Santiago/ Com pu lamngen ka pu wenuy hacemos un llamado a la población consciente a respaldar el Recurso de Amparo presentado en la Corte Suprema de Santiago para nuestros PPM de la llamada Operación Huracán, el cuál está pasando a revisión hoy, y su respectiva resolución se dará a conocer el martes 17 de Octubre a las 8:30 hrs.
Sabemos que éste burdo montaje orquestado por la ANI y respaldado por el estado chileno carece de cualquier prueba seria que justifique el sensacionalismo de las detenciones hacia nuestra gente y que solo busca deslegitimar nuestra lucha y perseguir a aquellos que han asumido la liberación de nuestro pueblo dignamente.
NO A LA LEY DE INTELIGENCIA!
FIN AL MONTAJE DE LA O.HURACÁN!
LIBERTAD A NUESTROS PPM ENCARCELADOS INJUSTAMENTE!
FAVOR DIFUNDIR!!
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Tanto para brindar fuerzas a nuestros pu lamien, como para demostrar unión y resistencia frente al atropello que día a día se hace contra nuestra gente.
Nos debemos y seguiremos luchando hasta la Libertad de Todos los Presos Políticos Mapuche. Nos reuniremos afuera de la Cárcel el día martes 17 a las 18 horas, porque ahí tenemos a nuestros lamgien del Caso Luchsinger Mackay, del Caso Iglesia, algunos de la Operación Huracán y más.
Llevar instrumentos, lienzos y banderas mapuche (y solo mapuche).
¡Nos vemos!
WEWAIÑ!
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Sistema judicial en crisis de seriedad: Defensa y familiares de PPM montaje “Operación Huracán” presentan Recurso de Amparo en Corte Suprema
Octubre 17, 2017
Corte revisa cautelares de imputados en “Caso Huracán” en medio de acusaciones de irregularidades
Este martes 17 de Octubre, la Corte Suprema revisará las medidas cautelares de los ocho imputados en la denominada “Operación Huracán”. Esto, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la defensa de los acusados. En la antesala de esta audiencia, familiares de los detenidos solicitaron reunirse con el presidente del Máximo Tribunal para expresarle sus reparos frente a las acusaciones y al procedimiento llevado a cabo por las policías.
El desarrollo de la Operación Huracán vive horas claves, puesto que durante la mañana de este martes la Corte Suprema revisará el recurso de amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en el caso, con el objetivo de revocar las medidas cautelares de prisión preventiva que actualmente cumplen los ocho acusados en distintos puntos del país.
En este contexto fue que durante este lunes, un grupo de familiares de los imputados en Huracán, llegó hasta el Máximo Tribunal para entregar una carta a su presidente, Hugo Dolmestch. En la misiva buscaban expresar de manera formal los reparos que tienen tanto sobre las acusaciones como del procedimiento policial que se concretó el pasado 23 de agosto.
“Dado que durante la Operación Huracán hubo una serie de hechos que a nuestro parecer resultaron irregulares, y algunos actos constitutivos de delitos, y que por lo tanto atenta contra el Estado de Derecho y las garantías de las personas, solicitamos a usted una audiencia a fin de hacerle parte de ellos como corresponde en rectitud a todo ciudadano”, dice la carta.
Los familiares esperan tener una buena recepción de parte de Dolmestch, puesto que durante 2016 manifestó que existe una “judicialización innecesaria” en los casos de reivindicación de tierras ancestrales.
En esta línea, Ayelén Contreras, vocera de los presos, manifestó que esperan dar vuelta el escenario judicial durante la jornada del martes.
“Esperamos que la Corte Suprema acoja el recurso de amparo que fue rechazado en la Corte de Apelaciones de Temuco. Queremos que se revoque la prisión preventiva contra nuestros familiares, puesto que esto es un montaje y no queremos que el sistema judicial se preste para esto”, dijo.
Vale destacar que los manifestantes que llegaron durante el lunes eran cercanos mayoritariamente de los acusados que se encuentran presos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, puesto que los que están encarcelados en Temuco tienen otra vocería.
A propósito de esta diferencia geográfica entre los imputados, la esposa de Héctor Llaitul, Pamela Pezoa, señaló a nuestro medio que espera manifestarle a Dolmestch las dudas que deja el operativo, además de la dificultad que significa para la defensa de su esposo el hecho de que la causa sea vista desde Temuco.
“Consideramos como una irregularidad que la autorización para la Operación Huracán estuvo radicada en la Corte de Apelaciones de Temuco, por lo tanto correspondería sólo a la jurisdicción de la Región de la Araucanía, sin embargo hay tres detenidos de la Región del Bío Bío, específicamente Concepción y Los Ángeles”, señaló.
