TEMUKO- COMUNICADO PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE

Comunicado público

En memoria del weichafe Camilo Catrillanka, a un año del crimen de estado, que por la espalda lo asesino.

A la nación mapuche, oprimidos y luchadores en general, los Presos Políticos Mapuche del módulo comunero, recluidos en la cárcel de Temuco, reclamamos lo siguiente:

Quienes escribimos esto pertenecemos a diversos lof y orgánicas, pero a un solo pueblo, en este contexto hemos compartido, reflexionado, recordando al peñi quienes lo conocieron, alcanzando algunas ideas en común.

El peñi Camilo fue un luchador de su lof, su territorio, de nuestra nación contra la opresión al que el sistema winka nos somete cada día en todo el territorio ancestral mapuche, asesinado cobardemente por la espalda a manos de los trewas armados del poder, un crimen político de Terrorismo de Estado, un plan sistemático contra nuestro pueblo con zonas militarizadas, presos y muertos políticos solo para proteger los intereses de terratenientes y transnacionales. 

En este sentido surgió una reflexión en torno al concepto de pedidos de justicia, diferenciando claramente lo que plantea el winka, lo que en realidad significa "justo" y la necesidad de retomar y profundizar lo que como mapuche de nuestro kuifirakizuan debemos ser y hacer para restablecer la justicia mapuche.

Como parte consciente de nuestra lucha histórica contra el winka y su sistema capitalista, reafirmamos la validación y apoyo de todas las formas de luchas desde las pacíficas hasta las más confrontacionales, en ejercicio de justicia, memoria, recuperación y defensa del Territorio y nuestra gente.

En este mes se conmemora 3 weichafes asesinados por el winka, Lemun, Nahuel y Catrillanka en ambos lados de la cordillera y pronto Catrileo es un conflicto nacional frente a dos estados que obedece al mismo sistema opresor.

Llamamos a recordar al peñi Camilo cómo todos los weichafes caídos en la misma senda luchando, ejerciendo el derecho de nuestra propia forma de justicia, con nuestros valores y práctica, el derecho a la rebelión y la autodeterminación de los pueblos oprimidos, mediante la recuperación y control territorial, autodefensa y reconstrucción de nuestro mundo expulsando el capitalismo, como nuestros lof, orgánicas, comuneros consideren de forma digna y responsable, contra los poderosos nunca contra otros oprimidos.

- Justicia mapuche por Catrillanka y todos nuestros muertos

- Fuera winka capitalista del territorio mapuche

- Libertad a los presos políticos mapuche

- Territorio, autonomía, reconstrucción y liberación nacional mapuche !!

Amulepe taiñ kuifi weichan, iafulungue pu weichafes, kalfu wenu like kalfu wenu chao la taiñ kumeche iem kellutunga taiñ Montiel meu, kishugunewunke marichiweu!!

Benito Trangol Galindo

Pablo Trangol Galindo

Machi Celestino Córdova Tránsito

Lonko Alberto Curamil Millanao

José Cáceres Salamanca

Álvaro Millalen Gutiérrez

Jorge Cayupan Ñirripil

Daniel Canio Trancal

Lonko Facundo Jones Huala

Juan Cheuqueta cheuquepil

Rodrigo Queipul Morales

Comunicado de Presos Políticos Mapuche de la cárcel de Temuko/MARCHA MAPUCHE

COMUNICADO PÚBLICO Presos Políticos Mapuche

Los presos políticos Mapuches privados de libertad en la cárcel de Temuco respaldamos el llamado realizado por la autoconvocatoria de organizaciones, comunidades y territorios movilizados en defensa del Itrofil Mogen, que han convocado a una marcha por las calles de Temuko el día miércoles 26 de Septiembre con la finalidad de denunciar y oponerse a las iniciativas centralistas negacionistas de los derechos del pueblo Mapuche anunciadas por este gobierno, como son las contenidas en el denominado Plan Impulsa Araucanía , y la modificación a la ley indígena ( articulo 13) que permitiría el arriendo y venta de terrenos indígenas, política que iniciaría mediante artilugios legales un nuevo proceso de despojo del territorio Mapuche.

Por otra parte nos sumamos de forma categórica a los llamados realizados a terminar con la persecución política y montajes judiciales a autoridades, dirigentes, luchadores e integrantes del pueblo Mapuche con la finalidad de encarcelarlos en las diversas cárceles del país.

Los Presos Políticos Mapuches de la cárcel de Temuko hacemos un llamado a la resistencia y movilización en los distintos territorios del WallMapu y avanzar en los procesos de unidad en torno a objetivos como la autonomía y libre determinación de nuestro pueblo.

RUMEL NEWENTULEAIÑ

Alberto Curamil
Celestino Córdova
Álvaro Millalen
Benito Trangol
Jose Cáceres
Pablo Trangol.
Tavo Levi
20SEP18

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COMUNICADO: CONVOCATORIA MARCHA MAPUCHE POR LA RESTITUCIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO EN TEMUKO: MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En la ciudad de Temuco, el día 31 de agosto de 2018, luego de varios encuentros entre organizaciones y comunidades mapuche, hemos arribado a una visión común y unitaria sobre algunas de las preocupaciones y situaciones que nos afectan como pueblo en la actualidad.

Una de esas preocupaciones más importantes, tiene que ver con nuestras tierras, territorios, aguas y todos sus componentes (MAPU), que forman parte esencial de nuestra existencia y proyección como mapuche. La cual, se encuentra amenazada por los anuncios y medidas gubernamentales que se vienen presentando a nuestras espaldas, como parte del llamado plan IMPULSO ARAUCANÍA. 

Plan que rechazamos, porque se ha construido sin nuestra participación ni consentimiento, donde las personas mapuche que vienen conversando con el gobierno no nos representan, principalmente, porque el tema de la restitución territorial no está sobre la mesa de esas conversaciones.

Por ello, como referentes de base, hemos tomado la decisión de auto convocarnos y avanzar en resoluciones preliminares, tanto para responder a dicha política gubernamental como también para convocar a nuestros pueblo a manifestar su descontento bajo el principio de la unidad. 

Para lo cual comunicamos lo siguiente:

1. La respuesta gubernamental acerca del proceso de restitución territorial ha sido confusa y poco transparente. Como ejemplo, han informado a nuestros dirigentes desde CONADI que –ahora- se devolverán sólo las hectáreas que restan del Título de Merced, Acto que consideramos regresivo y atentatorio contra el principio de ampliación de nuestro espacio territorial consagrado en el derecho mapuche (Azmapu), en la propia ley indígena y en los instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Es de consenso Mapuche la oposición a cualquier modificación de la ley indígena que permita su venta o arrendamiento de nuestras tierras. Consideramos que esta propuesta de Gobierno, busca perpetuar la lógica colonialista que ha caracterizado al Estado en su relación con el Pueblo mapuche, que considera que el “desarrollo” sólo es posible desde aquellos actores (patronal-empresariales) con posibilidades de arrendar tierras mapuche, y no desde los propios mapuche a través del necesario pago de la deuda histórica de parte del Estado, para hacer posible un “desarrollo propio” en las tierras que han sido devueltas. 

Es de suma importancia precisar que las condiciones de precariedad económica que caracterizan a la sociedad Mapuche hoy, es consecuencia de la ocupación militar, del despojo territorial y material y la negación de nuestra existencia colectiva, que impulsó el Estado chileno al anexar el Wallmapu a su jurisdicción, a través del proceso de conquista (1856-1881) y su posterior radicación (entregando Títulos de Merced). 

3. Se aprueba la idea de continuar con la oposición a proyectos extractivistas y/o contaminantes en Wallmapu, especialmente forestales, salmoneros, hidroeléctricos, entre otros que no respeten el frágil equilibrio que aún subsiste en nuestra tierra. Se destaca que las formas de vida mapuche es respetuosa de la naturaleza, por lo que cualquier iniciativa de “desarrollo” debe ser respetuosa de nuestras lógicas y conocimientos. Ello, cobra especial relevancia en el contexto de crisis ecológica y medio ambiental que sacude al wallmapu, chile y el mundo actual; justamente a consecuencia de ese “desarrollo” que se nos quiere imponer y que rechazamos desde nuestros propios conocimientos acerca de la naturaleza (IxoFillMogen).

4. Exigimos la libertad de TODOS los Presos Políticos Mapuche, especialmente del logko Alberto Curamil Millanao y del werken Álvaro Millalen, quienes fueron y forman parte convocante de este encuentro unitario como pueblo. 

