Denuncian Violento Allanamiento de FFEE Carabineros a Comunidad Wente Winkul Mapu en Ercilla. (2abr12-radiobiobio-felipe duran-wmft) FFEE de Carabineros llegó hasta la comunidad Wente Winkul Mapu, ubicada en la comuna de Ercilla, para realizar allanamientos, según informaron los mismos comuneros victima del allanamiento.
Los dirigentes de la comunidad denuncian que las tanquetas y buses mantienen bloqueados los accesos y no se sabe qué acción de violencia puedan decidir los carabineros, como ya han violentado antes sus viviendas.
El personal policial habría rodeado el perímetro del lugar e impedido el ingreso a las personas, para realizar operativos en el interior.
El prefecto de Malleco no se ha referido aún a la situación.
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El personal policial habría rodeado el perímetro del lugar e impedido el ingreso a las personas, para realizar operativos en el interior dispuestos por un mandato judicial, según indicó el prefecto de los servicios de Malleco, Jaime Peralta.
Este último agregó que se procedió al registro de algunos inmuebles, dejando como saldo la incautación de armamento, municiones y una escopeta hechiza, además de otros elementos de interés judicial.
Peralta dijo que no hubo ningún inconveniente hasta que al salir del lugar los uniformados fueron atacados con armas de fuego por un grupo de comuneros mapuche internados en el bosque, resultando un efectivo herido tras recibir un impacto de bala, aparentemente, con una pistola 9 milímetros.
El funcionario se encontraría internado en estado grave en el Hospital de Angol y sería trasladado a Collipulli.
El fiscal Luis Chamorro llegó a la comunidad y conversó con los comuneros para solicitar autorización de ingreso de personal de Labocar, que realizaría las pericias tendientes a esclarecer las circunstancias en que el uniformado recibió un disparo._________
Situación.
Alrededor de las 09:00 hrs Comuneros de la Comunidad Mapuche Wente Winkul Mapu denuncian que alrededor de de 70 efectivos de carabineros han ingresado al lecho de la comunidad procediendo a realizar violentos allanamientos en los hogares de los comuneros . Los Werkenes (Vocero) de la comunidad denuncian que las tanquetas, buses y camionetas 4x 4 mantienen bloqueados los caminos y principales accesos.
El werkén Daniel Melinao y Nancy Cabapran aseguran que se escuchan gritos y muchos gases lagrimójenos que estaría utilizando indiscriminadamente carabineros en contra de los mapuche.
“Según los últimos reportes habría una mujer mapuche detenida”
Recordemos que esta comunidad mantiene un proceso de recuperación territorial en un predio usurpado por tres grandes empresas forestales y por el latifundista Juan de Dios Fuentes, en el fundo Centenario. Ellos han llevado una lucha digna que no ha caído en negociaciones ni engaños de las autoridades de gobierno chilenas.
NOTICIAS MINUTO A MINUTO
9:00 hrs : Comuneros Mapuche denuncian que carabineros ingresa a comunidad Wente Winkul Mapu
9:30 hrs : Carabineros bloquea principales entradas y accesos a la comunidad impidiendo el ingreso a cualquier persona
10:15 hrs : Werkén Daniel Melinao asegura escuchar gritos de comuneros en diferentes parte de la comunidad.
11:06 hrs : Confirman Extraoficialmente detención de una mujer de aproximadamente de 50 años de edad.
12:26 hrs : ”Vocero relatan que carabineros actúa con extremada violencia “.
12:39 hrs : Confirman detención de 3 comuneros mapuche perteneciente a la comunidad Wente Winkul mapu
13:o7 hrs : Mujeres mapuche perteneciente a la comunidad Wente Winkul Mapu denuncia que carabineros destrozo estanques donde mantenían agua potable. (audio RBB )
13:09 hrs : Mujeres de la comunidad denuncian que carabineros requisaba sus celulares para que estas no registraran los allanamiento . (audio RBB )
13:18 hrs : En este instante carabinero en conjunto de la LABOCAR Allana casa de una mujer Mapuche (audio RBB )
13:23 hrs : Mujer Mapuche el cual le están realizando allanamiento a su casa exige a carabineros orden de Allanamiento. (audio RBB )
13:25 hrs : Carabineros exige cámara fotografica y/o video a comunera Mapuche (audio RBB )
13:44 hrs : Carabinero resultó herido a bala durante violento allanamiento a comunidad Wente Winkul Mapu en Ercilla. Según carabinero se encontraría grave en el hospital de angol.
En conversación con Werken.cl, comuneros Mapuches dieron a conocer en el allanamiento se incautaron:
Pasamontañas.
Escopeta.
municiones.
Además se detuvieron a 2 lagmien un joven peñi:
Juana Rosa Montoya Levinao (26 años),
Albertina del carmen Levinao Huentenao (40 años)
Rodrigo Alex Montoya Levinao (18 años)
Este martes pasarían a Control de Detención en la comuna de collipulli, comuneros llaman a estar muy atento a como se van ir desarrollar esto nuevos hechos de extrema violencia contra nuestra gente, finalizaron que en el transcurso de la horas, se redactara un comunicado con la información oficial desde la comunidad.
http://www.werken.cl/revista/?p=966
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Suprema acoge recurso de aymaras y ordena nuevo estudio de impacto ambiental de proyecto minero. (2ab12.elmostrador-wmft) El fallo determina que existió un actuar arbitrario de la Comisión Regional de Medioambiente de Tarapacá.
