miércoles, 15 de noviembre de 2017

Caso Luchsinger-Mackay: Se dio a conocer sentencia que confirma absolución de mapuche

Caso Luchsinger-Mackay: Rodrigo Román confirma demanda contra el Estado de Chile

Maximiliano Alarcón |Miércoles 15 de noviembre 2017 7:56 hrs.

Este martes se dio a conocer la sentencia que confirmó la absolución de los comuneros mapuches que fueron acusados. El texto entregado por el tribunal confirma las críticas a los procedimientos policiales y de la Fiscalía.


Este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco entregó la sentencia del caso Luchsinger-Mackay, documento con el detalle de los argumentos que decretaron la absolución de los once comuneros mapuches acusados y que permanecieron, en su mayoría, durante más de un año en prisión preventiva.

La resolución del tribunal ratifica el cuestionamiento a las pruebas entregadas por el Ministerio Público, las que se basaron principalmente en los testimonios de José Peralino Huinca, uno de los acusados y que según los persecutores era a la vez testigo clave.

Los magistrados estimaron que no era posible llegar a una condena afirmándose tan sólo en la primera testificación de Peralino, puesto que más adelante se retractó en el mismo juicio.

Sobre la sentencia, en conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado defensor Rodrigo Román, aseguró que lo expuesto por el tribunal da cuentas de las irregularidades cometidas por la Fiscalía en este caso.

“En lo fundamental sostiene que el trabajo realizado por las policías, lo que tiene relación con el levantamiento de evidencias, con el empadronamiento de testigos, con el reconocimiento fotográfico y la supuesta prueba científica, en todo se dio cuenta de un trabajo desprolijo de parte de las policías y la Fiscalía, todo lo cual le quitó fuerza al supuesto relato que habría dado José Peralino”, indicó.

Esta situación podría abrir una nueva arista, esta vez en contra del Estado chileno, puesto que según confirmó Román, iniciaran una acción legal por el prolongado de tiempo de prisión preventiva en el que permanecieron los acusados, el que no se justificaba debido a la debilidad de las pruebas.

“Está establecida en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público la posibilidad de accionar contra el Estado cuando el Estado enfrenta su visión del derecho penal de esta forma. Te mantiene encarcelado un año y medio, lo que lleva a juicio son pruebas irrisorias, sabiendo todo el tiempo que el camino lleva a la absolución. Hay una actitud temeraria de parte del Estado de Chile, por lo mismo durante los próximos días vamos a presentar una demanda contra el Estado de Chile.

En tanto, el Ministerio Público aún estudia la posibilidad de apelar o pedir la nulidad del juicio, por lo mismo debe estudiar la sentencia antes de que finalice el período legal para recurrir contra el fallo, para así encontrar algún resquicio que impugnar.

Por otra parte, la defensa de José Peralino se mantiene trabajando de cara a la causa por apremios y tortura que recibió el comunero de parte de la Policía de Investigaciones. Esta sentencia apoya las irregularidades en torno a la toma de declaraciones del comunero, un caso que incluso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Tribunal dictó la sentencia absolutoria en el caso Luchsinger-Mackay

El texto expone que "la prueba del persecutor fiscal estuvo plagada de defectos".



Francisca Linconao. Foto: Agencia Uno

ADN Noticias14/11/2017


El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó la sentencia absolutoria de los once comuneros mapuches, acusados por el Ministerio Público como autores del delito de carácter terrorista de incendio con resultado de muerte.

En fallo unánime el tribunal, integrado por los magistrados José Rau Atria, Patricia Abollado Vivanco y Luis Torres Sanhueza, decretó la absolución por no lograr la Fiscalía probar que los acusados participaron en los hechos que le costaron la vida al matrimonio conformado por Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González.

"Sin perjuicio de la falta de prueba acerca de la participación de los encausados, ninguno de los intervinientes que participó en este juicio -incluidos estos jueces- puede saber lo que realmente ocurrió la madrugada del 04 de enero de 2013 en el Fundo La Granja Lumahue", establece el fallo.



El texto agrega que "no puede pretenderse la obtención de una sentencia condenatoria sobre la base de un relato proporcionado hace dos años por un co acusado, incorporado a juicio por dos testigos de oídas, que evidencia serias contradicciones con el resto de la prueba de cargo y que, además, fue objeto de retractación en fase judicial".

El tribunal precisa que "la prueba del persecutor fiscal estuvo plagada de defectos que disminuyeron su poder de convicción (...) el riesgo de condenar a personas eventualmente inocentes era demasiado alto".