Rechazamos el montaje del que han sido víctimas, y confiamos plenamente en su inocencia.

5. Por lo anterior, anunciamos y convocamos a una masiva marcha mapuche POR LA RESTITUCIÓN Y DEFENSA TERRITORIAL en la ciudad de Temuco, para el día miércoles 26 de septiembre desde las 10 de la mañana en la Plaza Hospital. Nuestro llamado se extiende a todas las comunidades, organizaciones, personas mapuche y chilenos solidarios a sumarse a esta movilización por la defensa de nuestra MAPU, y repudiar la política empresarial que impulsa este gobierno que busca frenar el avance de nuestros derechos territoriales.

DECIMOS NO AL ARRIENDO DE NUESTRAS TIERRAS¡¡¡

POR LA DEVOLUCIÓN DE NUESTRAS TIERRAS¡¡¡

EXIGIMOS LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE¡¡¡¡

Suscriben la auto convocatoria:

Samuel Morales, lof Wimpil, Galvarino
Luis Araneda, Comunidad Benancio Huenchupan, Curacautin
Arturo Catalan, comunidad Antonio Millalen, (vocero del PPM Alvaro Millalen), Lautaro.
Omar Calbuñir, Asociación de comunidades de Puren
Aliwen Antilao, lof Peleko, Cañete
Patricio Paine, Comunidad Martin Quiñenao Montre, Perquenco
Javier Meliman, lof Trapilwe, Freire
Leocadio Sánchez, lof Pelewe, Teodoro Schmidt
José Santander Pichun, lof Triftrifko, Galvarino
Alejandro Huaiquiñir, Territorio Bajo Pellawen, Lumako
André Pichincura, Comunidad Didaico, Triguen
Belén Curamil, werken del logko (PPM) Alberto Curamil, Curacautin
Fernando Huaiquil Paillal, Lof Mañiuko, Galvarino
José Cheuquepan, lof Weñivales, Curacautin
Sonia Lemunao, Comunidad Manuel Lemunao, Pitrufken
Ingrid Coñoman, Traiguen
Juan Carlos Vargas, Tirúa
Eliana Quintulef, Curarrewe
Carmen Millan, Comunidad Juan Millaguir Traiguen
Esterlina Marihual, Comunidad Ñanco Marihual, Traiguen
Isrrael Reyes, Traiguen
Rosario Saez Cayun, Comunidad Antonio Aniñir, Traiguen
Ruth Loncomilla, Lof Lefluan, Traiguen
María Norin, lof kilkilko, Tirua
Bernabé Huenchunao, Comunidad Fuente Nahuelpan, Tirua
Heraldo Quiñamil, lof Chamichako, Ercilla
Marta Quilacan Llancafilo, Curarrewe
María Colicuan, Curarrewe
David Jara Millalen, lof Mañiuko Alto, Galvarino
Jonathan Lara Millao, Comunidad Juan Cayupi, Freire
Rodrigo Huilipan, Comunidad Santiago Lincoñir, Padre Las Casas
Dagoberto Colihuinca, lof Llufkentuwe, Galvarino
Victor Emilio Paillan, Curarrewe
Paula Huenumilla, Comunidad Lliko, Arauco
Miriam Ancal, Comunidad Juan Puen, Puren
Blanca Catrileo, Comunidad Juana Carriman, Puren
Brenda Millaqueo, comunidad Manuel Cariqueo, Teodoro Schdmit
Jocelin Milla, comunidad Andrés Caniullan, Freire
Rosa Quiñemil, comunidad Cañuta Calfuqueo, Ercilla
Adela Carinao, comunidad Juan Lincopan, Tirua
Blanca Flores comunidad Francisco Millabur Caucau, Tirua
Milessa, García Catripan, comunidad Juanita Curipichun, Curarrehue
Margarita Peñeipil, comunidad Antonio Peñaipil, Galvarino
Shakin Huaiquil, Lof Mañiuko Bajo, Galvarino
Jorge Malleo, Boroa, Imperial
Ernesto Lincoñir, comunidad Los Temu, Galvarino
Oscar Quilaleo, lof Pangueko, Galvarino
Rogelio Nahuel, lof Aguas Buenas, Traiguen
Mario Curihuentro, lof Huilio, Freire
Miguel Jimenez Ancavil, Quepe, Freire
Ximena Mercado, Quepe, Freire
Ely López, Lof Trankura, Curarrewe
Iván Carilao, Consejero Nacional Mapuche ante la CONADI
José Millalen, Consejero Nacional Mapuche ante la CONADI
Javier Marihuen, Identidad Territorial Lafkenche
Mijael Carbone Queipul, Alianza Territorial Mapuche-ATM

Publicado por ATM Comunicaciones

http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/2018/09/comunicado-convocatoria-marcha-mapuche.html

Criminalización a mapuche con juicios INJUSTOS dice Amnistía Internacional

CHILE: AUTORIDADES CRIMINALIZAN A PERSONAS MAPUCHE A TRAVÉS DE JUICIOS INJUSTOS

9, Ago. 2018

Las autoridades chilenas están usando la ley “Antiterrorista” para llevar a personas mapuche a juicios injustos, estigmatizándolos y criminalizando a sus líderes, manifestó hoy Amnistía Internacional- precisamente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas- durante la presentación de un nuevo informe titulado Pre-juicios injustos: Criminalización del pueblo mapuche a través de la Ley Antiterrorista.

“Es inaceptable que el Estado chileno persista en llevar a personas mapuche a juicios que no otorgan las garantías del debido proceso, haciendo uso de una ley ‘Antiterrorista’ reiteradamente criticada. En vez de estigmatizarles y violar sus derechos, las autoridades deberían tomar medidas decisivas para erradicar la discriminación en su contra”,dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Durante años, Amnistía Internacional ha advertido que la ley “Antiterrorista” contiene normas que violan las garantías del juicio justo. 

En este contexto, la organización observó los juicios del caso Luchsinger Mackay y del caso por la quema de una iglesia en Padre las Casas, ambos llevados bajo esta legislación en contra de personas mapuche.

En el primer caso, la Fiscalía acusó a 11 personas mapuche de haber incendiado un predio donde murió el matrimonio Luchsinger Mackay en 2013 (habiendo otra persona ya condenada con anterioridad). 

En el otro caso, se acusó a cuatro personas de haber quemado una iglesia evangélica en 2016, en un incidente donde no resultaron personas afectadas.

Este martes 7 de agosto, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó las condenas de 10 años y 1 día contra los hermanos Pablo y Benito Trangol, como autores del delito de incendio de la iglesia de Padre Las Casas. 

Amnistía Internacional lamenta profundamente esta determinación, pues la Corte de Apelaciones tenía la posibilidad de remediar la injusticia sufrida por estos dos comuneros mapuche; sin embargo, decidió mantener una condena otorgada tras un juicio injusto que no respetó las garantías mínimas de un debido proceso.

“Es imperativo investigar a fondo estos crímenes y llevar ante la justicia a los responsables; sin embargo, esto debe hacerse siempre respetando el debido proceso para asegurar así un juicio justo, y con ello la dignidad y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias. Lo alarmante es que en ambos casos observados se produjeron irregularidades que claramente los convierten en juicios injustos, y hay razones para pensar que ello podría deberse a la identidad mapuche de las personas imputadas”, señaló Erika Guevara Rosas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Chile en 2014, debido a la aplicación de la ley “Antiterrorista” en contra de personas mapuche, en el caso “Norín Catrimán y otros v. Chile”. 

Ello, principalmente, por haber hecho uso prolongado e injustificado de la prisión preventiva, por haber utilizado testigos anónimos como elemento principal para condenar, y por haber utilizado argumentación discriminatoria y estigmatizante en contra del pueblo mapuche.

El nuevo informe de Amnistía Internacional alerta que Chile no sólo ha incurrido nuevamente en las mismas conductas que motivaron aquella condena, sino que además ha cometido irregularidades adicionales, como el hostigamiento hacia algunos abogados defensores, testigos y familiares de los imputados y la utilización de pruebas ilegales, y cuyas denuncias al respecto no fueron investigadas.

Aunque en algunos de estos casos los tribunales intervinientes han descartado la calificación de “terrorista” del delito, se usaron mecanismos previstos en esta ley durante el proceso judicial.

