lunes, 17 de junio de 2019

LAUTARO- LOF MUKO INICIA RECUPERACIÓN DE FUNDO MIRAFLORES


LAUTARO / LOF MUKO INICIA RECUPERACIÓN DE FUNDO MIRAFLORES


Pu Lof en resistencia y a la comunidad en general, Lof Muko Lautaro comunica lo siguiente:

Kiñe: A 8 meses del intento de asesinato de nuestro weichafe Jorge Cayupan, actual PPM en la cárcel de Temuco y ante el avance destructivo empresarial de forestales y latifundistas en nuestro territorio, como Lof Muko reafirmamos nuestro férreo compromiso por la defensa de nuestra mapu y nuestro total apoyo a la digna lucha que día a día llevan adelante nuestros weichafe y nuestro pueblo y seguiremos adelante en la defensa de nuestra gente y nuestro territorio.

Epu: por lo anterior es que hoy 12 de junio del 2019 hacemos ingreso al Fundo Miraflores, usurpado a nuestro pueblo para caer en manos de los latifundistas García, reconocidos por su racismo y quienes históricamente han explotado a nuestro pueblo y han usurpado nuestra tierra en complicidad con el Estado y sus gobiernos de turno.

Kvla: Queremos decirle con firmeza a los latifundistas, forestales, empresas explotadoras y fuerzas policiales serviles a los ricos, que ¡NO HAREMOS ABANDONO DE ESTAS TIERRAS QUE CON SANGRE Y FUEGO FUERON ARREBATADAS A NUESTROS KUIFICHIKECHE Y LUCHAREMOS Y RESISTIREMOS CON TODO EL NEWEN QUE NOS ENTREGAN NUESTROS KUIFIKECHEYEN PARA RECUPERAR EL FUNDO MIRAFLORES PARA NUESTRO LOF Y SU GENTE!

Poniendo en práctica el weichan, expulsaremos al colono usurpador y transformando nuestra rabia por ver a nuestros weichafe asesinados y encarcelos, en lucha frontal contra el Estado, lograremos la ansiada liberación de nuestro pueblo mapuche.

Hacemos un llamado a nuestro pueblo a unirnos en la lucha, alejándonos de los falsos dirigentes oportunistas y avanzando con honestidad y dignidad, sin perder de vista nuestro verdadero enemigo.

¡LIBERTAD A JORGE CAYUPAN Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!

¡FUERA GARCÍA Y TODOS LOS LATIFUNDISTAS Y FORESTALES DEL TERRITORIO MAPUCHE!

AVANZANDO HACIA LA LIBERACIÓN NACIONAL MAPUCHE

¡LOF MUKO EN LUCHA Y RESISTENCIA!


Ex funcionaria mapuche realiza denuncia pública contra diputado y ex intendente Andrés Molina por “acoso” y “amenazas”


La denuncia pública de ex funcionaria mapuche contra diputado Andrés Molina por “acoso” y “amenazas”

María Luisa Igaiman presentó un recurso de protección porque dice "sentirse insegura". El diputado de Evopoli acusa a su familia de quemarle parte de las plantaciones de un fundo de su propiedad. Ella lo niega. Ese pulso ahora está en manos de la justicia, a quien todavía no ha dado una respuesta. 

La mujer quiere llevar el caso a instancias internacionales.

Por Meritxell Freixas / 16.06.2019 @MeritxellFr

Estaba cuidando a su guagua la mañana del sábado 24 de noviembre del año pasado cuando sonó el celular. “María Luisa, necesito hablar contigo. Soy Andrés Molina”. Al otro lado, el diputado de Evópoli le solicitaba una llamada urgente.

María Luisa Igaiman Ladino (34) es ingeniera agrónoma, mapuche y madre de dos hijos. Oriunda de la comuna de Cunco, en la provincia de Cautín, en La Araucanía, fue funcionaria del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) durante cuatro años, hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Tras recibir el mensaje, la mujer devolvió la llamada al parlamentario. “No tenía buena cobertura y tuve que salir afuera; me acuerdo que no llovía. Me comuniqué con el diputado y me dijo que sabía que soy funcionaria pública y que me llamaba porque le había llegado el rumor de que mi papá le había mandado a quemar unos pinos de su propiedad. No me dio más detalles, pero me invitó a reunirme con él”, explica.

Molina e Igaiman habían coincidido antes. Como ejecutiva de servicios del INDAP del área de Pitrufquén le había tocado acompañar a varios agricultores de la zona a una reunión con el legislador. La segunda comunicación que mantuvieron fue en abril de 2018. Ella lo volvió a contactar para agilizar unos trámites para uno de los usuarios del INDAP. Desde entonces, no había vuelto a hablar con él.