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por una comunidad indígena de la Región de Tarapacá y ordenó realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyecto de prospección minera.
En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Luis Bates, acogieron la acción cautelar en contra de la decisión de la Comisión Regional de Medioambiente de Tarapacá que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Sondaje de Prospección Paguanta”.
El dictamen determina que existió un actuar arbitrario de la entidad regional al no someter el proyecto a un EIA, ni realizar una consulta a las comunidades indígenas de la zona, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que se emplaza en el área de protección denominada Jiwasa Orage, de la comunidad aymara de Cultane.
“Como consta en el proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, la CONADI, durante la tramitación de la misma efectuó constantes reparos a la aprobación de referida Declaración fundados en la existencia del Área de Desarrollo Indígena “Jiwasa Orage”, dice el fallo.
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$hile- Por 2ª vez en dos semanas Justicia ordena Estudio Ambiental y respeto a Convenio 169. (2ab12-radiodelmar-ayi-wmft) Por segunda ocasión en menos de un mes la Corte Suprema ordena que se cumpla el derecho a consulta a las comunidades indígenas contemplada en el Convenio 169 de la OIT, en casos de aprobación de Declaracionde de Impacto Ambiental para proyectos industriales. Luego de detener la cons...trucción del Parque Eólico Chiloé, por no consultar a las comunidades huilliche, ordeno que prospecciones mineras en territorio de comunidades Aymarás, deben someterse a un Estudio de Impacto Ambienta.
La Corte Suprema paralizó las prospecciones mineras de la Compañía Paguanta S.A. en la comuna de Huara, Región de Tarapaca, por que empresa y funcionarios del Sistema de Evaluación Ambiental no respetaron la necesaria consulta que se debe realizar a las comunidades indígenas cuando sus territorios son intervenidos, tal como lo obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre derechos de los pueblos indígenas. Los jueces supremos ordenaron que se realice un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y no solo la insignificante Declaración Ambiental y no permite la participación ciudadana.
En fallo unánime (causa rol 11040-2011), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Luis Bates, acogieron un recurso de protección presentado por la comunidad aymara de Cultane en contra de la decisión de la Comisión Regional de Medioambiente de Tarapacá que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Sondaje de Prospección Paguanta”.
El fallo determina que existió un actuar arbitrario de la entidad regional al no someter el proyecto a un EIA, ni realizar una consulta a las comunidades indígenas de la zona, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que se emplaza en el área de protección denominada Jiwasa Orage, de la comunidad indígena.
“Como consta en el proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, la CONADI, durante la tramitación de la misma efectuó constantes reparos a la aprobación de referida Declaración fundados en la existencia del Área de Desarrollo Indígena 'Jiwasa Orage', como también en el asentamiento del proyecto cerca de la Comunidad Indígena Aymara de Cultane reconocida por la Ley N° 19.253, manifestando 'la necesidad de someter el proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental que establezca con rigurosidad y competencias profesionales el estado o línea base del entorno de emplazamiento del proyecto, de manera tal que le permita al titular establecer líneas de acción o medidas para evitar efectos no deseados en esta zona y en la población indígena dentro de ésta área".
Además, el empresa "debe cumplir con la legislación vigente, informando y considerando la participación ciudadana de la Comunidad Indígena más aledaña a la ubicación del proyecto”, por lo que, y ante la petición efectuada por las comunidades indígenas de la necesidad de la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, solicitó “la aplicación del artículo 34 de la Ley N° 19.253 en concordancia, en virtud del Decreto 124, del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales” “, dice el fallo.
La resolución agrega que “se debe considerar además que las instancias de participación que aduce haber utilizado el encargado del proyecto en la ADENDA N° 3 y que corresponden al contacto directo que se ha realizado con las comunidades con el objeto de socializar el proyecto, a través de reuniones y asambleas, distan de satisfacer las especiales características que posee la consulta cuya omisión se reprocha".
En efecto, la participación que hubo "en este procedimiento de evaluación consistieron en informar a los vecinos acerca de la descripción del proyecto, el estado del mismo y lo que se pretende desarrollar a futuro, todo lo cual no constituye un acto de consulta a los afectados, pues éstos, en ese escenario, no tienen posibilidades reales de influir en la gestación y forma de desarrollo del mismo, en consideración a la necesidad de protección de los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad”.
Concluyendo que “tal proceder deviene en que la Resolución de Calificación Ambiental impugnada, incumple la obligación de fundamentación de los actos administrativos, porque no es fruto de un claro proceso de consulta en el que se hayan tenido en cuenta las aspiraciones y formas de vidas de las comunidades originarias interesadas".
Tal carencia torna ilegal la decisión al faltar a un deber de consulta que debía acatar la autoridad por imperativo legal, lo que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el Convenio 169 dispone, niega trato de iguales a dichas comunidades indígenas.
