades se ven en la obligación para hacer cumplir la ley, de realizar una acción de ejercicio de derechos para llamar la atención a las autoridades competentes, a que cumplan con la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el Estado de derecho.

El ejercicio de derechos consistió en convocar a las autoridades de la gobernación regional para denunciar las omisiones y faltas a la ley de la empresa y los organismos ambientales competentes; mediante una movilización en la ruta CH 201 en el cruce reyehueico a 8 kilómetros de Liquiñe, el primero de agosto de 2016.Esta accion fue pacifica, a rostro descubierto y desarrollada responsablemente por los representantes juridicos de las comunidades y organizaciones mapuches y socioambientales de la comunidad de Panguipulli.

Queremos aclarar que en el marco de la manifestación, el Parlamento de Coz-Coz a través de su werken Jorge Weke, mediante contacto telefónico a primera hora (8:00 am), informó al Gobernador(s) Cristian Castro de la necesidad que se hicieran presentes la Gobernadora Patricia Morano, el director de la DGA y el Superintendente de medioambiente, en el lugar para dialogar y oficiar acciones que permitieran detener la obra de construcción de la central RP Global dentro de la propiedad de la familia Quilenpan y la comunidad Newen Tranguil.Cabe destacar que dentro del ordenamiento institucional del Estado, son las Gobernaciones provinciales las encargadas de velar por la seguridad publica y el orden interno; por lo tanto las acciones de las instituciones policiales están supeditadas al mando de la Gobernadora provincial.

Frente a la denuncia presentada por el teniente Francisco Sanchez, queremos indicar que fuimos testigos de como Rubén Collío le explicó los alcances de este ejercicio de derecho que consistía en denunciar las ilegalidades realizadas por RP Global y los organismos ambientales pertinentes. 

En todo momento las acciones realizadas por las personas investigadas fueron pacíficas y solo fueron alteradas por la presencia y prepotencia policial que intentó en dos oportunidades, una al mando del teniente Sanchez y otra al mando del Mayor y Comisario de la quinta comisaría de carabineros, Iván Echeverría impedir la denuncia de estas ilegalidades ante la opinión pública y las autoridades del gobierno regional. 
En ambas oportunidades se les indicó que se estaba en conversaciones y negociaciones con la Gobernadora Patricia Morano y se le indicó a los oficiales mencionados que llamarán a esta autoridad para confirmar tal proceso de negociación. 
Se les indicó que este era un problema político ambiental y no de carácter policial ni delincuencial, haciendo hincapié que se estaban vulnerando las leyes de la república.A pesar de esto, Carabineros al mando del Mayor Echeverría, incita a los conductores a avanzar sobre mujeres y dirigentes que se encontraban en el lugar.

Queremos indicar que el actuar del Tte. Francisco Sanchez frente a las comunidades del territorio no ha sido imparcial debido a los siguientes antecedentes:

– Estuvo a cargo del operativo de desalojo de Trafun en mayo de 2016 en donde se corta el rewe de la pampa de nguillatun de Trafun por parte de trabajadores del fundo, haciendo notable abandono de deberes al no impedir una grave transgresion al convenio 169 de la OIT que protege los espacios ceremoniales de los pueblos originarios.

– Actuar prepotente en operativo policial en cruce reyehueico el 1° de agosto de 2016 donde se efectua violencia fisica innecesaria y realiza controles de identidad arbitrarios a representantes de medios de comunicación y desarrolla un proceso inadecuado de control de identidad a quienes se estaban manifestando en la ruta.

-Es la primera personas que llega al operativo policial por la muerte de Macarena Valdes el 22 de Agosto de 2016, y existen varios testigos, y sin embargo su firma no aparece en el parte policial. Es más, al día siguiente en la propiedad habitada por la familia Collio-Valdes, en el marco de una situación de luto para esta familia y en ausencia del doliente; dirige el primer operativo de apoyo para la instalación de cambio de cables, dando instrucciones a los operarios de una empresa contratista de SAESA.

Manifestamos nuestro apoyo al werken Ruben Collío, que fue nombrado en ese cargo, por las comunidades afectadas, frente a las situaciones de represión policial y hostigamiento jurídico e institucional que le han impactado directamente en el ámbito personal y familiar.
Esto se contrapone con los intentos de la fiscalía de no perseverar en las diligencias para clarificar la muerte en extrañas circunstancias de Macarena Valdés, compañera del werken Ruben Collío y madre de 4 niños; situación que afecta gravemente el acceso igualitario ante la justicia. 

Al mismo tiempo se establece una estrategia de criminalización que afecta a 10 dirigentes de la comuna y tres comunicadores sociales, que serán formalizados este jueves 23 de febrero, a las 9 de la mañana, en el juzgado de garantía de Panguipulli; ante un acto legitimo de ejercicio de derechos para que se cumplan las leyes ambientales y el convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado de Chile.

¡Por la defensa de nuestros ríos, lagos y territorio;

a parar la criminalización por exigir nuestros derechos!

Coordinación Newen Tranguil

Parlamento de Koz Koz

Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli

Comunidad Inalafken de Lago Neltume

Comunidad Vicente Reinahuel

Comunidad Juan Painepe 2

Radio Wallon

Puelche Comunicaciones
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Julia Quillempán, la comunera amenazada de muerte en Tranguil tras Macarena Valdés: “No les tengo miedo”

Macarena Valdés Muñoz, defensora de la tierra, se encuentra hoy en el cementerio de Río Hueico, en el lugar que Julia Quillempán Peña tenía reservado para su muerte. Macarena apareció muerta en su casa en agosto, tras liderar la oposición a la instalación de una mini central hidroeléctrica. Julia también está amenazada de muerte.Por Victoria Aldunate y Paola Melita.

Julia está amenazada “por los mismos” que mataron a Macarena

Ambas eran lamngen -hermanas en idioma mapuzungun- y compañeras de lucha. Julia Quillempán estuvo en el corte de caminos con Macarena antes de que su muerte en agosto de 2016. Dos meses después, recibió amenazas por celular.


Julia narra: “Serían como las 11 de mañana, era de un teléfono desconocido, traté de llamar de vuelta, pero me salía una grabación de decía: este teléfono no existe”. 

Ese día ella escuchó una voz de hombre del otro lado que le decía: “¡Déjate de huevear, porque si no te va a pasar lo mismo de la mujer del Collío!“. 

Entonces ella le respondió: “¡Si me has de matar, hazlo al tiro! ¡Ven, porque aquí te espero! ¡Yo no tengo hijos, no tengo a nadie, a mí el que me llora es mi marido y el perro y el gato, no como lo que hicieron ustedes que dejaron a inocentes llorando!”.

Y explica: “¡Lo que más rabia me da es que les quitaron la madre a esos niños! 

Yo también perdí a mi madre cuando era demasiado joven, tenía 18 y tuve que hacerme cargo de todos mis hermanos. Y esa es la rabia que a mí me da. Le quitaron la madre a los hijos y hasta deja un niñito de pañales, ese niñito no sabe ahora. Una madre no es igual que un padre, un padre tiene que ser muy, muy bueno. Yo le celebro a Don Rubén que se preocupa tanto, ¡lo admiro lo buen padre que es! Pero el cariño de madre nadie lo reemplaza. Yo, hasta el día de hoy no tengo ese reemplazo de madre, y yo digo que esos niños así se van a criar también, van a acordarse con rabia y capaz que nos echen la culpa a nosotras”.

