ONU califica de deplorable condiciones de indígenas en Chile
La relatora expresó su preocupación por el abandono del Gobierno a las personas sin hogar.| Foto: EFE-Publicado 28 abril 2017- Telesur
La relatora de la ONU para la vivienda ofreció una rueda de prensa para presentar su evaluación sobre las condiciones de vivienda en Chile.
Mostró especial preocupación por la desigualdad observada en la sociedad chilena y la precariedad de la vivienda indígena.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera que las condiciones de las viviendas indígenas en Chile son perjudiciales para esta población. Así lo denunció este viernes la relatora especial sobre vivienda, Leilani Farha.
La especialista expuso “que los pueblos indígenas sufren condiciones de vivienda perjudiciales, como el hacinamiento, la precariedad de la tenencia y la falta de acceso al agua y la discriminación”.
En la rueda de prensa presentada en la capital chilena, Farha explicó que “Chile ha tenido un largo legado de discriminaciones de este tipo contra sus indígenas, cuyas condiciones de vivienda son deplorables”.
Para la especialista la desigualdad es una característica de la sociedad chilena y la vivienda es el reflejo de esta condición. Considera que el acceso a la vivienda digna debe considerarse como un derecho humano y no como una mercancía para poder así asegurar que los más vulnerables puedan satisfacer esta necesidad.
Los motivos expuestos por Farha son la expulsión y despojo de los grupos indígenas de sus tierras tradicionales “para dar paso a la industria forestal patrocinada por el gobierno”. Los grupos más vulnerables respecto a vivienda son los miembros del pueblo mapuche, el mayor grupo indígena de Chile, y los migrantes.
Resaltó que en Chile ha aumentado la cantidad de inmigrantes en 200 por ciento en los últimos años. La mayoría de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Haití. Estos deben acceder aun mercado de alquileres donde priva una discriminación “desmesurada”.
La relatora recomendó al Gobierno de Michelle Bachelet incluir en la reforma constitucional que promueve su administración, el derecho a la vivienda y reconocer el carácter intercultural de la sociedad chilena.
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Relatora de la ONU denuncia viviendas “deplorables” de pueblos originarios y de migrantes
Leilani Farha expuso que otro de los grupos más vulnerables en cuanto al acceso a la vivienda digna son los migrantes.
Los pueblos indígenas de Chile enfrentan mayores niveles de precariedad en su vivienda, debido a políticas y prácticas discriminatorias perpetuadas en las últimas décadas, denunció este viernes en Santiago la relatora especial sobre vivienda de ONU, Leilani Farha.
La especialista resaltó que la desigualdad, que caracteriza a la sociedad chilena, tiene en la vivienda a uno de sus fieles reflejos y advirtió que cuando se considere el acceso a ella como derecho humano y no como una mercancía los más vulnerables podrán satisfacer dicha necesidad.
“Chile ha tenido un largo legado de discriminaciones de este tipo contra sus indígenas, cuyas condiciones de vivienda son deplorables”, dijo Farha, en rueda de prensa en Santiago.
En su reporte, la relatora expuso “que los pueblos indígenas sufren condiciones de vivienda perjudiciales, como el hacinamiento, la precariedad de la tenencia y la falta de acceso al agua y la discriminación”.
Las deficiencias de las viviendas del pueblo mapuche, mayor grupo indígena de Chile, “están directamente relacionadas con su expulsión y despojo de sus tierras tradicionales, para dar paso a la industria forestal patrocinada por el gobierno”, agregó Farha, en su reporte difundido a la prensa en su versión en español e inglés.
La especialista reconoce que el gobierno desarrolla subsidios para que indígenas accedan a viviendas sociales en los centros urbanos, sin embargo dichos programas son imperfectos ya que no se adaptaron a las necesidades de los pueblos originarios.
