Estudio de ONG internacional revela incremento del abuso policial en La Araucanía
Natalia Figueroa y Rodrigo Fuentes | Martes 17 de enero 2017-RadioUCH
Según el informe del organismo, en los últimos años han crecido las amenazas y muertes contra líderes de comunidades indígenas en latinoamerica.
Según el informe del organismo, en los últimos años han crecido las amenazas y muertes contra líderes de comunidades indígenas en latinoamerica.
La ONG calificó el caso de Chile como crítico.
En este contexto las comunidades mapuche de La Araucanía manifestaron su repudio a los abusos cometidos por las fuerzas policiales en el territorio.
El informe “Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos” puntualizó en los abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades mapuche en el país. El documento se dio a conocer en el marco del encuentro de la Segunda Consulta Regional sobre Empresas y DD.HH organizada por la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América Latina.
La conclusión entregada por el organismo internacional se enmarca dentro de las constantes denuncias que han hecho las comunidades indígenas de la Araucanía violentadas sistemáticamente por las policías. Ejemplo de esto es el caso de la machi Francisca Linconao, a quien le han retrasado su juicio oral y que permanece con arresto domiciliario luego que la justicia accediera a cambiar la medida cautelar después de 14 días en huelga de hambre.
El exceso de poder ejercido por parte de las grandes forestales y consorcios agrícolas en la región de La Araucanía es una realidad que preocupa a la organización internacional. Así como también los abusos de poder de Carabineros, como en el caso del joven Brandon Hernández, quien fuera baleado por la espalda en medio de un control de identidad.
Amanda Romero, investigadora y representante para Suramérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explicó que el informe también contempla las denuncias contra el Estado por detenciones arbitrarias a comuneros mapuche.
“Hemos identificado una tendencia creciente en América Latina y el Caribe a ataques contra defensoras y defensores de Derechos Humanos y la criminalización de líderes, en el cual su oposición a proyectos empresariales es respondido de manera violenta por el Estado que ataca directamente a manifestaciones pacíficas, incluso ocupaciones pacíficas de carreteras o instalaciones empresariales”, subrayó.
A juicio de la investigadora, otra de las denuncias que pesan sobre las empresas y el Estado chileno es el arbitrario ejercicio de la Consulta Indígena, previa a la instalación de un proyecto de explotación de recursos naturales.
Amanda Romero puntualizó que las acusaciones se basan en la nula información que tienen las comunidades afectadas sobre el plan extractivo y la intención de dividir a los habitantes de las zonas afectadas para concretar el objetivo que es obtener la aprobación del proyecto por parte de entidades ambientales y políticas.
“En el caso chileno se da una dificultad respecto del discurso de las empresas y la responsabilidad directa en la debida diligencia, por ejemplo, para consultar comunidades. Un mecanismo muy recurrente de la información que se recibe desde Chile es cómo han dividido a las comunidades entre las que consideran que los procesos de consulta previa, libre e informada, han sido transparentes y eficaces, y los que consideran que no”, explicó la investigadora.
Respecto de los resultados en general, Karen Hudlet, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dijo que con base en esta muestra, los sectores donde se presentan más abusos en contra de defensores y defensoras son: el energético, con 41 por ciento; el sector minero metálico, con un 27 por ciento; la construcción, 13 por ciento; y el sector agrícola, alimentos con un 12 por ciento.
Además, informó que los países donde más hubo abusos, amenazas y muertes contra personas por motivos de explotación de minerales e hidrocarburos fueron Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.
“En estos días el relator especial de Naciones Unidas está visitando esta región, ya que en el país se vive una situación crítica de ataques a defensores y contra aquellos que protestan. Ahora estamos viendo las agresiones contra lo que en México llamamos El Gasolinazo y un hartazgo social debido a una serie de escándalos de corrupción del Ejecutivo. La gente exige un cambio”, detalló.