Durante la conversa telefónica de aquel sábado, María Luisa puso en duda el rumor del diputado de Evópoli –“le dije que mi papá no haría eso”, dice– y le respondió que hablara directamente con Luis Igaiman, su padre, porque era a él a quien estaba señalando. “No tomé muy en en cuenta la llamada. Ese primer día no hubo amenazas y me quedé tranquila”, cuenta. Las comunicaciones continuaron. La mujer explica en uno de los videos que ha registrado para denunciar su caso que la situación se volvió “insistente” con el paso de los días, con “invitaciones y citaciones a reuniones privadas”, a las que ella se negó “por encontrarlas fuera de lugar”, dice.

Seis días después del primer contacto con el diputado, María Luisa recibió la notificación de que su contrato para 2019 no sería renovado. Pese a estar incluída en la lista de distinción del INDAP por sus buenas evaluaciones y encontrarse en período de lactancia, el organismo decidió prescindir de ellaargumentando que alteraba el buen funcionamiento de su área de trabajo.







“Amenazas” y “condiciones”

A partir del 6 de diciembre se precipitan los acontecimientos. Varias de las plantaciones de vid de los terrenos que la familia de Molina Magofke posee en la zona aparecen quemados. 

En la denuncia interpuesta el mismo día por el hijo del diputado, Javier Molina, alegan que “algunas plantas de uva que a la fecha tienen 15 centímetros permanecían claramente quemadas producto de la utilización de algún químico que fue rociado intencionalmente”. 
La denuncia también recoge que “tras una revisión detallada [Javier Molina] constató la existencia de 500 plantas completamente quemadas y cada una evaluada en la suma de $1.800”. 

Sobre la responsabilidad de los hechos, indica que el predio no cuenta con vigilancia permanente, por lo que desconoce con exactitud el día y hora de lo acontecido. Sin embargo, señaló que una semana y media atrás, su trabajador del fundo le comentó que una persona del sector habría dicho que “en cualquier momento le iba a quemar las plantaciones”.

Al percatarse de lo acontecido, Andrés Molina escribió por WhatsApp a María Luisa. En su último mensaje le dijo: “Quemaron cerca de 1.000 plantas. Te van a llamar seguramente!! [sic]” Ella lo llamó al día siguiente para esclarecer lo ocurrido y dice que tras esa conversación que empezó a relacionar su despido con las influencias del político. 

“El diputado me dijo: ‘¿Por qué no me llamaste cuando te dijeron que te iban a despedir?’ Ahí paré las antenas porque él sabía que me había quedado sin trabajo y me di cuenta de que mi despido tenía que ver con eso”, apunta la mujer. 

María Luisa indica que en este diálogo el diputado la habría “amenazado” y le habría “colocado condiciones” para recuperar su puesto de trabajo. 

“Condiciones tales como que mi padre se culpe de actos terroristas. Cito textual: ‘Si tu papá, es bien clarito, y me dice, mire quemé la cuestión y asume la cuestión, y tu no vas perder tu trabajo por culpa de tu padre’”, detalla en el video. 

Y añade: “También, me amenaza con enviarme a buscar, sin especificar quién irá en mi búsqueda, a pesar de que le solicité que, por favor, me aclare si va a enviar a su asistente, un policía o un sicario, sin querer aclararlo, dejándome en completa vulnerabilidad y preocupación por mi integridad y la de mis hijos”.

En el recurso de protección que presentó ante la Corte de Apelaciones contra el político de Evopoli, la ingeniera agrícola recoge algunos comentarios más que éste le habría dicho durante la conversación telefónica que ella grabó con su celular. 
Ante todo, defiende: “Nos acusa [Andrés Molina], a priori, de actos con los que no estoy de acuerdo y con los que mi familia y yo no tenemos ni un tipo de vinculación”.

El abogado del diputado, Alexander Schneider Oyanedel, en respuesta al recurso, señaló que su cliente “nada tiene que ver”, que la mujer “se confunde gravemente” al tratar de “responsabilizar” a Molina de su despido y que la afirmación no tiene “ningún sustento”. 
Argumentó, también, que su representado “jamás” le imputó al padre de María Luisa “directamente” la quema de la plantación. “Sólo señaló que habían testigos que lo sindicaban como el futuro autor del siniestro que finalmente aconteció”, indica en el texto.

“Por ser mujer y mapuche”

Hace cinco meses que María Luisa Igaiman presentó el recurso de protección por las “amenazas” del diputado Andrés Molina, pero aún no ha recibido respuesta de la justicia. 

“Tuve que ser yo quien cambiara mi número de celular y domicilio para resguardar mi seguridad y la de mis hijos”, lamenta. Considera que “se han vulnerado sus derechos” y los de su familia y por eso ha decidido denunciarlo públicamente.

En el recurso que presentó indica que las afirmaciones del diputado constituyen “una amenaza explícita y preocupante” y que “podría incitar a la comisión de graves delitos como los que ya se han suscitado en la región de la Araucanía por parte de agentes del Estado”. 