La culpa de los asesinos sobre la comunidad

Julia llora cuando llega a esta parte de su relato: “¡Es que si nosotras no hubiéramos hecho todo esto, a lo mejor la Macarena estaría viva, porque si nosotras no hubiéramos llegado donde él -donde don Rubén- esto no habría pasado!”.

Julia Quillempán hace memoria de su propia historia y la relaciona: “Yo, fueron dos traumas que tuve: de mi madre y de mi padre. Mi mamá murió de cáncer, nadie la pudo ayudar o nadie la quiso ayudar. Yo cuidé a mis hermanos chicos y después me fui a trabajar a la Argentina, a la provincia de Río Negro, para hacer plata y venir a buscar a mi papá. 
Era el tiempo después del Golpe, y de repente me llegó una carta diciendo que a mi papá lo habían matado. Lo mataron unos cabros para robarle madera. Mi papá agonizó como 4 días, ni supe dónde estaba enterrado, no pude venir. Y yo por eso pienso así, que dejaron a esos niños chicos de la Macarena, sin madre y me pregunto: ¿Algún día cuando sean grandes, nos van a culpar? Yo tengo esa duda, porque yo misma culpé a otra gente cuando murió mi madre y después de eso ya vino todo peor. Mis hermanos crecieron con rabia”.

Las historias de las mujeres se entretejen con la memoria del territorio y hoy con la escalada de violencia contra el pueblo mapuche. Las lamngen de Macarena y su comunidad entera no han dejado de luchar, pero a ratos -y a partir de varios relatos recopilados-, también parecen sentirse culpables de su muerte.

“Esa mujer nunca tuvo miedo”

“La Macarena, esa mujer, nunca tuvo miedo. ¡Si ella se agarró de las latas de una camioneta en el corte de camino para que el vehículo no pasara y los carabineros de Panguipulli le ordenaban al conductor que nos atropellara! Ella hasta se cortó los dedos”, cuenta Julia.

Ese día la propia Julia perdió una uña de la mano derecha en el forcejeo con los vehículos. Al otro día tenía los dedos “inflamados”. “No me di ni cuenta”, dice, “después vi que tenía una uña entera despegada”.

Macarena Valdés Muñoz apareció muerta, colgada, el lunes 22 de agosto de 2016 en su casa de Tranguil. 
El 1 de agosto había estado todo el día en el corte de camino que relata Julia. Fue una acción de la comunidad para resistir que la empresa RP Global instalara sus cables de alta tensión en el territorio.

Julia recuerda: “Los carabineros de Liquiñe no nos hicieron nada, pero los de Panguipulli fueron violentos, llegaron a tirones, echándonos la camioneta encima. A una señora casi le pisaron los pies. Me acuerdo que comenzamos poquita gente, más mujeres que hombres y después de a poco salió más gente al camino”.

La que muera primero

Fue un “corte limpio”: “Nosotras solamente pusimos un lienzo con unos palos. Aire limpio, dijimos. No hicimos fogata, sólo para cocinar, un poquito de fuego”.

Ese día lograron que la gobernadora de Valdivia, Patricia Morano Büchner, enviara a un representante y se comprometiera a una reunión: “Sólo entonces depusimos el corte. Eran como las 4 de la tarde”.

Macarena, Julia y las otras lamngen celebraron con un mate: “Estábamos contentas, dijimos que habíamos hecho bien, que nos habían escuchado. A la gobernadora le habíamos mandado cartas y nunca nos había contestado. ¡Nunca, nunca! Era como si nosotros no existiéramos para las autoridades, por eso hicimos el corte de camino. No vino la gobernadora, pero llegó un representante y ya era algo. Ya sabemos, dijimos, hay que seguir con esto”.

Aunque ese día no sospechaban lo que vendría después, hablaron de dónde querían ser enterradas si morían. 

Julia explica: “Es que yo siempre decía que yo iba ir a la sepultura de mi abuela y ese día, las dos riéndonos, yo le dije: ¡Ya no nos mataron!”, y ella me respondió: ‘¡No, capaz que sea pal otro corte que nos apaleen!’. ‘¡Bueno!’, le dije yo: ‘¡Total, la que se muera primero va a llegar ahí! Si yo me muero, me sepultan arriba de mi abuela’. Y la Macarena contestó: ‘¡Y si yo me muero primero, tú me vas a llevar ahí mismo, a tu lugar'”.

“Pero fue una conversación no más, ¡jamás pensamos que iba a salir verdad!”, recuerda.

Amenazas de muerte: Levantar a pedazos a las mujeres

La amenaza anónima que sufrió Julia Quillempán en octubre de 2016 por teléfono suena como las centrales llaman para ofrecer productos.

Grandes empresas usan ese tipo de centrales, que cuentan con tecnologías de interconexión y para llamadas de salida a clientes. Son enlaces digitales que comparten la numeración, pero operan de manera independiente. El operador puede conectar con el cliente, pero el cliente no puede conectar de vuelta con el operador que le llamó. Trabajadoras “flexibles” de ese tipo de servicios explican que cuando una persona externa llama de vuelta, habrá cerca de tres opciones de devolución automática: “Este número no existe”, “Este número no tiene teléfono” o “llama y corta”.

Pero esa no ha sido la única amenaza que recibió Julia Quillempán Peña, la anterior había sido presencial y surgió de hombres que ella conoce muy bien porque son sus familiares, pero ahora además son trabajadores contratados por la Empresa RP El Arroyo Energías Renovables S.A., parte de misma trasnacional austro-chilena RP Global Chile Energías Renovables S.A.

Los primeros días del año 2016, Julia, sus hermanas y una sobrina, cinco mujeres, les cortaron el paso a los camiones de la empresa RP El Arroyo en la Rinconada de Tranguil. 

Ella relata: “Nosotras escuchábamos desde hacía meses cómo pasaban los camiones por el camino que está más arriba y que es parte de nuestro terreno. Era cosa de todos los días, entonces el agua empezó a bajar y en enero (2016) ya no teníamos agua porque cuando el terreno vibra por el tremendo peso de los camiones el agua va desapareciendo, va corriendo por otro lado, son ojos de agua, aguas subterráneas”.

La sala de máquinas de la empresa fue asentada dentro del terreno de la familia Quillempán Peña sin autorización en un cementerio familiar. 

El día que Julia y sus hermanas interceptaron los camiones, bajaron los funcionarios Eusebio Quelempán Hueñuñir y José Quillempán Peña -el último hermano de Julia, o sea, miembro de la misma familia cuyas mujeres defienden el territorio-. 
Los hombres, agresivos, dijeron que iban a seguir pasando por ahí por orden de la empresa.

