Comunidad mapuche se enfrenta a familia Pinochet por demanda de tierras
Abril Becerra-Lunes 22 de agosto del 2016 a las 11:51 am
Producto de un fallo del primer Juzgado de letras de Osorno, la comunidad indígena Llanquileo tendrá que desalojar los predios del fundo El Pafu de la comuna de Puyehue. La sentencia corresponde a un juicio iniciado por Julio Ponce Lerou. En tanto, desde la comunidad dicen estar tranquilos, pese a que ya han sido expulsados en otras oportunidades.
El 30 de julio de 2016 el primer Juzgado de Letras de Osorno dio cuenta de un fallo que sentenció a la comunidad Llanquileo a abandonar sus tierras.
El juicio comenzó en 1990 cuando el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, exhibió unos documentos que acreditaron la posesión del fundo. Posteriormente, la batalla quedó en manos de su hija Francisca Ponce Pinochet, quien denunció una toma “ilegítima” del predio.
El sector en cuestión corresponde al fundo El Pafu ubicado a 10 kilómetros aproximadamente de Laguna Espejo de la comuna de Puyehue, un área netamente agrícola que fue habitada por los comuneros a principios de 1900.
Según los testimonios presentes en el fallo, en la zona existió una “ocupación permanente e intensiva” de la cultura mapuche huilliche. En este sentido, el documento especifica que la principal actividad económica de la comunidad fue la agricultura y la ganadería. También relata que en el lugar se establecieron “sitios e hitos ceremoniales como un Trayen ko (salto de agua sagrado, el cual además es riquísimo en hierbas medicinales) y un winkul (pequeño cerro o loma que (…) tiene un gen o espíritu protector)”.
De acuerdo a la contestación de la demanda, en 1999 la comunidad fue desalojada por carabineros y militares, quienes “quemaron los enseres domésticos”. “De esta manera, – los miembros de la comunidad indígena – tuvieron que subsistir en hogares y albergues proporcionados por la Ilustre Municipalidad de Puyehue al efecto, por un lapso de tres meses, luego de los cuales tuvieron que incluso vivir en la calle, en un medio urbano que no estaban acostumbrados”, añade el texto.
Posteriormente, en 2014 la comunidad volvió a habitar el terreno.
Hoy y de cara al fallo Juan Guerrero Castro, líder de la comunidad, dijo estar tranquilo: “Actualmente viven en el sector 21 familias, la mayoría agricultores. Nosotros somos nacidos y criados aquí y también criamos a nuestros hijos en este lugar”, comentó.
“Aquí llegaron mis abuelos en 1920 cuando no habían caminos y construcciones. Hemos estado siempre viviendo en este lugar”, relató.
El dirigente también señaló que la batalla judicial ha sido difícil. En esta línea, explicó que la familia Ponce Pinochet ha ejercido influencias en el caso. “Ellos, a través de la plata han arreglado documentos y además, en el tiempo de Pinochet tuvieron acceso a las escrituras lo que les permitió adjudicarse las tierras”, subrayó.
Esta semana el juicio vivió otro giro. Esto, porque el martes 16 de agosto la comunidad apeló al fallo, lo que retrasó su desalojo.
Según Juan Guerrero existen otras comunidades, además de la que lidera, que tienen procesos judiciales abiertos por demandas de tierras. En este sentido, expresó que “el Estado tiene una deuda con el pueblo mapuche, porque no los reconoce como personas ancestrales”. Esto, pese a estar inscritos en el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas de la Conadi.
El caso y la Ley Indígena
El juicio contra la comunidad también coloca de manifiesto el peso que posee la Ley Indígena en este tipo de fallos.
Esto, ya que según el Artículo 1 de esta normativa “el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”.
“Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender su ampliación”, dice.
Según Ana Llao, ex consejera de Conadi, “el Estado ha sido silencioso” porque no ha tomado las decisiones correspondientes pese a que existe una ley. “El Gobierno no ha cumplido lo que dice la Ley Indígena, tampoco ha cumplido lo que dice el Convenio 169. Entonces nos encontramos con un Estado indolente que ha dejado que los que tienen el poder económico sigan cometiendo injusticias y atrocidades contra los mapuche”, subrayó.
Además, Ana Llao fue crítica respecto del rol de la Conadi. De acuerdo a ello manifestó que “esta institución esta intervenida políticamente”.
“La Conadi en vez de resolver estos temas está resolviendo los compromisos de los gobiernos. Está respondiendo a favores políticos, entonces no es una institución que está preocupada por velar por los derechos de los indígenas que es el objetivo por el cuál nació”, recalcó.
En este contexto, Juan Guerrera Castro indicó que por ahora han actuado solos, sin apoyo de organismos estatales o parlamentarios. Sin embargo, recalcó estar a la espera de la apelación realizada la semana recién pasada.