El fallo concluye que "se absuelve a los acusados José Tralcal Coche; Luis Tralcal Quidel; Aurelio Catrilaf Parra; Hernán Catrilaf Llaupe; Sabino Catrilaf Quidel; Juan Tralcal Quidel; Sergio Catrilaf Marilef; Eliseo Catrilaf Romero; José Peralino Huinca; José Córdova Tránsito y Francisca Linconao Huircapan, de los cargos".
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Caso Luchsinger-Mackay: lectura de sentencia. TOP de Temuco. 14 noviembre 2017


VIDEO: https://youtu.be/FfXvYafq2IY



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Caso Luchsinger-Mackay: Tribunal entrega sentencia absolutoria para imputados

La justicia confirmó la absolución de los 11 involucrados en la muerte del matrimonio, ocurrida en enero de 2013.


24Horas.cl TVN - 14.11.2017

El Tribunal de Garantía de Temuco dio lectura a la sentencia contra los 11 imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

"Considerando las argumentaciones en la sentencia, se absuelve a los acusados (...) de los cargos formulados en su contra como presuntos autores del delito de incendio con resultado de muerte. Se exime del pago de las costas al Ministerio Público y a la Intendencia regional por no haber sido vencido, igualmente que a la familia Luchsinger Mackay", indicó la magistrada en la breve audiencia que se desarrolló con normalidad.

Asimismo, se dispuso el archivo de la causa en la que el tribunal determinó, el pasado 25 de octubre, absolver a los 11 imputados por el crimen del matrimonio, quienes fueron quemados vivos en su parcela de Vilcún, en La Araucanía, en enero de 2013.

Recordar que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, planteó el pasado 30 de octubre que, tras conocer la sentencia definitiva, la Fiscalía podría presentar el recurso de nulidad para dar inicio a un nuevo juicio.


Al término de la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que estudiarán la sentencia, debido a que "a contar del veredicto y al momento de acreditar una declaración como válida, sería motivo para recurrir de nulidad, además de analizar otros vicios o errores de derecho (...) estamos seguros que existían antecedentes probatorios".

Por su parte, la machi Francisca Linconao confirmó que incurrirán en una demanda por el tiempo que estuvo en la cárcel, pero aseguró estar contenta con el fallo, "porque soy inocente".

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Caso Luchsinger Mackay: Causa por torturas a José Peralino podría llegar a la Comisión Interamericana de DDHH

Natalia Figueroa |Lunes 13 de noviembre 2017 7:20 hrs.

Para el martes 14 de noviembre está agendada la lectura de la sentencia del caso Luchsinger- Mackay, donde se conocerán los argumentos detallados de los tres ministros del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco que absolvieron a los comuneros mapuches. Los antecedentes tendrán relevancia para definir el futuro de la causa particular por apremios y tortura que recibió José Manuel Peralino Huinca por parte de agentes del Estado.


“No es posible que la causa por extorsión hacia Peralino quede empantanada por el veredicto del caso Luchsinger- Mackay”. Así lo planteó para este reportaje la werken(mensajera en mapudungun) de la machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros.

El miércoles 25 de octubre pasado fue la última audiencia del juicio oral de la causa que buscó esclarecer la muerte de la pareja de parceleros, Werner Luchsinger y Vivian Mackay, en el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de Temuco. Había mucha expectación mediática y, desde temprano, comenzó a congregarse gente a las afueras del recinto. 
Los familiares de los comuneros mapuches acusados esperaron hasta que los gendarmes dieran la autorización de ingreso y, mientras, colgaron lienzos en la reja del lugar aludiendo a la libertad de la machi y de los otros diez prisioneros. Y cuando llegó la familia de los Luchsinger también hizo lo suyo: colgaron una bandera chilena en medio de todas esas pancartas y se escuchó decir: “Chile es uno y la Justicia igual para todos”.

Después de una audiencia que duró no más de 15 minutos, esa mañana los tres ministros del Tribunal pusieron fin al encarcelamiento de 1 año y 7 meses que cumplía la mayoría de los imputados en el caso. Entre los flashes y las grabadoras, salió la machi Francisca junto a su vocera, los Catrilaf, los Tralcal y José Manuel Peralino Huinca. Este último acompañado por su hermano Alejandro Peralino, presidente de la comunidad Santos Curinao II, de Vilcún.

Pero José Peralino siempre ha estado en una posición compleja y así sutilmente se advirtió al salir de la audiencia. El gendarme le preguntó: “Peralino, ¿vai a salir?” y, a la primera, no obtuvo respuesta. 
Todos celebraban el fallo, pero ¿cuál sería la reacción con el que en un comienzo había delatado, con el que permitió que siguiera adelante el montaje y, por ende, quien se llevó muchas veces el apelativo del “sapo del caso”? 
Una imagen que, sin duda, fue reforzada comunicacionalmente por algunos medios de comunicación.

Ese era un temor, el motivo de su duda, hasta que al fin le dijo al gendarme que iba a salir y se quedó a un costado de la reja con sus dos hermanos. Los que se acercaron fueron contados con las manos: un par de periodistas, abogados defensores que le comentaron, por ejemplo: “Oye, no andí diciendo que no te saludamos, si siempre te damos la mano como corresponde. Usted también es víctima de esto”, y algunos dirigentes mapuche que le tomaron su número ante cualquier noticia sobre su causa particular. Pero los abrazos efusivos no fueron la regla para él.