Ellas llamaron a Carabineros de Chile que se demoró horas en llegar y que cuando estuvieron en el terreno privado intervenido, lejos de apoyar la defensa de la “propiedad” de las mujeres, escucharon indiferentes las amenazas que los hombres funcionarios de RP El Arroyo les hicieron a las hermanas: “Indicaron a la Raquel -mi hermana- y les dijeron a los carabineros en su cara: ‘A esta tal por cual, la van a tener que venir a levantar por pedazos’. 

Los carabineros no tomaron la denuncia y nos dijeron que había que tener muchas pruebas, que era ‘mejor arreglarse a la buena’ y que, finalmente, ellos no se metían en problemas de familia”.

Julia Quillempán se lamenta: 

“José, que trabaja ahora para la empresa, es el mismo hermano del que me hice cargo cuando era chico y ahora nos amenaza. Siempre nos ha culpado a las hijas mayores por la muerte de mi madre y esta empresa le lavó el cerebro y también la plata que le habrán tirado, porque resulta que él ahora quedó trabajando estable con contrato en esa empresa. Pero todas las demás hermanas no queremos a la empresa en nuestro territorio y él no puede decidir solo”.

RP Global – RP El Arroyo

La empresa RP Global Chile Energías Renovables S.A. hizo ocupación del terreno de la familia Quillempán Peña, construyó y sigue asentada en los terrenos de la sucesión desde al menos el año 2014. 

Las hermanas Quillempán demandaron a la empresa que -descubrieron en el Juzgado Civil de Panguipulli, por documentos- se nombra como “RP El Arroyo”. “Hubo que enviar la demanda a Santiago pues el representante legal figura en Santiago”, cuentan.

El Tercer Juzgado Civil de Santiago ordenó en la primera quincena de noviembre 2016 a la empresa RP El Arroyo Energías Renovables S.A., suspender las obras, pero según un audio del medio virtual “El Puelche” que entrevistó al abogado de la familia Jorge Acuña, la respuesta fue que la empresa habría “terminado todo tipo de obras en ese lugar”.

Sin embargo, la sala de máquinas de la empresa sigue en el terreno que fuera un cementerio de los antepasados de la familia. 

Julia relata que después del incidente cesaron de pasar camiones y comenzaron a circular camionetas de la empresa que “incluso cerraron ese sector y colocaron un cartel que dice Recinto Privado. ¡Así de caraduras!”.

El proyecto hidroeléctrico en Tranguil fue autorizado por el gobierno de Sebastián Piñera. 

Según una nota de prensa del medio virtual La Araucanía Cuenta: RP Global ha creado una serie de “nombres” en el centro y sur de Chile relacionados a su holding: RP Global Chile S.A, RP Global Chile Energías Renovables, RPI Chile Energías Renovables, RP El Torrente Eléctrica S.A. Central Hidroeléctrica Panqui, en Curarrehue, RP Butamalal Hidroeléctrica S.A., RP El Arroyo Energías Renovables S.A. 

Y justamente en internet aparecen “Extractos” de solicitudes a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas de Chile de parte de dos de esas empresas para su proyecto “Mini Central Hidroeléctrica de Paso – Pangui”.

Los “extractos” aparecen en los avisos clasificados de El Mercurio, de El Mostrador y en la página virtual Biblioteca en Línea, en su sección “Arquitectura, Obras y Construcción”. Y no sólo eso, en el Diario Oficial de la República de Chile Nº 40.448, del miércoles 2 de enero de 2013, en su cuerpo II – 33 al II – 35, aparece la”concesión eléctrica provisional” a RP El Torrente S.A.

En los documentos consultados por nosotras, se identifican como representantes legales, ya sea de RP Global Chile Energías Renovables S.A. o de RP El Torrente S.A., Christian Linsenmeyer, que se presenta como austriaco e ingeniero comercial, y Felipe Pichard, que se presenta como chileno e ingeniero civil; ambos dicen estar “domiciliados en la calle Andrés Fuenzalida N° 17, oficina 11, Santiago, Providencia”.

Macarena Valdés Muñoz, defensora de la tierra, se encuentra hoy en el cementerio de Río Hueico, en el lugar que Julia Quillempán Peña tenía reservado para su muerte. 

Tal y como lo hablaron con Macarena un día, Julia facilitó su espacio a la familia de Macarena para sepultar sus restos: “Yo le di mi lugar a la Macarena y ahora somos familia”.

Julia se queda un rato pensativa y reitera: “Esto pasó con ella para que tengamos miedo, pero yo no les tengo miedo, si tengo que morir defendiendo la tierra, voy a morir, no les voy a dar el gusto que hagan y deshagan con este territorio”
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Mapuches acusan a Carabineros de defender instalación de central Tranguil

Natalia Figueroa | Miércoles 22 de febrero 2017 17:32 hrs.




La comunidad de Panguipulli asegura que la policía no acude al llamado de los vecinos cuando se denuncian amenazas por parte de la empresa, pero si resguardan sus faenas y las instalaciones de la central.


La comunidad mapuche de Panguipulli acusó criminalización luego de la formalización de trece comuneros.

La denuncia fue interpuesta por el teniente de Carabineros, Francisco Sánchez, tras una manifestación que realizaron los comuneros contra la instalación de la hidroeléctrica de Tranguil, de la empresa RP Global, el 1 de agosto pasado.

Por estos hechos, se les acusó de desórdenes públicos, pese a que la comunidad asegura que hicieron uso de su derecho a expresarse libremente, sobre todo, teniendo en cuenta la nula respuesta de los organismos ambientales ante la aprobación de un proyecto que presentaría una serie de irregularidades.

Para los comuneros, esta acción judicial se enmarca dentro de una estrategia de contención de las comunidades ante la arremetida de los proyectos energéticos en la región.

En Panguipulli se proyecta la instalación de ocho minicentrales hidroeléctricas de un total de ciento cuarenta y siete concesiones de derechos de agua para estos fines.

Pese a que no se realizó la correspondiente Consulta Indígena establecida en el Convenio 169, suscrito por Chile, este proyecto fue aprobado.

Pedro Cardyn, integrante de la Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli, dijo que Carabineros no acude al llamado de los vecinos cuando se denuncian amenazas por parte de la empresa, pero si resguardan sus faenas y las instalaciones de la central: “Lo que queremos es defender el agua, el bosque, la vida y las buenas relaciones humanas, pero sentimos que tanto las empresas como el Estado están teniendo cada vez una actitud más violenta. Esa manifestación con corte de ruta fue para pedir que las autoridades ambientales cumplan con la ley”.

Humberto Manquel, integrante del Parlamento de Coz Coz, aseguró que de ninguna manera depondrán la defensa del territorio por los amedrentamientos que han recibido sistemáticamente por parte de la empresa y de Carabineros: “Nosotros estamos reclamando nuestros derechos y no es la policía la que nos va a intimidar porque como mapuche la prioridad es la defensa de nuestro territorio. En el Parlamento de Coz Coz de 1907 defendimos esta tierra y hoy seguimos en lo mismo”.

El 22 de agosto pasado, la activista Macarena Valdés, esposa del werkén Rubén Collío, fue encontrada muerta en su casa. Las comunidades han responsabilizado directamente a la empresa de estos hechos, considerando las amenazas constantes que recibió la mujer semanas antes de su muerte por ser opositora a la instalación de la central hidroeléctrica en Tranguil.