Para las 8:30 de la mañana está fijada la jornada de alegatos entre la Fiscalía y la Defensoría Penal Mapuche en la Corte Suprema. La expectativa está en quiénes serán los ministros designados para revisar el recurso de amparo, puesto que en el contexto de la Ley Antiterrorista, necesitan de la unanimidad de los votos.
Judith Schonsteiner: “Los protocolos policiales de protección civil son insuficientes”
“No puede ser abusiva la intromisión en la privacidad que efectúa Carabineros”, señaló la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schonsteiner, respecto de la información publicada por Diario y Radio Universidad de Chile, respecto de vicios en la investigación que efectuó la policía uniformada, en el contexto de la operación “Huracán”.
La investigadora señaló que “el Estado tiene el derecho de efectuar operaciones de inteligencia en el sentido de lograr garantizar la seguridad y persecución de delitos, pero si uno toma el derecho internacional de los Derechos Humanos, este poder debe estar limitado en el sentido de dar protección al debido proceso”.
Judith Schonsteiner agregó que este es un problema que es transversal en nuestra sociedad dado que abarca otros ámbitos, no solo el policial “no solamente hay problemas en la regulación en términos de investigación sino también de vigilancia generalizada, la vigilancia municipal que muchas veces opera sin ajustarse a los estándares internacionales”, remarcó.
La investigadora de la Universidad Diego Portales, se refirió además al tema de los allanamientos, que han sido criticados por las comunidades mapuche por la violencia con la que se realizan.
Judith Schonsteiner señaló que es una situación que han identificado y que además se ha demostrado, es una práctica ineficaz para la persecución del delito “las medidas que se toman en muchas situaciones no solamente son desproporcionadas, sino que también son ineficaces. En 2012 hicimos un estudio donde pudimos entrevistar a autoridades de Carabineros en la región, quienes nos indicaron que, por ejemplo, el uso de la Ley Antiterrorista, no conduce a resultados mejores en la persecución penal de los crímenes”, señaló.
La investigadora recalcó que en el caso de los eventuales abusos cometidos por las policías en la región de la Araucanía, “los protocolos policiales para la protección civil son muy débiles” y agregó que es un hecho que se repite en otros lugares como por ejemplo La Legua.
La académica finalizó sosteniendo que “hay casos documentados de abusos que en las investigaciones administrativas quedan en nada” y añadió que “Incluso la Corte Suprema ha detectado violaciones a los derechos de las personas cuando Carabineros dice que no existen. Vemos que no se llega a un resultado correcto y eso dificulta la situación”.
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Operación Huracán: este martes desarrollarán los alegatos en la Corte Suprema
Agencia UNO
URL Corta: http://rbb.cl/i8us
Este martes se desarrollarán en la Corte Suprema los alegatos por la apelación del equipo defensor de ocho detenidos por Carabineros en la Operación Huracán, quienes están siendo investigados por la quema de camiones en Lautaro y Padre Las Casas.
Tras el rechazo de cuatro recursos de amparo que fueron alegados en la Corte de Apelaciones de Temuco, el equipo de abogados defensores de los ocho detenidos, elevó la apelación a la Corte Suprema, buscando la libertad de sus representados.
El abogado, Juan Pablo Alday, de la Defensoría Penal Pública Mapuche -quien representa a dos de los imputados- se manifestó confiado en que el máximo tribunal de justicia acoja sus planteamientos y otorgue la inmediata libertad a los detenidos.
Los recursos que serán apelados buscan la libertad de Martín Curiche Curiqueo, Fidel Tranamil Nahuel, Héctor Llaitul Carrillanca, su hijo Ernesto Llaitul Pezoa, además de Claudio Leiva Rivera, David Cid Aedo y de los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán Cayul, todos investigados bajo la ley antiterrorista.
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Operación Huracán: Carabineros interceptó comunicaciones previas a la fecha de autorización
Natalia Figueroa y Maximiliano Alarcón |Domingo 15 de octubre 2017 11:07 hrs.
Según el oficio entregado por la policía al Ministerio Público, la Corte Temuco permitió que las aplicaciones telefónicas fueran intervenidas a partir del 9 de agosto. Sin embargo, en los antecedentes entregados por la unidad de inteligencia para decretar la prisión preventiva por delito terrorista, datan desde el 1 de agosto, fecha en que no existía el permiso.