Por lo mismo, lo primero que dijo José Peralino al consultarle su opinión sobre el veredicto, fue: “Hicieron un chantaje muy grande (…) Yo dije: va a llegar el día donde demostraremos nuestra inocencia y vamos a salir todos libres”. Y, agregó: “Quiero mandarle un mensaje a todos los que hablaron mal de mí, sé que fue mucha gente que lo hizo. Que no escuchen por ahí cualquier cosa que digan de uno por los medios y que se vengan a informar a tribunales”.

Los apremios

Durante los dos meses de juicio oral- iniciado el 21 de agosto pasado-, la tesis de la Fiscalía se basó en la confesión que hizo José Manuel Peralino Huinca, en 2013, como testigo protegido. Con esa declaración era posible afirmar la existencia de una reunión previa entre los comuneros mapuches para coordinar el supuesto ataque en la granja Lumahue del matrimonio Luchsinger y vincularlos directamente con su muerte. 

En 2015, declaró nuevamente como delator compensado ante los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, que también habrían escuchado los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) Guillermo Vilches y Claudio Leiro. 

Sin embargo, lo que hasta ahí la Fiscalía manejaban como el piso de su acusación fue desmentido más tarde por el propio Peralino en el Tribunal, denunciando presiones por parte de los policías. 
Pero el fiscal Arroyo negó cualquier apremio y confirmó la veracidad de la primera declaración hasta la última audiencia de la que participó.

Distinto de la versión de los persecutores, Peralino dijo que esa reunión no duró más de 5 minutos, no hubo registro de audio o video, no le leyeron sus derechos y los PDI se quedaron afuera – por lo mismo, se reconocieron como “testigos de oídas”-. Desde ahí y hasta el mes pasado, cumplió con arresto domiciliario hasta que los ministros levantaron las medidas cautelares para todos los mapuches.

“Cuando me agarraron me tuvieron sólo en el cuartel de la PDI. Me subieron a una camioneta y me dejaron aparte. Después me dijeron ´firma un papel y de esa manera vay a salir libre´. Pero ahí tenía que volver a echarles la culpa a todos. Había muchos policías, pero yo les dije que iba a hablar en el tribunal. Me dijeron ´no hueón, si aquí no mandái tu´”, relató. Según su testimonio, fue el jefe de los PDI, Raimundo Villegas, le ofreció “socorro” e incluso una casa fuera del campo si firmaba ese documento donde ratificaba su versión de los hechos. “Cuando yo le decía que iba a hablar en el tribunal, él se ponía rojito y entonces se acercaba más a mí. Yo le decía reconoce hueón que es mentira si mira cómo te estái poniendo”, comentó a nuestro medio.

Previo a que comenzara la audiencia pública de formalización, el 30 de marzo de 2016, Peralino tuvo breves diálogos con los policías. Antes de llegar al tribunal, cerca de las 8 de la mañana, recuerda que Vilches se le acercó por detrás, lo tomó con fuerza y él le dijo: “Haga lo que haga, espóseme no más. Aprete más o no, no pienso firmar esa declaración. Y ahí me hizo esa herida antes de entrar a la audiencia. El Vilches fue”, reconoció. Ante esas palabras, su hermano Alejandro, que durante esta entrevista se encontraba al lado de José, asentía y en sus propias muñecas mostraba el tamaño de las heridas.

Pericias deficientes

El 14 de julio de este año, el abogado defensor de José Peralino, Pablo Villar, le envió un correo electrónico al fiscal nacional, Jorge Abbott, con motivo urgente. En ese documento al que tuvimos acceso, el profesional solicitó expresamente a la máxima autoridad del Ministerio Público el cambio del fiscal a cargo de la causa, Cristian Voullieme. Esto, porque el persecutor ostentaba el cargo de titular en la causa donde Peralino era víctima y, a la vez, participaba en el equipo de alta complejidad que lo investigaba como imputado. Es decir, se transgredía toda imparcialidad. Y en ese mensaje también recalcó especialmente que se trataba de una materia de lesa humanidad. Pero la respuesta fue negativa.

Días antes, Voullieme había ordenado el sobreseimiento de la causa. Su posición de concluir con la indagación dejaba en evidencia una serie de arbitrariedades como, por ejemplo, que hasta ese momento la defensa no tuviera acceso a una copia actualizada de la carpeta investigativa – hoy maneja la misma versión de hace cuatro meses atrás-. Así también, la decisión pasaba a llevar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que presentó una querella criminal por el delito de apremio de agente del Estado y que fue remitida al Ministerio Público para que se iniciaran nuevas diligencias. Pero la actitud del fiscal de cerrar la investigación a como diera lugar se evidenció en otro correo electrónico, enviado durante esa misma semana de julio, donde la parte defensora de Peralino solicitaba llegar a un acuerdo y suspender la audiencia de sobreseimiento para exponer una metapericia, que hasta ese momento estaba en etapa de elaboración. Sin embargo, la respuesta de Voullieme fue: “No estoy de acuerdo en la suspensión. Atte. CV”, sin ninguna justificación. Todo lo anterior fue desestimado por el Tribunal de Garantía de Temuco que ordenó reabrir la indagatoria.