Además, sostiene que “facilita la incitación incluso del homicidio y manifiesta una odiosidad en su contra, derivada exclusivamente de declaraciones con escaso asidero”. 
María Luisa cuenta que desde hace meses vive insegura. Relata que ha dejado constancia a Carabineros de que siente que la siguen y que se ha dado cuenta de que tiene “un punto fijo” en la casa. 

Señala, también, que a causa de este conflicto ha sido diagnosticada por “estrés agudo secundario y amenazas hacia su integridad”.

El desencuentro con el diputado Molina, quien afirmó a este medio que una vez resuelto el recurso se querellará contra la mujer por “calumnias”, empezó apenas dos semanas después de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, lo que gatilló una situación de alta tensión en la Araucanía. 

El padre de la ex funcionaria es vocero de la Alianza Territorial Pehuenche y, según ella, eso habría influido en las acusaciones que Molina le achaca. 

En su recurso, señala que en el primer encuentro con el diputado, en su oficina junto a los agricultores, “él se acordaba que en Cunco había un dirigente muy complicado de apellido Igaiman, y que le había dado varios dolores de cabeza y problemas cuando fue intendente”.

La ex funcionaria también presentó un segundo recurso de protección en este caso. 

Éste fue acogido en primera instancia, pero la Corte Suprema lo revocó: “Esto a pesar de que mi caso tuvo vista conjunta con otros dos idénticos que fueron reintegrados a sus puestos laborales, donde la única diferencia es que yo era la única mapuche”, se queja. 

Por todo esto, quiere llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque considera que la justicia chilena está “amparando” estos hechos. Más allá del pulso que ahora mantiene con el congresista, María Luisa resume que ha llegado hasta aquí sintiéndose “una ciudadana de segunda por ser mujer y mapuche”.

El diputado Andrés Molina fue contactado por este medio, pero rechazó pronunciarse sobre el recurso.


Revisa aquí el recurso de protección presentado por María Luisa Igaiman:
Principal: Acción de Protección.-
Primer Otrosí: Acompaña Documentos.-
Segundo Otrosí: Acompaña Audio.-
Cuarto Otrosí: Personería, y Forma De Notificación.


ILTMA. CORTE DE APELACIONES TEMUCO

JUAN PABLO JARAMILLO GONZÁLEZ, Abogado, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario n° ,domiciliado en de la comuna y ciudad de Temuco, Fono cel. contacto correo electrónico , en nombre y representación, en virtud de Escrituras Públicas de Mandato que se acompañan en un Otrosí, de doña
MARÍA LUISA IGAIMAN LADINO, chilena,soltera, Ingeniero Agrónomo, Funcionaria Pública, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario n° y de don LUIS FERNANDO IGAIMAN MORALES, chileno, Agricultor, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario ambos domiciliados en Cunco– Melipeuco, de la Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, Chile, a V.S. Iltma, respetuosamente, digo:Que, dentro de los plazos legales, por este acto vengo en deducir "Acción de Protección Constitucional” , en contra de José Sergio ANDRÉS MOLINA MAGOFKE, chileno, Diputado de la República de Chile, por el Distrito Nº 23, casado, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario, Oficina Parlamentaria Av. Caupolicán N° 990, ambos de la ciudad y comuna de Temuco, domicilio laboral Cámara de Diputados de Chile Avenida Pedro Montt s/n de la ciudad y comuna de Valparaíso, y calle de la ciudad y comuna de Santiago, 
en razón de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:


Con fecha 24 de noviembre de 2018, a mi representada
MARÍA LUISA IGAIMAN LADINO, recibió un mensaje, en Messenger de la red Social Facebook, del recurrido MOLINA MAGOFKE, donde le expresa lo siguiente:

“María Luisa necesito hablar contigo, soy Andrés Molina 90153273”


Es así que mi representada realiza el llamado, contestando el recurrido, expresándole que él sabía que LUIS FERNANDO IGAIMAN MORALES, recurrente y padre de mi representada, “había enviado a quemar un bosque que es de sus hijos”;porque unos testigos le habían dicho aquello; 

mi representada, MARÍA LUISA IGAIMAN, le indica que 

“…sería bueno saber quiénes eran dichas personas ya que era una acusación grave”, 
además le dice que iba a conversar con su padre para que pudieran aclarar dicho asunto. Quedando mi representada de comunicarse con el recurrido posteriormente.


A la semana siguiente MARÍA LUISA IGAIMAN, intenta comunicarse telefónicamente con el recurrido, pero no respondió, por ello le envió un mensaje de texto el día 30 de noviembre de 2018, el cual tampoco fue respondido. (Día que, durante la tarde, además es notificada de no continuidad laboral en INDAP).


