Montajes de la policía $hilena en contra del pueblo nación mapuche

Aucan Huilcamán: “El montaje de Carabineros atenta al sistema democrático”

El dirigente cuestionó la acción de la policía en la llamada Operación Huracán y consideró que "todos los gobiernos han fracasado en su relación con el pueblo mapuche”.

Nicolás Massai D.-Lunes 12 de febrero 2018 9:56 hrs. 



 
El sobreseimiento de los comuneros mapuche en la llamada Operación Huracán provocó la preocupación de distintos actores de la opinión pública, respecto del rol y la transparencia con la que actúa el Ministerio Público y sobre todo la institución de Carabineros.

Aucán Huilcamán, encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas Las Tierras, afirmó que los resultados evidencian que el “Estado chileno y todos los gobiernos han fracasado en su relación con el pueblo mapuche”.

Además, agregó que “instituciones internacionales como Naciones Unidas ya han recomendado medidas reparatorias y de diálogo que todavía no se han implementado”.

En ese sentido, condenó el modus operandi que han utilizado todos los gobiernos que han pasado por La Moneda. “La doctrina de la negación del pueblo mapuche, la domesticación y el colonialismo que han implementado los gobiernos han fracasado absolutamente. A partir de este hecho, los mapuches tenemos que transitar por el derecho a la libre determinación en la conformación de un autogobierno al más breve plazo y seguir reforzando la restitución de las tierras usurpadas”, dijo.

El histórico dirigente dijo que con este escenario se volvería más difícil retomar un diálogo “abierto y sincero” con el Ejecutivo. Asimismo, acusó al Gobierno de ser capaz de “consentir un montaje extremadamente grave, lo que evidencia que le mintieron al país”.

En ese contexto, además de apuntar a la Presidenta Michelle Bachelet, recalcó que “llama poderosamente la atención que los partidos de la Nueva Mayoría no defiendan la democracia, porque el montaje de Carabineros en contra de los mapuches es un atentado al sistema democrático y es contrario al respeto a los Derechos Humanos. Además, ha demostrado que la permanencia del general Bruno Villalobos y la falta de acción penal en contra de los ejecutores del montaje cuentan con la solidaridad y la complicidad del gobierno de la Nueva Mayoría”.

Por último, Aucán Huilcamán afirmó que es “inentendible que la Presidenta Bachelet tome descanso de vacaciones en Caburgua, tierras mapuches, que fueron objeto de despojo, y al mismo tiempo en su Gobierno las instituciones hayan hecho un montaje tan grave desde el punto de vista político y jurídico”.
__________________________________

Operación Huracán: “Vamos a presentar una demanda civil en contra de Carabineros y del Fisco”

 Manuela Royo, abogada de Martín Curiche, uno de los ocho comuneros involucrados en el caso, adelanta que la acción se sumará a la querella criminal presentada contra siete funcionarios policiales. Esto, mientras el Gobierno intenta revertir su derrota en tribunales y el fiscal Carlos Palma asume las diez investigaciones en torno a los hechos.

Martín Espinoza C. - Lunes 12 de febrero 2018 19:50 hrs. 
  

 
Las secuelas de la llamada Operación Huracán están lejos de apagarse. Luego que el Juzgado de Garantía de Temuco cerrara la investigación y sobreseyera a los comuneros mapuches imputados por el caso, los abogados de éstos respondieron de inmediato en tribunales.

Este lunes, los representantes de Martín Curiche, Jaime y Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil y Héctor y Ernesto Llaitul presentaron una querella en contra de siete carabineros y todos quienes resulten responsables por los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la justicia y fraude informático.

Manuela Royo, abogada de Martín Curiche, explicó a Radio Universidad de Chile que la acción judicial se funda en “información que apareció de la misma Fiscalía, en la cual se da cuenta de que se manipuló información de evidencia en el marco de la Operación Huracán”.

“A nuestros representados, y a Martín (Curiche) en particular, se les implantó mensajería dentro de su teléfono. Se implantaron conversaciones telefónicas que lo inculparían de un delito que no se corresponde con la realidad y estamos esperando adherirnos a la querella que ya presentó Fiscalía. Este martes deberían ser formalizados los carabineros”, dijo.

Asimismo, la jurista adelantó que también se presentará una acción civil en contra de Carabineros, por los perjuicios que el caso ocasionó a los comuneros mapuches: “Son instancias distintas. La responsabilidad penal dice relación con los delitos cometidos, pero ello no es excluyente con una demanda civil que obviamente vamos a presentar en contra de Carabineros y del Fisco por la responsabilidad y el daño moral y patrimonial que representaron estos hechos en contra de mi representado”, señaló.

¿Cuándo se pretende presentar esa querella?