Lo que hasta ahora ha manejado la Fiscalía es el peritaje realizado por el SML a José Peralino que concluyó la inexistencia de apremios o tormentos por parte de los policías. Sin embargo, en ese documento se transcribe un relato de los hechos y luego se exponen las conclusiones sin utilizar la metodología del Protocolo de Estambul, la guía validada internacionalmente para investigar eventuales casos de tortura. Sobre esto, una información que se maneja es el análisis de la doctora Ruth Vargas Foreman, psicóloga que trabaja en el Centro de Tratamiento para Víctimas de Tortura en la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón y quien ha sido perito en Protocolo de Estambul ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La experta dicta capacitaciones y charlas para los profesionales del SML, INDH y el Colegio Médico, encargados de emitir informes para este tipo de indagaciones. Precisamente, ella cuestionó el trabajo hecho por el SML y confirmó que a todas luces se evidenciaba una conducta por tortura psicológica.

A eso se sumaría la metapericia a cargo de la psicóloga Felicitas Treue que podría definir el rumbo del caso. La profesional tiene una extensa trayectoria en el tema y actualmente se desempeña como asesora del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), en México. Su trabajo ad honorem para esta causa será entregado oficialmente en unas semanas. Adelantándose a la entrega de los resultados, el abogado defensor de Peralino, Pablo Villar, señaló a nuestro medio que este metaperitaje arrojó tres conclusiones donde se explicitan las deficiencias metodológicas en las pericias realizadas por el SML.

Al manejar este nuevo antecedente se abriría un nuevo escenario para la parte querellante, quienes insistirán en que se realicen nuevas indagatorias, que se formalicen a los imputados y que asuma el caso un fiscal de la recién creada Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público. “Si la Fiscalía persevera en no cambiar de persecutor y en sobreseer la causa, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, precisó el profesional, aclarando que este sería la vía a seguir una vez agotadas todas las instancias nacionales.

Hay que destacar que el video de la audiencia donde se observaban las heridas en las muñecas de Peralino, y que fue exhibido en el juicio oral del caso Luchsinger, para esta causa particular no fue solicitado por el fiscal Voullieme y desde el tribunal señalaron que el registro fue borrado por antigüedad. El persecutor fue contactado para este reportaje pero hasta el cierre de esta edición quedamos a la espera de su respuesta.

Lectura de sentencia

Respecto de los dos testimonios que prestó Peralino, el presidente de los magistrados del TOP, José Ignacio Rau, fue enfático en el veredicto del caso Luchsinger: “La declaración de 8 de noviembre de 2013 adoleció de vicios de legalidad que impide otorgarle mérito probatorio. En cuanto a la declaración de octubre de 2015, no se acreditó la vulneración a las garantías constitucionales en los términos planteados por las defensas, razón por la que esa información fue válidamente introducida a juicio a través de las declaraciones de los testigos de a oídas pero tendrán que ser objeto de ponderación en la sentencia”.

Pero hasta aquí las pericias que se realizaron para indagar los apremios a Peralino- tanto del SML como el peritaje independiente- no entraron en juego. Si bien los jueces estimaron que Peralino como única fuente de información, y todas las actuaciones policiales que se realizaron a partir de su testimonio, configuraba una prueba insuficiente para dictar condena contra los mapuches, a la vez señalaron que no habría sido vulnerado. Posiblemente se entendería como una estrategia para no “contaminar” la otra causa abierta respecto del caso.

El abogado de la Defensoría Penal Mapuche, Pablo Ardouin, aclaró que en el juicio oral se planteó que las declaraciones de Peralino fueron ilegales porque existió una coacción inherente al prestar su testimonio, no por un tema de apremios ilegítimos. “Que existieran lesiones fue un aspecto que nos sirvió para contextualizar, pero eso no tenía importancia para las declaraciones porque técnicamente en ese momento no habían ocurrido y cuando fue agredido él no declaró inculpatoriamente. Existieron ilegalidades de otro tipo que nosotros sí sostuvimos, como por ejemplo que fuera aislado por parte de los funcionarios policiales”, precisó.

Sin embargo, en la lectura de la sentencia que está agendada para las 11 horas del próximo martes 14 de noviembre, se despejarán precisamente las argumentaciones de los jueces del TOP de Temuco respecto de este punto, lo que también dará luces para seguir en esta causa paralela.