La Corte Suprema entonces ordenó que el proyecto “Sondajes de Prospección Paguanta” deberá someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 se rija por los estándares del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales”.
La Compañía Minera Paguanta S.A, cuyos propietarios son Paguanta Resources Chile (70%), subsidiaria de Herencia Resurces plc y Costa Rica Dos SpA (30%), posee una concesión minera de aproximadamente 39 km2, ubicada en la comuna de Huara, Región de Tarapacá, aproximadamente a 120 km al este noreste de la ciudad de Iquique.
En la actualidad Paguanta ha finalizado la etapa de exploración en el sector y de acuerdo a los resultados obtenidos se está preparando una campaña de prospección para disminuir la incertidumbre geológica en el área. El objetivo de la prospección minera es determinar y cuantificar los recursos y las reservas del depósito mineral, de potencial interés económico, que permita evaluar la factibilidad de su explotación en el área del Proyecto.
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$hile- Pescadores de Aysén exigen retiro de proyecto de Ley que privatiza los peces. (2ab12-radiodelmar-ayi-WMFT) Acordaron además que el tema pesquero no se discuta en las mesas de diálogo establecidas en la patagonia, e informaron que el Subsecretario de Pesca se habría comprometido a gestionar ante el Ministro de Economia, la demanda de los pescadores.
Aysén- Los pescadores artesanales de la Regi...ón de Aysén, junto a parlamentarios, acordaron que el tema pesquero no sea discutido en la Mesa Social, que estableció el movimiento ciudadano de la patagonia y el gobierno, y exigieron a parlamentarios y autoridades de gobierno que gestionen el retiro del proyecto de Ley que privatiza los peces y que impulsan grandes empresarios y el Ministro de Economía, Pablo Longueira.
El acuerdo lo tomaron el pasado 30 de marzo en una reunión en la que participaron el senador Antonio Horvath y la totalidad de las organizaciones de pescadores de la Región de Aysén.
"Las organizaciones de pescadorse arteasnales de la Región de Aysén y los parlamentarios de la región han acordado plantear al ejecutivo el retiro del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el fin de asegurar previamente el proceso de consulta y participación en la Región".
Afirmaron además que están de acuerdo que "la Mesa Social por Aysén siga desarrollando su trabajo, excepto el tema pesquero.
Los pescadores además afirmaron que el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, "se compromete a gestionar frente al Ministro de Economía, el retiro inmediato de la Ley de Pesca en trámite en el Congreso nacional". Esta gestión el Subsecretario de Pesca la realizaría durante esta semana.
LEA ACUERDO DE PESCADORES:
http://www.ecoceanos.cl/images/documentos/base-acuerdo-aysen-pescadores-retiro-ley-privatizacion.pdf
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OEA: en donde las dan… las toman. (2ab12-clarin.cl-ayi) La misión permanente de Panamá se preguntaba si merecía la pena pagarle tanto dinero a quienes tenían más cara de “compadres” que de expertos. En la lista de los bien pagados asesores de Insulza, de la que disponía el representante de Panamá, se cuentan Enrique Correa, Luis Maira, Nicolás Eyzaguirre y Heraldo Muñoz. Correa fue el que le sacó más partido a sus “reflexiones” recibiendo 111.919,00 dólares entre los años 2007 y 2011.
Hay quien piensa que algunos organismos internacionales sólo sirven para comprar políticos venales, vehicular los intereses de los EEUU y someter a gobernantes pusilánimes. Es el caso de la OEA, organización que alguna vez fue calificada de “ministerio de colonias yanqui” por un Fidel Castro joven, en plena forma, y que aún no se transformaba en líder eterno.
La OEA fue constituida el 30 de abril de 1948 en Colombia.
Los países participantes firmaron la llamada Carta de Bogotá, virulenta declaración de los intereses de los EEUU y violento brulote anticomunista. No se trataba de cooperación hemisférica sino de guerra fría.
Hoy en día la Carta de Bogotá es ocultada celosamente. A la cabeza del organismo se sucedió una lista de políticos de cuestionable probidad, alguno de los cuales renunció en medio de escándalos de corrupción antes de ir a la cárcel.
Para remplazarle surgió la candidatura de José Miguel Insulza. Sus más fieros opositores fueron los republicanos yanquis, que no se enteran.
El diario The Washington Post llegó a escribir: “Insulza ha servido descaradamente a los líderes de la izquierda de la región”.
Insulza era considerado un “izquierdista”, probablemente en razón de que “Los seis primeros años de su expatriación los pasó en Roma, tiempo en el que cultivó los contactos con los gobiernos comunistas del bloque soviético (CIDOB - Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona).
” Era la época del Mapu красный флаг (Mapu bandera roja) que precedió la era de los Mapu cabilderos, empresarios, palos blancos y adoradores de Mercurio. Los conservadores yanquis pueden dormir tranquilos, pero no los taxpayers americanos: los EEUU contribuyen más del 59% de los presupuestos de la OEA.
