viernes, 24 de marzo de 2017

Sicarios pagados a contrata para atacar a mapuche en Wallmapu


Formalizan a exmiembro del FPMR por ataque a comunidad mapuche en Cañete


Pedro Cid (RBB)

Dos hombres fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Cañete por los delitos de incendio y homicidio frustrado. Uno de los sujetos sería exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien la Fiscalía investiga por el ataque en contra de comunidades mapuche del Bío Bío.

La comunidad Lov Pocuno reclama territorio a particulares, uno de los cuales vendió terrenos a una forestal. Fue en ese contexto que entre mayo y diciembre de 2015 se registraron ataques a inmuebles de los comuneros.

Varios de estas edificaciones resultaron quemadas y en un incidente ocurrido la madrugada del 6 de mayo un grupo de sujetos armados llegó en varios vehículos e incendiaron una casa y un inmueble aledaño, desde donde logró escapar una persona que se encontraba durmiendo en su interior.

Tras este hecho se inició una investigación que estableció que los particulares habrían contratado a un grupo de delincuentes armados para amedrentar y atacar a los comuneros, debido a la disputa por los terrenos.

Las dos personas formalizadas pertenecerían a ese grupo y fueron identificados como Héctor Escobar, de 25 años de edad, y Jorge Jara Jara de 49.

En la década de los 80, Jara habría sido adiestrado en Cuba y Nicaragua en técnicas de combate, como parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Se debe consignar que durante la audiencia, el sujeto exhibió una pequeña bandera con el símbolo de este grupo opositor a la dictadura de Augusto Pinochet. En la instancia, el individuo fue formalizado por el delito de incendio y de homicidio frustrado.

El abogado de la víctima, Nelson Miranda, indicó que si esto hubiese ocurrido al revés y los imputados fuesen miembros de una etnia, el Gobierno se habría hecho parte del caso, pero que cuando las víctimas son mapuches no se presenta nadie.

En la investigación fue clave la declaración efectuada por uno de los particulares presuntamente involucrados, quien habría reconocido -según lo expuesto por el abogado Miranda- haber contratado a estas personas con el objetivo de amedrentar a la comunidad mapuche.

La formalización no requirió la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que los dos imputados se encuentran cumpliendo condenas, uno en Concepción y el otro en Linares.

Los otros hechos en que también se registraron inmuebles quemados también están siendo investigados, sin embargo, aún no se conocen resultados.


Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)

jueves, 23 de marzo de 2017

Estado de Excepción marcaría el fracaso del Estado $hileno para dialogar con el pueblo mapuche


"Si se declara Estado de Excepción, sería el fracaso del Estado ante el pueblo mapuche"

Juan Carlos Poblete G.- Austral

El encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, habló con El Austral y opinó sobre la petición de declarar Estado de Emergencia en La Araucanía emanada por parte de la Multigremial, lo que calificó como una solicitud para "revivir la militarización" del territorio mapuche.

El dirigente nacido en la comunidad de Collinque, en la comuna de Lumaco, afirmó que "decir que hay terrorismo en La Araucanía es antojadizo" y dijo que la Ley Antiterrorista está desfasada.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

-¿Qué le parece que los gremios exijan que se declare Estado de Emergencia en La Araucanía?

- Si se declara Estado de Excepción, se marca el fracaso del Estado chileno para dialogar con el pueblo mapuche, porque estarían optando por la ruta de la fuerza. Sería revivir los hechos de la militarización de La Araucanía, que fue la manera en que se despojó y se ocupó el territorio mapuche, la causa del conflicto actual. O sea, sería volver a la raíz del conflicto.

-¿Y qué opina cuando aparecen gremios, como la Multigremial o los transportistas, pidiendo esta medida?

- Creo que los representantes de los gremios actúan de manera sobre ideologizada. Tienen una versión propia de la historia en esta zona. Mientras ellos no acepten que los dueños originales de este territorio son los mapuche, las tensiones y las controversias se van a mantener. En La Araucanía el Estado de Derecho no ha prevalecido a favor de los mapuche, ha actuado siempre en contra de los mapuche. Tal como decía el escritor inglés George Orwell, en La Araucanía se quiere borrar las verdades del pasado para imponer una versión unilateral, arbitraria y exclusiva de un sector.

- ¿Qué le diría a los gremios que piden esta medida?

- Aprovecho esta entrevista para emplazar a Sergio Pérez, dirigente de los transportistas de carga, y la Multigremial para que instauremos un diálogo al más alto nivel, entre ellos y los mapuche, con cinco temas: que establezcan la agenda de seguridad que les preocupa, que hablemos sobre los actos de despojo de tierras, de cómo los empresarios en La Araucanía han participado en los actos de despojo de tierra, de la libre determinación y sobre el terrorismo.

TERRORISMO

- ¿Cree que hay terrorismo en La Araucanía?

- En agosto del 2013, por invitación del Gobierno de Sebastián Piñera, concurrió a La Araucanía un relator especial sobre terrorismo y sistemas democráticos de Naciones Unidas. Se llama Ben Emerson. Él estuvo un mes por invitación expresa y habló con todos los actores y concluyó que en La Araucanía no hay terrorismo, que son otro tipo de actos. Para mi hablar de terrorismo en La Araucanía es usar un concepto antojadizo y de manera deliberada por parte de quien lo utiliza. Yo entiendo que si, por ejemplo, a una señora le roban la cartera en el centro de Temuco, ella siente terror. Pero no por eso es terrorismo. Puede sentir terror, y entiendo que esté aterrorizada, pero no es terrorismo. Porque el concepto de terrorismo en el marco del derecho internacional tiene una definición, y aquí tristemente los medios de comunicación, los empresarios y los dirigentes de gremios utilizan el concepto de manera deliberada.