“Una causa que no puede pasar desapercibida”

“Fue una persona utilizada para llevar a cabo un montaje”, así describió Ingrid Conejeros la posición de José Manuel Peralino Huinca dentro del caso Luchsinger -Mackay. Sostuvo que en algún momento se le asoció a una persona que trabajaba con los policías, pero que esa imagen cambió una vez que Peralino desmintió su acusación y relató los hechos desde las presiones y la extorsión de los PDI. “Todos los lamngen se dieron cuenta que era una víctima más porque lo estaban involucrando como una autor material del hecho y no sólo como un testigo. Es decir, podría haber obtenido una condena menor pero de todas maneras sería inculpado”, indicó.

Pese a lo anterior, Ingrid comentó que “no se puede dejar de decir que a José Peralino se le miró como a un mapuche que no actuó bien porque permitió que el montaje avanzara. Más que nada por dejarse manipular y no hacer algo antes. Pero luego se comprendieron esas manipulaciones”.

El foco ahora está puesto en vigilar esta causa particular para que no pase desapercibida ante el veredicto absolutorio que dictó el Tribunal. Para Ingrid es necesario entender que no se pueden forzar los lazos porque en esta causa se detuvieron a personas que tenían muy poca relación entre sí, pero que se fueron conociendo durante el proceso judicial. “La machi Francisca conocía a José Peralino y a José Tralcal pero tampoco tenía una relación fuerte con ellos, sino que eventualmente se veían”. Pero ahora existe claridad sobre el apoyo que le deben brindar por las graves vulneraciones a los derechos humanos que representa el caso.

Un clamor de todos los imputados, incluyendo a José Peralino, es que destituyan a los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, que llevaron adelante el caso Luchsinger- Mackay y que defendieron una hipótesis basada en graves falencias técnicas e indagatorias. “Fue un gran daño producido no sólo en las personas sino que en las familias, y eso obedece a una persecución. No fue un error o una falencia ocasional”, concluyó la werken Ingrid Conejeros.
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Machi Linconao: "Sufrí nueve meses en la cárcel y no debí estar ni una hora"

La líder espiritual mapuche fue una de las absueltas en el caso Luchsinger-Mackay.



Francisca Linconao. Foto: Agencia Uno

ADNradio.cl 25/10/2017


La machi Francisca Linconao pidió la renuncia de los fiscales Luis Arroyo y Alberto Chiffelle, luego que el Tribunal Oral de Temuco absolvió a los once imputados del caso Luchsinger-Mackay.

"Los fiscales mienten, los carabineros mienten, la PDI mintió. Y nosotros sufrimos, yo sufrí nueve meses en la cárcel y no debí estar ni una hora, porque yo soy inocente", dijo a la salida de la audiencia.

"Yo no miento, soy machi, hablo la verdad, y por eso Dios nos escucha", agregó.

El Tribunal de Temuco consideró que el Ministerio Público presentó pruebas insuficientes para culpar a Linconao y a otros diez imputados del incendio que mató a Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.
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Wallmapu- Testimonio de José Manuel Peralino Huinca, 30 de marzo de 2016




Abya Yala Internacional- Publicado el 31 mar. 2016

El día miércoles 30 de marzo de 2016 la fiscalía chilena junto a cientos de personal de la Policía de Investigaciones, PDI, invaden sectores y comunidades de la nación mapuche en el actual Chile en busca de comuneros mapuche que supuestamente participaron de un ataque a una familia de colonos latifundistas en enero de 2013, resultando quemada la vivienda y sus dos ocupantes muertos en el incendio. 

Se trata de la pareja Luchsinger Mackay, descendientes de europeos traídos por el estado chileno una ves que Chile y Argentina invaden con sus ejércitos el territorio que le quedaba libre al pueblo mapuche y que estaba protegida por Tratados de Respeto firmados entre las nuevas repúblicas y el ancestral pueblo mapuche. 

Miles de mapuches fueron asesinados, ultrajados, secuestrados, violados, sus tierras, animales, cosechas y pertenencias robadas o incendiadas por ambos ejércitos en lo que los historiadores oficiales llaman, Campaña del desierto en Argentina y Pacificación de la Araucanía en Chile. 

En el caso actual había solo una persona detenida la que fue encontrada herida no muy cerca del sitio del suceso, el machi, autoridad espiritual, shaman mapuche Celestino Córdova que se encuentra actualmente secuestrado, recluido en la cárcel de Temuko quien fue declarado culpable por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, el que lo condenó a 18 años de presidio mayor en su grado máximo. 

Sorpresivamente la justicia chilena cree haber encontrado una persona mapuche que supuestamente participó del ataque e incendio y que delató a sus compañeros pues "no aguantaba el peso de la conciencia...." 

Sin embargo en el tribunal, este comunero niega lo dicho por la fiscalía y la policía diciendo que fue obligado a mentir por un policía de apellido Vilches, bajo amenazas coimas, engaños, intimidación y persecución tanto a el como a su novia y familia durante mucho tiempo. 

La policía y fiscalía chilena no quería que este comunero atestiguara en el tribunal pero concurrió a declarar para decir su verdad. 