La gestión de José Miguel Insulza a la cabeza de la OEA inquieta a sus funcionarios e incluso a los representantes de algunos Estados latinoamericanos.
La Asociación del Personal de la OEA (APOEA) le dirigió una larga carta a John Beale, representante de Barbados y Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, para señalarle su preocupación “visto que las medidas que propone la Secretaría General afectan las condiciones de trabajo de los funcionarios”, y pidiéndole que la diese a conocer “a todos los delegados antes de la sesión de referencia” (reunión del Consejo Permanente de la OEA que debía tratar el tema). En sus observaciones la Asociación:
“reitera que la elaboración y ejecución de la política de personal debe atenerse a las normas vigentes; exhorta a la Secretaría a que respete los derechos adquiridos del personal y aplique las normas con transparencia y congruencia; afirma que el respeto de las normas se traducirá en considerables ahorros para la Organización, elevará la moral del personal y contribuirá a una planta estable, comprometida y motivada; solicita que las propuestas sobre gestión de recursos humanos que se presenten ante los órganos políticos sean claras y que se eviten distorsiones que conduzcan a interpretaciones erróneas o viciadas de las normas; llama a que en las políticas de personal se respete y considere la igualdad de género y la distribución geográfica de manera sistemática y congruente, especialmente en lo relacionado con la selección, la promoción, y el ascenso de funcionarios; exige la eliminación de toda práctica discriminatoria; insta a que se consulte al Comité del Personal en materia de recursos humanos y a que se consideren sus propuestas, comentarios y sugerencias; y advierte sobre las implicaciones legales que podría ocasionar la falta de atención a las normas.”
En resumen, José Miguel Insulza es acusado de prácticas discriminatorias, de pasarse las normas por salva sea la parte, de dilapidar las platas de la OEA, de no respetar los derechos de los trabajadores y de favorecer a sus amiguetes, antes de recibir una advertencia sobre “las implicaciones legales que podría ocasionar la falta de atención a las normas.”
Por si no quedase claro, la APOEA precisa que “Las medidas que la Secretaría adopte para abordar el déficit presupuestario generado por los nombramientos de confianza que exceden el límite establecido en las Normas Generales deben ejecutarse con transparencia, generar ahorros tangibles y asegurar el trato igualitario del personal.”
Insulza no se contenta con favorecer a sus preferidos abusando de los nombramientos de cargos de “confianza” sino que lo hace profundizando el déficit presupuestario y sin transparencia ninguna.
Una denuncia de Panamá “sobre la contratación irregular de asesores por parte del Secretario General José Miguel Insulza” llevó a efectuar una sesión del Consejo Permanente de la OEA (07/09/2011) para tratar ese tema.
Panamá exigía “una auditoría a la Secretaría General de la organización”, medida extrema que se justifica cuando hay fundadas razones para suponer que alguien está metiendo las manos.
La acusación era seria, e Insulza evitó a duras penas la auditoría cediendo a todas las exigencias de Panamá. Guillermo Cochez, el representante panameño, las enumeró en su intervención en el citado Consejo:
“5. Que se facilite la lista y salarios del personal de confianza a disposición del Secretario General y el Secretario General Adjunto.
6. Que se informe si los nombramientos actuales del personal de confianza están dentro del máximo de 8% del total de los funcionarios de la Organización como establecen los reglamentos.
7. Que se revisen todos los nombramientos permanentes hechos para verificar si han cumplido con el requisito del concurso.
8. Que se explique los motivos de la contratación temporal en la OEA del cineasta chileno Germán Berger, sin recurrir a la vía del concurso.
9. Que en un término razonable la Secretaría General establezca en su página web un sitio donde todas las misiones puedan tener acceso directo a los nombramientos efectuados por la organización.
10. Que todas las Misiones reciban copia de la información que la SG le entregará a la Misión de Panamá.
11. Que la Secretaría General informe a las respectivas Misiones de los nombramientos que se haga de sus connacionales.” El embajador Cochez terminó sus palabras diciendo “Si no hacemos hoy algo urgente por la OEA, irremediablemente mañana seremos sus sepultureros.”
Para Insulza fue lo que los brasileños llaman “abaixar as calcinhas”. El Secretario General de la OEA quedó desnudo, y sus lamentables explicaciones no convencieron a nadie.
Insulza le dijo al Consejo Permanente de la OEA que la veintena de “expertos” que contrató por la libre son su círculo de asesores que le ayudan a reflexionar sobre los acontecimientos políticos de América Latina.
Los asesores son un ramillete de claveles entre los que se cuenta Víctor Rico, ex funcionario diplomático boliviano que se pasea por los pasillos de la OEA diciéndole a quién quiera escucharle “que hay que matar a todos los indios de Bolivia y el primero es Evo.
” La lista incluye un par de gaffes, el chileno Pablo Gutierrez y el argentino Raúl Alconada que se hicieron célebres por una metida de pata que trajo consigo el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras. Cuando el presidente hondureño quiso lanzar un referéndum constitucional, la Corte Suprema de ese país lo declaró ilegal.