Ocho detenidos actualmente en prisión preventiva, una supuesta asociación ilícita terrorista, quema de camiones y el presunto objetivo de internar armas desde Argentina. Estas podrían ser las claves de lo que los medios de comunicación, autoridades policiales y políticas, han titulado como “Operación Huracán”. Pero en el trasfondo del caso, el último que involucra a la causa mapuche en términos penales, surgen cuestionamientos respecto de la deficiencia de las diligencias que se realizaron.
Un oficio del 20 de septiembre pasado enviado al fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, emitido por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, al que Radio y Diario Universidad de Chile tuvo acceso, dio cuenta de las indagaciones que se realizaron bajo el amparo de la Ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en el marco de esta operación policial.
De acuerdo a los antecedentes generales, la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE Araucanía) solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco las autorizaciones para efectuar diferentes medidas intrusivas con el objetivo de recabar información respecto de las personas o grupos eventualmente involucrados en esta causa. Entre estas, la serie de interceptaciones realizadas a distintas aplicaciones, “Whatsapp, Telegram, Facebook y correo electrónico”, según indica el documento, las que fueron divulgadas por varios medios de comunicación días posteriores a las masivas detenciones de Huracán.
La primera autorización dada por la Corte de Apelaciones de Temuco a la fuerza de orden para que intervinieran los dispositivos fue el 9 de agosto pasado. Recién a partir de aquel día, la unidad de inteligencia de la policía uniformada tenía luz verde para pinchar las comunicaciones, pese a que en el mismo oficio se evidencia que la información recuperada fue anterior al permiso otorgado por el tribunal.
Luego se dio una autorización el 7 de septiembre con las mismas características que la anterior. En ninguna de las dos fechas se especifica que la Corte haya avalado que se accediera de manera retroactiva al contenido de las conversaciones. Por lo mismo, queda en entredicho la legalidad del procedimiento, puesto que según se estipula en el artículo 28 de la Ley de Inteligencia, las medidas intrusivas son posteriores al permiso del magistrado a cargo, asumiendo que esta norma legal en todo momento habla en futuro: “…la individualización de la o las personas a quienes se aplicará la medida y el plazo por el cual se decreta…”, precisa la ley.
El abogado de la Defensoría Popular y magíster en Derecho Penal, Lorenzo Morales, reafirmó que el conflicto principal es la extemporaneidad de la autorización. Precisó que “nunca se ha permitido que se planifiquen acciones autónomas por parte de las policías. Aunque la Ley de Inteligencia es más indagatoria que la Ley Antiterrorista, no es motivo para permitirlo”, indicó. Además, el jurista agregó que la Corte Suprema deberá considerar que con este procedimiento “la actuación de la policía que ha transgredido derechos de libertad personal y a la seguridad individual consagradas en la Constitución y también tratados internacionales como el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las garantías judiciales”. Sumado a esto, el abogado cuestionó que la orden para proceder a estas interceptaciones no se solicitara a un juez de garantía que asegurara los derechos de los imputados y que quedara radicada en la Corte de Apelaciones.
Con estos antecedentes, existe la posibilidad de que Carabineros al interceptar las plataformas el 9 de agosto, haya encontrado información de días anteriores. Pero según distintas fuentes consultadas por nuestro medio, tanto abogados privados como del Ministerio Público, cualquier interceptación sin autorización es ilegal. Tampoco existe la posibilidad de dar órdenes de manera retroactiva.
La información recabada sin autorización
La decisión la tomó el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla Buzada, magistrado que este año asumió como el encargado de la Ley de Inteligencia. El perfil del abogado es reconocidamente a favor de la causa mapuche y, según ha manifestado abiertamente en entrevistas a distintos medios regionales y nacionales, cree que el Estado debe dar una salida política al conflicto, lo que hasta ahora ha fallado. En su opinión, se ha abusado de la Ley Antiterrorista porque es una legislación que gozaría de ciertos beneficios procesales, lo que también podría garantizarse sólo con aplicar el Código Penal, según declaró en una entrevista al El Austral de Temuco. De todas maneras, Padilla es enfático y separa este tema de los grupos terroristas, quienes a su juicio reciben apoyo financiero de ciertas redes que todavía no han sido detectadas.
El ministro Padilla fue contactado por nuestro medio, sin embargo no quiso pronunciarse respecto de las fechas, manifestando que ya cumplió su función en este caso, por lo que no quería continuar dando declaraciones a la prensa respecto de Huracán. Aunque en la mencionada entrevista con El Austral, Padilla menciona que fueron “más menos” dos autorizaciones.
El primer intercambio de mensajes reproducido data del martes 1 de agosto y registra una conversación entre cinco de los supuestos involucrados que se identifican mediante apodos. De ellos, Boris LLanca Nahuelpi de la comunidad Ignacio Queipul Millanao y los hermanos Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullan Cayul y Jorge Millanao Huenulao de la comunidad autónoma de Temucuicui.