Luego con fecha 6 de diciembre de 2018, a las 10:47 A.M., MOLINA MAGOFKE
envía, por mensajería WhatsApp, al teléfono celular de mi representada, un set de 8 fotografías digitales de plantas que supuestamente fueron dañadas, y le indica “quemaron plantas como puedes darte cuenta…Se está haciendo la denuncia”, luego otra foto indicando “Así están las que no quemaron”.


A lo cual mi representada, devolvió el llamado al recurrido y le dijo:que lo lamentaba, que le parecía grave, pero que su papá y su comunidad indígena no tenían nada que ver con su problema, que debía acudir a la justicia, insistiendo, el recurrido, MOLINA MAGOFKE, y aseverando que el recurrente don LUIS FERNANDO IGAIMAN MORALES, le había quemado su plantación (llamada duro 4 minutos, 51 segundos).


Ese mismo día en la tarde a las 16:26, envía una captura de pantalla indicando “Quemaron cerca de 1.000 plantas. Te van a llamar seguramente!!.


Posteriormente mí representada devuelve el llamado el día 7 de diciembre de 2018, (llamado grabado) del cual se extrae los dichos en llamados anteriores y en el particular que MOLINA MAGOFKE realiza, actos total y absolutamente arbitrarios y por sobre todo ilegales, que a continuación se señalan:

“…son miles de plantas quemadas”

“… a tu papá lo escucharon clarito, y hay testigos que lo van a imputar”

“… que quieres que diga yo, así soy de sincero y de claro, cuando a mí me dicen una cosa, Te conozco, voy, y te llamo…”

“…
van a llamar, porque aquí se tiene que hacer una investigación…”

“…lo que yo te estoy diciendo, y como te dije ese día… tu papá, “TU PAPÁ”, (por eso te llame) fue el que dijo… (y hay testigos que lo dijo“ÉL”)… que me quemaría mis plantaciones…

“…tu llegaste a mi oficina a pedirme favores”.

“…aaaah me estas demostrando que quedaste enojada, ¿Por qué no me
llamaste cuando te dijeron que te iban a despedir?...“… me estas demostrando con eso que quedaste enojada, que después de una semana te despidieron”

“… entonces resulta que yo puedo suponer, claramente, hay una PICA porque te despidieron”

“…si tu papá, es bien clarito, y me dice mire queme la cuestión y asume la cuestión, y tu no vas a perder tu trabajo por culpa de tu padre…”


HECHO ANTERIOR: con fecha 28 de marzo de 2018 a las 11 de la mañana, mi representada acompañó a dos lamgenes, usuarios de INDAP del territorio con el que trabaja a una Reunión a la oficina parlamentaria de MOLINA MAGOFKE por una red de emprendedores agrícolas mapuches; cuando MARÍA LUISA IGAIMAN se presentó, lo primero que le dice MOLINA MAGOFKE, fue que él se acordaba que en Cunco había un dirigente muy complicado de apellido IGAIMAN, y que le había dado varios dolores de cabeza y problemas cuando fue intendente, y el recurrido le pregunto si tenían algún parentesco, como María Luisa acompañar a usuarios del Servicio Publico en el cual se desempeña solo iban a hablar de emprendimiento productivo, le dijo solo que todos los IGAIMAN de Cunco éramos familia, nada más.

En los hechos relatados, MOLINA MAGOFKE sindicaba a don LUIS FERNANDO IGAIMAN MORALES y le imputa el hecho de haberle quemado miles de plantas, por medio de mensajes y comunicaciones telefónicas con su hija MARÍA LUISA IGAIMAN, también recurrente, denostaciones que ambos han sido objeto, y que es lo que ha motivado el Accionar en esta sede y solicitar protección.

Tales afirmaciones por parte del Diputado de la República de Chile, ANDRÉS MOLINA MAGOFKE, constituye una amenaza explícita y preocupante, ofensivas, calumniosas y podrían incitar a la comisión de graves delitos como los que ya se han suscitado en la región de la Araucanía por parte de agentes del Estado, y por tanto la acción del recurrido constituye una grave amenaza a los derechos constitucionales de mis representados en cuanto facilita, al tenor de mensajes claros y directos, a la incitación incluso del homicidio y manifiesta una odiosidad en su contra, derivada exclusivamente de declaraciones con escaso asidero real y/o legal, es así que se ven vulnerados sus derecho a: 

Con respecto a don LUIS FERNANDO IGAIMAN MORALES:
Se ven vulnerados sus derechos a: 
La vida y a la integridad física y psíquica, Consagrado en el Artículo 19 número 1.
El respeto de su honra y su familia, Consagrado en el Artículo 19 número 4.
El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual ya que no se le puede obligar a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes Consagrado en el Artículo 19 número 7 letra f).
Todos Derechos protegidos por la Constitución Política de la República de Chile. Y son derechos que se encuentran amenazados ya que las imputaciones y amenazas que el recurrido vierte en su contra, por el desprestigio de que su persona promueve en razón de la calidad de originario de la etnia mapuche y la obligación que impone una autoridad de que mi representado se declare culpable por un hecho que no ha cometido.