Sin embargo los dos asesores de José Miguel Insulza declararon en Tegucigalpa, en nombre del Secretario General de la OEA, que a sus ojos el referéndum era perfectamente legítimo. Apoyándose en esa declaración Zelaya le dio instrucciones al ejército para que distribuyese las urnas destinadas al referéndum, contrariando a la Corte Suprema y al Parlamento hondureños. Esta fue la señal y el pretexto para que la derecha y los militares decidieran dar el golpe de Estado…
La misión permanente de Panamá se preguntaba si merecía la pena pagarle tanto dinero a quienes tenían más cara de “compadres” que de expertos. En la lista de los bien pagados asesores de Insulza, de la que disponía el representante de Panamá, se cuentan Enrique Correa, Luis Maira, Nicolás Eyzaguirre y Heraldo Muñoz. Correa fue el que le sacó más partido a sus “reflexiones” recibiendo 111.919,00 dólares entre los años 2007 y 2011.
Nada de lo que precede ha privado a Insulza de algunos lujos pagados con dinero del taxpayer yanqui, como un automóvil Cadillac negro, modelo 2012 de 60 mil dólares para su uso personal, viajes aéreos en primera clase (financiados con partidas de programas de desarrollo), cenas en Rio de Janeiro por 1.800 dólares, y otras menudencias. Fuera de su modesto salario superior a 22 mil dólares mensuales, cuando Insulza se desplaza recibe viáticos de 300 a 400 dólares diarios.
Alojándose en casa de sus amigos se ahorra el hotel y se pone ese dinero en el bolsillo. A cambio, los hijos de sus amiguetes reciben un contrato en la DECO (departamento de observación electoral y cooperación). Todo lo que precede no tiene cuenta de los cuantiosos gastos de representación.
Puede que sea esta dispendiosa gestión la que explica el desaparecimiento de la reserva de 30 millones de dólares que tenía la OEA cuando José Miguel Insulza fue designado Secretario General y que ahora la OEA se vea obligada a alquilar algunos pisos del edificio de servicios generales para pagar los salarios de sus funcionarios.
Las malas lenguas cuentan que después de su viaje a Haití a una reunión con el gobierno de ese país, la Fundación Clinton y la ONU (fines de junio del 2010), Insulza le dijo a sus funcionarios de la OEA que no tenía sentido hacer más esfuerzos para ayudar al país caribeño porque “ya me saqué la foto con Bill Clinton y no es necesario hacer mas seguimiento. Ya tengo la foto.” Como dice el proverbio: donde las dan… las toman.
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PuelMapu: Mapuche rechazan construcción de hidroelectricas sobre Espacio Sagrado Huilliche.
http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3332&Itemid=3
Rio Negro: Intendente de El Bolsón pidió perdón a Mapuche desalojados
sábado, 31 de marzo de 2012 | |
El intendente Ricardo García pidió perdón ayer viernes a una veintena de referentes de comunidades Mapuche que llegaron hasta su oficina para increparlo por la participación de personal y vehículos municipales en el desalojo compulsivo de la familia Valle, ocurrido la semana pasada en el paraje Cuesta del Ternero. Por Diario Rio Negro "Públicamente les pido disculpas y espero que me las acepten porque tengo la capacidad de ser humilde y reconocer cuando me equivoco. Quiero dejar en claro que fue un acto de la Justicia y nosotros nos limitamos a colaborar ante un pedido concreto. Desconocíamos por completo que se trataba del desalojo de una comunidad aborigen", dijo. No obstante, tras un debate que duró media hora, los ánimos se calmaron y hubo coincidencias para comenzar a trabajar en la puesta en marcha de una oficina comunal que atienda específicamente la problemática aborigen. Previamente recibió por separado a Aurelia y Manuel Valle, Mirta Ñancunao (Las Huaytekas) y Alejandro Huenchupán (Tequel Mapu), ante quienes se comprometió a "reparar los daños". En varias oportunidades reiteró que "pertenezco al movimiento nacional y popular que encabeza la compañera Cristina, que está en defensa de las comunidades aborígenes". A esa altura, uno de los dirigentes le recriminó que "esto no es una iglesia, para que vengas y pidas perdón. Acá se trata de saber qué actitudes políticas podemos esperar a futuro de tu gestión". El viernes pasado, la policía dio cumplimiento a una orden del juez Ricardo Calcagno en relación a una causa tramitada ante los juzgados Civil y Penal de Bariloche, sobre la tenencia y titularidad de tierras que pertenecieron a la familia Valle desde 1903 y que habrían sido vendidas por una sobrina a terceros. ------ El "malon" blanco y la abuela Audelina Audelina Valle llora sin pudor cuando recuerda la escena. Son regueros que se pierden en los pliegues de su rostro cuarteado por los años y el andar en la cordillera. No sabemos qué hacer con ese sufrimiento que nos golpea duro en pleno corazón, cuando la encontramos junto al calor tibio de una cocina de leña, en casa de uno de sus hijos, tres días después de que fuera desalojada violentamente de su predio, en Cuesta del Ternero, por la policía. Y como no sabemos qué hacer con ese dolor de mujer, que nos cala hondo, nos adentramos, absortos, en