El informe “Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos” subraya como conclusión que los ataques se han tornado intrínsecos a la forma como se hacen los negocios en muchas regiones de América Latina. El documento señala que “las regulaciones draconianas y leyes tendenciosas contra quienes se oponen a proyectos e inversiones son empleados rutinariamente en toda la zona para disuadir a otras personas de protestar, independientemente de las posibles consecuencias negativas que tales proyectos puedan traer”.
Violencia en la Araucanía
Las comunidades mapuche de La Araucanía manifestaron su repudio a los abusos cometidos por las fuerzas policiales en el territorio. Además, denunciaron racismo judicial en los procesos donde son acusados comuneros bajo la Ley Antiterrorista.
En una manifestación que tuvo lugar este martes en Temuco, la familia del joven mapuche de diecisiete años baleado por Carabineros, Brandon Hernández Huentecol, hizo un llamado a unirse y a exigir justicia en los distintos territorios.
“En estos momentos es necesario reaccionar en conjunto pues el pueblo mapuche es uno solo, y no reconocemos las fronteras impuestas por los estados genocidas que nos han tratado de exterminar”, manifestaron las comunidades convocantes.
La werkén Ingrid Conejeros, expresó su rechazo a los allanamientos constantes efectuados por Carabineros y aseguró que los distintos gobiernos de turno no han hecho más que pactar alianzas con los empresarios para exterminar al Pueblo Mapuche.
“Estaremos atentos a todo lo que hagan en los distintos territorios para que hagamos presencia y mantengamos presión hacia los gobiernos que nos están criminalizando. Nos están tratando como delincuentes. Queremos dejar una denuncia permanente contra un Estado que nos trata de exterminar”, expresó.
Además, hizo un llamado a coordinarse y denunciar otros hechos que no han salido a la luz pública.
Las comunidades también apuntaron a la represión ocurrida al Pueblo Mapuche que habita en territorio argentino.
El informe “Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos” puntualizó en los abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades mapuche en el país. El documento se dio a conocer en el marco del encuentro de la Segunda Consulta Regional sobre Empresas y DD.HH organizada por la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América Latina.
La conclusión entregada por el organismo internacional se enmarca dentro de las constantes denuncias que han hecho las comunidades indígenas de la Araucanía violentadas sistemáticamente por las policías. Ejemplo de esto es el caso de la machi Francisca Linconao, a quien le han retrasado su juicio oral y que permanece con arresto domiciliario luego que la justicia accediera a cambiar la medida cautelar después de 14 días en huelga de hambre.
El exceso de poder ejercido por parte de las grandes forestales y consorcios agrícolas en la región de La Araucanía es una realidad que preocupa a la organización internacional. Así como también los abusos de poder de Carabineros, como en el caso del joven Brandon Hernández, quien fuera baleado por la espalda en medio de un control de identidad.
Amanda Romero, investigadora y representante para Suramérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, explicó que el informe también contempla las denuncias contra el Estado por detenciones arbitrarias a comuneros mapuche.
“Hemos identificado una tendencia creciente en América Latina y el Caribe a ataques contra defensoras y defensores de Derechos Humanos y la criminalización de líderes, en el cual su oposición a proyectos empresariales es respondido de manera violenta por el Estado que ataca directamente a manifestaciones pacíficas, incluso ocupaciones pacíficas de carreteras o instalaciones empresariales”, subrayó.
A juicio de la investigadora, otra de las denuncias que pesan sobre las empresas y el Estado chileno es el arbitrario ejercicio de la Consulta Indígena, previa a la instalación de un proyecto de explotación de recursos naturales.
Amanda Romero puntualizó que las acusaciones se basan en la nula información que tienen las comunidades afectadas sobre el plan extractivo y la intención de dividir a los habitantes de las zonas afectadas para concretar el objetivo que es obtener la aprobación del proyecto por parte de entidades ambientales y políticas.