Además, otros lugareños también han denunciado hostigamiento por parte de los trabajadores que mantienen labores en predios que pertenecen a comuneros mapuche, como en el caso de Julia Quillempan.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Violencia chilena en Wallmapu dice informe de ong de DDHH


INFORME ANUAL AMNISTÍA INTERNACIONAL 2016-2017 


Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet Jeria 

Sigue suscitando preocupación la impunidad tanto por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como por las que se siguen cometiendo en la actualidad. Han continuado los procedimientos judiciales relativos a crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado; en algunos casos, los implicados han sido encarcelados. Durante gran parte del año, los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía siguieron siendo competencia de los tribunales militares. No obstante, una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar. Se ha avanzado en la tramitación de un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en determinados casos. 

Información general 

Entre abril y agosto, el gobierno llevó a cabo un proceso de consulta abierto a toda la ciudadanía, como primer paso hacia la promulgación de una nueva Constitución. La Constitución vigente —adoptada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet— contenía varias disposiciones que no se ajustaban al derecho internacional de los derechos humanos. 

En enero entró en vigor una ley que establecía una Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. La primera Subsecretaria fue designada en septiembre. 

En abril, el gobierno anunció el aplazamiento indefinido de los planes de reforma de la ley de migración. En diciembre se anunció que el proyecto de ley se presentaría en enero de 2017, lo cual a la fecha no se ha realizado. 

Policía y fuerzas de seguridad 

Se continuó recibiendo noticias de denuncias de uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas. Entre las víctimas figuraban menores de edad, mujeres, periodistas y trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos que actuaban como observadores. 

Las violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad seguían siendo juzgadas por tribunales militares. Esta situación cambió en noviembre de 2016 con la aprobación de una ley que estipuló expresamente que la población civil —tanto las personas acusadas como las víctimas de delitos— quedaba excluida de la jurisdicción militar. 

En enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella cuyo objetivo era presionar para que los tribunales ordinarios siguieran investigando la desaparición forzada de José Huenante, de 16 años, visto por última vez en septiembre de 2005 cuando fue detenido por la policía en Puerto Montt. A raíz de la querella, un tribunal militar también reabrió la investigación. No obstante, aún no se conoce el paradero de José Huenante y ninguna de las dos investigaciones ha dado con los responsables de esta desaparición. 

Impunidad 

Durante el año se confirmaron varias declaraciones de culpabilidad por crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado, durante el régimen militar. En septiembre, la Corte Suprema confirmó las condenas a cuatro años de prisión dictadas contra dos ex militares por las torturas infligidas en 1973 al general Alberto Bachelet. 

Las víctimas, sus familiares y varias organizaciones de la sociedad civil se opusieron a varios intentos de obtener la libertad condicional anticipada de personas declaradas culpables de cometer violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Sigue pendiente ante el Congreso un proyecto de ley que negaría la posibilidad de obtener la libertad condicional a las personas halladas culpables de crímenes de lesa humanidad.

En noviembre entró en vigor una ley que tipifica como delito la tortura en la legislación chilena. En septiembre, Chile fue uno de los países que el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura incluyó en la lista de países que se retrasaban en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, debido a la ausencia de un mecanismo nacional de prevención de la tortura. 

Derechos de los pueblos indígenas 

En enero, el Congreso creó una comisión para investigar la violencia en la Araucanía, la región más afectada por los conflictos de tierras que implicaban al pueblo mapuche. La comisión se centró en delitos presuntamente cometidos por los mapuche como forma de protesta. Sin embargo, las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra las comunidades no se investigaban porque no entraban en el ámbito de competencia de la comisión. La Cámara de Diputados aprobó las conclusiones de la comisión en septiembre. 

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares ordenadas en octubre de 2015 a favor de la líder mapuche Juana Calfunao. Dichas medidas intentaban brindar protección a más miembros de su familia que vivían en la comunidad de Juan Paillalef, en el sur de Chile, frente a las amenazas contra sus vidas e integridad en relación con un conflicto de tierras. 

En agosto, el fotógrafo Felipe Durán y el miembro de la comunidad mapuche Cristián Levinao fueron absueltos de todos los cargos que se les imputaban. Ambos habían sido acusados de tenencia ilícita de armas y delitos relacionados con las drogas y llevaban más de 300 días en prisión preventiva. 

La machi Francisca Linconao mantuvo una huelga de hambre de 14 días en contra de la prisión preventiva que la mantuvo en la cárcel a la espera de su juicio. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo que sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario el 5 de enero de 2017. Ella depuso su huelga de hambre ese mismo día y fue trasladada a su casa al día siguiente. La machi sigue esperando el juicio en su casa. 

Derechos sexuales y reproductivos 

El aborto sigue tipificado como delito en todas las circunstancias. Varias mujeres que solicitaron asistencia médica por complicaciones derivadas de abortos inseguros, corrieron peligro de ser acusadas penalmente tras ser denunciadas a las autoridades por profesionales de la salud. 

En marzo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la mujer, cuando fuera consecuencia de violación y en casos de inviabilidad fetal. Sin embargo, las disposiciones que prohibían a los profesionales de la salud denunciar a las mujeres fueron eliminadas del proyecto de ley tras ser rechazadas por la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado en general en la Sala del Senado en enero de 2017, y se estableció el 30 de marzo como plazo para presentar indicaciones. 

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 

El proyecto de ley de identidad de género está en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía desde mayo de 2013, actualmente en discusión en particular, en primer trámite constitucional. A comienzos de 2016 pasó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero en mayo del mismo año se decidió que volviera a la Comisión de DDHH para pronunciarse sobre nuevas indicaciones. Desde entonces, se ha abierto 5 veces “un” nuevo plazo para la presentación de indicaciones, las que todavía no terminan de analizarse en la comisión. 

El proyecto propuesto establece el derecho de las personas mayores de 18 años al reconocimiento legal de su identidad de género mediante la modificación del nombre y el género en documentos oficiales a través de un proceso administrativo que no incluye los requisitos existentes de cirugía de reasignación de género o presentación de certificado médico. 


En julio, Chile alcanzó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una denuncia interpuesta en nombre de tres parejas homosexuales a las que se les había negado el derecho a contraer matrimonio. El acuerdo incluyó la adopción de una serie de medidas y políticas para promover los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. En agosto, como parte del acuerdo, el gobierno anunció un proceso participativo con la sociedad civil, cuyo propósito era redactar un proyecto de ley para establecer la igualdad respecto al matrimonio.
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INFORME ANUAL AMNISTÍA INTERNACIONAL 2016-2017


Capítulo de Chile traducido al mapudungun


República de Chile Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet Jeria


Petu rakizuamünngey ñi kutrankangen ka awukangen ta ñi küme felen ta pu trokiñche kuyfi mew, welu fantepu ta petu femnengekay ka amulnengekay feychi wecha zungu. Femechi mew ka wiño amulngetuy ti ka mapu norümpelu chi mülewenoal layeluwun ka kakewmechi kutrankangelu kuyfi mew ñi küme felen ti pu trokiñche; feychi zungu mu, kiñeke müten nüngey ta ñi tripawenoal.