Vulnerabilidad migrante
Para Farha otro de los grupos más vulnerables en cuanto al acceso a la vivienda digna son los migrantes, en un país en el que en los últimos años este grupo social ha tenido un aumento estimado del 200%, según datos citados por la funcionaria de Naciones Unidas.
“Casi todos los migrantes hacia Chile experimentan diversas formas de discriminación en el sector de la vivienda”, señaló la experta que consideró contraproducente que los migrantes no puedan obtener beneficios en programas de subsidios de vivienda hasta tener al menos tres años de residencia.Esto arrastra a los inmigrantes, en su mayoría de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Haití, a acudir al mercado de alquileres privados donde hay una discriminación “desmesurada”.
Cobros por encima del valor de mercado y hostilidad dentro de campamentos (asentamientos), son algunas de las denuncias que recibió la relatora en su viaje por varias zonas de Chile.
Dentro de las poblaciones más vulnerables, las mujeres juegan un rol aún más crítico, resaltó.
Pese a las críticas, la relatora destacó los esfuerzos y avances del país en el área en los últimos 40 años “sobretodo teniendo en cuenta los aspectos más inclusivos de los últimos 15 años”.
Chile logró manejar con éxito una parte importante de su déficit cuantitativo en vivienda, alcanzando una tasa de propiedad de 64%. “Sin embargo, sigue existiendo un déficit cualitativo de más de 1,2 millones de viviendas”, por necesidad de ampliación, acceso a servicios sanitarios o conservación, detalla el informe.
Considerando defectos y virtudes, la relatora recomendó al gobierno de Michelle Bachelet incluir en la reforma constitucional que está en desarrollo el derecho a la vivienda, reconocer el “carácter intercultural” de la sociedad y abordar la discriminación y estigmatización de los que viven en asentamientos.
- 24 horas
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$hile- Relatora de la ONU: En Chile la vivienda es una mercancía y no un derecho humano
Karina Palma |Martes 2 de mayo 2017 12:11 hrs
Durante su visita de diez días a Chile, Leilani Farha, Relatora Especial de las Naciones Unidas señaló que la desigualdad del país se evidencia en la situación de la vivienda. Para experta el problema es que en Chile las políticas respecto al tema están orientas al mercado, lo cual ha contribuido a la segregación de la población, perjudicando a los grupos más pobres.
En este sentido, enfatizó en que el mensaje que se debe repetir es que es la vivienda es un derecho humano y no una mercancía, es decir, todo lo contrario a lo que actualmente sucede en el país.
De acuerdo a Farha, todos los gobiernos, ya sean a nivel nacional, regional o municipal, deben trabajar de forma coordinada para cumplir los tratados y convenios internacionales que establecen la vivienda como un derecho que debe estar garantizado para todas las personas, por lo que es responsabilidad de ellos regular el mercado y a las empresas que trabajan en el rubro.
Respecto de considerar a la comunidad como un interlocutor válido, la Relatora declaró que en Chile no existen reales oportunidades de participación democrática, por lo que los gobiernos no incorporan las apreciaciones de las personas en las políticas de viviendas.
“La gente que conocí en campamentos, en asentamientos informales y las ONG’s, están muy articulados, muy organizados y son muy capaces. Pueden construir sus propias viviendas, lo cual no es fácil ¿Por qué el gobierno no está celebrando eso e incorporando esas habilidades en la política de vivienda? Eso es un misterio para mí”.
La experta también mencionó el caso de los extranjeros, quienes, desde su perspectiva, son víctimas de una discriminación que no les permite tener acceso a una vivienda adecuada. En este punto hizo un llamado al Gobierno a reformar la ley migratoria e incluir referencias respecto a la regulación del sector privado de alquiler.
Del mismo modo, criticó la situación que enfrentan los pueblos originarios en este ámbito, por la inexistencia de políticas que cuenten con un enfoque intercultural y regionalmente específico.