Cuando quede firme el sobreseimiento. La Fiscalía ya señaló que iba a apelar y estamos esperando eso para ver qué sucede.

¿Quiénes son estos siete carabineros? ¿Son ellos los únicos responsables?

Ellos trabajan en la Unidad de Inteligencia de Carabineros. Son quienes levantaron esta información y realizaron informes que fueron presentados ante la Corte de Apelaciones, ante Fiscalía y el Tribunal que imputaban a mi representado y a las otras personas de distintos delitos. Ellos presentaron los informes, ellos manipularon la información y son, por tanto, responsables de estos ilícitos.

Los nombres, entonces, ¿se sacaron de las carpetas de investigación?

Sí, de la misma información de Fiscalía.

Hoy se presentó la querella. ¿Qué se espera para los próximos días?

Este martes hay una audiencia sobre la incompetencia del Tribunal, porque la abogada defensora de los carabineros (Marisa Navarrete) quiere llevar esta causa a Santiago. Además, estaremos pendientes sobre lo que pase en la Corte de Apelaciones con el sobreseimiento y trabajando en la demanda civil.

¿Por qué se quiere llevar la causa a Santiago?

Lo que pasa es que la abogada de los carabineros es la esposa del fiscal Emiliano Arias. Nos señalan que él fue sumariado por Cristián Paredes, Fiscal Regional de Temuco. Creemos que existen intereses personales para que lo investigue una fiscalía en Santiago.

Álex Smith, conocido como “El profesor”, ha defendido en diferentes medios de comunicación la aplicación Antorcha y reafirmó su confianza en Carabineros. ¿Qué le parecieron sus declaraciones?

Son las declaraciones de una persona que está siendo investigada y que busca exculparse. Lo cierto es que aun cuando él pueda realizar distintas maquinaciones con estos aparatos, el contenido de esas conversaciones es absolutamente falso, por lo tanto el responsable será él, su aplicación o el carabinero que manipuló la información. Es eso lo que hay que investigar.

Los medios han jugado un rol dentro de la Operación Huracán. ¿Cuál cree que ha sido la orientación de ese papel?

Podemos ver cómo desde el principio de esta causa, como en cualquier causa en donde existen imputados mapuches, los medios de comunicación, en particular Canal 13, han condenado con anticipación a las personas, divulgando información y aseverando la existencia de este tipo de ilícitos. Sin embargo, no realizan ningún tipo de filtro. En ningún momento recuerdan la presunción de inocencia ni respetan la identidad ni privacidad de las personas. Esos son derechos fundamentales, por lo tanto, creemos que hay un rol importante en los medios.

La entrevista que Canal 13 hizo a Smith, ¿forma parte de esta suerte de ofensiva en contra del pueblo mapuche?

Es parte de un sensacionalismo. Es una entrevista hecha de una forma muy superficial, sin conocimientos técnicos. Lo entrevistó un periodista (Emilio Sutherland) que tiene programas de persecución de delincuentes, entonces hay muchos sensacionalismo ahí. Lo importante es llegar al fondo de la verdad y respetar los derechos de las personas. Recordemos esa entrevista de Informe Especial, en donde Paulina Allende asevera que existían lazos entre mapuches argentinos y chilenos, increpando a ciertas personas, afirmando situaciones que eran falsas. En esto existe responsabilidad de todos los medios de comunicación.

La ofensiva del Gobierno

El fallo del pasado viernes fue una dura derrota para el Gobierno, que a través de la Intendencia de La Araucanía había solicitado al tribunal que se reabriera la investigación.

Ante esto, el ministerio del Interior anunció que presentará un recurso de queja y que apelará al sobreseimiento definitivo.

A través de un comunicado, el Ejecutivo señaló también que decidió “hacer una presentación ante el señor Fiscal Nacional, don Jorge Abbott Charme, sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto”.
Fiscal Palma asume todas las causas

Finalmente, el Ministerio Público decidió también que todas las investigaciones en torno a la Operación Huracán serán indagadas por el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma.

“Con ello, la causa que había iniciado en diciembre pasado el Fiscal Regional de La Araucanía, Cristián Paredes, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, quedó ahora en manos de Palma, quien agrupa así diez indagatorias penales relacionadas con el caso”, informó un comunicado de la entidad.

El Ministerio Público añadió que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, desestimó abrir una investigación administrativa contra el fiscal Paredes, lo que había sido solicitado por la defensa de algunos de los funcionarios de Carabineros que son investigados por la eventual manipulación de pruebas.

Para Abbott, Esto, “las opiniones que emitió el fiscal Paredes respecto del caso fueron hechas solo una vez que cerró la indagatoria a su cargo y habiendo adoptado la decisión de no perseverar en ella, lo que se ajusta al marco de actuación institucional”, detalló el comunicado.
________________________

Héctor Llaitul, líder de la CAM: "La Operación Huracán se cae a pedazos"

 La tarde de este jueves, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, realizó una conferencia de prensa para referirse a la fallida Operación Huracán, luego de ser sobreseído el pasado viernes.