Wall tripantu mu, ti pu ‘soltao’ ingemekechi wülelkeyngün ka llazkünkechi miyawkeyngün, welu ti pu wunenkülelu pu soltao ñi pin mew femkeyngün, “tribunales militares” pingelu wingka mu. Noviembre küyen mew feyti norümpelu ta zungu elungey ñi fam nentuafiel ti pu re chengelu pu ‘soltao’ ñi norzungupelu mew. Ti ‘lha nentupechi püchi che’ petu feypinengey ñi rume wecha zungungen chumechi rume, welu inaniengefuy ñi müte femnoafel kiñeke zungu mew. 

Fillke amul zungu 

Abril ka agosto chi küyen, ti ‘trokipelu mapu’ wutrampürami trawün ta ñi inaramtuafiel ti pu trokiñche, ta ñi mületuafel kiñe we “az norümpel chi zungu”. Ta ti mülechi “norümpel chi zungu” –elkunulu ti soltaongechi trokitupelu Pinoche pingefulu– niefuyem fillke zungu yampenolu pu trokiñche ñi küme felen ta wallpüle ka ke mapu mülelu ti pu che. 

Enero chi küyen az koni kiñe norpelu chi zungu ti “Subsecretaría” pingelu wingka zungun mew konpelu ti pu Trokiñche ñi Küme Felen mew’, fey nüwkülerkey ti Norpelu Zungu mew. 

Abril küyen, ti ‘trokitupelu mapu’ werküzunguy ñi zoy amulngeal feyti ñi küme nentungeafel ti norzungupelu ti pu kake mapu akulu chi che. Diciembre küyen mu ka feypingey ñi tripayal enero epu waranka mari regle amulechi tripantu mew ti “proyecto” norkunupelu zungu. 

Soltao ka inachepelu ta ñi zoy newengen mew 

Fantepu petu aku akungey chi werkün zungu, pu soltao feypintukungekey ñi wecha newenkechi femken mülen mew fütake trawün ta ñi kimngeal wechalelu zungu. Pu püchike che, pu zomo, pu inatuzungupelu ka pu küzawpelu ti intitutó ngüneltupelu ti pu che ñi küme felen, fey engün zoy awükakerkeyu ti pu soltao mew. 

Ti pu awükachepelu pu trokinche ñi küme felen mew, pu soltao müten konkefuy ta ñi nortual ta zungu. Femngechi mew noviembre chi küyen koni kiñe we norümpelu ta zungu welu kom ti pu trokiñche –feypintukunengelu ka ti nienolu chem wecha zungu rume– fam nentungey ti pu soltao ñi norümpel zungu mew.

Enero küyen mew ti Intitutó pu Trokinche ñi Küme Felen feypintukuy ta ñi zoy küme inatungeafel ta ñi chumngechi ñamün José Huenante mari kayu tripantu niefuluyem, septiembre epu waranka kechu tripantu mew ta ñi pengewenon, feychingefuy ta ñi nüetew ti soltao. Fente ta ñi zunguñpengen tüfachi zungu ti nor trokipelu (tribunales) wüli ñi küme inatuzungungeal. Welu af triparpulu ti tripantu türpu kimngelay chew ñi mülen José Huenante, ka kimngelay chuchi norme inatuniengelu chi zungu ka iney norme ni fam konün ti zungu mew.

Kullinochi che wecha zungu mu 

Wall tripantu mu kimngerpuy ti koneltulu wecha zungu mew, awükafilu ti pu che ñi küme felen mew ka kakewmechi kutrankan femlu ti pu soltao kuyfi mew. Septiembre küyen mew rüf malaltukungey meli tripantu ta epu tripatuchi soltao awükafilu ti “general Alberto Bachelet”, rupachi kiñe waranka regle mari küla tripantu mew. 

Pu kutrankawlu chi pu reñmawen ka fillke trokiñ che engün pilayngün ñi re fem tripatual ti pu che iñfitulu ta ñi kutrankan mew ti pu trokinche ñi küme felen mew, ti wecha femlu trokitulelu ka soltaongelu Augusto Pinocheyem. Petu ñi afnon mew ti tripantu petu mülewey kiñe “proyecto” chew ta ñi pingenoal ñi re femechi tripafemnoal wecha femlu, pu awükachelu ka langümkachelu. 

Noviembre küyen ti az niepelu zungu chile ñi rakizuam mew mülelu, amulney ti trokitupelu ta wechake zungu. Septiembre chi küyen mu kay, tüfachi Chile mapu ka tukuy ñi trokiñ zungu mew ta ñi küme amulngeal ñi Katrütungeafel Kütrankan, mülenon mew feyti chi zungu tüfachi chile mapu mew ti “Protocolo Facultativo de la Convención Ngünezuamnelu chumngechilen ta Wallmapu ONU” pingelu wingka zungun mew. 

Itro fill mapuche ñi az mapu 

Enero küyen, ti Trawüluwpechi trokinche mew witrampürami kiñe müfü che ta ñi inatuzual ñi mülen llazkülüwün zungu fütra Temuko mapu mew, chew ta ñi zoy wechalen mapu zungu koneltulelu pu mapuche. Feyta chi pu trokinche inatuy feyti chi zungu pu mapuche ñi nütuafel chi mapu. Welu pu soltao müchayke feypintukungey ñi ingemekechi nüyefi awükafi ta pu mapuche mülelu lof mapu mew, feychi zungu inatungelay konkerkelafuy feychi zungu mew ti pu trokinche elungelu feychi küzaw. Rakizuamngelu ti zungu llowngey pu azkunupelu ta fillke nor zungu ta ñi feleal. 

Mayo küyen mew pu Trokinche kake Wallmapu mülelu ka ngünezuampelu ti pu Che ñi Küme Felen zoy amul antükunuy fey tripay octubre küyen mu, epu waranka mari kechu tripantu mew, femechi ta ñi zoy küme trokingeal ta papay Juana Calfunao. Femechi mu ta ñi inkangeafel kishu ñi pu reñmawen, ka fey ta ti pu kake che mülelu feychi Juan Paillalef pingechi lof wülli mapu püle mülelu, konkülellefule ta ñi nütuafel ñi mapu engün, femllefule rume fey wecha trokingefule rume welu ta ñi chumngenoafel. 

Agosto küyen mew, ti nentu azpelu Felipe Duran pingelu ka ti lof che Cristian Levinao mür engu fam nentulelngetuy feyti feypintukungekefulu. Mur engu feypintukungerkefuy ta ñi miyawülkerkefuyngu tralka ka wechake üñfi wechakelu, femechi mu küla pataka antü ta malaltrayikonkülekerkefuy engu. 

Ti machi (tremolchepelu ka newentulchepelu) Francisca Linconao pingelu nüngey marzo küyen mew, fey malaltukuniengekefuy petu ta ñi punon ta ti wichan. Fey kutranürkefuy feymu meli chi eluerkefuyu ti “juez” ñi tripatuafel müleputuafel ruka mew feymu ta ñi azkintunengetuafel. Feyti meli chi mu pingelay ñi femal, tripatual, femechi mu ka wiñolngetuy machi Francisca Linconao wingka malal mu. 
Noviembre küyen mew yengey “pital” mew. Diciembre küyen kay entrinüluwfuy piwelay ñi yiweal, femfuy ta ñi allkütungeafel ta ñi müleputuafel ruka mew petu ñi punon mew ti elantün, ti pu ‘inkapetew’ ka femechi zunguntukufuy feychi zungu. Welu ti machi Francisca Linconao zew aftriparpuchi tripantu mew petu felefuy ñi entriluwun. 