“Tras el análisis realizado podemos concluir, sin lugar a dudas, que estamos frente a juicios injustos. Instamos a las autoridades chilenas a tomar medidas para corregir con premura los errores y evitar situaciones similares que pongan en descubierto la histórica discriminación en contra de personas mapuche”, dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

Amnistía Internacional recomienda que las autoridades chilenas adopten, entre otras, las siguientes medidas:

-Garantizar justicia para las personas ya condenadas en ambos procesos judiciales: José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, José Peralino Huinca, Benito Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo.

-Modificar las normas constitucionales y legales que hacen que los juicios por delitos “terroristas” sean injustos, incluyendo una definición de “terrorismo” que se halle en plena concordancia con el principio de legalidad, la regulación de la prisión preventiva, el secreto prolongado de la investigación y el uso de testigos anónimos.

-Adoptar todas las medidas para que Fiscalías y policías actúen en forma objetiva y recaben las pruebas de manera adecuada. Además, se debe investigar exhaustivamente las denuncias de las pruebas obtenidas de manera ilegal y los malos tratos o apremios hacia imputados, abogados o testigos. Esto para evitar que se introduzcan pruebas ilegales en los juicios.

https://amnistia.cl/noticia/chile-autoridades-criminalizan-a-personas-mapuche-a-traves-de-juicios-injustos/

Para ver y bajar el documento Informe de Amnistía: https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/8862/2018/es/

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Pruebas ilícitas, persecución a abogados y discriminación: El análisis de Amnistía Internacional de los casos Luchsinger e Iglesia

El informe de seguimiento de ambos casos judiciales da cuenta, en opinión del organismo internacional, de una serie de faltas de garantías y vulneración de derechos a los comuneros mapuche que fueron imputados. Dicen, entre otras cosas, que la policía incurrió en "ilegalidades y vulneraciones de los derechos humanos de los imputados", con el visto bueno de la Fiscalía.

Por Francisco Parra / 09.08.2018 @frparrag

Dos casos judiciales que contravienen directamente las normas del derecho internacional y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile en el año 2014 por el uso discriminatorio de la Ley Antiterrorista contra dirigentes del pueblo mapuche.

La historia que se repite. 

Esa es la gran conclusión del informe de Amnistía Internacional sobre los bullados casos “Luchsinger Mackay” e “Iglesia”, que marcaron los últimos meses en La Araucanía. En el primero, los tribunales condenaron a Luis Tralcal, José Tralcal y José Peralino por el delito de incendio de carácter terrorista y muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, aunque falta todavía el pronunciamiento de la Corte Suprema para dejar la sentencia firme. 

En el segundo, los hermanos Pablo y Benito Trangol fueron condenados a 10 años de prisión por la quema de un templo evangélico en Padre de las Casas.

Amnistía hizo un proceso de seguimiento de ambos casos y realizó un informe, al que tuvo acceso El Desconcierto. 

“Luego de un minucioso estudio de ambos procesos, lamentablemente la organización ha encontrado que el Estado chileno no solo ha incurrido nuevamente en las mismas conductas que motivaron la condena de la CIDH, sino que además fue posible detectar puntos de preocupación adicionales”.

Específicamente, Amnistía cuestiona que los 16 mapuche que fueron llevados a juicio sufrieron de los alcances extraordinarios de la Ley Antiterrorista, que contribuyó en vulnerar sus derechos a la legítima defensa. Aquí presentamos las principales conclusiones.

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Las dudas sobre la sentencia del caso Luchsinger Mackay

Testigos reservados

Amnistía da cuente de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la protección de la identidad de los testigos debe ser regulada “de tal manera que tenga contrapesos suficiente para asegurar un adecuado contrainterrogatorio por parte de las defensas (…) en ningún caso un testigo anónimo debe servir como principal prueba para una condena”. Y eso es lo que ocurrió en el caso Iglesia, dice el informe.

En Chile, la Ley Antiterrorista entrega atribuciones la Ministerio Público y los tribunales para que seprohíba relevar la identidad de ciertos testigos. El Juzgado de Garantía de Temuco determinó proteger la identidad de cinco testigos del caso, que estaban dentro del templo cuando se inició al ataque. Todos declararon en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, detrás de biombo que ocultaba a los testigos de los imputados y del público.

“La continua denegación de las garantías judiciales y el derecho al debido proceso de las personas mapuche que fueron procesadas en el caso ‘Iglesia’ es de suma gravedad, en especial porque ya la Corte IDH había identificado esta práctica como violatoria de los derechos humanos en el fallo Norín Catriman y otros”.


Declaración de uno de los testigos protegidos en el caso Iglesia

La organización asegura que, tomando la lectura de sentencia, se concluye que “la declaración de dos de estos testigos fue la única prueba que permitió al tribunal concluir la culpabilidad de las dos personas condenadas en el juicio ‘Iglesia’. 
En este juicio todas las pruebas materiales existentes en contra de los imputados fueron obtenidas en una detención que el tribunal declaró ilegal y por eso excluyó las demás pruebas. 
En consecuencia, la única prueba de cargo restante fue la declaración de dos testigos anónimos y en particular el hecho de que reconocieron a los dos condenados como participantes de los hechos”.

Amnistía dice directamente que las condenas del caso Iglesia fueron producto “de un juicio injusto que no respetó las garantías del debido proceso”.

La Fiscalía de la Temuco argumentó que el reconocimiento de los testigos a Benito y Pablo Trangol “fue espontáneo”, pero en el juicio quedó comprobado que el reconocimiento se produjo, en realidad, un día después de los hechos, cuando vieron las imágenes de ellos detenidos en un diario y en televisión.

“Podría haberse visto inducido por el hecho de ver a las personas al momento de ser detenidas (detención que además fue declarada ilegal), vulnerando así la presunción de inocencia que las ampara”.

Prisión preventiva desproporcionada

“El caso de la machi Francisca Linconao -dice el informe- es representativo. Por lo menos en tres ocasiones se cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario (27 de mayo, 15 de julio y 20 de octubre de 2016), pero esa decisión fue revertida en todas esas oportunidades tan solo unos días después de que hubiera sido otorgada por el tribunal (2 de junio, 22 de julio y 26 de octubre de 2016). En cada ocasión, estuvo no más de una semana bajo arresto domiciliario y luego tuvo que volver a la cárcel”.

El informe apunta nuevamente a la Ley Antiterrorista, que alarga el proceso de investigación y, con eso, la prisión preventiva de los imputados. Los cuatro del caso Iglesia, por ejemplo, estuvieron un año y 10 meses en prisión preventiva. Y dos de ellos, Ariel Trangol y Alfredo Tralcal, fueron declarados inocentes. 

La misma legislación obliga a que los fallos sobre libertad condicional sean unánimes: “En al menos 13 ocasiones, la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario fue revertida por la Corte de Apelaciones de la misma ciudad pese a que existió mayoría de la sala a favor de dicha medida alternativa, en aplicación de la norma constitucional que exige unanimidad para concede libertad al tratarse de delitos ‘terroristas’. 

Eso contribuyó a la prolongación de la prisión preventiva, precisamente porque se imputaban delitos ‘terroristas’ y pese a que en el caso de la machi Francisca Linconao la misma corte había adoptado una interpretación diferente”.

“El Estado chileno continúa violando el derecho a la libertad personal mediante la aplicación desproporcionada de la prisión preventiva”, dice el informe.
Hostigamiento, intimidación y obstáculos al derecho a la defensa

El informe cita también la situación de los abogados defensores de los comuneros mapuche. Específicamente, el de Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, de la ONG Cidsur.

“En diversas ocasiones identificaron la presencia de hombres vestidos de civil que los vigilaban en los tribunales y sus alrededores, y les tomaban fotografías. Dos vehículos en los que se movilizaban las personas que los observaban pertenecían a carabineros de Chile y PDI, según el registro de matrículas vehiculares. Los abogados presentaron un recurso de amparo en contra del jefe de Carabineros de Chile IX Zona Araucania y el prefecto de la PDI ante la Corte de Apelaciones”.

Este hecho relevó que la Fiscalía había abiertos dos investigaciones penales en contra de Riquelme y Saavedra, por supuestamante obtener testigos por “vías inadecuadas”

Sebastián Saavedra y Karina Riquelme

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso, al considerar que la policía esta actuando dentro de lo “normal en los tribunales”. 

El 19 de octubre, la Corte Suprema advirtió al Ministerio Público “no interferir en el trabajo de la defensa dentro del marco de investigaciones”. Ambas investigaciones fueron cerradas en enero de 2017.

Otro episodio, del caso Iglesia, tuvo que ver con hostigamiento a la madre de los hermanos Trangol, la señora Marta Galino Carilaf. Un día después de la detención de sus hijos, carabineros llegaron a su casa en la madrugada preguntando por el paradero de otro de sus hijos, quien a la fecha ya estaba fallecido.