Mostraba heridas en sus manos hechos por la policía mientras sufría amenazas para que no atestiguara. 

No es la primera ves que la fiscalía y policía chilena realizan montajes en contra de comuneros mapuche y su lucha por recuperar el legado dejado por sus ancestros a través de su territorio, cultura, cosmovisión.... 

Les dejamos su relato completo para que saquen uds sus propias conclusiones. El audio de la sala es deficiente pero se puede escuchar.

lunes, 13 de noviembre de 2017

Notarios han sido la figura institucional para materializar el despojo de tierras mapuche


Aucan Huilcaman: “El principio de igualdad no existe para el pueblo mapuche”

P. López y C. Medrano |Lunes 13 de noviembre 2017 19:22 hrs.

El werken del Consejo de todas las tierras, se refirió a la información exclusiva de Radio y Diario Universidad de Chile, sobre el despojo del terreno donde se ubicaba el templo incendiado del Caso Iglesias y aseguró que es un ejemplo de cómo el estado de derecho no rige para las comunidades mapuche.


“La institucionalidad en su conjunto ha permitido darle legalidad al despojo de tierras que sufre el pueblo mapuche”, así lo cree el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman, quien se refirió al despojo que sufrió la señora Yolanda Melihuen de sus terrenos donde se emplazaba el templo incendiado en el llamado Caso Iglesias.

De acuerdo a la información exclusiva de Radio y Diario Universidad de Chile, Manuel Fuentealba arrendó el terreno de Yolanda Melihuen por 99 años, renovables por otros 99, con un pago único de 200 mil pesos. Dicho terreno luego se utilizó para construir el templo evangélico que fue quemado en 2016, delito por el cual hay cuatro comuneros en prisión preventiva.

En conversación con nuestra emisora, Aucan Huilcaman aseguró que este es un caso ejemplar de lo que ha sido el despojo de tierras a las comunidades mapuche en el pasado reciente y criticó como la ley ha amparado esta práctica “la institucionalidad en su conjunto ha permitido darle legalidad al despojo del territorio mapuche. El principio de igualdad no existe para nosotros”, señaló.

Huilcaman detalló que esta es una práctica generalizada y que se puede ver en las ventas que se han hecho de terrenos en la zona bajo el concepto de “loteos” donde se cambia la calificación de la tierra para que no tenga el nombre de mapuche.

En esa línea criticó el rol que han jugado los notarios en este conflicto “ellos han sido la mejor figura institucional para materializar el despojo de tierras. Hay que entender que muchas personas que viven en la Araucanía como notarios o jueces viven en tierras mapuche que fueron adquiridas de manera irregular”, sentenció.

Durante este lunes el werken del Consejo de Todas las Tierras acudió a la Intendencia de la Araucanía para pedir que la autoridad regional tome medidas en este caso. Junto con ello, solicitó una audiencia con la Presidenta Michelle Bachelet: “fuimos a dejar dos notas, una dirigida a la Presidenta en donde le pedimos una audiencia para la señora Yolanda. Paralelamente le pedimos a la intendenta de la Araucanía que interponga acciones civiles y penales en contra del pastor”.

En caso que las autoridades no tomen ninguna acción, el dirigente mapuche señaló que “prácticamente estarían confirmando que el Estado de Derecho no es para los mapuches, el Estado de Derecho es para otro sector lo que ratificaría un abierto acto de racismo y discriminación absoluto”.

En tanto, la dueña de las tierras, Yolanda Melihuen, se manifestó confiada en que a partir de la visibilidad que ha adquirido su caso, así como las acciones presentadas se logre invalidar el contrato: “tendrá que pasar algo bueno, ya pasó todo lo malo con toda esta gente aquí. Tiene que darse, no sé cómo pero yo pienso que tiene que darse, no pueden seguir negándose”.

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Vea también: 


NGULUMAPU- Caso Iglesias: Pastor arrendó terreno a 198 años y por 200 mil pesos a dueña analfabeta

Yolanda Melihuén, propietaria de lugar donde estaba el templo incendiado,acusa de engaño al evangélico Manuel Fuentealba.
En la propiedad hoy vive el ministro y las familias de sus hijos, quienes por contrato no pagarán un arriendo mensual hasta el año 2185.

Publicado: Domingo 12 de noviembre de 2017 | Autor: Cooperativa.cl

» Una lucha de años

ATON (Referencial) El ataque incendiario ocurrió en junio de 2016 y actualmente hay cuatro comuneros mapuche en prisión preventiva por su presunta participación.
El ataque incendiario ocurrió en junio de 2016 y actualmente hay cuatro comuneros mapuche en prisión preventiva por su presunta participación.
Relacionados

Una secreta historia detrás del controvertido "caso Iglesias" -el ataque incendiario contra un templo evangélico en Padre Las Casas en junio de 2016 y que mantiene a cuatro comuneros mapuche en prisión preventiva- salió a la luz este domingo: un conflicto entre el pastor y la dueña del lugar.