Con respecto a doña MARÍA LUISA IGAIMAN LADINO:

Se ven vulnerados los mismos derechos, pero especialmente su derecho a su integridad psíquica que más por el grado de afectación que mas adelante de expresa.

Es así que el recurso de protección, para su procedencia exige que quien lo deduzca acredite estar en el legítimo ejercicio de un derecho constitucional de aquellos que taxativamente enumera el artículo 20 de la Constitución, esto es, que sea titular de un interés concreto que se lesiona a causa de un acto u omisión arbitrario o ilegal, en el sentido de que MOLINA MAGOFKE, en su rol de Diputado de la República, no tiene prerrogativa alguna con respecto a realizar imputaciones directamente y menos a realizar investigaciones ni a realizar amenazas,constituyendo sus actos solo en hostigamientos a los recurrentes. Ergo, La calificación y apreciación de las expresiones que se profieren en contra del recurrente claramente son agraviantes a sus derechos constitucionales, teniendo presente el prestigio como un serio dirigente y comunero mapuche de don LUIS FERNANDO IGAIMAN MORALES constituye un preciado activo, de modo que cualquier lesión a esa dignidad, conlleva a una lesión de ese bien jurídico que, por lo demás, garantiza de modo especial nuestro Ordenamiento Constitucional no solo cuando asegura el respeto y protección de la honra de la persona, sino además por tratarse de un bien incorporal sobre el cual existe dominio o propiedad. 
Por consiguiente, cualquiera sea el modo en que se lo lesione, ello importará una conculcación de los derechos constitucionales referidos.Dejando además presente a V.S. Iltma, el grado de afectación que ha sufrido mi representada, del que da cuenta el Certificado Médico que se acompaña en un otrosí, emitido por la facultativa doña Evelyn Sepúlveda Martínez, Médico Psiquiatra, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario diagnostico que expresa el alto grado de compromiso emocional, conmoción, quiebre emocional,llanto, mucho miedo, crisis de pánico, alteraciones del sueño, amenaza constante a su integridad y la de su familia, tras recibir, llamadas telefónicas y mensajes de texto, amenazantes, la cual la desestabiliza;Diagnosticada en definitiva como
“ trastorno por estrees agudo secundario e amenazas hacia su integridad


Por tanto,
y en virtud de lo relatado y lo dispuesto en el artículo 19 Nºs 1, 4 y 7, artículo 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que regula la tramitación y fallo del Recurso de Protección,
Ruego a V.S. Iltma.:

Se sirva tener por entablada acción de protección constitucional en contra de José Sergio ANDRÉS MOLINA MAGOFKE, chileno, Diputado de la República de Chile,por el Distrito Nº 23, ya individualizado, acogerlo a tramitación,adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la efectiva protección de mis representados doña MARÍA LUISA IGAIMAN LADINO, y don LUIS FERNANDO IGAIMAN MORALES como afectados y disponer que se respeten sus derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, al respeto de su honra y su familia, a la seguridad individual y a no ser obligar a que declarar bajo juramento sobre hecho que ni siquiera se han cometido por los afectado, Todos Derechos consagrados y protegidos por la Constitución Política de la República de Chile, decretando el cese de las acciones de hostigamiento y la prohibición de que el recurrido se comunique o acerque a los recurrentes, o las medidas de protección que V.S. Iltima. estime pertinentes para proteger los derechos invocados conforme a derecho, con costas.

PRIMER OTROSÍ: Acompaña Documentos:
1.- Messenger de la rede Social Facebook. 2.- Mensajes WhatsApp. 3.- Set de fotografías enviadas por el recurrido. 4.- Detalle de tráfico de llamadas de la recurrida. 5.- Certificado médico. 6.- Mandato Judicial 1. 7.- Mandato Judicial 2.

SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña Audio;
Por este acto solicito a V.S.Iltma. Autorizar la recepción de un disco Compacto el cual contiene una grabación que da cuenta de lo relatado en el cuerpo del recurso.

TERCER OTROSÍ:
Que en mi calidad de abogado y en virtud de mandatos acompañados en un otrosí, patrocinare personalmente la presente acción de protección, estableciendo desde ya como forma de notificación el correo electrónico:


Firma
Juan Pablo Jaramillo Gonzalez
Abogado

https://www.eldesconcierto.cl/2019/06/16/la-denuncia-publica-de-ex-funcionaria-mapuche-contra-diputado-andres-molina-por-acoso-laboral-y-amenazas/?fbclid=IwAR3mAlo_6tJiB7u3MElaORh3lGYoUK-8ET0ZqWDifJ34EJUBsRQIQdF9-H8
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Nota de WMFT: Según datos recopilados, la investigación de la PDI sobre este asunto habría revelado que las plantaciones destruidas habrían sido quemadas por los propios hijos del colono Molina Magofke para inculpar a dirigentes mapuche de la zona y cobrar seguros. No es la primera ves que latifundistas colonos junto a la policía y fi$cales $hilenos realizan montajes para ensuciar la dignidad de nuestros dirigentes y autoridades mapuche.
La PDI habría descubierto la compra en $antiago de artículos acelerantes de incendio por parte de los hijos del colono.