Obtención de pruebas

Amnistia Internacional también cuestiona y califica como irregulares algunas de las pruebas de los juicios. la primera es conocida, es la posibilidad latente de que la declaración de José Peralino Huinca, la que incriminó a los otros diez imputados en el caso Luchsinger, puede “haber sido obtenida bajo coacción”.

Peralino se querelló en contra de los dos funcionarios de la PDI que le tomaron las declaraciones que serían claves en el caso. El joven acusa apremios ilegítimos y que cuando lo llevaron a declarar en 2013 “le mostraron fotos de él y su pareja en lugares públicos y le dijeron que si no hablaba, ella iría a prisión”. 
Dice también que uno de los policías le dio dinero.

La querella se presentó en junio de 2016 y hasta la fecha, el Ministerio Público ni siquiera le ha tomado declaración a los oficiales de la PDI, Guillermo Vilches y Claudio Leiro. 
Así quedó acreditado el pasado 4 de julio de 2018, cuando el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la reapertura de la investigación y ordenó la toma de diligencias pendientes.

José Peralino Huinca

Lo mismo pasó, dice el organismo, con el allanamiento de la casa de la machi Linconao en el caso Luchsiger y la detención y registro del vehículo de los 4 imputados en el caso Iglesia.

Y en tercer lugar reclaman la contaminación de huellas por parte del personal policial, formularios de cadena de custodia incompletos, reconocimiento fotográfico que no sigue los protocolos, etc.

Estas tres situaciones, dice el informe, “levanta múltiples preocupaciones sobre la forma en la que la evidencia presentada en contra de las personas acusadas fue recabada y si se apega a los estándares de legalidad requeridos como garantía de un juicio justo”. 
Las tres, dicen, corresponden a actuar policial que “ha incurrido en ilegalidades y vulneraciones de los derechos humanos de los imputados”, con la Fiscalía validando dicho actuar.

Por último, Amnistía identificó una serie de elementos que consideran discriminatorios y estigmatizantes contra el pueblo mapuche, sobretodo en cómo los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco justificaron que el caso Luchsinger se trate de un delito terrorista.

http://www.eldesconcierto.cl/2018/08/09/pruebas-ilicitas-persecucion-a-abogados-y-discriminacion-el-analisis-de-amnistia-internacional-de-los-casos-luchsinger-e-iglesia/
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Amnistía Internacional acusa grandes deudas del Estado de Chile en temas de DD.HH.

Para la investigadora de la organización para Sudamérica, Valentina Ballesta, existen graves irregularidades en los juicios que se llevan a cabo contra comuneros mapuches, además del proceder de la Justicia liberando a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.

Rodrigo Fuentes- Jueves 9 de agosto 2018 22:06 hrs. 

“Chile volvió a cometer todas las infracciones por las cuales se condenó al Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace cuatro años”. 

Así de categórica se manifestó la investigadora de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, quien se refirió a las múltiples irregularidades en el proceder, tanto del gobierno como de la Justicia en casos que se involucra a comuneros mapuches y condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

Este jueves, en el día de los pueblos originarios, la organización dio a conocer un informe que da cuenta de las deudas y la repetición de las infracciones que sigue cometiendo la administración central, a través de la utilización de la Ley Antiterrorista contra el pueblo originario.

Para la investigadora de la organización para Sudamérica, Valentina Ballesta, el uso de testigos anónimos, investigaciones secretas por parte de la fiscalía que no son reveladas a la defensa; y la aplicación de prisiones preventivas exacerbadas, prolongadas y totalmente desproporcionadas, van en contra de los acuerdos suscritos y el derecho internacional.

“El llamado que hacemos es a anular estos juicios. La violación a las garantías judiciales, la falta de un debido proceso y el menoscabo al derecho a la defensa de las personas procesadas, va en detrimento de la verdad y la justicia. Por lo tanto, nunca, a través de un juicio injusto, las víctimas y la sociedad conocerán la verdad de los hechos, y mucho menos obtendrán verdad, reparación y justicia”, afirmó.

Amnistía Internacional se refirió, además, a los recientes dictámenes emanados desde la Corte Suprema que otorgaron la libertad a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y que permanecían recluidas en el penal de Punta Peuco.

Para Valentina Ballesta es indignante como ha procedido el Poder Judicial en esta materia, ya que, para la investigadora, no se evaluó en estricto rigor lo estipulado en los tratados internacionales suscritos por Chile.

“Cuando un Estado comete una infracción a este derecho, tenemos a la sociedad civil y al movimiento de Derechos Humanos en todo el mundo en la tarea de denunciar y hacer patente este tipo de violaciones, para que quede constancia, para ayudar a las víctimas en sus reivindicaciones, en su búsqueda de justicia, y para manifestar con firmeza que estos hechos no se sigan repitiendo”, argumentó.

Aunque la investigadora de la organización para Sudamérica, Valentina Ballesta, manifestó su frustración por el rechazo a la ley de despenalización del aborto en el Senado argentino, precisó que esta es una oportunidad para masificar la reivindicación femenina en todos los países de la región.

“Realmente la sensación es de victoria, a pesar de no obtener el resultado y que nos demoremos un poco más en obtener la reforma legislativa. Decepción por un lado, pero por otro, de que esto va a aumentar la lucha y las ganas de que los derechos de las mujeres se concreten de una vez por todas”, subrayó.

Valentina Ballesta recalcó que Argentina ha dejado pasar una oportunidad, pero que ya se ha instalado el tema en toda Sudamérica, por lo que no será la última, con tal precisó, de convertirse en un ejemplo para la región, tal como lo han hecho, por ejemplo, Uruguay o Ciudad de México.

https://radio.uchile.cl/2018/08/09/amnistia-internacional-acusa-grandes-deudas-del-estado-de-chile-en-temas-de-dd-hh/
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Amnistía Internacional denunció que la ley antiterrorista en Chile criminaliza a la comunidad mapuche

© José Caviedes, EFE | La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, y la investigadora de AI para Sudamérica, Valentina Ballesta, presentan el informe "Pre-juicios injustos: ley antiterrorista y el pueblo mapuche" en Santiago, el jueves 9 de agosto de 2018.

Texto por Federico Cué Barberena- 10/08/2018

La organización Amnistía Internacional presentó un informe en el que asegura, a partir del análisis de dos casos, que la aplicación de la ley antiterrorista en juicios contra activistas mapuches genera procesos injustos y sin garantías.

A través del informe "Pre-juicios injustos: criminalización del pueblo mapuche a través de la ley antiterrorista", la organización Amnistía Internacional (AI) denunció que la aplicación de esa normativa contra integrantes de la comunidad mapuche en Chile genera juicios injustos y sin garantías, que criminalizan a los indígenas.

En concreto, los especialistas de la institución analizaron en detalle dos casos de condenas contra mapuches bajo la órbita de esa legislación por episodios ocurridos en la región de La Araucanía, en el sur del país. Los ejemplos observados fueron el del matrimonio Luchsinger Mackay, que falleció en un incendio intencional en su vivienda en 2013; y la quema de una iglesia evangélica en 2016.

Según la directora ejecutiva de AI Chile, Ana Piquer, esos juicios no respetaron las garantías básicas de un debido proceso a causa de la aplicación de la ley antiterrorista contra los imputados, integrantes de la comunidad mapuche, la principal etnia indígena en el país sudamericano.

En ese sentido, desde AI recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Chile en 2014 por la implementación de la ley antiterrorista contra activistas de la comunidad mapuche, fallo que, aseguran, el país no acató.

En diálogo con France 24, la investigadora de AI para Sudamérica, Valentina Ballesta, remarcó que la organización pide al Estado chileno "la modificación de la ley" para "redefinir qué se considera terrorismo" porque, bajo el esquema actual, la aplicación de la norma "genera múltiples violaciones a los derechos humanos".

Asimismo, Ballesta reiteró que las autoridades chilenas, al decidir no cambiar el texto como solicitó la CIDH, "sigue reproduciendo las violaciones de derechos humanos que conlleva su aplicación" y provoca procesos en los que se incumplen cuestiones básicas como "el debido proceso, el derecho a la defensa y el juicio justo".

En la misma línea, la investigadora resaltó que la CIDH recomienda "dejar sin efecto las condenas que derivan de juicios injustos" y que "el Estado atienda la discriminación histórica contra los mapuches". "Nuestra gran preocupación es que se siga criminalizando al pueblo mapuche", aseveró.