Yolanda Melihuén Sandoval, verdulera en las calles de Temuco, de 59 años, es analfabeta y acusa no haber conocido los términos del contrato que en 1987, y por apenas 200 mil pesos, le arrendó el terreno por 198 años a Manuel Fuentealba Castillo, reveló el diario U. de Chile.

El contrato de arriendo suscrito hace 28 años, por 0,65 hectáreas, planteaba los siguientes términos: primero, que el precio total del arrendamiento, es decir, único mientras dure el contrato, sería de 200 mil pesos que se pagarían el 30 de diciembre de 1987.

Luego, se estipuló que el plazo de arrendamiento sería de 99 años a partir de aquel día (hasta el año 2086), los que serían prorrogables de manera automática por otros 99 años, es decir, el contrato tiene una vigencia hasta el año 2185.

Aparte de arrendador y arrendatario, aquel día no hubo testigos ni alguien de confianza de Melihuén que pudiera leer el documento que firmó, del que además se le negó una copia. No fue sino hasta cuatro años después cuando pudo obtener el contrato y, gracias a que alguien se lo leyó, descubrir que el arrendamiento era por el doble de tiempo, narra el medio.

"Este es un caso ejemplar de un robo de mi tierra, en donde se utilizó la legalidad para aparentar un contrato de arriendo que se contrapone a cualquier Estado de Derecho. Mi caso es un ejemplo de ilegalidad, abuso en donde participan todas las instituciones del Estado para despojarme de mi tierra y desampararme", señaló la mujer en una carta enviada al Consejo de Pastores de La Araucanía, esperando que la organización empatizara y la ayudara.

                               Una lucha de años

Según el diario U. de Chile, hace años que la mujer intenta terminar con el arriendo del terreno, del cual ella es vecina y donde vive el pastor Fuentealba y las familias de sus hijos, quienes por contrato no pagan un arriendo mensual, pero no le ha resultado fácil por la escasez de su nivel educacional.

Existió una causa en tribunales civiles que buscaba invalidarlo, pero no llegó a buen puerto: la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad en 2009 y el caso se encuentra archivado.

Actualmente, concluye el medio, Yolanda Melihuén, respaldada por el dirigente del Consejo de Todas las Tierras y candidato a senador, Aucán Huilcamán, están apelando al Consejo de Pastores de La Araucanía a que conversen con la familia Fuentealba, para que lleguen a un acuerdo en el cual puedan dar término al contrato, pero sin respuestas aún.
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MAS:

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LOS ENCUENTRA AKÍ:
http://www.cooperativa.cl/…/caso-igl…/2017-11-12/120135.html


domingo, 12 de noviembre de 2017

La corrupción de las igle$ias en Wallmapu



La historia secreta del Caso Iglesia: pastor arrendó terreno a dos siglos por 200 mil pesos


Maximiliano Alarcón |Domingo 12 de noviembre 2017 9:39 hrs.


 Antes del incendio al templo evangélico en Padre las Casas, por el cual hoy se acusa a cuatro mapuches actualmente en prisión preventiva, existió un conflicto entre el pastor y la dueña del lugar, el que perdura hasta hoy. Ella es analfabeta y acusa no haber conocido los términos del contrato.

  Durante el pasado mes de septiembre, en medio de la huelga de hambre y negociación con el Gobierno de los imputados en el ‘Caso Iglesia’, Yolanda Melihuén Sandoval (59), verdulera en las calles de Temuco, llegó hasta las oficinas del Consejo de Todas las Tierras para entregar una carpeta con documentos relevantes.

El dirigente de la organización y actual candidato a Senador, Aucán Huilcamán, recibió personalmente los archivos y quedó de contactarse con la mujer. No los revisó de inmediato, debía viajar al día siguiente a Europa, por lo que recién al regresar de su periplo se percató del contenido de los papeles: el contrato de arriendo del terreno en que se encuentra el templo siniestrado en el ‘Caso Iglesia’, el que daba luces de un negocio no muy transparente.

El 29 de julio de 1987, ante el notario público Venancio Lisboa Echeverría, comparecieron Yolanda Melihuén, dueña del terreno, y Manuel Fuentealba Castillo, pastor de la ‘Iglesia del Señor’ de Padre las Casas desde hace 28 años hasta hoy. Este templo hoy es de alta connotación pública, puesto que fue indencidado durante junio de 2016, dando inicio al caso que mantiene en prisión preventiva a cuatro comuneros mapuche: Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, quienes están ad portas de enfrentar un juicio oral.

El contrato de arriendo suscrito aquella vez, por 0,65 hectáreas, planteaba los siguientes términos. Primero, que el precio total del arrendamiento, es decir, único mientras dure el contrato, sería de $200 mil pesos que se pagarían el 30 de diciembre de 1987.