- Hay gremios que piden modificar la Ley Antiterrorista, ¿Qué opina usted sobre esta Ley?

- La ley está desfasada en su tiempo, porque tenía otra finalidad cuando fue implementada, y tampoco se ajusta a los principios que debe contener la definición de terrorismo del derecho internacional, a lo que la comunidad mundial entiende por terrorismo.

- ¿Cree que esta ley debería aplicarse en el ataque incendiario a los 17 camiones en Pillanlelbún?

- No debiera aplicarse, porque el Código Procesal Penal otorga herramientas lo suficientemente más amplias como para investigar y castigar a los responsables. La Ley Antiterrorista exige un estándar de esclarecer los hechos de una manera que la ley común no lo hace. Incluso la Ley ha demostrado que ha sido ineficaz y ese relator especial de la ONU e incluso recomendó actualizarla a los nuevos métodos de terrorismo contemporáneo.

- ¿Qué opina de la petición de los gremios de declarar a la CAM como organización "inconstitucional y terrorista"?

- Creo que los gremios pueden pedir lo que les plazca, solamente me parece fuera de sentido común, porque entiendo que la CAM tiene planteamientos que son legítimos. Como por ejemplo, el derecho a la tierra. Ellos hablan de autonomía, yo hablo de libre determinación. No entiendo su concepto de autonomía, pero eso al final es un detalle, porque ellos tienen un fundamento más amplio.

- Tras el ataque en Transportes Cavalieri, usted sostuvo que lo que había ocurrido era un autoatentado y luego, la CAM se adjudicó el hecho, diciendo que esas declaraciones eran "lastimeras". ¿Qué responde sobre eso?

- Yo he sostenido que es un autoatentado. La Fiscalía dijo que la declaración de ese comunicado no era prueba suficiente, sino sólo un elemento a considerar. No le da el carácter verídico y contundente. Mientras no se establezca procesal y penalmente, la tesis del autoatentado tendrá cabida.


"Poner la violencia rural al nivel del acto en el que el Estado usurpó al pueblo mapuche es mezclar peras y huevos". "En La Araucanía se quieren borrar las verdades del pasado para imponer una versión unilateral, arbitraria y exclusiva de un sector". "Creo que la Comisión Asesora Presidencial fue sólo un buen diálogo entre los integrantes, pero no entre las partes involucradas"."

SOBRE EL INTENDENTE Y LA COMISIÓN ASESORA

Huilcamán dice que la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía "fue sólo un buen diálogo entre los integrantes, pero no entre las partes involucradas. Porque los que están llevando el movimiento son otros, que están al margen. Y si ellos son invitados a destrabar el conflicto, nadie debería restarse en participar". Sobre esto, dice que confía en el actual intendente Miguel Hernández. "Yo confío en que el intendente Miguel Hernández va a hacer un esfuerzo para destrabar el conflicto, no como en los anteriores. Hay que entender que la función de todos los intendentes está establecida por la Ley y ninguno tiene un mandato más fuerte o amplio que el anterior. Si alguien cree eso, está desinformado", cerró Aucán.


martes, 21 de marzo de 2017

Corte de la OEA,CIDH, estudia sentencias y resoluciones contra estado $hileno por ley antiterrori$ta



Corte-IDH sancionará demanda contra el Estado chileno por utilización de ley Antiterrorista


Paula Correa |Jueves 6 de febrero 2014 17:42 hrs.-radio.uchile.cl



La Corte Interamericana de Derechos Humanos revisará una serie de casos en los que representantes del pueblo mapuche demandan al Estado por la utilización de la ley Antiterrorista. 

En esta instancia, Chile podría ser obligado a reparar a los involucrados y corregir el marco institucional que facilitó el abuso, con lo que se modificaría forma en la que se está aplicando esta ley de excepción.

Hace pocos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que “estudiará la posibilidad de emitir dos sentencias y diversas resoluciones”, dentro de las cuales se incluye la primera demanda contra el Estado chileno por la utilización de la Ley Antiterrorista que llega a un tribunal Internacional.

La Corte-IDH, como se le llama, indica que el caso se refiere a la violación de los derechos al principio de legalidad, no discriminación e igualdad ante la ley, además de varias de las garantías judiciales como la libertad personal, libertad de pensamiento y de expresión, derechos políticos, integridad personal, protección a la familia y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

Entre varios casos que fueron aglutinados en una misma causa se incluye la experiencia de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, el del lonko Víctor Ancalaf y el caso Poluco Pidenco, donde se acusa entre otros a la emblemática dirigenta Patricia Troncoso.

Pascual, hijo del lonko Pichún, se refirió al sentimiento con el que esperan este fallo: “Estamos muy ansiosos en lo que vaya a resolver la corte y también, de cierta forma, seguros y esperanzados en que nos va a ir bien, porque nuestra defensa tanto en equipos de abogados como de parte de la gente que fue a la audiencia a dar testimonio en el caso, creo que todos esos antecedentes han aportado a demostrar que el Estado chileno ha sido discriminatorio en sus políticas, principalmente de persecución hacia las personas mapuche y, en este caso hacia las autoridades mapuche, como es el caso de nuestro fallecido lonko”.

Según la Comisión, el caso se inserta dentro de “un presunto reconocido contexto de aplicación selectiva de la legislación Antiterrorista en perjuicio de miembros del pueblo indígena Mapuche en Chile”. 

De corroborarse esta situación, Chile podría ser sancionado, es decir, se le instaría a reconocer el error, reparar a los involucrados y corregir el marco institucional que facilitó el abuso, con lo que se modificaría forma en la que se está aplicando esta ley de excepción.