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=2CBsmV61hGo

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Según AI los mapuches no pudieron defenderse adecuadamente en ninguno de los dos casos estudiados

En los dos casos analizados por AI para la confección de su informe, los investigadores de la organización sostienen que los mapuches no pudieron defenderse de manera adecuada debido a que la ley antiterrorista le otorga atribuciones a la Fiscalía y los jueces, como el uso de testigos anónimos o la garantía del secreto de la investigación.

Además, según lo establecido por la ley antiterrorista, los imputados pueden permanecer durante un largo período de tiempo en prisión preventiva, sin condena firme, situación que AI califica como "desproporcionada" porque la consideran una "pena anticipada" y no un instrumento para garantizar el normal desarrollo del proceso.

Por su parte, en el caso del incendio intencional en la residencia del matrimonio Luchsinger Mackay, AI advirtió que varios de los imputados en el caso –por el que hay cuatro condenados, dos a cadena perpetua- estuvieron casi dos años en prisión preventiva.

Además, el informe especifica que la condena a tres de los acusados tuvo el soporte de una prueba que fue objetada en varias ocasiones por la defensa, al considerar que había sido obtenida mediante coacción.

Con EFE
http://www.france24.com/es/20180809-amnistia-ley-antiterrorista-mapuche-chile

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Caso Iglesia: No existe ningún tipo de evidencia ni prueba testimonial- LuchsingerMckay

"CASO IGLESIA"- Abogado de comunero Ariel Trangol espera veredicto absolutorio: “No existe ningún tipo de evidencia ni prueba testimonial”

El defensor público Juan Pablo Alday descarta la participación de su defendido en el incendio de la “Iglesia del Señor”. 

Dice que fue “controlado más de dos horas un cuarto después del siniestro, en un vehículo, a más de 7 kilómetros de distancia”.

Por Felipe Menares Velásquez- MARZO 7, 2018

El martes 6 de marzo concluyeron las declaraciones de los imputados en el juicio oral por el denominado “Caso Iglesia”. Los hermanos Ariel, Pablo y Benito Trangol, además del lonko Alfredo Tralcal, son acusados de participar en el ataque incendiario a un templo evangélico (“Iglesia del Señor”) de la comuna de Padre Las Casas, hecho ocurrido el 9 de junio del año 2016.

En conversación con El Ciudadano, el abogado defensor de Ariel Trangol, Juan Pablo Alday, entrega detalles acerca de la declaración efectuada por los cuatro imputados ante el Tribunal Oral de Temuco. 

“Han sido bastante congruentes en orden a que, tanto don Alfredo Tralcal, don Benito Trangol y Pablo Trangol, al momento de que ellos fueron detenidos, se dirigían a ver sus animales al fundo Santa Margarita, comuna de Vilcún. Mi representado, Ariel Trangol Galindo, se dirigía hacia su domicilio y al hacer dedo en esa noche, alrededor de las 23.25 horas, justamente para una camioneta que corresponde a la de Alfredo Tralcal. Se sube un minuto máximo y son controlados por Carabineros. Es ahí donde se inicia el procedimiento policial”, relata el defensor público.

En la primera jornada del juicio (viernes 2 de marzo), el fiscal Luis Torres afirmó que “respecto de uno de los imputados que iba en la camioneta, hay trazas metálicas que demuestran que había disparado un arma de fuego en un tiempo inmediato. Hay un perfil genético en la capucha que demuestra que había usado esa capucha”.

JUAN PABLO ALDAY


Consultamos al defensor de Ariel Trangol por el alcance de la acusación del Ministerio Público. 

Al respecto, Juan Pablo Alday señaló que espera la absolución de los cuatro acusados y que respecto de su representado “no existe ningún tipo de evidencia química, genética, documental ni prueba testimonial que le atribuya responsabilidad en los hechos en materia del incendio de la ‘Iglesia del Señor’”.

En ese sentido, Alday argumenta que la prueba sería “solamente el haber sido controlado más de dos horas un cuarto después del incendio, en un vehículo, a más de 7 kilómetros de distancia del incendio y señalando Carabineros que habría encontrado evidencia asociada a Pablo Trangol Galindo, una mochila con capucha y una serie de elementos que tendrían efectivamente químicos e hidrocarburos”.

En su declaración ante el tribunal, Pablo Trangol aseguró que durante la detención le “pusieron algo” en su bolsillo. 

A este medio, el abogado Alday comentó que se trataría de “unos guantes y papel confort”. Además, dijo que Pablo “señaló con toda claridad que él no portaba una mochila que se le atribuye y que fue objeto, al igual que todos los imputados, de un registro de vestimenta y que una vez realizado y se apaga la luz, por parte de Carabineros en el lugar de la detención se le incorpora a su bolsillo evidencia que posteriormente es incautada en la 3a Comisaría de Carabineros y que tendría evidencias químicas”.

De la Ley Antiterrorista a la huelga de hambre

La detención de los cuatro comuneros en junio de 2016 fue el inicio de un complejo proceso judicial, a raíz de la invocación de la Ley Antiterrorista, que los ha mantenido en prisión preventiva por más de un año y medio. En junio de 2017, al cumplirse un año desde su detención, los hermanos Trangol y el lonko Tralcal iniciaron una huelga de hambre que duró más de 100 días y que solo cedió cuando el Gobierno decidió retirar la querella por delito de carácter terrorista en su contra. Semanas después, los comuneros retomaron el ayuno por algunos días; incluso, Ariel Trangol había comenzado otro episodio de protesta, que solo culminó con el iniciodel juicio, a un año 9 meses de su arresto.

A inicios de enero, el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió revocar la prisión preventiva de Ariel Trangol, por lo que el Ministerio Público decidió apelar. A los pocos días, la Corte de Apelaciones de la ciudad revirtió la decisión y el comunero tuvo que volver a prisión preventiva.

“La Corte de Apelaciones de Temuco dejó patente la situación de que la Ley Antiterrorista lo mantenía privado de libertad, puesto que la Corte, por un fallo dividido de dos votos, en orden a confirmar la resolución del tribunal de Garantía, vale decir, en orden a confirmar el arresto domiciliario total, y solamente uno en orden a revocarlo, se resolvió que él debía volver a prisión preventiva”, expuso el abogado Juan Pablo Alday.

El defensor público explica que la resolución del tribunal de alzada responde al artículo 19, número 7º, de la Constitución, el cual “exige unanimidad para efectos de las decisiones de libertad de las personas privadas de libertad a quienes se les invoca la Ley Antiterrorista”.



El artículo al que alude Alday indica que “la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9° [NdR: de carácter terrorista], será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple”.

“Entonces, la única forma, según el entender la Corte de Apelaciones de Temuco, para que el imputado mantuviese una cautelar distinta a la prisión preventiva, era unanimidad y como logramos dos votos a favor y uno en contra, se revocó la medida cautelar, pese a la decisión de mayoría de la Corte de Apelaciones de Temuco en orden a mantener una medida de arresto domiciliario”, explica el defensor de Ariel Trangol. 

Dicho esto, plantea la siguiente reflexión: “¿En qué se traduce esto finalmente? En que un voto, de tres totales, tiene mayor valor bajo el imperio de la Ley Antiterrorista y genera evidentes situaciones de inequidad”.

Fueron tres las ocasiones en que la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar en el caso de Ariel. 

El ir y venir de las decisiones judiciales sirvió como terreno fértil para los episodios en huelga de hambre del acusado, que lo dejaron con secuelas “irreparables”, según describió el historiador Fernando Pairican en un relato publicado por El Desconcierto. (Véase mas abajo)

A El Ciudadano, el abogado Juan Pablo Alday relata que “ha sido un proceso evidentemente lento de recuperación. Él concurre con silla de ruedas a la audiencia de juicio oral. Está con una manta durante la audiencia, tiene problemas para trasladarse. Tiene un problema a nivel muscular, dado que permaneció por mucho tiempo acostado, sin caminar. Entonces, desde ya la huelga de hambre ha generado secuelas físicas y también es notorio en su aspecto, dado que ha bajado 40 kilos”.

La discusión por el biombo

Días atrás, desde la Red de Apoyo a Ariel Trangol manifestaron su descontento con la solicitudrealizada por el Ministerio Público para que los testigos puedan declarar detrás de un biombo. Al respecto, el abogado Alday precisó que la petición sería para “que alrededor de siete testigos, entre ellos, alrededor de seis víctimas y un testigo civil, declaren protegidos por un biombo, cuestión que su resolución quedó pendiente para el día de mañana (miércoles). Nosotros como defensa lo que vamos a solicitar es que se rechace esa petición, puesto que desde ya tenemos una limitación, cual es que tenemos testigos solo con iniciales en la acusación y en la auto apertura del juicio oral”.