Hace décadas la comunidad Llanquilef de Puyehue (cercanías de Osorno) lucha judicialmente contra la hija de Julio Ponce Lerou y nieta del dictador Augusto Pinochet. La hija del dueño de SQM exige como propios unos terrenos que la comunidad reivindica como tierras ancestrales.
Producto de un fallo del primer Juzgado de letras de Osorno, la comunidad indígena Llanquileo tendrá que desalojar los predios del fundo El Pafu de la comuna de Puyehue. La sentencia corresponde a un juicio iniciado por Julio Ponce Lerou. En tanto, desde la comunidad dicen estar tranquilos, pese a que ya han sido expulsados en otras oportunidades.
El 30 de julio de 2016 el primer Juzgado de Letras de Osorno dio cuenta de un fallo que sentenció a la comunidad Llanquileo a abandonar sus tierras.
El juicio comenzó en 1990 cuando el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, exhibió unos documentos que acreditaron la posesión del fundo. Posteriormente, la batalla quedó en manos de su hija Francisca Ponce Pinochet, quien denunció una toma “ilegítima” del predio.
El sector en cuestión corresponde al fundo El Pafu ubicado a 10 kilómetros aproximadamente de Laguna Espejo de la comuna de Puyehue, un área netamente agrícola que fue habitada por los comuneros a principios de 1900.
Según los testimonios presentes en el fallo, en la zona existió una “ocupación permanente e intensiva” de la cultura mapuche huilliche. En este sentido, el documento especifica que la principal actividad económica de la comunidad fue la agricultura y la ganadería. También relata que en el lugar se establecieron “sitios e hitos ceremoniales como un Trayen ko (salto de agua sagrado, el cual además es riquísimo en hierbas medicinales) y un winkul (pequeño cerro o loma que (…) tiene un gen o espíritu protector)”.
De acuerdo a la contestación de la demanda, en 1999 la comunidad fue desalojada por carabineros y militares, quienes “quemaron los enseres domésticos”. “De esta manera, – los miembros de la comunidad indígena – tuvieron que subsistir en hogares y albergues proporcionados por la Ilustre Municipalidad de Puyehue al efecto, por un lapso de tres meses, luego de los cuales tuvieron que incluso vivir en la calle, en un medio urbano que no estaban acostumbrados”, añade el texto.
Posteriormente, en 2014 la comunidad volvió a habitar el terreno.
Hoy y de cara al fallo Juan Guerrero Castro, líder de la comunidad, dijo estar tranquilo: “Actualmente viven en el sector 21 familias, la mayoría agricultores. Nosotros somos nacidos y criados aquí y también criamos a nuestros hijos en este lugar”, comentó.
“Aquí llegaron mis abuelos en 1920 cuando no habían caminos y construcciones. Hemos estado siempre viviendo en este lugar”, relató.
El dirigente también señaló que la batalla judicial ha sido difícil. En esta línea, explicó que la familia Ponce Pinochet ha ejercido influencias en el caso. “Ellos, a través de la plata han arreglado documentos y además, en el tiempo de Pinochet tuvieron acceso a las escrituras lo que les permitió adjudicarse las tierras”, subrayó.
Esta semana el juicio vivió otro giro. Esto, porque el martes 16 de agosto la comunidad apeló al fallo, lo que retrasó su desalojo.
Según Juan Guerrero existen otras comunidades, además de la que lidera, que tienen procesos judiciales abiertos por demandas de tierras. En este sentido, expresó que “el Estado tiene una deuda con el pueblo mapuche, porque no los reconoce como personas ancestrales”. Esto, pese a estar inscritos en el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas de la Conadi.
El caso y la Ley Indígena
El juicio contra la comunidad también coloca de manifiesto el peso que posee la Ley Indígena en este tipo de fallos.
Esto, ya que según el Artículo 1 de esta normativa “el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”.
“Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender su ampliación”, dice.
Según Ana Llao, ex consejera de Conadi, “el Estado ha sido silencioso” porque no ha tomado las decisiones correspondientes pese a que existe una ley. “El Gobierno no ha cumplido lo que dice la Ley Indígena, tampoco ha cumplido lo que dice el Convenio 169. Entonces nos encontramos con un Estado indolente que ha dejado que los que tienen el poder económico sigan cometiendo injusticias y atrocidades contra los mapuche”, subrayó.
Además, Ana Llao fue crítica respecto del rol de la Conadi. De acuerdo a ello manifestó que “esta institución esta intervenida políticamente”.
“La Conadi en vez de resolver estos temas está resolviendo los compromisos de los gobiernos. Está respondiendo a favores políticos, entonces no es una institución que está preocupada por velar por los derechos de los indígenas que es el objetivo por el cuál nació”, recalcó.