Un caso mas de corrupción de los colonos traídos por el Estado $hileno a nuestro país WALLMAPUCHE y que hoy son parte del aparato burocrático de la llamada "república".

viernes, 7 de junio de 2019

Juan Pablo Longueira: las tierras indígenas que compró el jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social




ADQUIRIÓ 14 HECTÁREAS EN LA COMUNIDAD IGNACIO YEVILAO DE VILLARRICA

Juan Pablo Longueira: las tierras indígenas que compró el jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social


06.06.2019

Por Ignacia Montoya y María José Delaporte


En 2015 Juan Pablo Longueira adquirió dos parcelas en Chucauco (Villarrica). Él exhibe un certificado que indica que esos predios no están en el Registro de Tierras de Conadi, pero ambos forman parte de un Título de Merced concedido en 1914 y siempre estuvieron en manos mapuche. Por eso, la ley los considera indígenas y prohíbe que se vendan a personas que no integren ese pueblo originario. 
Este año una sociedad controlada por la familia Longueira Brinkmann adquirió otros dos terrenos en el mismo sector. Uno de ellos sí figura en el Registro de Tierras de Conadi. Estas compras –que suman 25,5 hectáreas– podrían ser revisadas por la comisión de diputados que ya investiga las adquisiciones hechas por el subsecretario Rodrigo Ubilla.

#SoyCiperista

Pequeñas casas en terrenos cercados con alambre de púas, árboles nativos y extensos pastizales enmarcan uno de los caminos de ripio que llevan al sector Chucauco, a unos 10 kilómetros de Villarrica. Nada allí es muy distinto de lo que se aprecia en casi todos los paisajes rurales de la Región de La Araucanía, salvo por un llamativo cierre de madera cuidadosamente barnizado en tono naranja. 

“Todo esto es del señor Longueira”, asegura el trabajador que se encuentra en el predio, señalando con su índice los límites de la propiedad. Está hablando de Juan Pablo Longueira Brinkmann, actual jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social e hijo del conocido ex senador y ex ministro Pablo Longueira. Y efectivamente, como lo prueban los registros del conservador de bienes raíces local, estas tierras –que suman 14 hectáreas– le pertenecen.

En 2015, Juan Pablo Longueira Brinkmann adquirió en esa zona dos terrenos aledaños. Uno de 7,4 hectáreas y otro de 6,6. La revisión de los títulos de propiedad hecha para esta investigación periodística estableció que ambos predios provienen de la subdivisión de un Título de Merced concedido en 1914 a una comunidad mapuche. Y por lo mismo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 (inciso 1°, letra b) de la Ley Indígena (Ley 19.253), se trataría de tierras que deben ser consideradas como indígenas, por lo que está prohibida su venta a personas que no pertenezcan a pueblos originarios. De hecho, los paños adquiridos por Longueira Brinkmann están dentro de la Comunidad Ignacio Yevilao.



Entrada a la parcela de Juan Pablo Longueira en la Comunidad Ignacio Yevilao

Actualmente, Juan Pablo Longueira es uno de los asesores más cercanos al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De esa cartera depende la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el ministro Moreno es uno de los principales impulsores del Plan Araucanía, que busca poner fin a los conflictos entre el Estado y las comunidades mapuche. El ministerio, además, puso en marcha una consulta a los pueblos originarios que ha recibido duras críticas, incluso del oficialismo (el senador Manuel José Ossandón calificó este proceso como un caso “Catrillanca 2”). Uno de los cuestionamientos a la consulta es que, entre otros objetivos, pretende flexibilizar las transacciones de predios indígenas. Y el rol de Longueira Brinkmann en las dos compraventas realizadas en 2015 en el sector de Chucauco podría atizar las críticas a la cartera en la que se desempeña.

Además de las dos compras que hizo a título personal en Chucauco, Juan Pablo Longueira Brinkmann participa en una sociedad familiar que también tiene propiedad sobre dos terrenos indígenas adquiridos recientemente. El primero fue comprado en enero de este año y el segundo, en marzo. Se trata de la sociedad Inversiones Las Azaleas, en las que participa junto a su padre, su madre y sus hermanos. Esta sociedad tiene el 99% de Agrícola las Azaleas SpA, que es la adquirente de dos terrenos también ubicados en el sector de Chucauco y que provienen del mismo Título de Merced de 1914.