“Tenemos los denominados ‘testigos víctimas’, que ha señalado el Ministerio Público, de los que solo conocemos sus iniciales, lo cual nos impide como defensa realizar un contra-interrogatorio en la forma debida, dado que no podemos realizar preguntas tendientes a la credibilidad del testigo o preguntas tendientes a desacreditar su versión, si no conocemos qué persona está declarando. Ahora el Ministerio Público quiere que declaren detrás de un biombo, lo cual claramente vulnera el derecho a defensa, todo ello en el marco de la aplicación de la Ley Antiterrorista”, detalla el defensor.

Además, recuerda que tribunales regionales, en situaciones similares, han rechazado la aplicación del biombo. “Pasó en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, por el incendio del retén Chol Chol, y nosotros estimamos que no debiese aplicarse en este caso biombo. También en el fallo ‘Norín Catrimán’, donde se condenó al Estado de Chile en el año 2014”.

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Ariel Trangol Galindo. Lleva un año y 8 meses en prisión preventiva / Agencia Uno

La huelga de hambre de Ariel Trangol ante la mirada indiferente

La petición de Trangol no es la libertad, sino un debido proceso, que lo dejen volver al arresto domiciliario a la espera del juicio. Eso ayudaría, tal vez, a que volviera de ese portal a la muerte en que todas y todos nosotros lo hemos dejado ingresar con la misma indiferencia de los gendarmes que están en su puerta chateando mientras custodian que la tragedia no salga del frió cuerpo de Trangol conectado a la cama del Hospital Enrique Aravena de Temuco.

Por Fernando Pairican / 02.03.2018


Ariel Trangol está en el Hospital Enrique Aravena de Temuco. Lo custodian cinco gendarmes que pasan los días sentados en las afueras de su sala y otros en el interior de la misma. Su tarea evitar que se fugue -aunque sería imposible por su débil estado físico-, controlar a quienes lo visitan, escuchar las conversaciones o que intente volver a suicidarse. Aunque en base a un comunicado, también lo presionan para que desista de la protesta. En ese escenario es trasladado juicio llamado por la prensa “Caso Iglesias”. Y en verdad, lo único que esperan los cuatro detenidos, es que este se desarrolle lo más rápido posible para poner fin a lo que consideran un calvario y del que, aseguran, son inocentes.

El peñi habla poco. En verdad solo susurra. Su desgaste es evidente. Los médicos lo tienen conectado, lo que evita que muera. Salvo para sus familiares, es posible observar en el hospital en la ciudadanía regional, indiferencia.

A Trangol se le ha desarrollado una profunda depresión a consecuencia de la huelga de hambre. Su cuerpo delgado, sus ojos hundidos, las marcas de los huesos en la piel contrasta con la que era su vida cotidiana como campesino y temporero durante los meses de diciembre a abril. Un trabajo que buena parte de la juventud mapuche del campo desarrolla para evitar la pobreza y la cesantía de una región que según INE bordea el 7,8%, convirtiéndose en la tercera región con mayor cesantía.

Los hijos de Trangol están devastados. Si el Estado debe garantizar el derecho a ser feliz, y crear las condiciones para un desarrollo integral acorde con su identidad mapuche, ello no se ha cumplido acá. Se han resentido físicamente, al ver a su padre en huelga de hambre. A ello se agrega otro hecho: han acompañado a su madre a visitar al padre durante el invierno a la cárcel, un verdadero tempano de hielo en los inviernos de Temuco que los ha enfermado en distintas ocasiones. Todas estas variables, han creado un contexto familiar en que Trangol se ve incapacitado para asumir un rol culturalmente clave en la sociedad mapuche: el padre de familia, en el sentido más clásico del concepto, proveer económicamente a la familia y educar en las tradiciones como costumbres mapuche a sus hijos.

El estado de incertidumbre de Ariel se acrecentó luego que la Corte de Apelaciones de Temuco revocó el arresto domiciliario. Ello fue posible luego que el gobierno, a través del destituido director del INDH, Branislav Marelic, los convenciera para retirar la querella por Ley por Conductas Terroristas. Ese gesto, posibilitaba, entre otras garantías, modificar la detención preventiva por arresto domiciliario. Sin embargo, el Ministerio Público apeló y la Corte de Temuco falló a favor de la fiscalía el 8 de enero de 2018. Trangol declaró esa misma semana que lo estaba matando “la pena por estar encerrado tanto tiempo”.


Según la werken de Trangol, lleva más de ciento cincuenta días lleva en huelga de hambre. Variando a consecuencia de las interrupciones por las negociones fallidas con el gobierno. Trangol, por su parte, ha sostenido que “nunca quemamos la iglesia, no tenemos nada que ver con quemas (…) nosotros no somos terroristas. Somos mapuche, gente de bien, gente tranquila”.

Los mapuche dicen que son inocentes. Miladi Cerda Coñoeman, sostiene que los mismos policías involucrados en la Operación Huracán son los que detuvieron a los mapuche del “Caso Iglesias”, y serían los mismos, que a su vez, montaron las pruebas que imputan por el caso “Luchsinger Mackay” a la autoridad tradicional, Francisca Linconao. La machi no ha dejado de decir que es inocente y que no teme presentarse a los tribunales de justicia.

El punto, a mi juicio, es otro: Las dimensiones que han adquirido las demandas por restitución de tierras y la lucha por autodeterminación. Por qué es este el punto: el movimiento mapuche lleva treinta años politizando a su población en nombre de la identidad y la reconstrucción del ser mapuche en base a la cosmovisión y la historia. Un sector de la población mapuche en los campos de Wallmapu ha construido este imaginario. Si a ello le agregamos los conceptos ideológicos que las escrituras mapuche han puesto al debate -en que me incluyo- como: colonialismo, descolonización, nacionalismo, identidad, liberación nacional, autodeterminación, no esperemos que nuestra ciudadanía autonomista no los lea o interpreta al pie de la letra. Menos en la población en que la extrema pobreza, el racismo más brutal, y una sociedad regional que excluye al mismo tiempo que racializa la identidad mapuche a niveles enfermantes, decida ser “consecuente” con lo que hemos venido planteando como sociedad política mapuche.

En ese aspecto, las quemas de iglesias deben comprenderse -no justificarse- en la crisis de la identidad, el discurso y práctica política del movimiento que ha visto en los símbolos del colonialismo una historia de dominación. Y han sido los símbolos a lo largo de la historia los primeros en ser afectados por los procesos políticos: las iglesias durante la Reformas en Alemania, los molinos de trigo que combustionaron la Revolución Francesa, los templos indígenas que acabaron siendo utilizados para la construcción de las iglesias. Las rukas mapuche durante la Ocupación de La Araucanía y el proceso de reducción.

El movimiento mapuche, así como las reivindicaciones étnicas en general, nacionalistas e identitarias, adquieren dimensiones insospechadas o difíciles de controlar si las organizaciones políticas no se hacen responsable o conducen dichas aspiraciones. El siglo XX se caracterizó y dejó profundas huellas en ese ámbito. Y el siglo XXI, a partir del atentado a las Torres Gemelas puso nuevamente al debate que identidad, religión, nacionalismo y política están lejos de quedar en el pasado.

La tragedia de Ariel Trangol se puede sintetizar en ambigüedad (la del gobierno, de los fiscales, del movimiento mapuche, de las escrituras indígenas, de la comunidad de la que él vive y de la ciudadanía crítica) entre el discurso y lo que realmente pensamos a la hora de construir una sociedad para el futuro. “Si él fuera culpable -argumenta la werken- no estaría haciendo esto”, enfatiza durante nuestro trawün.

Los daños físicos y mentales de Ariel Trangol son irreparables. A estas alturas, si se lograra un acuerdo humanitario para que depusiera la huelga, o el Estado violentara el derecho a la huelga de hambre, alimentándolo a la fuerza, posiblemente moriría de todos modos. La estrategia de la huelga de hambre, utilizada casi todos los años por los imputados mapuche con el fin de crear las condiciones para un debido proceso, pareciera, aparentemente, como agotada como vía de protestas ante los juicios irregulares. Sin embargo, ¿qué otro camino pueden tomar los mapuche como mecanismo de protestas? Esta medida extrema que se ha venido repitiendo todos los años por los imputados mapuche, el montaje de la Operación Huracán, evidencia la derrota absoluta de la vía de la criminalización como forma de resolver la autodeterminación mapuche. Nuevamente, esto pone a colación la incapacidad de los actores por encontrar los espacios de diálogos para una solución política integral y real.