Norümpechi zungu ti zomongechi ka wentrungechi mu ka fey choyünchepel mew

Ti ankanentupechi püchikeche petu müna wecha zungu trokitunerkey. Pütrün zomo amurkefuyngün ti wingka lawentuwe mew wecha küpalen mew ti püchi che, feymu pirkefuyngün ta ñi ankanenlelngerkeafel, welu llazkütungekerki ka feypintukungekerki wecha zungu ñi femün, feypikey ti pu wingka lawentufe. 

Marzo küyen ti pu “Che Trokitupelu Zungu” feypingün ñi amulngeafel ti “ley” ta ñi feypingewenoafel ñi wecha zungungen ta tüfachi ankanentupüchichepelu, kutranküpalele ti püchi che ka kutranle ta zomo feychi zungu mew, ka femechi niepüñeñkunungele aznokechi nüntukangele. Welu ti “ley” katrütulay ti pu wingka lawentufe ñi feypintukunual chi pu zomo küpa ankanentule ñi pu püñeñ, pu “Che Trokitupelu engün” kom pilayngün ñi femal tüfachi zungu. Aflu ti tripantu ti “ley” petu mülekay ti azkunupelu ta zungu “Senado”. 

Ti pu zomowentrungelu chi che ñi rakizuam mew, epu azngechi chengelu, zomowtulu ka wentruwtulu ka fey epu chemkün nielu; yallwe ka koñilwe ñi Küme Felen 

Septiembre küyen, ti pu Che Trokipelu pu Trokinche ñi Küme Felen ti “Senado” mew, witrampürami ti “ley” ta ñi yamngeafel kom ti pu “azentuwnolu ñi kalül mew”. Fewla ta ñi llowngel feyti chi zungu, zewma küla tripantu yenefuy ta ñi ngütramkanengefel. Aflu chi tripantu petu femnengekakey ti “proyecto” amulngelay amullayngün ti “Senado” pu Che Trokipelu Zungu. Elungey ñi femal re ti pu che zoy mari pura tripantu puwülnelu müten ta ñi zomowtuafel kam wentruwtuafel fey ta ñi ka üy ta nietuafel ti “pipel” mew, welu feyti konkülerkelay ti nielu “cirugia” ta ñi ka chengetual kam pengelal ta ti wingka lawentufe ñi pipel. 

Julio küyen mew, Chile mapu allküy ka trürülüwi ti “Trokitupelu Che mew ka pu Che ñi küme Felen mew kake fill Mapu” konkülechi zungu mew ka ti küla zomowentrungelu üñamwen engün, ta ñi rüf küme nor kureyewürkeal engün. Feyti trürülüwün zungu mew amulerkey fentren zungu ta ñi inaturkengeafel tüfachi pu wentruzomongechi pu che mew. Agosto küyen mew ta ñi zoy küme trürüwal engün ti trokilelu tüfachi mapu mew werküy ñi koneltuafel tüfachi ngütramkan mew kom ti pu che, rechengefule rume, femechi mew ta ñi nentuangeafel kiñe “ley” ta ñi yamngeafel kom ti pu wentruzomongelu küpa kureyewfule rume.
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INFORME 2016/17 AMNISTÍA INTERNACIONAL LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

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Amnistía Internacional advierte “uso excesivo” de fuerza policial y detenciones en La Araucanía


Autor: Mariajosé Soto-la tercera

En el capítulo de Chile, el documento menciona que el Congreso analizó la crisis en la IX Región sin abarcar las denuncias de violencia contra los mapuches. El organismo internacional lanzará hoy su informe anual 2016-2017, en el que se aborda la situación en materia de derechos humanos en 159 países.



Foto: Incidentes en manifestación por la reivindicación mapuche en el centro de Santiago, en septiembre de 2016.


Varias menciones al “uso innecesario y excesivo de fuerza por parte de la policía”, a los hechos de violencia en La Araucanía y a la detención de líderes mapuches contiene el capítulo de Chile del informe anual de Amnistía Internacional 2016-2017.

El documento, de 476 páginas, titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo”, será dado a conocer hoy a nivel internacional. Y en él se hace un análisis descriptivo de la situación en materia de derechos fundamentales en 159 países.

Las menciones a Chile se concentran en dos apartados: el de Perspectiva regional de América Latina, donde se hace un resumen a nivel regional, y el capítulo dedicado completamente a la experiencia nacional. Respecto de la primera parte, en el subtítulo “Seguridad pública y derechos humanos”, se destaca el uso “excesivo” e “innecesario” de la fuerza policial en varios países de la región. “La policía y las fuerzas de seguridad también hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza en países como Bahamas, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Venezuela”, dice el documento.

En el capítulo dedicado a Chile se profundiza en ese aspecto: “Durante gran parte del año (2016), los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía siguieron siendo competencia de los tribunales militares”. Sin embargo, el párrafo agrega que “una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar”.

Además, en el subtítulo de “Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad”, se vuelve a especificar la situación local: “En Chile, los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, que golpearon, maltrataron y en ocasiones incluso mataron a manifestantes pacíficos y a otras personas, muchas veces quedaron impunes”.

A juicio de la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, el informe “revela varios temas que están pendientes” y es “un llamado de alerta” para nuestro país.

Con ejemplos específicos, el capítulo chileno menciona excesos policiales en protestas públicas en 2016: “Se continuó recibiendo noticias de denuncias de uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas”. Según el texto, “entre las víctimas figuraban menores de edad, mujeres, periodistas y trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos que actuaban como observadores”.

Además, el capítulo chileno denuncia la “desaparición forzada de José Huenante, de 16 años, visto por última vez en septiembre de 2005, cuando fue detenido por la policía en Puerto Montt”. El documento relata que en enero de 2016 el Instituto de Derechos Humanos interpuso una querella para presionar a los tribunales a seguir investigando el caso.
Derechos indígenas

El resumen latinoamericano del informe de Amnistía internacional hace un crudo análisis en materia de derechos de los pueblos indígenas, en el que Chile es cuestionado junto a otros seis países de la región. El informe recuerda que aunque en junio pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la declaración de los Pueblos Originarios para proteger la conservación de las etnias, varias naciones siguen con problemas.

“En todo el continente, los pueblos indígenas continuaron siendo víctimas de violencia, homicidios y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y a menudo sufrían abusos contra su derechos, sus tierras, territorios, recursos naturales y cultura. En países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Paraguay, la realidad cotidiana para miles de personas era una vida ensombrecida por la exclusión, la pobreza, la desigualdad y la discriminación”, relata el escrito.