COMISIÓN INVESTIGADORA

Este nuevo caso de traspaso de tierras indígenas a un funcionario del actual gobierno, se suma al publicado el 3 de marzo por el diario electrónico Interferencia, que informó sobre la compra de cuatro parcelas que hizo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, entre 2009 y 2012. 

Los predios adquiridos por Ubilla se ubican en la Comunidad Mariano Millahual, de Pucón, y una de esas transacciones la realizó mientras ejercía como subsecretario en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Por esa razón, la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora que indagará en dicha compra y en la actuación que habrían tenido, para posibilitar esa transacción, el Ministerio de Desarrollo Social, la Conadi y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

El pasado miércoles 5 de junio la diputada Emilia Nuyado (PS) fue elegida presidenta de la comisión investigadora y anunció que citarán a Ubilla. 

Según el presidente de la Fundación de Desarrollo Indígena, Diego Ancalao, la consulta a los pueblos originarios que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social “está hecha a la medida de aquellos que han usufructuado de las tierras indígenas, como el subsecretario Rodrigo Ubilla”.

Es el artículo 13 de la Ley 19.253 el que protege la venta de tierras indígenas y prohíbe que sean “enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia“. Y es esa frase, particularmente, la que llevó a diputados y a algunos dirigentes mapuche a cuestionar los actos de Ubilla, argumentando que la compra de terrenos a personas no indígenas va en contra del espíritu de la ley.

LA RESPUESTA DEL JEFE DE GABINETE

Es altamente probable que, al igual que el subsecretario del Interior, Juan Pablo Longueira sea citado a la Cámara de Diputados para que explique a la comisión investigadora bajo qué normativa él y su familia pudieron comprar estas tierras.

Consultado sobre cómo se adquirieron estos terrenos, Longueira Brinkmann entregó a las autoras de este reportaje un documento que, a su juicio, confirma que los dos predios que compró a su nombre en 2015 no son indígenas: un certificado de Registro de Tierras Indígenas de la Conadi que indica que ambos paños no se encuentran en ese registro.


Localización de la Comunidad Ignacio Yevilao

No obstante, que un terreno no esté inscrito en el Registro de Tierras que lleva la Conadi no significa que no sea indígena. El artículo 12 de la Ley 19.253 es el que determina los requisitos para que un predio sea considerado indígena. Y establece ocho fórmulas, agrupadas en cuatro incisos. 

Uno de ellas es que las tierras estén inscritas en el registro de la Conadi. Pero ese criterio no es excluyente. Otro mecanismo es que los terrenos provengan de un Título de Merced, concedido en conformidad con las leyes promulgadas a fines del siglo XIX, y que aún estén en poder de comunidades o individuos que pertenezcan a pueblos originarios. Y ese es el caso de los terrenos adquiridos por el jefe de gabinete del ministro Moreno.

Salvador Millaleo, abogado de la Universidad de Chile y doctor en sociología, explica que es el numeral segundo, letra b, del artículo 12 de la ley el que especifica que serán indígenas aquellos terrenos que sean ocupados por personas o comunidades de pueblos originarios y que hayan formado parte de un Título de Merced. Por lo tanto, indica Millaleo, que no estén inscritos en el Registro de Tierras no quiere decir que los terrenos no sean indígenas. También afirma que cuando la tierra pasa a manos de una persona que no pertenece a un pueblo originario (como ocurre en el caso del subsecretario Ubilla y de Juan Pablo Longueira), esta sigue manteniendo su calidad de indígena.

Por lo demás, la Conadi tiene un informe, confeccionado en 2017, que confirma que su Registro de Tierras no incluye todos los terrenos que son indígenas. Ese documento -titulado “Estudio de predios adquiridos Biobío y Araucanía”- fue hecho por la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía, y tuvo como propósito actualizar y georreferenciar las bases de datos de todas las compras de tierras indígenas hechas tanto por particulares como por la Conadi.

En relación a las dos compras hechas por la sociedad Agrícola Las Azaleas a inicios de este año, Juan Pablo Longueira afirmó que él ya no participa en la administración de esa sociedad y no tiene conocimiento de sus movimientos.

Efectivamente, al momento en que se ejecutaron esas compras –enero y marzo de este año– el administrador de Agrícola Las Azaleas era Rafael Loyola Domínguez. De acuerdo con una escritura inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (N°50808, fojas 98916, año 2018) Loyola fue nombrado administrador de la sociedad por una junta de accionistas de Agrícola Las Azaleas en la que participaron solo dos personas: Pablo Longueira Montes, representante del 1% de las acciones, y Juan Pablo Longueira Brinkmann, en representación del 99% que posee la sociedad familiar Inversiones Las Azaleas. Tres semanas después de que se inscribió en el conservador el acta de esta junta, Loyola compró el primer campo en Chucauco a nombre de la sociedad.