La familia de Trangol está desesperada. Sobre todo, como dice su werken, por tener que “mendigar ayuda para sus hijos. No obtener ingresos para sus hijos lo desesperó. No poder vivir, enseñar y alimentar lo acabó por desesperar”. Los desencuentros (¿o acuerdos?) entre las instituciones acabaron por insertar en un clima psicológico que lo ha dañado emocionalmente, transitando hacia una soledad interior, viajando hacia sí mismo, entrando en ese sendero que los médicos llaman “riesgo vital”.

“¿Cuál es el mensaje que le gustaría decirle al movimiento mapuche?”, le pregunto a la lamgen Miladi Cerda Coñoeman: “que asistan a la movilización. Que vean que esta huelga no es un hecho aislado. Esto es un tema que abarca a otros hermanos y al conjunto del pueblo mapuche. Que todos se apoyen en esta situación de criminalización”, y agrega: “cuando no hay apoyo, gendarmerías y fiscales se aprovechan“. Y recuerda un hecho ocurrido tiempo antes: “hace un tiempo lo tenían engrillado sin necesidad. Eso lo posibilita porque no hay visitas, no hay apoyo social mapuche para denunciar”.

Los cercanos a Ariel Trangol esperan que “él tome la decisión de volver” a la vida. Pero ello se ve difícil ya sea por él y sobre todo por la indiferencia de quienes tienen hoy el poder, ya sea por la coyuntura de la Operación Huracán o porque también están a semanas de abandonarlo. La petición de Trangol no es la libertad, sino un debido proceso, que lo dejen volver al arresto domiciliario a la espera del juicio.Según Cerda Coñoeman eso ayudaría, tal vez, a que volviera de ese portal a la muerte en que todas y todos nosotros lo hemos dejado ingresar con la misma indiferencia de los gendarmes que están en su puerta chateando mientras custodian que la tragedia no salga del frió cuerpo de Trangol conectado a la cama del Hospital Enrique Aravena, siendo trasladado al juicio, que busca condenarlo a 20 años y un día de prisión.

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Audiencias contra mapuches: persecución, racismo y prejuicios


Este martes se desarrollaron las audiencias de los casos Luchsinger-Mackay, Operación Huracán y el caso iglesias. La defensora de los comuneros acusados de provocar un incendio en un templo evangélico, argumentó que el futuro mandatario habla desde la ignorancia y calificó sus dichos de racistas y prejuiciosos.

Rodrigo Fuentes- Martes 6 de marzo 2018 19:55 hrs. 

Un intenso día martes fue el que se vivió en los tribunales de la ciudad de Temuco en la Región de La Araucanía. Fueron tres los casos de interés nacional que tuvieron sus respectivas audiencias.

La polémica Operación Huracán, el llamado caso iglesias y el nuevo juicio por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, presentaron una jornada más de alegatos.

En una primera parte, se llevó a cabo la toma de declaración a dos oficiales de inteligencia, a quienes la fiscalía ha involucrado en la manipulación de evidencia en el contexto de la investigación por la Operación Huracán, después de reprogramada la audiencia que originalmente se debió realizar el pasado viernes.

El ex capitán de Carabineros, Leonardo Osses, y el cabo Héctor Olave, ambos de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía, accedieron a testificar de manera voluntaria.

En la audiencia, Osses declaró que la fiscalía regional tenía conocimiento de las indagaciones a los comuneros mapuche que fueron detenidos en septiembre de 2017. Incluso, apuntó al fiscal jefe de Alta Complejidad, Luis Arroyo, y lo acusó de recomendar que las diligencias se realizaran con autorización de un juez de la Corte de Apelaciones de Temuco y no ante un Tribunal de Garantía.

El ex oficial criticó además la publicación del medio electrónico Ciper, donde se difundió un correo electrónico en el que se resumían conversaciones obtenidas por el software “Antorcha”, usado en la Operación Huracán. El imputado aseguró que en este caso su imagen quedó dañada.

El oficial de la Dipolcar, llamado a retiro por la institución, defendió en audiencia la polémica aplicación “Antorcha” con la que supuestamente se intervinieron los mensajes de WhatsApp de los comuneros integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Leonardo Osses acusó a carabineros de Ercilla de filtrar información a personas que pertenecen a la CAM.

Osses además volvió a hablar sobre una supuesta vinculación del actor Daniel Alcaíno como financista de la Coordinadora, quien aparecía mencionado en un informe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) que gatilló las detenciones de los ocho comuneros mapuche en la causa Huracán como supuestos autores de atentados incendiarios.

Precisamente este miércoles, los abogados de las personas inculpadas, presentarán un recurso de queja en la Corte Suprema, con el objetivo de que se desestime la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que revirtió el sobreseimiento definitivo en contra de los ex imputados, el pasado 27 de febrero.

En tanto, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, criticaron la no presentación a la citación de la que había sido objeto el general Director de Carabineros, Bruno Villalobos, instancia parlamentaria que analiza también las acusaciones de montaje en la Operación Huracán.

El presidente de la comisión, el socialista Leonardo Soto, confirmó que “Villalobos nos envió a última hora una nota diciendo que no le sería posible entregar antecedente alguno sobre el tema, por estar sometido a investigación penal y administrativa. Lamentablemente, esto profundiza la falta de transparencia y falta de control democrático que tanto daño le ha hecho a la institución”, señaló el parlamentario.

Audiencia Caso Iglesias

Este martes, también en Temuco, continuó la tercera jornada del juicio oral que se efectúa en contra de los comuneros mapuches supuestamente involucrados en el llamado caso iglesias. Se les acusa haber provocado un incendio en un templo evangélico en la comuna de Padre Las Casas, ocurrido en junio de 2016.

La abogada defensora Pamela Nahuelcheo, insistió en la inocencia de sus representados y reiteró que cuando ocurrió el hecho, uno de los acusados se encontraba en su domicilio y los otros trabajando en ganadería, por lo tanto, precisó se insistirá en la absolución a los 4 imputados.

Cabe recordar que los inculpados por el delito son Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol.

La jurista Pamela Nahuelcheo también se refirió a esta mentira difundida por Sebastián Piñera durante una entrevista al medio estadounidense Univisión, donde declaró que en Chile se están quemando iglesias con niños y mujeres adentro.

La abogada precisó que en ningún momento ocurrieron hechos como los descritos por el futuro mandatario. Frente a lo que expresó:“aquí hay una situación que raya en el racismo. Piñera habla desde la ignorancia de un juicio que en ningún caso incluye antecedentes de personas fallecidas durante el incendio del templo, hay un prejuzgamiento que sin duda deja ver una posición racista contra el pueblo mapuche”.

Caso Luchsinger MacKay

En la quinta jornada de audiencias donde se repite el juicio del caso Luchsinger MacKay, declaró el teniente coronel de Carabineros en retiro, Carlos Ramírez, quien se desempeñaba hasta el 2017 como jefe del Laboratorio de Carabineros (Labocar).

Su labor fue cuestionada por la defensa de los 11 imputados en la causa, que acusó errores en la cadena de custodia. Todo esto surgió luego de que se estableciera que un bidón encontrado en el sitio del suceso fue examinado cuatro días después, cuando el predio se encontraba bajo resguardo policial.

Rodrigo Román, abogado defensor, señaló: “confiamos en que el tribunal nuevamente valore este tipo de declaraciones. No es posible que este bidón haya sido periciado a días del lamentable hecho”.

En tanto, la abogada defensora de Sergio Catrilaf, Manuela Royo, dijo que “existen errores en las pruebas. Lo mismo con los panfletos que se encontraron en el allanamiento realizado en la casa de la machi Francisca Linconao”.

Hoy continuará el juicio con el desarrollo de la séptima de las 39 jornadas que están contempladas.

Recordar que el proceso se inició luego que quedaran absueltos los 11 comuneros vinculados al ataque, incluida la machi Francisca Linconao. No obstante, el juicio fue declarado nulo, ya que según el mismo fallo, “resultaba imprescindible la existencia de elementos de prueba obtenidos a través de otras fuentes probatorias, diferentes y autónomas”.