En adelante, cada uno de los días anteriores al 9 de agosto, a excepción del día 3, fue interceptado. En los registros, van apareciendo otros nombres que finalmente fueron detenidos, como es el caso de Héctor Llaitul y su hijo Ernesto, además de David Cid. Estos tres actualmente en prisión preventiva en Concepción.
En estas interceptaciones previas a la autorización de la Corte de Temuco, aparecen antecedentes esenciales para el fundamento de las acusaciones. Por ejemplo, el 4 de agosto aparece el listado del supuesto armamento que se buscaba internar desde Argentina. También, el 6 de agosto se interceptó el supuesto diálogo que habla de un “viernes de fuego”, el que según la tesis de Carabineros correspondería a una quema de camiones.
Cabe destacar que en este informe no se adjunta ningún tipo de número telefónico asociado a las eventuales personas involucradas y en la tabla de observaciones elaborada por Carabineros se indica que habrían utilizado “cambio de chip” y que habrían modificado la hora de los celulares para obstaculizar el peritaje policial. Tampoco se especifican los horarios en que se efectuaron los intercambios de mensajes ni la ubicación geográfica ni la forma en que se intervienen los mensajes cifrados por las empresas de las aplicaciones. Esta nebulosa, según señalaron distintos abogados a nuestro medio, vulnera el derecho a la defensa de los imputados.
Informe sobre DD.HH cuestiona aplicación de Ley Antiterrorista
Rodrigo Fuentes |Lunes 16 de octubre 2017 17:22 hrs.
En su edición 2017, el documento contiene diez capítulos en los que destacan temáticas donde el rol del Estado es fundamental. Entre ellas, está la aplicación de la Ley Antiterrorista en integrantes de pueblos indígenas, la necesidad de una nueva institucionalidad en materia de infancia y consagrar el derecho al agua.
Derecho al agua potable, una institucionalidad efectiva en materia de infancia, fin a la ley antiterrorista y una legislación renovada que proteja la privacidad de las personas, fueron algunas de las recomendaciones que realizó el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales.
En su edición 2017, el Informe contiene 10 capítulos donde destacan temáticas como el rol del Estado para exigir, entre otras cosas, el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, en este caso de agua potable, en un contexto de escasez hídrica y cambio climático. Todo esto de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por el Ejecutivo.
Tomás Vial, académico de la UDP y editor del informe, precisó que en el documento se recomienda aprobar el proyecto de ley sobre derechos de agua, impulsar multas efectivas contra empresas sanitarias que no cumplen criterios de suministro y calidad, además de que estas compañías deben terminar con presiones o tráfico de influencias para adecuar a su beneficio marcos regulatorios.
“Acá hay un problema estructural, y lo que se recomienda es que haya ciertamente, un régimen constitucional y legal que asegure la provisión de agua potable para el consumo humano y un régimen sancionatorio, regulatorio, que haga lo mismo y eso es lo que hoy no tenemos”.
El académico también se refirió al Sename y como el Estado ha dejado postergado y delegado a privados, la tutela de niños, niñas y adolescentes, con un resultado negativo para los menores. Precisó que se debe reformar la institucionalidad en materia de infancia, bajo la lupa de los Derechos Humanos.
“el Sename actúa básicamente como un controlador del gasto financiero, pero no tiene, no ha usado ni tampoco ha solicitado, facultades para el control de la prestación, la calidad y la protección de los niños que están en instituciones privadas, que son donde está el 95% de los niños bajo el régimen del Sename”
El informe de DD.HH de la UDP cuestiona además la eficacia y legitimidad de la Ley Antiterrorista, ejercida contra integrantes del pueblo mapuche.
El estudio recomienda dejar de aplicarla mientras no se ajuste a estándares internacionales y por sus casi nulos resultados en la eliminación de la violencia.
Antonia Rivas, abogada y autora de este capítulo, aseveró que la aplicación de la Ley Antiterrorista en casos de violencia rural en La Araucanía es una de las principales deficiencias.
“Mientras exista dicotomía, o esta doble visión en cuanto a aplicar la seguridad pública, pero por el otro lado, intentar un diálogo con los pueblos indígenas, ese diálogo no va a ser posible. Es urgente que el Estado y el Gobierno tengan una mirada unívoca respecto de cómo se van a relacionar con los pueblos indígenas y eso creemos que es lo que ha llevado a estas situaciones de conflicto, porque no hay claridad en estos temas”.