Llaitul –acompañado por su abogado defensor, Rodrigo Román– señaló que en la cuestionada operación de Carabineros existe participación directa de personeros de Gobierno.

Asimismo afirmó que “la Operación Huracán se cae a pedazos“, argumentando esto con tres hitos del caso: el dictamen de la Corte de Apelaciones de Temuco, que el 19 de octubre ordenó dejar en libertad a los 8 detenidos en el marco de la Operación lo que a su juicio es relevante, porque el Poder Judicial no se estaría prestando para una operación de inteligencia de ese tipo.

Por otro lado está el hecho de que el pasado viernes los 8 comuneros detenidos fueron sobreseídos de manera definitiva por el tribunal de Temuco.

Llaitul además señaló que durante este proceso, se realizaron allanamientos, detenciones, procesamientos, y no se encontraron pruebas contundentes.

Así recordó que toda la operación se sustentaba en la mensajería interceptada en los teléfonos de los detenido, siendo que hoy se investiga una eventual manipulación de pruebas por parte de Carabineros.

En tercer lugar, el vocero de la CAM sostuvo que este caso se trata de un montaje contra comuneros, “lo que tiene una dimensión dentro de la criminalización y persecución indiscriminada, particularmente de dirigentes y voceros de la lucha del pueblo mapuche”.

Además agregó que esta operación estaría enmarcada dentro del trato histórico del Estado Chileno contra el pueblo mapuche en procesos de reivindicación territorial.

_____________________________

 Corrupción, impunidad, el legado del gobierno que se va

Juan Pablo Cárdenas S. | Domingo 11 de febrero 2018 21:29 hrs.

Es un secreto a voces que lo que retendría al General en sus funciones sería la información que posee respecto de otras operaciones ilícitas ejecutadas en todo el tiempo en que se ha desempeñado como un oficial de plena confianza y cercanía de Michelle Bachelet.

 El sobreseimiento de ocho comuneros mapuches sindicados con pruebas fabricadas por Carabineros, a objeto de implicarlos en crímenes que nunca cometieron, son una prueba elocuente que se agrega a la descomposición de nuestra policía uniformada, pero también de todo nuestro tan presumido “estado de derecho”. Todo hace sospechar, ahora, que la “Operación Huracán” urdida por las autoridades se desmorona totalmente pero también debieran cuestionarse todos los procesos judiciales en curso o ya ejecutoriados en que los jueces tuvieron como fundamento de sus condenas o medidas precautorias los datos entregados por la llamada inteligencia policial.

Es muy probable que este episodio pueda formar parte de un gran operativo político y judicial para resolver las justas demandas de nuestra etnia principal con infundios que hoy se nos develan escandalosamente. No habría que descartar, incluso, que algunos de los atentados incendiarios perpetrados en la Araucanía no tuvieran como ejecutores a las organizaciones mapuches que luchan por el reconocimiento de sus derechos conculcados, sino fueran producto de los mismos montajes a los cuales suele reconocérseles como acciones de contrainteligencia.

Lo que debiera proceder si tuviéramos un Poder Judicial realmente autónomo es la anulación de muchos procedimientos viciados en que La Moneda, la Subsecretaría del Interior , la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) han cumplido una tarea bochornosa y que perjudica enormemente la solvencia de nuestro ordenamiento institucional. Curiosamente, hasta aquí, el Director General de Carabineros, Bruno Villalobos, sigue en posesión de su cargo cuando para colmo bajo su administración de ha urdido y materializado un fraude al fisco que es considerado el de mayor cuantía durante toda la historia policial chilena. El llamado “paco gate”.

Es un secreto a voces que lo que retendría al General en sus funciones sería la información que posee respecto de otras operaciones ilícitas ejecutadas en todo el tiempo en que se ha desempeñado como un oficial de plena confianza y cercanía de Michelle Bachelet. Alguien que, incluso, a tenido la desfachatez de partir de vacaciones en medio de la avalancha de acusaciones que pesan contra su institución sin haber advertido a sus superiores civiles, lo que los obligó a ordenarle su inmediato retorno a Chile desde Miami, donde había ido supuestamente a descansar.