En este contexto, Juan Guerrera Castro indicó que por ahora han actuado solos, sin apoyo de organismos estatales o parlamentarios. Sin embargo, recalcó estar a la espera de la apelación realizada la semana recién pasada.
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Comunidad mapuche deberá abandonar tierras tras lucha judicial contra nieta de Pinochet
Hace décadas la comunidad Llanquilef de Puyehue (cercanías de Osorno) lucha judicialmente contra la hija de Julio Ponce Lerou y nieta del dictador Augusto Pinochet. La hija del dueño de SQM exige como propios unos terrenos que la comunidad reivindica como tierras ancestrales.
Este domingo se dio a conocer que la justicia ordenó a los mapuche abandonar las tierras, una decisión aún apelable por la contraparte.
Por eldesconcierto.cl@eldesconcierto
Foto de Referencia. Captura de Youtube.
En 1999 la comunidad indígena Llanquilef (o Llanquileo) comenzó a vivir una ardua batalla judicial contra la hija del dueño de SQM, Julio Ponce Lerou y al mismo tiempo nieta del dictador Augusto Pinochet Ugarte, Francisca Ponce Lerou.
Por esas fechas la comunidad ocupaba unos territorios en el fundo El Pafú, en el sector Laguna Espejo en Puyehue, en las cercanías de Osorno. Sin embargo dichos terrenos fueron reclamados por el controvertido empresario quien exhibió documentos que acreditarían una compra. La comunidad, entonces, fue desalojada por la fuerza.
Pero la historia continuó. En 2014 las 21 familias volvieron a tomarse los terrenos exigiéndolos como propios, aludiendo a que son tierras ancestrales y decidieron querellarse contra la nieta de Pinochet, Francisca Ponce Lerou, quien figura como dueña actualmente luego de un traspaso el año 2015.
Sin embargo, recibieron una contra demanda por parte de la nieta del dictador que ha dado ciertos resultados. Según informa Bío Bío este domingo, la justicia acogió la querella de restitución de los terrenos por lo que, tal como dice el texto, “se declara que los demandados deberán restituir el predio objeto del juicio dentro del décimo día, contando desde que la sentencia sea ejecutoriada”.
Eso significa, básicamente, que la comunidad debe abandonar los terrenos o será desalojada por la fuerza en los próximos días diez luego que la sentencia sea ejecutoriada.
Ahora a la comunidad le queda la apelación que realizarán en los próximos días. Juan Guerrero, hijo del expropietario de los terrenos y presidente de la comunidad, confirmó que apelarán a la resolución. El dirigente mapuche, sin embargo, se mostró decepcionado porque la justicia no habría comado en cuenta los antecedentes que maneja la comunidad y que confirmarían con la Conadi que la comunidad sí es habitante ancestral de la zona de Puyehue, como consigna Werken.cl.
Foto de Referencia. Captura de Youtube.En 1999 la comunidad indígena Llanquilef (o Llanquileo) comenzó a vivir una ardua batalla judicial contra la hija del dueño de SQM, Julio Ponce Lerou y al mismo tiempo nieta del dictador Augusto Pinochet Ugarte, Francisca Ponce Lerou.
Por esas fechas la comunidad ocupaba unos territorios en el fundo El Pafú, en el sector Laguna Espejo en Puyehue, en las cercanías de Osorno. Sin embargo dichos terrenos fueron reclamados por el controvertido empresario quien exhibió documentos que acreditarían una compra. La comunidad, entonces, fue desalojada por la fuerza.
Pero la historia continuó. En 2014 las 21 familias volvieron a tomarse los terrenos exigiéndolos como propios, aludiendo a que son tierras ancestrales y decidieron querellarse contra la nieta de Pinochet, Francisca Ponce Lerou, quien figura como dueña actualmente luego de un traspaso el año 2015.
Sin embargo, recibieron una contra demanda por parte de la nieta del dictador que ha dado ciertos resultados. Según informa Bío Bío este domingo, la justicia acogió la querella de restitución de los terrenos por lo que, tal como dice el texto, “se declara que los demandados deberán restituir el predio objeto del juicio dentro del décimo día, contando desde que la sentencia sea ejecutoriada”.
Eso significa, básicamente, que la comunidad debe abandonar los terrenos o será desalojada por la fuerza en los próximos días diez luego que la sentencia sea ejecutoriada.
Ahora a la comunidad le queda la apelación que realizarán en los próximos días. Juan Guerrero, hijo del expropietario de los terrenos y presidente de la comunidad, confirmó que apelarán a la resolución. El dirigente mapuche, sin embargo, se mostró decepcionado porque la justicia no habría comado en cuenta los antecedentes que maneja la comunidad y que confirmarían con la Conadi que la comunidad sí es habitante ancestral de la zona de Puyehue, como consigna Werken.cl.
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