“Todo esto está muy lejos de la adecuación cultural. Tú tienes personas que han sido desposeídas de sus tierras y territorios por un periodo muy largo y eso ha tenido un impacto directo en su estatus socioeconómico. Esto corta su capacidad de alcanzar autonomía y autodeterminación. Hay una gran cantidad de trabajo que hacer con la gente indígena en este país. Las reparaciones y restauraciones que se deben aplicar acá son muy grandes.”
Además, indicó que las mujeres también suelen tener desventajas en el acceso a la vivienda, principalmente aquellas que son jefas de hogar y pertenecen a segmentos pobres de la población.
Finalmente reconoció los programas que el Gobierno ha puesto en marcha sobre este tema, pero advirtió que todavía no cuentan con un enfoque de derechos, por lo que es posible continúen las desigualdades.
La Relatora Especial de la ONU visitó Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Antofagasta, donde logró establecer un panorama para un informe detallado sobre la vivienda en Chile que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la organización en marzo del próximo año.
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Relatora ONU: “La vivienda en Chile es un bien de consumo, no un derecho”
Publicado el 01 Mayo 2017
ESCRITO POR LORETO SOLER
“Está claro que desde que terminó la dictadura hasta nuestros días, la vivienda es vista como un bien de consumo y no como un derecho “expresó la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha.Las declaraciones las formuló en una conferencia de prensa, realizada en la sala Celso Furtado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, al finalizar su visita oficial a Chile que duro diez días.
“Es inusual ver un país que ha entregado exitosamente la propiedad de viviendas a un número tan grande de hogares de bajos y medianos ingresos, quienes pueden, a su vez, transmitirlas a sus descendientes, al mismo tiempo muestra que la desigualdad que es uno de los rasgos distintivos de la sociedad chilena, se hace evidente en la situación de la vivienda en el país”, dijo la relatora Farha.
Esta tenencia segura, sin embargo, se ha logrado a costa de aspectos esenciales de la vivienda como un derecho humano: ubicación, calidad y habitabilidad, así como el acceso al transporte y a oportunidades de empleo”, destacó la Relatora Especial.
Durante su estadía en Chile, visitó las ciudades de Santiago, Valparaíso, Temuco, Viña del Mar y Antofagasta en las cuales estuvo en distintos vecindarios, campamentos y asentamientos informales constatando que la adopción de un enfoque orientado al mercado en la vivienda para los grupos vulnerables, ha contribuido a la segregación de la población en Chile, basada en el estatus socioeconómico.
Según la experta de la ONU, “Al viajar a diferentes ciudades de Chile, incluyendo asentamientos informales, he sido testigo de divisiones fuertes e impactantes entre los vecindarios, particularmente respecto al tipo y la calidad de la vivienda, y los servicios que los rodean”
Una de las situaciones que le impresionaron fue el abandono por parte del Gobierno hacia las personas sin hogar, muchas de las cuales sufren discapacidades.
“Esta población es prácticamente invisible. No se les ofrece casi ningún servicio gubernamental y, sin duda, no hay opciones de vivienda excepto los servicios de alojamiento periódico y de caridad” señaló la experta de la ONU.
De igual forma, la discriminación que enfrentan las personas migrantes, con o sin documentos, en cuanto al acceso a una vivienda adecuada fue una de las razones por las cuales la relatora Especial exhorto al Gobierno chileno a “reformar su ley migratoria, incluyendo referencias explícitas al acceso a la vivienda y a la regulación y el monitoreo del sector privado de alquiler”.
Sin embargo, la Relatora Especial reconoció que el Gobierno de Chile ha puesto en marcha programas para mejorar la inclusión y la integración, así como varios programas piloto innovadores para cubrir las diferentes necesidades de vivienda como el de que Chile cuente con una tasa del 64% de propiedad de la vivienda y que existan medidas para que las viviendas subvencionadas sean de mejor calidad y que tengan más metros cuadrados construidos.