Empezamos a comprobar, asimismo, que es muy posible que no se resuelva en el tiempo que le queda al gobierno el bullado caso de Caval y los presuntos fraudes, asociación ilícita y tráfico de influencia cometidos por la nuera de la Presidenta, su propio hijo y otros cómplices o encubridores. Al mismo tiempo que ya parece haber quedado consolidado un enorme arreglo “judicial” con la empresa Soquimich (SQM) de Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet. Quién, como el país sabe, se dedicara a sobornar a políticos y partidos de amplio espectro para agenciarse leyes que favorecieran a su actividad minera. Otro enorme capítulo de corrupción que nubla la credibilidad de la política, el Parlamento y los otros poderes el Estado y, desde luego, afecta a numerosos “representantes del pueblo”. Cuyas campañas electorales fueron financiadas por éste y otros magnates que ahora resuelven con discretas sumas de dinero al fisco las enormes y reiteradas evasiones tributarias que implicaron todas estas turbias operaciones.

Todo gobierno, por malo que sea, siempre realiza acciones positivas, pero al de Bachelet ll realmente cuesta encontrarle obras que puedan prestigiar su desempeño dentro de una economía que estuvo precipitándose durante cuatro años y una convulsión social que fue demasiado benigna con ella, a pesar de las explosivas demandas acumuladas que dicen relación con el deterioro del poder adquisitivo, la agudización de las desigualdades sociales, el descalabro de nuestro sistema previsional, como el profundo deterioro de la atención de salud. Ya se sabe que el gobierno que viene realmente se propone “aplicarle la retroexcavadora“ a varias leyes aprobadas especialmente en el último tiempo, incluidas las educacionales tan cuestionadas por todos los sectores involucrados en dichas reformas.

La administración que cuenta los días para traspasarle el gobierno por segunda vez al candidato empresario de la derecha tendrá como estigma haberle provocado un verdadero desastre electoral a los partidos de la Nueva Mayoría o de la Concertación. Lo que están viviendo, ahora, severas crisis internas y experimentando una enorme fuga de militantes. A pesar de que en su voracidad, varios de sus dirigentes se mantienen en sus cargos ministeriales a objeto de paliar la sequía de recursos que ellos mismos y sus colectividades prevén en, al menos, durante los próximos cuatro años. En una desvergüenza que se encarna patéticamente en un personaje como Mahmud Aleui, completamente inmune a su fracaso y siniestras operaciones; o en un ministro del Interior que está a contrapelo de no pocos demócrata cristianos que están huyendo de La Moneda y renunciando a su militancia después de tan desastrosa gestión política.

Pese a ser un gobierno tan fustigado por la derecha y el propio Presidente Electo, no sería extraño que éstos decidan echarle tierra a muchos episodios de falta de probidad, procurando que éstos queden impunes como también los dejara el segundo gobierno de Michelle Bachelet respecto de los despropósitos de su antecesor. De nuevo muy presto para regresar al Poder Ejecutivo con una mayoría parlamentaria, pero esta vez con el entusiasmo y apoyo de la alta clase empresarial que metió sus manos en todas las escandaleras de sobornos y cohecho.
Conspicuos multimillonarios que también necesitan “negociar” su impunidad con los jueces y fiscales abyectos, como darle continuidad a sus empresas que, como en el caso de SQM, incluso fuera favorecida con nuevas concesiones y prebendas otorgadas por la clase política. Casta que, al final de cuentas, ya sabemos que es una sola e igualmente ávida de más riqueza a expensas el pueblo y de un sistema electoral que digitan sin mayores contratiempos para sus intereses. Y que ya asume cuán dóciles puede mostrarse hasta las más rebeldes expresiones políticas ante sus “cantos de sirena”.
______________________

Huracán: Gobierno se querella y apela a sobreseimiento

El ministerio del Interior se hizo parte del proceso que investiga una presunta manipulación de las pruebas presentadas por Carabineros. Además, busca revertir el sobreseimiento de los comuneros mapuches involucrados en el caso y apunta a la falta de igualdad para acceder a los informes periciales y a la ambigüedad en la investigación.

 Claudia Carvajal G. -  Miércoles 14 de febrero 2018 18:23 hrs. 
  

   Tres semanas después que la Fiscalía decidiera cerrar la investigación por la llamada Operación Huracán, el Gobierno anunció en la noche de este miércoles presentar una querella en el proceso por la presunta manipulación de las pruebas presentadas por Carabineros.

El documento, firmado por Matías Moya, abogado del ministerio del Interior, sostiene que es su deber “velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el país” y que la acción judicial está dirigida “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público”.

“Como ha sido de público conocimiento, a raíz de información de prensa publicada en el último mes, se ha dado inicio por parte del Ministerio Público, a una investigación por la adulteración de los informes policiales elaborados por funcionarios de Carabineros”, explica la querella del Ejecutivo.

“Esta conducta habría llevado al Ministerio Público a tomar una serie de decisiones procesales sin el adecuado fundamento, lo que en la práctica ha significado un grave entorpecimiento a la correcta administración de justicia”, añade.