Con independencia del argumento que esgrime el asesor del ministro Moreno, respecto de que no estaba al tanto de estas compras, lo cierto es que él forma parte de los controladores de la sociedad que adquirió estas tierras. Y este vínculo tendría que ser revisado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

PRIMERAS COMPRAS



La relación entre los Longueira Brinkmann y la Conadi data de marzo de 2015, cuando esa familia le vendió a la institución del Estado un terreno de 150 hectáreas también en Villarrica. La compraventa fue conocida públicamente en junio del mismo año a través de
un reportaje de El Mercurio en el que comunidades de ese sector cuestionaban el precio pagado por la Conadi: $810 millones. Las críticas apuntaban a que ese monto era $100 millones más caro que el avalúo comercial de los predios de la zona y porque ese campo tenía áreas limitadas para desarrollar cultivos. Ante esto último, Conadi respondió que se pagó el precio justo de acuerdo a los antecedentes técnicos que tenían sobre ese terreno.

En octubre de 2015 el hijo del exministro adquirió a su nombre el primer terreno, de 7,4 hectáreas, en el sector Chucauco. 

El ahora asesor del ministro Moreno lo compró a Orfelina Pichún, mujer mapuche que tenía la propiedad desde 2010, tras comprarla a tres mapuches que las habían heredado. La historia de esos terrenos es larga y todas sus transacciones remiten a herencias de la familia Nahuelhual, apellido que se repite desde la primera división del Título de Merced concedido en 1914.

Para este reportaje de investigación se revisaron los títulos de dominio de este terreno de 7,4 hectáreas en el Conservador de Bienes Raíces de Villarrica. El análisis de los registros de propiedad permitió ubicar el segundo terreno comprado por Longueira Brinkmann. Este nuevo predio –de 6,6 hectáreas– le fue vendido también en 2015 por Godofredo Cotrena, mapuche y exiliado durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

Cotrena lo había comprado a la mapuche Amalia Aillapi. Este terreno se originó en una adjudicación otorgada en 1939 a Rosario viuda de Nahuelhual por el Juzgado de Indios de Pitrufquén y también formó parte del Título de Merced de 1914.

LAS AZALEAS EN CHUCAUCO

Las últimas compras de la familia Longueira Brinkmann en tierras mapuche tuvieron lugar este año y se hicieron a través de Agrícola Las Azaleas

SpA: 8,5 hectáreas a Edith Salazar y 3 hectáreas a Godofredo Cotrena.

El predio comprado a Edith Salazar es indígena y la Conadi lo sabe. 

Está inscrito en el Registro de Tierras de ese organismo público. 

Sin embargo, la Conadi permitió realizar la compraventa de igual manera, contraviniendo el sentido de fondo de la Ley Indígena, que es mantener las tierras en manos de personas del mismo pueblo originario.

Edith Salazar no es mapuche, pero obtuvo el dominio del terreno porque estuvo casada con Pedro Rivera Collinao, anterior propietario. Cuando se separaron, ella obtuvo el terreno a través de separación de bienes en 2018 (un caso similar al de la compra que hizo el subsecretario Rodrigo Ubilla). Pedro Rivera había comprado esa parcela a Carlos Nahuelpán Nahuelhual, miembro de la familia beneficiada con el Título de Merced de 1914. Este último había obtenido el dominio a través de una entrega hecha por el Ministerio de Bienes Nacionales.

En 2016 este terreno fue inscrito en el Registro de Tierras Indígenas, por lo que la Conadi nunca debió haber aceptado una transacción entre Edith Salazar y la sociedad controlada por los Longueira. Es probable que la Conadi deba dar una explicación ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Su director, Fernando Sáenz, ya está citado a esa instancia.

Agrícola Las Azaleas SpA compró una segunda parcela: Godofredo Cotrena le vendió 3 hectáreas. Originalmente, ese era un predio de 6 hectáreas, que fue adquirido por Cotrena junto a Vicente Mariqueo. Lo compraron a Fresia Colompil, quien obtuvo esas tierras a través de una adjudicación del Juzgado Civil de Villarrica. 

Luego se partió entre Cotrena y Mariqueo. Estos terrenos siempre han sido mapuche y nunca fueron desafectados por la Conadi para que pudiesen ser comprados por personas que no pertenezcan a esa comunidad. Otra arista que tendrá que ser investigada por la comisión parlamentaria.
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https://ciperchile.cl/2019/06/06/juan-pablo-longueira-las-tierras-indigenas-que-compro-el-jefe-de-gabinete-del-ministro-de-desarrollo-social/

Esta investigación periodística fue hecha por Ignacia Montoya y María José Delaporte, estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica. El reportaje forma parte del Taller de Periodismo Avanzado, asignatura impartida por el profesor Boris Bezama.