sus palabras y en sus silencios, en un territorio misterioso del que no se vuelve indemne. Por Julio Saquero Lois / Mensajero Digital Me levanto temprano siempre, a las siete, siete y media. Los chicos hay que prepararlos para la escuela. El viernes yo los acompañé hasta la tranquerita y ellos salieron al camino para tomar el transporte escolar. Pero ví algo raro, los alambres de la tranquera estaban cortados y todo estaba caído. Nosotros siempre cerramos con candado. Me acerqué para ver mejor y entonces dos mujeres se bajan de una camioneta que no conozco y suben a los chicos y los llevan. Les grito que paren, pero ya se van y un reguero de camiones, camionetas y policías vienen atrás, entrando por la tranquera abierta. Son muchos. Mi hijo Manuel trabaja de albañil en el pueblo, él me los dejó encargados. Y los policías, en montón, se me vinieron encima. Dos mujeres vestidas de policía me agarraron de las manos y me sostuvieron sin dejarme mover. Un hombre de pelo gris, sin uniforme, daba órdenes y mandaba a los demás. Vinieron muchos policías y otros hombres, que decían que eran del municipio. Como hacía mucho frío les pedí que me dejaran entrar para ponerme unas medias, un abrigo. Pero no me dejaban. ¿Qué les voy a hacer? No soy criminal, les digo. Pero no me dejaban y yo tironeaba. Me dejaron entrar al fin. Pero siempre me agarraban como si fuera a lastimarlos. Así me tenían, pero pude ponerme unas medias y abrigarme. Ahora es puro silencio en la cocina en la que se cuela por la ventana el otoño con sol y colores de la cordillera. Pero el sol no nos ilumina, nos envuelve la niebla que nace en los ojos húmedos de la abuela, que recupera desde lo hondo un dolor infinito al recordar el momento en que los huincas se llevan, quién sabe a dónde, a sus dos nietitos de 13 y 9 años. Y pienso en el gran "malón", cuando Roca y sus generales repartían los niños Mapuche y Tehuelche en los colegios salesianos y entre las familias de bien porteñas. Y pienso en el otro "malón", el más reciente, el de Videla, cuando repartieron otros niños, cuyas madres y abuelas todavía los buscan con desesperación. Y pienso que es un dolor, el de las madres y abuelas, siempre igual, siempre el mismo, y ese dolor clama con desesperación justicia al cielo y exige reparación y castigo a los culpables, aquí, hoy, en esta tierra en que vivimos y que está bajo nuestra responsabilidad. La responsabilidad de todos los hombres y mujeres que la habitamos, sin distinción de raza o de color de piel, o de condición económica o cultural, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los hombres que bajaron de las camionetas del Municipio empezaron a romper todo. Los corrales, las casitas. Desarmaban y metían los palos y las chapas en el camión. Yo me agarré con fuerza en la manija de la cocina. Me tironeaban. Yo no aflojaba. Vino una policía y me agarró fuerte del brazo y no podía conmigo. Después vino uno grandote y me tironeó del otro brazo. Ahí ya no pude y aflojé. Me dolía mucho y les decía que soltaran que yo no había hecho nada.¿ Por qué hacían eso?. Pero seguían. Me sacaron afuera de los brazos. Después me subieron a la camioneta y agarraron para El Bolsón. A mis nietos los habían llevado por el camino para el otro lado. Les pregunté dónde los habían llevado. A la escuela me dijeron. Pero yo no les creo, les dije. Desparramados por el predio de 24 hectáreas, que desde comienzos del siglo veinte ocupara Gumersindo Valle con autorización del Estado rionegrino, ya hay treinta policías dirigidos por la nueva comisaria Fierro, de El Bolsón, que ocupó el cargo hace un par de meses para “devolver la credibilidad y la armonía” a una comunidad enfrentada a una policía acusada en tribunales rionegrinos por múltiples actos de violencia, torturas y un asesinato en comisaría. Ahora a los uniformados se les suman una quincena de empleados municipales, dedicados a la tarea de demolición de todo lo que es vivienda y producción. Quien da las órdenes es un abogado barilochense contratado por los que iniciaron el juicio penal a los Valle. Los que se pretenden dueños nuevos del predio. Ahí, en medio de una nube de polvo, sudorosos y a plena adrenalina, corretean algunos policías detrás de los chanchos, subiendo entre varios, las chanchas, a punto de parir, al camión jaula que han contratado a un vecino. Se han escapado las gallinas y patos y hay quienes intentan encerrarlos de nuevo. Los uniformados han llegado sin autoridades judiciales, y sin aviso previo. Pero con una estrategia interinstitucional perfecta: hay abogado querellante, hay jefe y subjefe policial, hay secretario municipal, hay asistentes sociales del Centro de Ayuda Familiar (CAF), hay una camioneta de Bomberos Voluntarios, hay una Ambulancia. El Malón tiene cabeza y estrategia. La consigna es de ocupación y tierra arrasada. Si hay oposición de los pobladores, castigo. Para eso contamos con la protección de la Ley. La comunidad originaria es el enemigo que hay que aniquilar al parecer. Me llevaron a la comisaría, como delincuente me llevaron, cuenta Audelina. Yo nunca estuve