En otras materias, el reporte anual sobre derechos humanos de la UDP dice que municipios y otras entidades públicas deben abstenerse de implementar drones y globos de vigilancia, ya que vulneran los derechos humanos sobre la privacidad de las personas.
El informe anual sobre derechos humanos en Chile, realizado entre mediados de 2016 y julio del presente año, reflexiona además sobre la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar y evalúa los derechos de chilenas lesbianas, gays, bisexuales y menores transgénero e intersexuales, y la situación de desprotección que sufren estos ciudadanos y ciudadanas.
Nos debemos y seguiremos luchando hasta la Libertad de Todos los Presos Políticos Mapuche. Nos reuniremos afuera de la Cárcel el día martes 17 a las 18 horas, porque ahí tenemos a nuestros lamgien del Caso Luchsinger Mackay, del Caso Iglesia, algunos de la Operación Huracán y más.
Llevar instrumentos, lienzos y banderas mapuche (y solo mapuche).
¡Nos vemos!
WEWAIÑ!
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Sistema judicial en crisis de seriedad: Defensa y familiares de PPM montaje “Operación Huracán” presentan Recurso de Amparo en Corte Suprema
Octubre 17, 2017
Corte revisa cautelares de imputados en “Caso Huracán” en medio de acusaciones de irregularidades
Este martes 17 de Octubre, la Corte Suprema revisará las medidas cautelares de los ocho imputados en la denominada “Operación Huracán”. Esto, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la defensa de los acusados. En la antesala de esta audiencia, familiares de los detenidos solicitaron reunirse con el presidente del Máximo Tribunal para expresarle sus reparos frente a las acusaciones y al procedimiento llevado a cabo por las policías.
El desarrollo de la Operación Huracán vive horas claves, puesto que durante la mañana de este martes la Corte Suprema revisará el recurso de amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en el caso, con el objetivo de revocar las medidas cautelares de prisión preventiva que actualmente cumplen los ocho acusados en distintos puntos del país.
En este contexto fue que durante este lunes, un grupo de familiares de los imputados en Huracán, llegó hasta el Máximo Tribunal para entregar una carta a su presidente, Hugo Dolmestch. En la misiva buscaban expresar de manera formal los reparos que tienen tanto sobre las acusaciones como del procedimiento policial que se concretó el pasado 23 de agosto.
“Dado que durante la Operación Huracán hubo una serie de hechos que a nuestro parecer resultaron irregulares, y algunos actos constitutivos de delitos, y que por lo tanto atenta contra el Estado de Derecho y las garantías de las personas, solicitamos a usted una audiencia a fin de hacerle parte de ellos como corresponde en rectitud a todo ciudadano”, dice la carta.
Los familiares esperan tener una buena recepción de parte de Dolmestch, puesto que durante 2016 manifestó que existe una “judicialización innecesaria” en los casos de reivindicación de tierras ancestrales.
En esta línea, Ayelén Contreras, vocera de los presos, manifestó que esperan dar vuelta el escenario judicial durante la jornada del martes.
“Esperamos que la Corte Suprema acoja el recurso de amparo que fue rechazado en la Corte de Apelaciones de Temuco. Queremos que se revoque la prisión preventiva contra nuestros familiares, puesto que esto es un montaje y no queremos que el sistema judicial se preste para esto”, dijo.
Vale destacar que los manifestantes que llegaron durante el lunes eran cercanos mayoritariamente de los acusados que se encuentran presos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, puesto que los que están encarcelados en Temuco tienen otra vocería.
A propósito de esta diferencia geográfica entre los imputados, la esposa de Héctor Llaitul, Pamela Pezoa, señaló a nuestro medio que espera manifestarle a Dolmestch las dudas que deja el operativo, además de la dificultad que significa para la defensa de su esposo el hecho de que la causa sea vista desde Temuco.
“Consideramos como una irregularidad que la autorización para la Operación Huracán estuvo radicada en la Corte de Apelaciones de Temuco, por lo tanto correspondería sólo a la jurisdicción de la Región de la Araucanía, sin embargo hay tres detenidos de la Región del Bío Bío, específicamente Concepción y Los Ángeles”, señaló.
Para las 8:30 de la mañana está fijada la jornada de alegatos entre la Fiscalía y la Defensoría Penal Mapuche en la Corte Suprema. La expectativa está en quiénes serán los ministros designados para revisar el recurso de amparo, puesto que en el contexto de la Ley Antiterrorista, necesitan de la unanimidad de los votos.