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Desarrollan juicios orales contra acusados de casos "Iglesia" y Luchsinger Mackay

Carlos Martínez | RBB- URL Corta: http://rbb.cl/jje0

Con la declaración de los dos acusados restantes continuó la tercera jornada del juicio oral por el atentado incendiario a un templo evangélico en Padre Las Casas. Mientras que en el caso Luchsinger MacKay declaró el exjefe del Laboratorio de Carabineros (Labocar).

Alfredo Tralcal Coche, uno de los cuatro acusados por el incendio que en junio de 2016 destruyó el templo de la Iglesia del Señor en el camino al sector Niágara de Padre las Casas, insistió en su inocencia y reiteró que cuando ocurrió el hecho, él estaba en su domicilio.

La abogada Pamela Nahuelcheo, quien representa al acusado, ratificó sus dichos y se manifestó confiada en lograr la absolución en el caso.

En la oportunidad también declaró Benito Trangol Galindo, sumándose a lo manifestado por sus hermanos Ariel y Pablo en la jornada previa, respecto a su inocencia.

En el caso Luchsinger MacKay, la jornada se inició con la declaración del teniente coronel de Carabineros en retiro, Carlos Ramírez Lagos, quien se desempeñaba hasta el 2017 como jefe del Laboratorio de Carabinero.

El efectivo se refirió a las primeras pericias efectuadas en el lugar del atentado que costó la vida al matrimonio Luchsinger MacKay, la madrugada del cuatro de enero de 2013 en la granja Lumahue en la comuna de Vilcún.

La corrupción de las igle$ias en Wallmapu

La historia secreta del Caso Iglesia: pastor arrendó terreno a dos siglos por 200 mil pesos

Maximiliano Alarcón |Domingo 12 de noviembre 2017 9:39 hrs.

 Antes del incendio al templo evangélico en Padre las Casas, por el cual hoy se acusa a cuatro mapuches actualmente en prisión preventiva, existió un conflicto entre el pastor y la dueña del lugar, el que perdura hasta hoy. Ella es analfabeta y acusa no haber conocido los términos del contrato.

  Durante el pasado mes de septiembre, en medio de la huelga de hambre y negociación con el Gobierno de los imputados en el ‘Caso Iglesia’, Yolanda Melihuén Sandoval (59), verdulera en las calles de Temuco, llegó hasta las oficinas del Consejo de Todas las Tierras para entregar una carpeta con documentos relevantes.

El dirigente de la organización y actual candidato a Senador, Aucán Huilcamán, recibió personalmente los archivos y quedó de contactarse con la mujer. No los revisó de inmediato, debía viajar al día siguiente a Europa, por lo que recién al regresar de su periplo se percató del contenido de los papeles: el contrato de arriendo del terreno en que se encuentra el templo siniestrado en el ‘Caso Iglesia’, el que daba luces de un negocio no muy transparente.

El 29 de julio de 1987, ante el notario público Venancio Lisboa Echeverría, comparecieron Yolanda Melihuén, dueña del terreno, y Manuel Fuentealba Castillo, pastor de la ‘Iglesia del Señor’ de Padre las Casas desde hace 28 años hasta hoy. Este templo hoy es de alta connotación pública, puesto que fue indencidado durante junio de 2016, dando inicio al caso que mantiene en prisión preventiva a cuatro comuneros mapuche: Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, quienes están ad portas de enfrentar un juicio oral.

El contrato de arriendo suscrito aquella vez, por 0,65 hectáreas, planteaba los siguientes términos. Primero, que el precio total del arrendamiento, es decir, único mientras dure el contrato, sería de $200 mil pesos que se pagarían el 30 de diciembre de 1987.

Luego, se estipuló que el plazo de arrendamiento sería de 99 años a partir de aquel día de julio de 1987, los que serían prorrogables de manera automática por otros 99 años, es decir, el contrato tiene una vigencia de 198 años.

También el contrato plantea que de fallecer las partes, ya sea Melihuén o Fuentealba, el contrato no expirará y continuará con los respectivos herederos. Por último, el documento estipuló que al terminar la vigencia del negocio, la parte arrendadora deberá pagar el costo de cada construcción que se haya levantado en el terreno, por el valor que tengan a la fecha en que se realice el pago.

Recuperar la tierra

Desde hace años que Yolanda Melihuén intenta terminar con el arriendo del terreno, del cual ella es vecina, pero no le ha resultado fácil. Su nivel de educación, el que se entiende en términos formales y útil para realizar trámites legales, es escaso. Es analfabeta, e incluso, según señalan personas que la conocen, a la hora de firmar un papel puede tardar minutos.

Existió una causa en tribunales civiles que buscaba invalidar el contrato, sin embargo no llegó a buen puerto para Melihuén. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la nulidad en 2009 y actualmente el caso se encuentra archivado. A los antecedentes de este juicio no pudimos acceder, debido a que no se encuentra la totalidad de la documentación en la consulta de causas en línea del Poder Judicial.

Sin embargo, la avanzada no se ha detenido, menos actualmente que su terreno figura constantemente en los medios de comunicación por el mediático caso que involucra al templo y a comuneros mapuches.

Por lo mismo, en un nuevo intento, Yolanda Melihuén recibió ayuda para enviar una carta a Matías Sanhueza, presidente del Consejo de Pastores de La Araucanía, con tal de entregar detalles de su situación, esperando que la organización evangélica empatizara y la ayudara.

En la misiva la mujer relata que tras firmar el acuerdo se le negó una copia del contrato, la que después de mucho insistir, se le entregó recién cuatro años después, momento en el cual se enteró, gracias a que alguien le leyó el documento, de que el arriendo no era por 99 años, sino que por el doble de tiempo.

Acusa también que vivió constantes trabas incluso con sus mismo abogados durante las demandas, lo que habría dilatado las causas facilitando la prescripción.

“Este es un caso ejemplar de un robo de mi tierra, en donde se utilizó la legalidad para aparentar un contrato de arriendo que se contrapone a cualquier Estado de Derecho. Mi caso es un ejemplo de ilegalidad, abuso en donde participan todas las instituciones del Estado para despojarme de mi tierra y desampararme”, señala la mujer en la carta.

Contactada por nuestro medio, Yolanda Melihuén manifestó que al momento de ir a firmar el contrato, ella no sabía que el contrato era por 198 años ni tampoco conocía los otros términos. Aparte de arrendador y arrendatario, no hubo testigos ni alguien de confianza de Melihuén que pudiera leer el documento que firmó.

En el terreno actualmente, a metros de la comunera, vive el pastor Fuentealba y las familias de sus hijos, quienes por contrato no pagan un arriendo mensual. Radio Universidad de Chile contactó a una de sus hijas pero no quisieron entregar su versión como familia.

¿Es legal el contrato?

El marco jurídico en el cual se firmó este arriendo es el Decreto Ley 993 que rige el arrendamiento de predios rústicos. Bajo este marco no se establecían límites de tiempo de arriendo.

Aunque a estos contratos sí se les puede poner término de manera anticipada bajo algunas situaciones. Por ejemplo, el no pago de arriendo o el uso indebido del terreno. El cuestionamiento que hacen algunos como Huilcamán es que la comunera es analfabeta, por lo que era un aprovechamiento hacerla firmar un contrato sin testigos.

El de Yolanda no es un caso puntual. A inicios de los años noventa, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas revisó los contratos de arriendo de los terrenos de mapuches en la Región de La Araucanía.

“Una situación muy grave está sucediendo en varias localidades de la IX Región, ya que en forma fraudulenta, pero legal, inescrupulosos están arrendando tierras indígenas por un lapso de 99 años, enajenándolos –a través de esta fórmula- de su propiedad”, dijo por aquel entonces a un medio de prensa el hoy fallecido subdirector de la Comisión, Víctor Hugo Painemal.

El dirigente también añadía que “existen casos en que a los propietarios los han hecho creer que el contrato es por cuatro años, en circunstancia que es por 99 y les han cancelado 250 mil pesos, por casi un siglo de explotación de tierras. Es una situación de compra fraudulenta. La ley prohíbe la venta de tierras indígenas a quienes no lo sean, pero a través de este sistema se están apropiando de igual manera”, indicaba.

Painemal llamaba a que los notarios no aceptaran este tipo de casos, puesto que era común que los comuneros fueran analfabetos.

Actualmente Yolanda Melihuén, respaldada por Aucán Huilcamán, apela al Consejo de Pastores de La Araucanía a que conversen con la familia Fuentealba, para que lleguen a un acuerdo en el cual puedan dar término al contrato. Aún no reciben respuesta.

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