En el capítulo chileno se mencionó que el Congreso creó una comisión para investigar la violencia en La Araucanía, pero centrada en “delitos presuntamente cometidos por los mapuches como forma de protesta”. Sin embargo, se agrega, “las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales en comunidades no se investigaban porque no entraban en el ámbito de competencia de la comisión”.

Sobre esto último, el informe destaca tres casos de líderes mapuches: la huelga de hambre de 14 días de la machi Francisca Linconao, en protesta por su prisión preventiva; la situación de Juan Calfunao, quien recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH debido a múltiples amenazas; y el del fotógrafo Felipe Durán, quien estuvo más de 300 días en prisión preventiva tras ser acusado de tenencia ilícita de armas y finalmente fue absuelto.

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INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL CONSIGNA "USO EXCESIVO" DE FUERZA POLICIAL EN CHILE


Estudio resume situación de los derechos humanos en el mundo.

22 de Febrero de 201710:41- Agencia Uno

Partió dejando en evidencia que la comisión creada por el Congreso para investigar los temas relativos a la violencia en La Araucanía se circunscribió solo a aquellos delitos presuntamente cometidos por mapuches. El informe anual de la situación de los derechos humanos, elaborado por Amnistía Internacional, aseguró que las autoridades chilenas hicieron caso omiso a las “constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza” por parte de Carabineros.

“Las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra las comunidades mapuches no se investigaban porque no entraban en el ámbito de competencia de la comisión”, reza el documento.

Paralelamente, el estudio menciona que en mayo de 2016, “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares ordenadas en octubre de 2015 a favor de la líder mapuche Juana Calfunao”, las cuales, según afirma “intentaban brindar protección a más miembros de su familia que vivían en la comunidad de Juan Paillalef, en el sur de Chile, frente a las amenazas contra sus vidas e integridad en relación con un conflicto de tierras”.

A su vez, Amnistía Internacional consigna la detención del fotógrafo Felipe Durpan y el comunero Cristián Levinao, quienes fueron absueltos después de pasar 300 días en prisión preventiva. También se refiere al caso de la machi Francisca Linconao, quien hasta el cierre del informe, seguía recluida y ya había iniciado su huelga de hambre. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario a la espera de juicio.

Sin embargo, el tema del exceso de violencia por parte de Carabineros y otras ramas de orden no solo se presenta en la región mencionada, pues el estudio contempla también las multiples denuncias que se recibieron en otras regiones del país, “sobre todo en el contexto de las protestas públicas. Entre las víctimas figuraban menores de edad, mujeres, periodistas y trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanosque actuaban como observadores”.

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Amnistía Internacional da cuenta del uso excesivo de la fuerza policial y de detenciones arbitrarias a mapuches

por EFE 22 febrero, 2017

En el informe de la ONG critica a la comisión creada por el Congreso para investigar la violencia en la Araucanía. Al respecto, dice que la instancia parlamentaria sólo se centró en delitos presuntamente cometidos por los indígenas como forma de protesta, sin abordar las constantes denuncias sobre violencia policial.

La impunidad, tanto por las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado como por las que se seguían cometiendo en 2016, continuó siendo la asignatura pendiente en Chile, según Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual presentado en París, la organización explica que se confirmaron varias declaraciones de culpabilidad por crímenes de derecho internacional durante el régimen militar (1973-1990), pero "en pocos casos, los implicados fueron encarcelados".

A finales de año seguía pendiente ante el Congreso un proyecto de ley para negar la posibilidad de obtener la libertad condicional a las personas halladas culpables de crímenes de lesa humanidad.

Entre los casos más destacados de 2016 relativos a abusos durante la dictadura de Augusto Pinochet, Amnistía Internacional señala la sentencia de la Corte Suprema que confirmó las condenas a cuatro años de prisión dictadas contra dos ex militares por torturar en 1973 al general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta, Michelle Bachelet.

También hubo numerosas denuncias de "uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas" y "entre las víctimas figuraban menores, mujeres, periodistas y trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actuaban como observadores".

Esos casos, explica, "siguieron siendo competencia de los tribunales militares", aunque una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar.

En enero, el INDH interpuso una querella para que los tribunales ordinarios siguieran investigando la desaparición forzada de José Huenante, de 16 años, visto por última vez en septiembre de 2005 al ser detenido por la policía. Un tribunal militar también reabrió una investigación, pero su suerte y su paradero siguen sin conocerse.

En el informe de la ONG también se aborda la comisión creada por el Congreso para investigar la violencia en la Araucanía, la región más afectada por conflictos de tierras que implican al pueblo mapuche.

AI destaca que ésta sólo se centró en delitos presuntamente cometidos por los indígenas como forma de protesta, sin abordar las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra esas comunidades.

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, Amnistía Internacional destaca que el aborto siguió tipificado como delito en todas las circunstancias.

Tras varios años de debate, Chile dio "el primer paso" hacia la aprobación del proyecto de ley de identidad de género cuando en septiembre superó el trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aunque al concluir el año aún no había superado la votación en el Senado y en la Cámara de Diputados.

En julio, Chile alcanzó un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una denuncia de tres parejas gais a las que se les había negado el derecho a contraer matrimonio.

Ese acuerdo llevó al Gobierno a anunciar en agosto un proceso participativo con la sociedad civil para redactar un proyecto de ley que establezca la igualdad respecto al matrimonio de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.

martes, 14 de febrero de 2017

Justicia $hilena ordena reabrir investigación por amenazas de muerte, coimas contra Jose Peralino Huinca

Corte Suprema acoge recurso por apremios ilegítimos contra comunero mapuche

Victoria Vinals |Lunes 13 de febrero 2017 12:36 hrs.

La orden del máximo Tribunal revoca el sobreseimiento otorgado a dos funcionarios de la PDI acusados de ejercer apremios ilegítimos en contra del comunero mapuche José Peralino Huinca, dirigidos a forzar su voluntad para autoincriminarse e involucrar a terceros en el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Lucksinger Mackay,


La Corte Suprema acogió el recurso de queja y ordenó continuar con la investigación por apremios ilegítimos ejercidos en contra del comunero mapuche José Peralino Huinca, imputado por el Ministerio Público en la investigación del caso Luchsinger Mackay.

El recurso de queja se presentó en contra de la resolución del 7 de octubre de 2016, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante la cual revocaron la orden del Juzgado de Garantía de la misma ciudad, dando lugar al sobreseimiento definitivo de la causa por apremios ilegítimos presentada por José Peralino Huinca en contra de Guillermo Vilches Saldivia y Claudio Leiro Marambio, ambos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.

El fallo unánime, decretado por la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Jean Pierre Matus– acogió el recurso especial estableciendo que los ministros del tribunal de alzada cometieron falta o abuso al dictar el sobreseimiento en etapa temprana de la investigación y con diligencias pendientes.
Producir autoincriminación

Los hechos que dieron origen a la serie de resoluciones judiciales, se habrían producido los días 8 de noviembre de 2013 y 23 de octubre de 2015 cuando se le tomó declaración y se le efectuaron amenazas, como también el 30 de marzo de 2016, previo a un control de detención.