Judith Schonsteiner: “Los protocolos policiales de protección civil son insuficientes”
“No puede ser abusiva la intromisión en la privacidad que efectúa Carabineros”, señaló la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schonsteiner, respecto de la información publicada por Diario y Radio Universidad de Chile, respecto de vicios en la investigación que efectuó la policía uniformada, en el contexto de la operación “Huracán”.
La investigadora señaló que “el Estado tiene el derecho de efectuar operaciones de inteligencia en el sentido de lograr garantizar la seguridad y persecución de delitos, pero si uno toma el derecho internacional de los Derechos Humanos, este poder debe estar limitado en el sentido de dar protección al debido proceso”.
Judith Schonsteiner agregó que este es un problema que es transversal en nuestra sociedad dado que abarca otros ámbitos, no solo el policial “no solamente hay problemas en la regulación en términos de investigación sino también de vigilancia generalizada, la vigilancia municipal que muchas veces opera sin ajustarse a los estándares internacionales”, remarcó.
La investigadora de la Universidad Diego Portales, se refirió además al tema de los allanamientos, que han sido criticados por las comunidades mapuche por la violencia con la que se realizan.
Judith Schonsteiner señaló que es una situación que han identificado y que además se ha demostrado, es una práctica ineficaz para la persecución del delito “las medidas que se toman en muchas situaciones no solamente son desproporcionadas, sino que también son ineficaces. En 2012 hicimos un estudio donde pudimos entrevistar a autoridades de Carabineros en la región, quienes nos indicaron que, por ejemplo, el uso de la Ley Antiterrorista, no conduce a resultados mejores en la persecución penal de los crímenes”, señaló.
La investigadora recalcó que en el caso de los eventuales abusos cometidos por las policías en la región de la Araucanía, “los protocolos policiales para la protección civil son muy débiles” y agregó que es un hecho que se repite en otros lugares como por ejemplo La Legua.
La académica finalizó sosteniendo que “hay casos documentados de abusos que en las investigaciones administrativas quedan en nada” y añadió que “Incluso la Corte Suprema ha detectado violaciones a los derechos de las personas cuando Carabineros dice que no existen. Vemos que no se llega a un resultado correcto y eso dificulta la situación”.
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Operación Huracán: este martes desarrollarán los alegatos en la Corte Suprema
Agencia UNO
URL Corta: http://rbb.cl/i8us
Este martes se desarrollarán en la Corte Suprema los alegatos por la apelación del equipo defensor de ocho detenidos por Carabineros en la Operación Huracán, quienes están siendo investigados por la quema de camiones en Lautaro y Padre Las Casas.
Tras el rechazo de cuatro recursos de amparo que fueron alegados en la Corte de Apelaciones de Temuco, el equipo de abogados defensores de los ocho detenidos, elevó la apelación a la Corte Suprema, buscando la libertad de sus representados.
El abogado, Juan Pablo Alday, de la Defensoría Penal Pública Mapuche -quien representa a dos de los imputados- se manifestó confiado en que el máximo tribunal de justicia acoja sus planteamientos y otorgue la inmediata libertad a los detenidos.
Los recursos que serán apelados buscan la libertad de Martín Curiche Curiqueo, Fidel Tranamil Nahuel, Héctor Llaitul Carrillanca, su hijo Ernesto Llaitul Pezoa, además de Claudio Leiva Rivera, David Cid Aedo y de los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán Cayul, todos investigados bajo la ley antiterrorista.
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Operación Huracán: Carabineros interceptó comunicaciones previas a la fecha de autorización
Natalia Figueroa y Maximiliano Alarcón |Domingo 15 de octubre 2017 11:07 hrs.
Según el oficio entregado por la policía al Ministerio Público, la Corte Temuco permitió que las aplicaciones telefónicas fueran intervenidas a partir del 9 de agosto. Sin embargo, en los antecedentes entregados por la unidad de inteligencia para decretar la prisión preventiva por delito terrorista, datan desde el 1 de agosto, fecha en que no existía el permiso.
Ocho detenidos actualmente en prisión preventiva, una supuesta asociación ilícita terrorista, quema de camiones y el presunto objetivo de internar armas desde Argentina. Estas podrían ser las claves de lo que los medios de comunicación, autoridades policiales y políticas, han titulado como “Operación Huracán”. Pero en el trasfondo del caso, el último que involucra a la causa mapuche en términos penales, surgen cuestionamientos respecto de la deficiencia de las diligencias que se realizaron.
Un oficio del 20 de septiembre pasado enviado al fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, emitido por la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, al que Radio y Diario Universidad de Chile tuvo acceso, dio cuenta de las indagaciones que se realizaron bajo el amparo de la Ley 19.974 de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en el marco de esta operación policial.