Luego, se estipuló que el plazo de arrendamiento sería de 99 años a partir de aquel día de julio de 1987, los que serían prorrogables de manera automática por otros 99 años, es decir, el contrato tiene una vigencia de 198 años.

También el contrato plantea que de fallecer las partes, ya sea Melihuén o Fuentealba, el contrato no expirará y continuará con los respectivos herederos. Por último, el documento estipuló que al terminar la vigencia del negocio, la parte arrendadora deberá pagar el costo de cada construcción que se haya levantado en el terreno, por el valor que tengan a la fecha en que se realice el pago.

Recuperar la tierra


Desde hace años que Yolanda Melihuén intenta terminar con el arriendo del terreno, del cual ella es vecina, pero no le ha resultado fácil. Su nivel de educación, el que se entiende en términos formales y útil para realizar trámites legales, es escaso. Es analfabeta, e incluso, según señalan personas que la conocen, a la hora de firmar un papel puede tardar minutos.

Existió una causa en tribunales civiles que buscaba invalidar el contrato, sin embargo no llegó a buen puerto para Melihuén. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la nulidad en 2009 y actualmente el caso se encuentra archivado. A los antecedentes de este juicio no pudimos acceder, debido a que no se encuentra la totalidad de la documentación en la consulta de causas en línea del Poder Judicial.

Sin embargo, la avanzada no se ha detenido, menos actualmente que su terreno figura constantemente en los medios de comunicación por el mediático caso que involucra al templo y a comuneros mapuches.

Por lo mismo, en un nuevo intento, Yolanda Melihuén recibió ayuda para enviar una carta a Matías Sanhueza, presidente del Consejo de Pastores de La Araucanía, con tal de entregar detalles de su situación, esperando que la organización evangélica empatizara y la ayudara.

En la misiva la mujer relata que tras firmar el acuerdo se le negó una copia del contrato, la que después de mucho insistir, se le entregó recién cuatro años después, momento en el cual se enteró, gracias a que alguien le leyó el documento, de que el arriendo no era por 99 años, sino que por el doble de tiempo.

Acusa también que vivió constantes trabas incluso con sus mismo abogados durante las demandas, lo que habría dilatado las causas facilitando la prescripción.

“Este es un caso ejemplar de un robo de mi tierra, en donde se utilizó la legalidad para aparentar un contrato de arriendo que se contrapone a cualquier Estado de Derecho. Mi caso es un ejemplo de ilegalidad, abuso en donde participan todas las instituciones del Estado para despojarme de mi tierra y desampararme”, señala la mujer en la carta.

Contactada por nuestro medio, Yolanda Melihuén manifestó que al momento de ir a firmar el contrato, ella no sabía que el contrato era por 198 años ni tampoco conocía los otros términos. Aparte de arrendador y arrendatario, no hubo testigos ni alguien de confianza de Melihuén que pudiera leer el documento que firmó.

En el terreno actualmente, a metros de la comunera, vive el pastor Fuentealba y las familias de sus hijos, quienes por contrato no pagan un arriendo mensual. Radio Universidad de Chile contactó a una de sus hijas pero no quisieron entregar su versión como familia.

¿Es legal el contrato?

El marco jurídico en el cual se firmó este arriendo es el Decreto Ley 993 que rige el arrendamiento de predios rústicos. Bajo este marco no se establecían límites de tiempo de arriendo.

Aunque a estos contratos sí se les puede poner término de manera anticipada bajo algunas situaciones. Por ejemplo, el no pago de arriendo o el uso indebido del terreno. El cuestionamiento que hacen algunos como Huilcamán es que la comunera es analfabeta, por lo que era un aprovechamiento hacerla firmar un contrato sin testigos.

El de Yolanda no es un caso puntual. A inicios de los años noventa, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas revisó los contratos de arriendo de los terrenos de mapuches en la Región de La Araucanía.

“Una situación muy grave está sucediendo en varias localidades de la IX Región, ya que en forma fraudulenta, pero legal, inescrupulosos están arrendando tierras indígenas por un lapso de 99 años, enajenándolos –a través de esta fórmula- de su propiedad”, dijo por aquel entonces a un medio de prensa el hoy fallecido subdirector de la Comisión, Víctor Hugo Painemal.

El dirigente también añadía que “existen casos en que a los propietarios los han hecho creer que el contrato es por cuatro años, en circunstancia que es por 99 y les han cancelado 250 mil pesos, por casi un siglo de explotación de tierras. Es una situación de compra fraudulenta. La ley prohíbe la venta de tierras indígenas a quienes no lo sean, pero a través de este sistema se están apropiando de igual manera”, indicaba.

Painemal llamaba a que los notarios no aceptaran este tipo de casos, puesto que era común que los comuneros fueran analfabetos.

Actualmente Yolanda Melihuén, respaldada por Aucán Huilcamán, apela al Consejo de Pastores de La Araucanía a que conversen con la familia Fuentealba, para que lleguen a un acuerdo en el cual puedan dar término al contrato. Aún no reciben respuesta.

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