La querella fue la segunda determinación tomada por el Gobierno durante la jornada, porque más temprano se había presentado la apelación al sobreseimiento de los involucrados en el caso. “La resolución(… ) genera un agravio para esta parte querellante ya que, habiéndose solicitado el rechazo de la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa, el tribunal accedió a ella perjudicando los intereses de la persecución penal al poner término con su resolución al procedimiento, y muy posiblemente ocasionando impunidad respecto de delitos gravísimos”.

Así califica el Ejecutivo la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de sobreseer a los ocho comuneros mapuche y dar por cerrada la causa por la llamada “Operación Huracán”. En el texto del recurso de apelación el gobierno se refiere a la investigación del Ministerio Público y señala que es “absolutamente imposible de acuerdo a los antecedentes y pruebas contenidos en la carpeta investigativa inferir la inocencia de los imputados. Es justamente por esta situación ambigua, y por esta investigación incompleta que realizó el Ministerio Público, que esta parte querellante solicitó previamente la reapertura de la investigación a SS., y concretamente que un organismo suficientemente calificado realice un informe que permite aclarar la evidente opacidad que presenta la investigación”, en una clara crítica al actuar del Ministerio Público en la “Operación Huracán”.

A lo anterior se suman acusaciones por las evidentes “faltas de rigurosidad” y “errores metodológicos” en los informes emitidos por el Ministerio Público arguyendo que no hay explicación para la utilización de ciertos procedimientos en el análisis de los equipos periciados. Señalan que “hay discordancia entre los supuestos archivos con problemas, en el primer documento nos habla de solo 5 y en el segundo de 7, ello a pesar de que se analizaron menos dispositivos en este segundo caso”.

El abogado de la Intendencia Regional de La Araucanía expresa en el escrito que existen aún 23 diligencias pendientes “por lo que la investigación malamente podría catalogarse como agotada” lo que, según los querellantes, indica el incumplimiento del ente persecutor del deber constitucional y legal de agotar la instancia de indagaciones.

Respuesta a los fiscales

Uno de los puntos del texto del recurso dice relación con la polémica “negligencia” del Gobierno al no solicitar el levantamiento del secreto de la investigación, según denunciaron los fiscales durante los alegatos de la audiencia de sobreseimiento.

“Cuando el Ministerio Público actúa respetando los principios consagrados en su Ley Orgánica Constitucional y que inspiran la reforma procesal penal en Chile, no cierra investigaciones con pruebas secretas y permite a los intervinientes un efectivo ejercicio de sus derechos”, puntualiza el Ejecutivo en el documento. Y alegan que “de buena fe” esperaron el resultado de las diligencias declaradas secretas, “supuestamente para resguardar la eficacia de la investigación, y que, de un día para otro, de manera abrupta y casi subrepticia, se entera que la investigación se encuentra cerrada, sin tener conocimiento del contenido de las piezas declaradas secretas, cuestión que se extendió hasta mucho después, porque el Ministerio Público entregó copias incompletas de la carpeta. La situación descrita, se traduce en una situación imposible e insuperable para este querellante.

Finalmente, Matías Moya, abogado representante de la Intendencia, señala que de acuerdo al mérito de los antecedentes “no es posible concluir en base a los medios probatorios existentes que se encuentra claramente establecida la inocencia de los imputados”. Posteriormente señala que dado que el Ministerio Público actualmente investiga a los peritos de esta causa por haber presuntamente adulterado los informes y que ello puede llevar a decisiones contradictorias. “En efecto, si los imputados de la presente causa son finalmente sobreseídos (…) ello implica que los imputados en la otra causa, deberían ser culpables de haber adulterado los informes periciales, pero si en el futuro fuesen absueltos o sobreseídos, tendríamos dos resoluciones contradictorias sobre los mismos hechos”.

“Un computador, una flecha y un celular”

Una investigación realizada por Ciper Chile expuso la existencia de un correo electrónico enviado por el capitán Leonardo Osses de la unidad Operativa Especializada con destino al creador del malware Antorcha, Álex Smith. En él se contenían conversaciones que, posteriormente, fueron encontradas en los teléfonos de los comuneros mapuches imputados.

El texto cuyo asunto era “un computador, una flecha y un celular” se envió el mismo día en que los comuneros fueron detenidos y mientras Osses y Smith se encontraban en dependencias del Labocar en Temuco. Según la comparación que realizó Ciper sobre el contenido del archivo con los chats en los teléfonos incautados, los mismos mensajes fueron utilizados al día siguiente como evidencia en el control de detención, por lo que el traspaso de información fue textual.

Los mensajes encontrados en el teléfono de Llaitul incluyen un diálogo entre “Matute” y “Negro”, misma conversación que aparece en el archivo enviado por Osses a Smith, salvo por los nombres de las partes: “Matute” es identificado como Jorge Huenchullán y “Negro” como Héctor Llaitul.