“En el caso chileno se da una dificultad respecto del discurso de las empresas y la responsabilidad directa en la debida diligencia, por ejemplo, para consultar comunidades. Un mecanismo muy recurrente de la información que se recibe desde Chile es cómo han dividido a las comunidades entre las que consideran que los procesos de consulta previa, libre e informada, han sido transparentes y eficaces, y los que consideran que no”, explicó la investigadora.
Respecto de los resultados en general, Karen Hudlet, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dijo que con base en esta muestra, los sectores donde se presentan más abusos en contra de defensores y defensoras son: el energético, con 41 por ciento; el sector minero metálico, con un 27 por ciento; la construcción, 13 por ciento; y el sector agrícola, alimentos con un 12 por ciento.
Además, informó que los países donde más hubo abusos, amenazas y muertes contra personas por motivos de explotación de minerales e hidrocarburos fueron Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.
“En estos días el relator especial de Naciones Unidas está visitando esta región, ya que en el país se vive una situación crítica de ataques a defensores y contra aquellos que protestan. Ahora estamos viendo las agresiones contra lo que en México llamamos El Gasolinazo y un hartazgo social debido a una serie de escándalos de corrupción del Ejecutivo. La gente exige un cambio”, detalló.
El informe “Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos” subraya como conclusión que los ataques se han tornado intrínsecos a la forma como se hacen los negocios en muchas regiones de América Latina. El documento señala que “las regulaciones draconianas y leyes tendenciosas contra quienes se oponen a proyectos e inversiones son empleados rutinariamente en toda la zona para disuadir a otras personas de protestar, independientemente de las posibles consecuencias negativas que tales proyectos puedan traer”.
Violencia en la Araucanía
Las comunidades mapuche de La Araucanía manifestaron su repudio a los abusos cometidos por las fuerzas policiales en el territorio. Además, denunciaron racismo judicial en los procesos donde son acusados comuneros bajo la Ley Antiterrorista.
En una manifestación que tuvo lugar este martes en Temuco, la familia del joven mapuche de diecisiete años baleado por Carabineros, Brandon Hernández Huentecol, hizo un llamado a unirse y a exigir justicia en los distintos territorios.
“En estos momentos es necesario reaccionar en conjunto pues el pueblo mapuche es uno solo, y no reconocemos las fronteras impuestas por los estados genocidas que nos han tratado de exterminar”, manifestaron las comunidades convocantes.
La werkén Ingrid Conejeros, expresó su rechazo a los allanamientos constantes efectuados por Carabineros y aseguró que los distintos gobiernos de turno no han hecho más que pactar alianzas con los empresarios para exterminar al Pueblo Mapuche.
“Estaremos atentos a todo lo que hagan en los distintos territorios para que hagamos presencia y mantengamos presión hacia los gobiernos que nos están criminalizando. Nos están tratando como delincuentes. Queremos dejar una denuncia permanente contra un Estado que nos trata de exterminar”, expresó.
Además, hizo un llamado a coordinarse y denunciar otros hechos que no han salido a la luz pública.
Las comunidades también apuntaron a la represión ocurrida al Pueblo Mapuche que habita en territorio argentino.
“Esta situación también se replica al otro lado de la cordillera. Nuestros hermanos de Puelmapu atraviesan en estos días la compleja situación de represión donde el gobierno de turno mantiene la persecución a las comunidades”, dijo la autoridad mapuche.
En tanto, los familiares de la machi Francisca Linconao, imputada en el caso Luchsinger Mackay, demandaron igualdad ante la ley en todos los procesos judiciales. Esto, considerando que la Ley Antiterrorista permite que existan testigos sin rostros y extiende el periodo de las medidas cautelares que cumplen los imputados.
En tanto, los familiares de la machi Francisca Linconao, imputada en el caso Luchsinger Mackay, demandaron igualdad ante la ley en todos los procesos judiciales. Esto, considerando que la Ley Antiterrorista permite que existan testigos sin rostros y extiende el periodo de las medidas cautelares que cumplen los imputados.
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