presa. Nunca hice mal. Por qué harían eso conmigo, dice, y se adentra en su silencio. Mientras Audelina se descompone en la comisaría y es trasladada al Hospital y sus nietos deambulan en una camioneta del CAF, Manuel, su hijo, informado de la invasión policial, se hace presente en el predio para llegar a ver cómo destruyen la vivienda de su madre y cargan los escasos muebles en el camión de la municipalidad, arrean los animales al camión jaula y comienzan a derribar las otras viviendas de la comunidad. Decidí atrincherarme en la única casa que quedaba en pie, cuenta. Me agarré del marco de la puerta, no me dejaron entrar. Se me tiraron encima algunos policías. Como no me podían desprender me entraron a pegar garrotazos en todo el cuerpo hasta que aflojé. Y muestran las fotos donde se ve a varios policías sujetándolo en el suelo en pleno descampado. Allí se ven los restos de las viviendas destruídas, los cultivos pisoteados, el despliegue policial, los camiones municipales, el abogado querellante, los cerros boscosos de Cuesta del Ternero, testigos mudos, del avasallamiento inaudito. Después, entre varios, me arrastraron a la camioneta, continúa. Cuando me subieron abrí las piernas y me afirmé en la puerta con los pies para que no la pudieran cerrar. Entonces vino uno de los milicos y me agarró de los huevos y tuve que aflojarme. Así me encerraron. Mi hermana se acercó para ver adónde me llevaban y dos policías la agarraron de los brazos y la apartaron. Después mi sobrino menor, de dieciséis años, se plantó frente a la camioneta para no dejarlos ir y uno de los policías lo bajó de una trompada en la cara. Así me llevaron a la comisaría. Nunca nadie me presentó una orden del juez, nunca nadie me avisó que nos iban a desalojar. Maltrataron a mi madre que es mayor y se llevaron secuestrados a mis hijos. Perdí mis animalitos. Los ahorros que tenía mi mamá eran tres mil quinientos pesos que estaban dentro de la Biblia. ¿Dónde están? Y su mirada se pierde en la bronca y la impotencia. En el predio de la comunidad de Gumersindo Valle, en Cuesta del Ternero, días después del desalojo un piquete policial permanece vivaqueando alrededor de una parrilla donde se doran unos chorizos y unas hamburguesas, impidiendo el paso a toda persona u organización. Nosotros no fuimos los que tiramos abajo las casas, fueron los empleados municipales dicen los policías como defensa. Parece que se olvidaron de nosotros acá arriba, bromea uno de ellos. Estaremos hasta que venga el dueño, tal vez el fin de semana, y se haga cargo del lote. Con este violento operativo, con el que se expulsa a pobladores originarios de Cuesta del Ternero que ocupaban ese predio desde 1903, se trata de apañar desde el estado rionegrino (otra vez), a un pretendido dueño nuevo de las tierras, bajo cuyo patrocinio actuó el abogado y ordenó el Juez Ricardo Calcagno, subrogante de Gaimari Possi y actuó la policía y ordenó el Intendente de El Bolsón, Ricardo García, obviando todos ellos, incluído el Fiscal, que nunca se hizo presente, convenios internacionales como el 169 de la OIT, la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos forzados de los campesinos y comunidades originarias, y la Constitución Nacional, que ampara con la Declaración Universal de los Derechos Humanos a todos los habitantes de este país. Audelina, al atardecer, reencontrará a sus nietos en la casa de su nuera. Allí los depositaron finalmente las asistentes sociales del Centro de Ayuda Familiar de El Bolsón . Lo que no se podrá reencontrar durante mucho tiempo, es la sonrisa alegre en su rostro, por la enorme humillación que le han infligido a ella, a su comunidad, y a todos nosotros, los habitantes de la Comarca Andina, gratuitamente, las autoridades estatales de Río Negro. El Pedregoso 30 de marzo de 2012 Comité de Seguridad Pública de la Araucanía se reunirá para analizar ataques a camiones en Angol. Domingo 1 abril 2012 | 0:02 Publicado por Daniel Torres | La Información es de Luis Vergara Para el próximo martes está fijada la reunión del Comité de Seguridad Pública de La Araucanía para abordar el nuevo episodio de violencia que terminó con la destrucción de tres camiones dedicados a tareas forestales en la comuna de Angol. El ataque ocurrido al interior del fundo Santa Alicia propiedad de Forestal Mininco en la provincia de Malleco, donde encapuchados fuertemente armados amenazaron a los choferes y prendieron fuego a tres camiones, generó la reacción del intendente Andrés Molina quien ya citó a sesión extraordinaria a los integrantes del comité de seguridad pública. José Villagrán, presidente de los camioneros del sur, junto con lementar el nuevo atentado al gremio, lo definió como un acto terrorista que necesita una solución permanente. El comité de seguridad pública contará con invitados del sector privado y donde los camioneros tienen propuestas que esperan sean acogidas por la mencionada institución, señaló José Villagrán. Camioneros: "Atentados demuestran que el gobierno se relajó en la Araucanía"En las últimas horas dos camiones fueron quemados por desconocidos