Junto a este, serían varios los mensajes presentes en el correo electrónico del uniformado a Smith que se repiten en dos teléfonos propiedad de Llaitul.

La audiencia de revisión de cautelares de garantías por la denuncia realizada por el Ministerio Público en contra de funcionarios de Carabineros que resulten responsables de los delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de documento público, en el marco de la “Operación Huracán” fue reprogramada para mañana al mediodía, oportunidad en que también se revisará la excepción de incompetencia del tribunal presentada por Marisa Navarrete, abogada defensora de los uniformados.


____________________________

Apuntan a Aleuy como el responsable político de la Operación Huracán

 Luego que se confirmara que la "Operación Huracán" había sido un montaje de Carabineros, los dardos políticos apuntaron al subsecretario del Interior. Desde el mundo mapuche y político piden explicaciones de quien incluso acudiera a Argentina a desmantelar una presunta red de internación de armas iniciada por los imputados de Huracán.

 K. Palma y P. Campos- Viernes 26 de enero 2018 17:09 hrs. 
                       
                       
 “Es lo más grave que ha ocurrido desde que existe el nuevo sistema penal”, esa era la coincidencia entre quienes evaluaban lo sucedido, luego que la Fiscalía Nacional confirmara que la denominada “Operación Huracán” había sido un montaje de Carabineros.

Conversaciones implantadas con posterioridad a la incautación de teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería celular no disponibles en todos los móviles de los ocho acusados y contar únicamente con conversaciones escritas como prueba para demostrar la asociación ilícita y terrorista fueron parte de las conclusiones a las que llegó la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.

Acto seguido se informó del cierre de la investigación . El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, además comunicó que abrirán una investigación penal por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a las indagatorias que se estaban realizando en el marco de este caso.

De inmediato vinieron las reacciones, las primeras de los imputados y sus defensores. Entre ellos, Patricia Cuevas, defensora de Héctor Llaitul, recordó a nuestro medio que ellos siempre habían alertado de la debilidad de las pruebas con las que pretendían levantar la investigación; también acusó a Carabineros por no respetar la Constitución política inmiscuyéndose en acciones que son propias del Ministerio Público.

La defensora fue más allá al advertir que revisarán otras causas en donde hay mapuches involucrados, esto para tener certeza jurídica de que este tipo de montajes no se ha repetido antes: “No sabemos cuáles son las consideraciones de Carabineros para investigar a unas personas y no a otras; tampoco por qué se saltan el curso natural del proceso y se las vincula (a los imputados), a estas personas, con la violencia rural. No puede ser que Carabineros investigue sin ninguna razón. Es Fiscalía quien debe llevar estos temas. Ellos son los que tienen el deber de objetividad”.

No solo ella habló, el propio Héctor Llaitul acusó que el único fin que tenía este operativo era el de desarticular a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Sus dardos apuntaron directamente a las responsabilidades políticas detrás de este caso. “Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero la participación operativa la tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, y la unidad de inteligencia de Carabineros, bajo la responsabilidad del general Gonzalo Blu”, dijo a la prensa.

El subsecretario del Interior nuevamente era mencionado en el caso. Tal como ocurrió en septiembre, cuando explotó Huracán, los dardos políticos apuntaban a su modo de operación. Para la abogada Cuevas, por ejemplo, es incomprensible que pruebas tan débiles e imposibles de sostener hayan derivado en reuniones bilaterales entre Chile y Argentina, lideradas por Aleuy y la ministra Patricia Bullrich, para lograr desmantelar una supuesta red de internación de armas entre movimientos mapuches de ambos países.


El factor Aleuy

“Esto confirma los montajes que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile Rodrigo Curipán, werkén del lof Rankilko, respecto de los últimos antecedentes que se conocieron sobre la denominada Operación Huracán.

Curipán advirtió que es el subsecretario Aleuy el que debe asumir la responsabilidad política de los errores que se cometieron en el caso. En esa línea, comentó que no descartan presentar acciones judiciales contra los miembros del Gobierno, Carabineros y la Fiscalía que resulten responsables.

“Desde el punto de vista político Aleuy tiene toda la responsabilidad. Él no solo fue a Argentina, sino que además aseguraba que habían dado con una organización que estaba desestabilizando la zona de La Araucanía. La acusación que hace para criminalizar a los mapuches ha sido grave y hoy se cae a pedazos. Es legítimo que la sociedad chilena se dé cuenta quiénes están a cargo de investigar y quiénes están a cargo de hacer responsable a los mapuches”, sostuvo.

El dirigente mapuche indicó que además del subsecretario, la “Fiscalía de alta Complejidad tiene responsabilidad absoluta sobre cómo se han ido desarrollando los mecanismos mediante los cuales Carabineros presenta pruebas”.