De acuerdo a los antecedentes generales, la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE Araucanía) solicitó a la Corte de Apelaciones de Temuco las autorizaciones para efectuar diferentes medidas intrusivas con el objetivo de recabar información respecto de las personas o grupos eventualmente involucrados en esta causa. Entre estas, la serie de interceptaciones realizadas a distintas aplicaciones, “Whatsapp, Telegram, Facebook y correo electrónico”, según indica el documento, las que fueron divulgadas por varios medios de comunicación días posteriores a las masivas detenciones de Huracán.
La primera autorización dada por la Corte de Apelaciones de Temuco a la fuerza de orden para que intervinieran los dispositivos fue el 9 de agosto pasado. Recién a partir de aquel día, la unidad de inteligencia de la policía uniformada tenía luz verde para pinchar las comunicaciones, pese a que en el mismo oficio se evidencia que la información recuperada fue anterior al permiso otorgado por el tribunal.
Luego se dio una autorización el 7 de septiembre con las mismas características que la anterior. En ninguna de las dos fechas se especifica que la Corte haya avalado que se accediera de manera retroactiva al contenido de las conversaciones. Por lo mismo, queda en entredicho la legalidad del procedimiento, puesto que según se estipula en el artículo 28 de la Ley de Inteligencia, las medidas intrusivas son posteriores al permiso del magistrado a cargo, asumiendo que esta norma legal en todo momento habla en futuro: “…la individualización de la o las personas a quienes se aplicará la medida y el plazo por el cual se decreta…”, precisa la ley.
El abogado de la Defensoría Popular y magíster en Derecho Penal, Lorenzo Morales, reafirmó que el conflicto principal es la extemporaneidad de la autorización. Precisó que “nunca se ha permitido que se planifiquen acciones autónomas por parte de las policías. Aunque la Ley de Inteligencia es más indagatoria que la Ley Antiterrorista, no es motivo para permitirlo”, indicó. Además, el jurista agregó que la Corte Suprema deberá considerar que con este procedimiento “la actuación de la policía que ha transgredido derechos de libertad personal y a la seguridad individual consagradas en la Constitución y también tratados internacionales como el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las garantías judiciales”. Sumado a esto, el abogado cuestionó que la orden para proceder a estas interceptaciones no se solicitara a un juez de garantía que asegurara los derechos de los imputados y que quedara radicada en la Corte de Apelaciones.
Con estos antecedentes, existe la posibilidad de que Carabineros al interceptar las plataformas el 9 de agosto, haya encontrado información de días anteriores. Pero según distintas fuentes consultadas por nuestro medio, tanto abogados privados como del Ministerio Público, cualquier interceptación sin autorización es ilegal. Tampoco existe la posibilidad de dar órdenes de manera retroactiva.
La información recabada sin autorización
La decisión la tomó el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla Buzada, magistrado que este año asumió como el encargado de la Ley de Inteligencia. El perfil del abogado es reconocidamente a favor de la causa mapuche y, según ha manifestado abiertamente en entrevistas a distintos medios regionales y nacionales, cree que el Estado debe dar una salida política al conflicto, lo que hasta ahora ha fallado. En su opinión, se ha abusado de la Ley Antiterrorista porque es una legislación que gozaría de ciertos beneficios procesales, lo que también podría garantizarse sólo con aplicar el Código Penal, según declaró en una entrevista al El Austral de Temuco. De todas maneras, Padilla es enfático y separa este tema de los grupos terroristas, quienes a su juicio reciben apoyo financiero de ciertas redes que todavía no han sido detectadas.
El ministro Padilla fue contactado por nuestro medio, sin embargo no quiso pronunciarse respecto de las fechas, manifestando que ya cumplió su función en este caso, por lo que no quería continuar dando declaraciones a la prensa respecto de Huracán. Aunque en la mencionada entrevista con El Austral, Padilla menciona que fueron “más menos” dos autorizaciones.
El primer intercambio de mensajes reproducido data del martes 1 de agosto y registra una conversación entre cinco de los supuestos involucrados que se identifican mediante apodos. De ellos, Boris LLanca Nahuelpi de la comunidad Ignacio Queipul Millanao y los hermanos Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullan Cayul y Jorge Millanao Huenulao de la comunidad autónoma de Temucuicui.
En adelante, cada uno de los días anteriores al 9 de agosto, a excepción del día 3, fue interceptado. En los registros, van apareciendo otros nombres que finalmente fueron detenidos, como es el caso de Héctor Llaitul y su hijo Ernesto, además de David Cid. Estos tres actualmente en prisión preventiva en Concepción.