Según declaró José Peralino Huinca los apremios cometidos por los dos funcionarios de la PDI fueron dirigidos a forzar su voluntad para autoincriminarse e involucrar a terceros en el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Lucksinger Mackay,

En este sentido, la Corte Suprema acogió el recurso de queja argumentando que no debió haberse decretado el sobreseimiento definitivo de la causa porque los hechos que la fundaron no se encontraban suficientemente investigados por el Ministerio Público.

Además, la sentencia señala que no existe controversia en cuanto a que los hechos que se estiman constitutivos de delito habrían ocurrido en distintas oportunidades y consistirían “en amenazas de un mal a personas afectivamente vinculadas al querellante con ocasión de las diligencias investigativas que significaron interrogatorios bajo presión o coacción, con la finalidad de obtener su autoincriminación y la conexión de terceros a un grave delito en investigación”.

Se denunció además, que encontrándose detenido el recurrente, antes del control de detención por la investigación aludida, nuevamente habría sido coaccionado por agentes policiales, además de recibir maltrato físico con esposas y de ser obligado por un largo periodo a permanecer de pie.

El Juzgado de Garantía de Temuco deberá continuar con la investigación y determinar si efectivamente ocurrieron los hechos denunciados por Peralino Huinca, para lo cual tendrían que realizar las diligencias pendientes, que incluyen pericias en el Servicio Médico Legal y la declaración de testigos.

De comprobarse los hechos, los agentes de la PDI arriesgan penas que van desde presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo y la accesoria correspondiente.
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Lunes 13 febrero de 2017 | Publicado a las 11:06

Justicia ordena seguir investigación por apremios ilegítimos contra imputado por caso Luchsinger

Archivo | Agencia UNO-RBB

La Corte Suprema acogió recurso de queja y ordenó continuar con la investigación por supuestos apremios ilegítimos al comunero mapuche José Peralino Huinca, uno de los 11 imputados en el caso Luchsinger-Mackay.

De forma unánime la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Jean Pierre Matus– acogió el recurso especial presentado en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, respecto al sobreseimiento definitivo en la investigación por supuestos apremios a Peralino Huinca, por parte de efectivos de la PDI.

Recordemos que la defensa del imputado señala que los apremios a Peralino finalmente habría gatillado una confesión que permitió la detención de los otras 10 personas sindicadas como sospechosas del crimen del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

De acuerdo a lo indicado en la sentencia de máximo tribunal, se señala que los los ministros del tribunal de alzada cometieron falta o abuso al dictar el sobreseimiento en etapa temprana de la investigación y con diligencias pendientes.
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Radio del Mar

Les compartimos la declaración dada por el comunero mapuche José Manuel Peralino Huinca en la audiencia de formalización realizada el 30 de marzo de 2016 en el caso de incendio y muerte del matrimonio Lucksinger Mackay.

Jose Peralino Huinca, en cuyo testimonio se basó la fiscalía para detener a 10 mapuche, incluida una Machi, acusó presiones de la PDI para inculparlos. El jóven descartó su participación en el ataque incendiario.

“El Vilches (funcionario policial que nombró el imputado) llegó y me dijo vamos a decir bien el tema, por qué te citamos. Y ya le dije que yo tampoco entiendo, porque yo quiero saber porque yo no he hecho nada. Le dije que el nada hace nada teme. Y me dijo tú lo has dicho, el que no hace nada, weón, nada debe temer”, relató en el tribunal, según publica el diario eldinamo.cl.


Según consignó Soy Temuco, Peralino detalló que recibió 20.000 pesos por parte de los policías para que pagara sus pasajes por ir a declarar, además de señalar que un fiscal le indicó que tendría garantías si declaraba en la causa y no debía hacer mención a su encuentro con la PDI.

El comunero sostuvo que fue contactado el 23 de octubre de 2015 y, bajo amenazas, debía inculpar a los formalizados.

“Encendieron una computadora y empezó a mostrarme imágenes de aquí de los cabros presentes. Me empezaron a mostrar imágenes de los cabros y me dijo: ¿conocís a este?, ¿conocís a este otro?, ya po weón di que sí. Me decía el Vilches: si tú los conocís, si son estos por último yo te ayudo. Yo le dije sí weón, los conozco, por miedo. De ahí me dijo firma aquí, tenís que firmar, y estos son (mientras en fotografías le mostraba a los imputados). Le dije ya sí son estos”, expresó.

“Después entró el fiscal Chiffelle presente y me dijo Peralino firma aquí. No vi bien porque yo estaba tiritando nervioso de miedo. Igual el Vilches me estaba presionando, su jefe me estaba presionando”, precisó.
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Wallmapu- VIDEO Testimonio de José Manuel Peralino Huinca, 30mar16
 
Abya Yala Internacional
Publicado el 31 mar. 2016

El día miércoles 30 de marzo de 2016 la fiscalía chilena junto a cientos de personal de la Policía de Investigaciones, PDI, invaden sectores y comunidades de la nación mapuche en el actual Chile en busca de comuneros mapuche que supuestamente participaron de un ataque a una familia de colonos latifundistas en enero de 2013, resultando quemada la vivienda y sus dos ocupantes muertos en el incendio. 


Se trata de la pareja Luchsinger Mackay, descendientes de europeos traídos por el estado chileno una ves que Chile y Argentina invaden con sus ejércitos el territorio que le quedaba libre al pueblo mapuche y que estaba protegida por Tratados de Respeto firmados entre las nuevas repúblicas y el ancestral pueblo mapuche. 

Miles de mapuches fueron asesinados, ultrajados, secuestrados, violados, sus tierras, animales, cosechas y pertenencias robadas o incendiadas por ambos ejércitos en lo que los historiadores oficiales llaman, Campaña del desierto en Argentina y Pacificación de la Araucanía en Chile.

En el caso actual había solo una persona detenida la que fue encontrada herida no muy cerca del sitio del suceso, el machi, autoridad espiritual, shaman mapuche Celestino Córdova que se encuentra actualmente secuestrado, recluido en la cárcel de Temuko quien fue declarado culpable por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, el que lo condenó a 18 años de presidio mayor en su grado máximo.

Sorpresivamente la justicia chilena cree haber encontrado una persona mapuche que supuestamente participó del ataque e incendio y que delató a sus compañeros pues "no aguantaba el peso de la conciencia...."

Sin embargo en el tribunal, este comunero niega lo dicho por la fiscalía y la policía diciendo que fue obligado a mentir por un policía de apellido Vilches, bajo amenazas coimas, engaños, intimidación y persecución tanto a el como a su novia y familia durante mucho tiempo.


La policía y fiscalía chilena no quería que este comunero atestiguara en el tribunal pero concurrió a declarar para decir su verdad. 


Mostraba heridas en sus manos hechos por la policía mientras sufría amenazas para que no atestiguara.

No es la primera ves que la fiscalía y policía chilena realizan montajes en contra de comuneros mapuche y su lucha por recuperar el legado dejado por sus ancestros a través de su territorio, cultura, cosmovisión....

Les dejamos su relato completo para que saquen uds sus propias conclusiones.


El audio de la sala es deficiente pero se puede escuchar.

VIDEO: https://youtu.be/LIbvZoOUys0




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- Vea también: Luchsinger-Mackay: Acusan amenazas de muerte contra detenido para obtener su confesión