Rodrigo Román, abogado defensor de Héctor Llaitul, quien fue uno de los ocho detenidos por esta causa, dijo que la primera responsabilidad debe recaer en contra del Ministerio Público. A su juicio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, “sabía desde un comienzo de la inviabilidad de este caso y decidió insistir, toda vez que él ha actuado como receptor de la inteligencia policial”.

“Hay responsabilidades también del subsecretario del Interior e incluso de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, porque esto se enmarca en la política represiva que se ha desatado en Wallmapu. Aleuy es quien coordina el trabajo de inteligencia, por lo que él debe responder”, afirmó.

Eugenio Tuma (PPD), senador por la Región de la Araucanía, manifestó la necesidad de esclarecer la situación. Desde su perspectiva, “es muy pronto para establecer responsabilidades políticas o administrativas”. Mientras que desde el mismo partido el senador Harboe pide sanciones inmediatas a lo que califica de “lo más grave” que ha ocurrido desde que se inició la nueva reforma procesal penal.

¿Pero por qué se apunta tanto a Aleuy?

Más allá de las declaraciones que puedan dar a los medios de prensa las distintas autoridades de la nación, hay evidencias de dónde parte la Operación Huracán. Según documentos de la causa a los cuales accedió nuestro medio, el 20 de septiembre llegan los primeros antecedentes a manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, documento enviado por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.

Bajo el amparo de la Ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la policía uniformada envió la información que dio inicio al polémico caso. No fue iniciado por el Ministerio Público. Incluso, fuentes ligadas a la causa relataron a nuestro medio durante los días siguientes a las detenciones de los mapuches que incluso los fiscales se veían confundidos con los antecedentes.

Con la Ley de Inteligencia el Gobierno puede recopilar información mediante las diligencias ordenadas a Carabineros o Policía de Investigaciones, las que deben ser autorizadas por la Corte de Apelaciones del territorio respectivo, esto para proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional. No puede la ANI comenzar una investigación judicial. Por lo mismo en la Operación Huracán los datos fueron entregados al Ministerio Público para que ellos comenzaran la historia ya conocida.

En tanto, el diputado PS Leonardo Soto, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, calificó como un “hecho muy grave”, la presunta manipulación de pruebas realizada por Carabineros. En ese sentido, anunció que propondrán citar al General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que explique la situación: “Los hechos dados a conocer no sólo avalan a los detenidos por está maquinación, sino que vuelven a poner un manto de duda sobre el trabajo de esta institución policial. Es insólito que el país aún no tenga una explicación formal por parte de la máxima autoridad y responsable de la policía uniformada, quien al estallar este caso alabó pública y profusamente los supuestos logros de la Dirección de Inteligencia”, expresó.

Pese a la explícita petición de que el Gobierno asumiera responsabilidades políticas por los ribetes que ha alcanzado la investigación, el subsecretario Aleuy se refirió al procedimiento a seguir. Así indicó que se van “mantener los canales judiciales y en el caso de la investigación misma y en el de Carabineros, vamos a pedir la máxima celeridad posible en el esclarecimiento de estos hechos (…)El Gobierno va a tomar decisiones en función de cómo avancen las investigaciones administrativas y judiciales”. También indicó que “de ser ciertas” las acusaciones que recaen sobre carabineros, “el costo institucional será alto”.

Este viernes efectivos de la PDI acudieron a allanar las dependencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros en Temuco. Sin embargo, carabineros de la oficina temuquense impidieron el retiro de la información de la causa, amparados en que no hubo aviso previo de la revisión. En tanto se resuelve el conflicto entre las policías, el cuartel permanece cerrado.

Mientras que desde la institución el general de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, señaló que se ordenó un sumario administrativo luego de las acusaciones por presunta manipulación de pruebas. No obstante, defendió las diligencias realizadas por la institución, manifestando que le extraña la decisión de no perseverar que tomó la Fiscalía respecto de las indagatorias en torno a la Operación Huracán.
________________________________



Montaje al cuadrado: las denuncias del abogado de Mónica Palma contra Carabineros

La abogada asistente de la Fiscalía de Alta Complejidad fue sindicada por la entidad policial como quien filtró información al líder de la CAM, Héctor Llaitul. En entrevista con este medio, su abogado, Sergio Díaz, señala las nuevas inconsistencias de Carabineros en la investigación en su contra, en una nueva arista de la Operación Huracán.

 Nicolás Massai D. -  Jueves 15 de febrero 2018 14:59 hrs. 
  

 
Durante la tarde de este jueves el Juzgado de Garantía de Temuco se declaró competente para llevar la causa que investiga distintas aristas de la denominada “Operación Huracán”. Entre los asistentes a la audiencia se encontraba Sergio Díaz, representante de Mónica Palma, la abogada asistente de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía que fue sindicada como informante de Héctor Llaitul.