En estas interceptaciones previas a la autorización de la Corte de Temuco, aparecen antecedentes esenciales para el fundamento de las acusaciones. Por ejemplo, el 4 de agosto aparece el listado del supuesto armamento que se buscaba internar desde Argentina. También, el 6 de agosto se interceptó el supuesto diálogo que habla de un “viernes de fuego”, el que según la tesis de Carabineros correspondería a una quema de camiones.
Cabe destacar que en este informe no se adjunta ningún tipo de número telefónico asociado a las eventuales personas involucradas y en la tabla de observaciones elaborada por Carabineros se indica que habrían utilizado “cambio de chip” y que habrían modificado la hora de los celulares para obstaculizar el peritaje policial. Tampoco se especifican los horarios en que se efectuaron los intercambios de mensajes ni la ubicación geográfica ni la forma en que se intervienen los mensajes cifrados por las empresas de las aplicaciones. Esta nebulosa, según señalaron distintos abogados a nuestro medio, vulnera el derecho a la defensa de los imputados.
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Rodrigo Fuentes |Lunes 16 de octubre 2017 17:22 hrs.
En su edición 2017, el documento contiene diez capítulos en los que destacan temáticas donde el rol del Estado es fundamental. Entre ellas, está la aplicación de la Ley Antiterrorista en integrantes de pueblos indígenas, la necesidad de una nueva institucionalidad en materia de infancia y consagrar el derecho al agua.
Derecho al agua potable, una institucionalidad efectiva en materia de infancia, fin a la ley antiterrorista y una legislación renovada que proteja la privacidad de las personas, fueron algunas de las recomendaciones que realizó el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales.
En su edición 2017, el Informe contiene 10 capítulos donde destacan temáticas como el rol del Estado para exigir, entre otras cosas, el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, en este caso de agua potable, en un contexto de escasez hídrica y cambio climático. Todo esto de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las obligaciones contraídas por el Ejecutivo.
Tomás Vial, académico de la UDP y editor del informe, precisó que en el documento se recomienda aprobar el proyecto de ley sobre derechos de agua, impulsar multas efectivas contra empresas sanitarias que no cumplen criterios de suministro y calidad, además de que estas compañías deben terminar con presiones o tráfico de influencias para adecuar a su beneficio marcos regulatorios.
“Acá hay un problema estructural, y lo que se recomienda es que haya ciertamente, un régimen constitucional y legal que asegure la provisión de agua potable para el consumo humano y un régimen sancionatorio, regulatorio, que haga lo mismo y eso es lo que hoy no tenemos”.
El académico también se refirió al Sename y como el Estado ha dejado postergado y delegado a privados, la tutela de niños, niñas y adolescentes, con un resultado negativo para los menores. Precisó que se debe reformar la institucionalidad en materia de infancia, bajo la lupa de los Derechos Humanos.
“el Sename actúa básicamente como un controlador del gasto financiero, pero no tiene, no ha usado ni tampoco ha solicitado, facultades para el control de la prestación, la calidad y la protección de los niños que están en instituciones privadas, que son donde está el 95% de los niños bajo el régimen del Sename”
El informe de DD.HH de la UDP cuestiona además la eficacia y legitimidad de la Ley Antiterrorista, ejercida contra integrantes del pueblo mapuche.
El estudio recomienda dejar de aplicarla mientras no se ajuste a estándares internacionales y por sus casi nulos resultados en la eliminación de la violencia.
Antonia Rivas, abogada y autora de este capítulo, aseveró que la aplicación de la Ley Antiterrorista en casos de violencia rural en La Araucanía es una de las principales deficiencias.
“Mientras exista dicotomía, o esta doble visión en cuanto a aplicar la seguridad pública, pero por el otro lado, intentar un diálogo con los pueblos indígenas, ese diálogo no va a ser posible. Es urgente que el Estado y el Gobierno tengan una mirada unívoca respecto de cómo se van a relacionar con los pueblos indígenas y eso creemos que es lo que ha llevado a estas situaciones de conflicto, porque no hay claridad en estos temas”.
En otras materias, el reporte anual sobre derechos humanos de la UDP dice que municipios y otras entidades públicas deben abstenerse de implementar drones y globos de vigilancia, ya que vulneran los derechos humanos sobre la privacidad de las personas.
El informe anual sobre derechos humanos en Chile, realizado entre mediados de 2016 y julio del presente año, reflexiona además sobre la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar y evalúa los derechos de chilenas lesbianas, gays, bisexuales y menores transgénero e intersexuales, y la situación de desprotección que sufren estos ciudadanos y ciudadanas.
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