“No obstante, sin abordar la vivienda como un derecho humano, y sin marcar un cambio en la perspectiva de que la vivienda es una mercancía, temo que las poblaciones vulnerables en Chile seguirán sufriendo desigualdad en la vivienda, lo que es inaceptable en un país que ha manifestado su firme compromiso con los derechos humanos”, añadió Farha
Las principales recomendaciones estuvieron enfocadas en los actuales subsidios; en la construcción de vivienda según los intereses inmobiliarios; las personas en situación calle; la existencia de asentamientos informales; la situación de vivienda de los migrantes; los pueblos indígenas y el acceso a la justicia.
En cuanto a los subsidios, por ser una ayuda que el Estado da a los ciudadanos, al postular a una vivienda este debe ser pagada con gran parte de los ahorros personales y esta ayuda es según el nivel de ingresos. Ahora, como las construcciones del sector privado están motivadas por el lucro, generalmente no usan materiales de buena calidad o construyen en terrenos de baja calidad y alejados de los centros urbanos por que son más baratos.
Además, “el sector inmobiliario parece estar aprovechando la falta de regulaciones coherentes sobre el uso del suelo. En algunos casos, las constructoras han recibido permiso para erigir edificios en altura o complejos de apartamentos de lujo sin restricciones de altura o densidad, sin consultar a los residentes locales y sin tomar en cuenta las necesidades o el carácter de la comunidad”, añade el informe.
Según el informe, las personas en situación calle son personas olvidadas que no tienen ni una sola posibilidad de acceder a una vivienda digna.
Según datos de 2016, existen 660 asentamientos informales en Chile que albergan a cerca de 38.770 familias o unas 116.000 personas y están presentes en la mayoría de las ciudades de Chile y el número de familias que viven allí, ha aumentado en un 41% desde el año 2011.
“Muchas personas que residen en estos asentamientos, habían solicitado inicialmente una vivienda subsidiada. Sin embargo, debido a largas esperas, la mala ubicación y calidad de las viviendas y la falta de transporte hacia los centros urbanos, decidieron quedarse y vivir de manera informal más cerca de sus trabajos”, señala la Declaración final.
Otro punto que revisó la Relatora Farha en su visita fue la situación actual de los migrantes en Chile.
“En los últimos años, Chile ha vivido un aumento del 200% en la inmigración convirtiéndose en uno de los destinos regionales de los migrantes especialmente de Bolivia, Colombia, Perú, Haití y Venezuela que experimentan diversas formas de discriminación en el sector de la vivienda. Por ejemplo, no pueden beneficiarse del programa de subsidio hasta que hayan residido en Chile por al menos tres años y se hayan convertido en residentes permanentes. Lo que los obliga en arrendar en el mercado privado o residir en campamentos o en terrenos y/o edificios ocupados.
Particularmente difícil es para las mujeres migrantes, especialmente si no están unidas a un hombre. Con oportunidades de empleo escasas, no pueden arrendar una vivienda y en los campamentos, suelen sufrir violencia y algunas recurren a la prostitución para ganarse la vida”, establece el Informe.
En su Informe sobre Chile, la Relatora estableció que los derechos de los pueblos indígenas son el talón de Aquiles del historial de derechos humanos ya que “continúa rezagado frente al resto de la región en reconocer sus características interculturales y los pueblos indígenas, sus culturas y formas de vida no siempre son reconocidas como fortaleza.
Los pueblos originarios, enfrentan estándares de vivienda más bajos como resultado de políticas y prácticas discriminatorias de larga data; la expropiación de sus tierras y la falta de una política indígena basada en los derechos que comience a abordar sus experiencias de desigualdad”.
Por último, el Informe establece que “a pesar de que al Constitución vigente protege los derechos de propiedad, no incluye el derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, como Chile ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene obligaciones internacionales en relación con el derecho a una vivienda adecuada y a la no discriminación frente a esto”.
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