Ella junto a su representante presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables por los delitos de calumnias, falsificación de instrumento y violación de secreto, entre otros cargos, en contra de Carabineros. Apenas atendida la llamada de Diario y Radio Universidad de Chile, el profesional cuenta que su representada sufrió persecución por parte de desconocidos, y califica esta operación como un “montaje”. Otro más.

¿Ha visto Mónica Palma amenazada su seguridad? ¿Hay algún hecho concreto que la haya llevado a pensar eso?

Efectivamente en algún momento fue víctima de seguimientos impropios y en ese sentido fue que se solicitó la medida de protección.

¿Cómo fueron esos seguimientos?

No te puedo dar detalles del tema, pero sí hubo seguimientos que no corresponden y que evidentemente se relacionan a un tipo de amedrentamiento, y es por eso que solicitaron las medidas.

¿Ya saben quiénes serían los responsables de esta investigación en su contra?

Planteamos esa querella en contra de quienes resulten responsables porque evidentemente lo que nos interesa es que el Ministerio Público pueda investigar e individualizar específicamente quiénes son las personas que participaron en este montaje en contra de mi representada. Tenemos sospechas de la participación específica de algunas personas, pero obviamente no está totalmente aclarada cuáles son las acciones que desplegaron cada uno de ellos.

¿Aparece también el capitán Leonardo Osses?

Es una de las personas que aparece en calidad de imputado en esta causa.

¿Cuál es la imagen que tiene de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar)?

Es compleja la pregunta, porque me estás pidiendo una apreciación sobre una institución, y yo te diría que nuestra labor no busca enjuiciar instituciones; básicamente, averiguamos sobre la responsabilidad de personas individuales.

¿Cuáles son las inconsistencias que se usaron para investigar a Mónica Palma?

En la querella que se presentó aparecen señalados algunos hechos que nos parecen evidentes y graves, porque son constitutivos de delito. Carabineros lo que hizo es imputarle a ella el envío de un mensaje a través de WhatsApp, en virtud del cual habría hecho llegar un listado de personas que eventualmente iban a ser detenidas. Carabineros informó que ese mensaje habría sido enviado por ella desde un lugar específico y sitúan este envío en dependencias de la Fiscalía Regional, en la esquina de las calles Prat con Bilbao. Esa situación es falsa e incorrecta con la realidad, porque ella estaba en una audiencia ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en el momento en que Carabineros dice que se estaba enviando el mensaje. Es absolutamente acreditable que ella se encontraba en una audiencia y no en el lugar en el que dijo que estaba Carabineros.

Usted se refiere al hecho del 16 de septiembre, cuando un tal “José” le habría solicitado mediante un archivo de audio cierta información y la abogado habría enviado una imagen con siete nombres que supuestamente correspondían a los detenidos días después en la Operación Huracán. ¿Ese archivo de audio del tal “José” tampoco está en la carpeta de Carabineros como evidencia?

Efectivamente, esa fue la información que en algún momento el Ministerio Público le solicitó también a Carabineros, y no la entregaron en su oportunidad. La investigación está bajo reserva, pero tengo la impresión que tampoco ha sido entregada al día de hoy.

En la querella ustedes dicen que Mónica, apenas finalizada esa audiencia, les envió un mensaje a sus jefes para decirle cuál había sido el resultado en ese Tribunal…

Exacto. Terminando la audiencia ella le informa a los fiscales que habían participado en ese juicio oral, que se había desarrollado esa semana, y lo envía desde el Tribunal. Por eso es que, dentro de las diligencias que se solicitaron, estaba la recopilación de las grabaciones del Tribunal, porque evidentemente dentro de ellas va a aparecer la imagen de Mónica en audiencia al momento en que Carabineros dice que estaba enviando esta información. No se le puede imputar a ella ese envío, bajo ningún punto de vista. La información es falsa, un montaje que hay que indagar mucho más para ver quién lo ejecutó, cuáles fueron los motivos, pero ese ya es un tema fundamental para nosotros. Hay otros antecedentes que presentamos en la querella y que dicen relación con la información que Carabineros le entregó al ministro de la Corte de Apelaciones, que autorizó algunas medidas intrusivas. Le señala que Mónica tiene un determinado número de teléfono de una determinada compañía, y se le autoriza la interceptación de ese teléfono de esa compañía, siendo que hace mucho tiempo atrás ella ya no lo tenía en esa compañía. Esa actuación desde ya es falsa, y por tanto su ejecución es ilegal.

¿Qué ha significado esto para Mónica Palma?

Está con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía para los efectos de resguardar su seguridad. Ella, como ya se conoce, ha sufrido una afectación profunda como consecuencia de lo que ha tenido que vivir.