que actuaron amenazando con armas de fuego a los trabajadores. Luego del atentado incendiario, hasta se apropiaron de las especies de valor de los operarios, como celulares, dinero, relojes, mochilas y otras.Sábado 31 de marzo de 2012| por UPI El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, Juan Araya, junto con repudiar el ataque a vehículos de carga en la comuna de Ercilla ocurrido en las últimas horas, acusó que los hechos evidencian que "el gobierno se relajó en la Araucanía y el resultado que hoy debemos lamentar son dos camiones quemados en un conflicto en el que nada tenemos que ver". De acuerdo a los antecedentes, todo ocurrió al interior del fundo Santa Alicia, de propiedad de la empresa. también robanAllí, los desconocidos amenazaron con armas de fuego a los trabajadores que estaban talando árboles y al ingresar los camiones estos fueron incendiados, ante la mirada atónitas de los obreros. Luego del atentado incendiario, hasta se apropiaron de las especies de valor de los operarios, como celulares, dinero, relojes, mochilas y otras. El dirigente gremial señaló que la acción violentista arruinó a los dueños de esos camiones, microempresarios que prestan servicios en las faenas forestales en la zona. Además, sembró el terror entre los conductores, a quienes los autores del ataque amenazaron con armas. Araya indicó que los camioneros de Ercilla y de localidades vecinas se reunían para acordar acciones conjuntas de defensa. "Ellos están en alerta desde esta mañana. He conversado con la gente de Arauco, con sus dirigentes locales, y me han dicho que no pueden quedarse de brazos cruzados porque está en juego la continuidad de su fuente de trabajo. Saben que así no pueden seguir", puntualizó. El presidente de los camioneros criticó a las autoridades por la forma de enfrentar la violencia que se ha hecho crónica en la Araucanía. premeditado "Hay una información del Prefecto, que calificó el incendio de los camiones como concertado y premeditado. Eso quiere decir que el Gobierno sabe que hay gente organizada pero está dejando actuar a los violentistas. Nosotros estamos seguros de que las autoridades se relajaron", acusó Juan Araya. Respecto al caso, Carabineros realiza las diligencias para dar con los 6 encapuchados que quemaron tres camiones de forestal Mininco en la región de la Araucanía. 1 April, 2012Mapuche de Lonquimay denuncian discriminación del alcalde ante Contraloría"Queremos que se nos respete de una vez por todas", enfatizaron los dirigentes mapuche luego de cuestionar al municipio local por no aplicar la consulta a las comunidades sobre proyecto de abasto de agua. Presentaron antecedentes ante Contraloria. Por Felipe Toledo Rocha Fuente: La opiñon
Dirigentes de comunidades pehuenches del sector Icalma, denunciaron ante la Contraloría nuevas irregularidades en el proceso de licitación de los abastos de agua en el municipio de Lonquimay, acusando discriminación.
“A nosotros no nos han respetado, nos anularon el derecho a participación. Cuando después supimos que a una empresa le adjudicaron dos proyectos sobre los 500 mil millones de pesos, sin preguntarnos a nosotros”, enfatizó Gerónimo Nahuelcura Domihual presidente de la Comunidad Nahuelcura Cayumir, quien junto a Segundo Ignacio Cayumir de la comunidad Wallelmapu y Hector Nahuelcura, llegaron hasta la Contraloría con antecedentes en mano a pedir la intervención de la Contraloría en el proceso de licitación de los abastos de agua, cuya suma asciende a 3 millones de dólares.
Según los representantes mapuche, la iniciativa producto de la gestión entre ellos y el gobierno, fueron licitados por el municipio de Lonquimay “sin la mínima consideración y consulta a los pehuenches”, luego que el alcalde Guillermo Vásquez, “aseguró participación, como indica el Convenio 169 OIT”, explicaron.
“Los abastos de agua que benefician a más de 1500 pehuenches de Lonquimay fueron licitados en diciembre del año pasado y fue declarada desierta por el edil Vásquez y sus concejales después de un escándalo publicitario en los medios de prensa regionales y denuncias ante Contraloría General de la República, acusando intervencionismo del gobierno, de dirigentes y supuestos acuerdos de los pehuenches con empresarios”, relataron los dirigentes.
Agregaron que en la segunda licitación “el alcalde Vásquez negó la participación a los pehuenches, y de las cinco empresas que participaron en la primera instancia, ahora sólo postulo una empresa y adjudicó a dos comunidades“.
“Nosotros queremos que se nos respete de una vez por todas y que revise la Contraloría estas licitaciones. No somos cabros chicos, somos dirigentes que estamos peleando por las necesidades de las comunidades, que nos respeten de una vez por todas”, recalcó Nahuelcura, aclarando que “debe haber participación de la comunidad en la licitación como exige el Convenio 169 de la OIT”. Los dirigentes señalaron que dejaron los antecedentes con la finalidad que se anule el proyecto hasta una nueva licitación. ________ (Edición: ChachaJá) |
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